Empleo: la caja de Pandora

El nivel de vida de la personas debe corresponderse con sus ingresos, declaró en 2008 el presidente de Cuba, Raúl Castro.

Jorge Luis Baños - IPS

Una de las variantes de empleo más reciente es la agricultura, con la entrega en usufructo de terrenos ociosos.

Hablar del tema del empleo en la Cuba de hoy resulta complejo. Por un lado, se habla de que cerca de un millón de personas podría quedar excedente, debido a las llamadas plantillas infladas, lo que es decir, personal contratado sin un real contenido de trabajo. Por otra, existe un supuesto déficit de mano de obra en sectores como la construcción, donde a veces cuatro personas hacen el trabajo que bien podrían asumir dos.

 

Un joven administrador de un reconocido restaurante estatal de la capital cubana señala que  si ese sitio fuera de él, le perteneciera, trabajaría allí menos de la mitad del personal, pues en un centro anterior, muy similar, atendía solo más de 15 mesas. Según sus palabras, tendría dos ventajas: ahorraría en salarios y cada persona ganaría más y trabajaría bien, deseoso de conservar su puesto.

Esto contrasta con el exceso de empleomanía en una pizzería de Camagüey: cada dependiente atiende dos mesas, y ni siquiera así lo hacen rápido.

En un organopónico de la capital cubana, entre los de mejores resultados productivos, el administrador lo tiene bien claro: cada trabajador atiende su área y responde por ella; de sus cosechas —en volumen y calidad– dependen sus ingresos y los de todos. Quien no se ajusta a esas reglas que le reportan a cada persona más de 900 pesos al mes (el salario medio al cierre de 2009 era algo más de 400 pesos, según datos oficiales) no puede quedarse allí.

“Aquí no hay fluctuación laboral, una situación muy diferente a la de hace ocho años, cuando se comenzó a trabajar de otra manera”, afirma Pablo Frías, al frente de una unidad que pasó de 60 toneladas al año en 2002 a 130 en 2009. La  demanda es alta y todas las mañanas un grupo de personas viaja desde cualquier parte de la ciudad para adquirir lechugas, habichuelas, acelgas y hasta maracuyá, su más reciente propuesta al público.

Es conocido que el incentivo económico mueve a trabajar. En febrero de 2008, el presidente de Cuba, Raúl Castro, definía ante el parlamento cubano la necesidad de avanzar de manera coherente, sólida y bien pensada, hasta lograr que el salario recupere su papel y que el nivel de vida de cada cual esté en relación directa con los ingresos que recibe legalmente, es decir, con la importancia y cantidad del trabajo que aporte a la sociedad.

El Ministerio del Trabajo aprobó, en febrero de 2008, un nuevo Reglamento General sobre las formas y sistemas de pago -resolución 9/2008-, que establece la extensión del pago por resultados a todo el sistema empresarial cubano. De este modo, cada persona  podría ganar tanto dinero como fructífero sea su desempeño laboral.

Esa normativa pretende contribuir a incrementar la productividad, reducir los gastos y costos, disminuir los índices de consumo energético, además de elevar la calidad de mercancías y servicios, aumentar el aprovechamiento de la jornada laboral, sustituir importaciones e incrementar las exportaciones y los aportes al presupuesto estatal.

Sin embargo, hasta el momento no ha producido una reanimación en la productividad, los salarios y la producción. En algunos lugares, la aplicación de la nueva política y los pagos elevados condujo a conclusiones sobre las normas por obrero: se consideró que, si se produjo muy por encima del plan, era que las normas estaban mal y no se pagaron los sobrecumplimientos en la medida de lo esperado por quienes más produjeron. Esto trajo un retroceso y el lógico disgusto.

En otros lugares, las circunstancias económicas por las que vive el país, con déficit de financiamiento para algunas materias primas, detuvo la producción y no se pudo producir ni a la antigua. De cierta manera, se repite la historia del inicio de la recesión en la década de los noventa, cuando la industria y otros sectores se deprimieron, mientras se mantienen los subsidios a la educación, la salud y algunos alimentos esenciales.

Según especialistas, a tres lustros de la etapa más dura de la crisis, el salario promedio tiene apenas un cuarto del valor real del que se cobraba en 1989, aunque su cuantía se haya incrementado de 188 a 427 pesos en 2009.

El Consejo de Estado y de Ministros firmó el 26 de junio de 2009 el decreto que establece medidas para la legalización del pluriempleo. La “disposición está vinculada al empleo racional de los recursos humanos y la contratación laboral, para atenuar los efectos del envejecimiento poblacional, estimular el trabajo en la sociedad, así como la posibilidad de que los trabajadores incrementen sus ingresos”, explicó la nota publicada en medios de prensa cubanos.

El decreto “destaca particularmente la regulación integral del pluriempleo, mediante el cual se posibilita que los trabajadores, después de cumplir los deberes del cargo que desempeñan, puedan concertar más de un contrato de trabajo y percibir el salario correspondiente”.

Según la nota oficial, esta normativa “ratifica la voluntad estatal, junto a otras medidas, de estimular las fuerzas productivas, posibilitar la elevación de ingresos, así como contribuir a que el trabajo constituya la fuente principal de satisfacción de las necesidades materiales y espirituales”. Aunque parece estimulante, según datos publicados en diciembre pasado, hasta ese momento serán pocas las personas que ejercían  el pluriempleo.

Datos oficiales indicaron que 97 por ciento de las personas con más de un contrato laboral estaban vinculadas a actividades de servicios, fundamentalmente en el sector de la educación.

Sólo 300 jóvenes en el país han logrado materializar un contrato laboral (Jorge Luis Baños - IPS).Otra de las variantes aprobadas por la mencionada legislación fue la posibilidad de contratar estudiantes. Sobre esta variante, en medio de la crisis económica y financiera, y cuando Cuba está abocada a reestructurar su fuerza laboral con un criterio de eficiencia, que elimine las plantillas infladas y el subempleo y estimule el trabajo, María Victoria Combs, directora de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, señaló al diario Juventud Rebelde que sobran trabajadores, por un lado, y faltan en determinados puestos.

Según las estadísticas brindadas por Combs, desde la promulgación del Decreto-Ley 268, apenas 46.000 trabajadores cubanos han podido concertar más de un contrato laboral. En el caso del acceso al trabajo de los estudiantes de los cursos regulares, mediante contratos por tiempo determinado, solo unos 300 jóvenes en el país han logrado materializar ese empeño.

Al respecto, indicó la publicación, no obstante las particularidades y limitaciones para su puesta en práctica, puede haber un margen de aplicación en muchas entidades carentes de personal en determinados puestos, y que por desconocimiento, incapacidad directriz o inercia, no se valen de este instrumento legal.

En abril pasado, el presidente Raúl Castro mencionó objetivos como la reducción del gasto público al mínimo indispensable, la eliminación de subsidios y el mercado negro, el impulso a la agricultura y un potencial despido masivo de un millón de trabajadores sobrantes. A su vez, subrayó entonces que el gobierno buscará crear condiciones para que todos tengan un empleo productivo, pero que la reubicación de los cesantes será tarea individual.

El primero pasado, en la celebración del Día Internacional del Trabajo, el líder de la Central de Trabajadores de Cuba, Salvador Valdés, se refirió a un tema de máxima prioridad: la economía nacional. Valdés dijo que en la “actualización del modelo”, como se llama a la nueva política, “tendremos que compartir carencias y los esfuerzos por vencerlas”. El tema del empleo es parte indisoluble del nuevo modelo que persiguen las autoridades.

Novedoso, pero…

Algunas opciones surgen en el camino, pero solo aliviarán en parte el pesado fardo que el Estado paga en salarios. La capital se incorporó, a partir de abril pasado, a una experiencia de arrendamiento de barberías y peluquerías en 40 unidades, de hasta tres sillones, en los municipios de La Habana Vieja  y Diez de Octubre, una experiencia que se aplica desde hace algún tiempo en Sancti Spíritus, Granma, Las Tunas, Holguín y Guantánamo.

Pasado aun corto tiempo, ya son varios los criterios que recomiendan una revisión de algunos de los principios que rigen esta práctica.

Aunque en el país existe el llamado empleo por cuenta propia en algunos sectores, esta es la primera vez que se ofrece a los empleados la posibilidad de operar establecimientos minoristas estatales, desde que fueron nacionalizados en 1968. Los expertos opinan que esta medida del gobierno podría conducir a otras, como permitir a los empleados que operen los restaurantes en que trabajan.

Este experimento tiene diferencias con las modalidades vigentes del trabajo por cuenta propia: se realiza en establecimientos de propiedad estatal y las personas vinculadas a él contribuyen a la seguridad social, por lo que tienen derecho a pensión y se les reconocen los años trabajados como asalariados.

Según explicó a la prensa Julián Rey Hernández, director provincial de servicios, el arrendamiento de los locales se inserta en la aplicación de las nuevas directrices sobre el modelo de gestión económica y, hasta el momento, en la capital se vinculan a esta experiencia 70 arrendatarios, en peluquerías y barberías de hasta tres sillones.

Las personas que se acogen a esta modalidad, que durante meses se probó en cinco municipios del país –Matanzas, Caibarién, Colón, Remedios y Cárdenas–, deberán cumplir con el pago de tres aportes de sus ingresos personales, cada uno de cinco por ciento: el arrendamiento del local; la contribución a la seguridad social, para que puedan disfrutar de jubilación,  y a la Oficina Nacional de la Administración Tributaria, explicó.  Los gastos de agua, electricidad e insumos corren a cargo de los  arrendatarios.

Los precios son de libre oferta y demanda, sin tope, pero cada dos meses debe realizarse una consulta en el consejo popular para determinar si están cobrando precios abusivos a la población, ante lo cual el Estado tiene la potestad de aumentar los impuestos, indicó el funcionario.

En la capital, la red de barberías y peluquerías abarca unas 395 unidades, de ellas, ocho Institutos de Belleza que han sido objeto de reparaciones y para los cuales se garantizan los productos necesarios. Rey Hernández indicó que se estudian otros servicios como la relojería y joyería para la aplicación de nuevos modelos de gestión económica, que tiene entre sus principios que el trabajador es dueño de su trabajo.

Aplicar esta experiencia tiene un sentido económico muy práctico. Durante años, los barberos cobraban, por cada pelado, entre cinco y 10 pesos, cuando el precio estatal vigente era de 80 centavos, que en realidad solo pagaban algunas personas de bajos ingresos. Las explicaciones para el cobro por encima eran variadas: “tenemos que comprar todo”; “no nos dan ni las cuchillas”, “los útiles de limpieza tenemos que traerlos de la casa”. Todas eran reales, pero significaban que, por cada pelado, iba  al bolsillo del barbero o barbera entre 4,20 y 9,20 pesos.

El experimento ha traído muchas interrogantes, pero sobre todo una inquieta a las personas: si ellos ponen el precio que quieren, a dónde acudirán los cientos de personas que no pueden disponer de 10 pesos para pelarse, ¿quedarán desprotegidos o tendrán que someterse a la caridad del barbero cercano? Para Alejandro Álvarez, ingeniero en Informática, los precios no deben dejarse al libre albedrío, pues en la medida en que vean cuánto tienen que pagar en impuestos, electricidad y agua—que antes eran encargos de la empresa estatal–, buscarán subir los precios al consumidor.

Por otra parte,  considera que, como en algún momento el Estado puede dar por concluido el arrendamiento, no vale la pena invertir en mejoras, pues la gente seguirá acudiendo a recibir ese servicio. Mientras los arreglos pueden costar mucho dinero, si el barbero sube los precios y se hace una consulta popular, podrían subirle en impuesto.

Algo queda claro en los meses que lleva funcionando este experimento: hasta ahora nadie ha entregado el local, lo que significa que el balance ingresos-egresos es positivo para los arrendatarios.

No obstante, no es ocioso revisar las múltiples opiniones generadas por esta modalidad para hacer ajustes y adecuaciones en las regulaciones, de manera que esta  variante satisfaga a todas las partes y, lo más importante, que la población tenga diferentes opciones, incluidas aquellas personas cuyos ingresos no les permiten gastos por encima de sus posibilidades.

¿Hacia el campo?

Una de las variantes de empleo que han aparecido en los últimos tiempos es la agricultura, con la entrega en  usufructo de terrenos ociosos. Según datos oficiales, en el país se entregaron alrededor de 920.000 hectáreas a  104.046 beneficiarios.

El presidente Raúl Castro dijo, el 20 de diciembre pasado, que se seguiría “prestando atención especial a esta tarea que encierra enormes potencialidades en la producción de alimentos para nuestro pueblo, además de constituir una de las principales variantes para reorientar la fuerza de trabajo excesiva en los sectores presupuestado y empresarial”.

La opción, que se complementa con las ofertas laborales en el sector de la construcción, no es bien recibida por cubanos y cubanas. “Yo estudié otra cosa y ahora, a estas alturas de la vida, no estoy dispuesto a ir a trabajar al campo”, dice Yuri Medina, técnico en contabilidad.

Mientras, Consuelo Pérez, técnica veterinaria, hace indagaciones sobre las regulaciones del usufructo por otros motivos. “Tengo mi trabajo de secretaria, pero el salario no me alcanza para cubrir las necesidades de mis dos hijas; sé que muchas personas tienen ingresos buenos por trabajar en el campo y esa podría ser una salida para mí”, señala.

Lo cierto es que el panorama laboral se mantiene complejo y pudiera decirse que se complica más ahora que las universidades han reducido sus matrículas y cientos de jóvenes que concluyeron la enseñanza preuniversitaria no tienen ante sí una opción. “Mi hija suspendió la prueba de matemática en primera convocatoria y ahora espera presentarse a la segunda, en julio; si no aprueba alguno de los tres exámenes, qué haremos con ella”, se pregunta una directora coral.

No pocas personas en la isla consideran que las medidas que se están tomando en relación con la educación media superior y superior no están considerando las necesidades que el país tendría a mediano plazo, cuando llegue la hora de reemplazar a las personas que irán llegando a la edad de jubilación.

Hay quienes estiman que no hay coherencia entre la política del pluriempleo y la necesidad de desinflar las abultadas plantillas estatales. “¿Cómo alguien va a tener dos trabajos renumerados y otros no van a  tener ninguno?”, cuestiona Jorge Vega, chofer próximo a la jubilación, quien, una vez en casa,  espera percibir una pensión del 90 por ciento de su actual salario, según la legislación vigente.

El tema sin dudas es complicado y, dada su complejidad y repercusión, es preciso escuchar las recomendaciones de expertos acerca de la necesidad de un enfoque sistémico e integrador.

Tabla 1. Empleo y salario. Indicadores seleccionados 2009

Concepto

2008

2009

09/08

Población económicamente activa

5.027,9

5.158,5

102,6

Mujeres

1.912,8

1.973,4

103,4

Hombres

3.115,1

3.185,1

102,2

Ocupados en la economía

4.948,2

5.072,4

102,5

Mujeres

1.875,2

1.934,1

103,1

Hombres

3.073,0

3.138,3

102,1

Tasa de desocupación (%)

1,6

1,7

Mujeres

2,0

2,0

Hombres

1,3

1,5

Salarios medio (pesos)

415

427

102,9

Fuente: Panorama económico y social. Cuba 2009. Oficina Nacional de Estadísticas (One)

Violaciones en el tema del empleo

Según publicó el periódico Juventud Rebelde, en 2009, los inspectores de la Oficina Nacional de Inspección del Trabajo (Onit), subordinada al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, realizaron 10.974 inspecciones y detectaron 29.869 infracciones de diverso tipo. Se clausuraron 138 instalaciones laborales y se aplicaron 1.108 multas, que se mueven en un rango entre 500 y 5.000 pesos cada una.

Las infracciones más recurrentes detectadas en 2009 se relacionan con violaciones en materia laboral, específicamente en la incorporación al empleo y las contrataciones, pagos indebidos, no adecuado registro del tiempo de servicio de los trabajadores; y también transgresiones en las normas de seguridad y protección del trabajo, entre otras.

Para la Onit,  son objeto de la inspección de trabajo todas las entidades laborales radicadas en el territorio nacional con capacidad jurídica para establecer relaciones laborales. Digamos que no solo el sector estatal, sino también el cooperativo, las asociaciones económicas internacionales, las empresas de capital totalmente extranjero, las sucursales y agentes de sociedades mercantiles foráneas y otras representaciones del exterior; con la mera excepción de las misiones diplomáticas y los organismos internacionales representados en el país.

Por ejemplo, en 2009 impusieron 49 multas a sucursales de sociedades mercantiles extranjeras, en ciertos casos por la presencia de trabajadores ilegales, no incluidos en los contratos.

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