Impacto del marco regulatorio sobre la empresa cubana

Un estudio de dos empresas estatales en 2010 muestra las repercusiones del marco regulatorio en las entidades cubanas.

Jorge Luis Baños - IPS

A pesar de ser rentables y sufragar la depreciación de sus medios de producción, las empresas no tienen la facultad para disponer de sus propios fondos de inversiones.

La empresa estatal cubana opera bajo un marco regulatorio e inductor sui generis, que impacta significativamente sobre su actividad empresarial.

Este conjunto de regulaciones y directivas, tanto explícitas (en leyes y resoluciones ministeriales) como implícitas (orientaciones verbales o en notas de sus organismos superiores), a las que se tienen que atener las empresas estatales en Cuba como parte de su subordinación al “sistema” de dirección económica nacional, ha variado con el transcurso del tiempo y ha experimentado importantes transformaciones en la década de los noventa y a partir del actual milenio.

En el contexto que vive actualmente Cuba, donde se espera que las empresas estatales mejoren marcadamente su desempeño, es de vital importancia estudiar cómo su marco regulatorio e inductor contribuye o frena el alcance de esas expectativas.

Basado en el estudio empírico de dos empresas estatales cubanas en distintos sistemas empresariales (una del Ministerio de la Industria Alimentaria y otra del Consejo de Administración Provincial del gobierno de Ciudad de La Habana), así como declaraciones de expertos y una consulta bibliográfica, este trabajo analiza las repercusiones más importantes que tiene sobre el desempeño empresarial el marco regulatorio e inductor; en particular en lo relacionado con su acceso a los recursos necesarios para operar.

Los resultados de este estudio deben verse como preliminares y no son necesariamente generalizables a todo el universo de empresas estatales cubanas. No obstante, varios expertos y directivos en las empresas estudiadas reconocen la generalidad de la mayor parte de los resultados encontrados en esta investigación.

Resulta evidente que las dinámicas del mercado mundial, las restricciones impuestas por Estados Unidos sobre la actividad comercial y financiera de Cuba, la actual crisis económica internacional, e incluso el funcionamiento del “sistema” nacional de dirección de la economía no reflejados en su marco regulatorio, tienen también importantes repercusiones —directa o indirectamente, en mayor o menor grado— sobre la empresa estatal cubana. Pero estos factores no son objeto de análisis en este trabajo.

Descapitalización

Una de las repercusiones más graves del marco regulatorio de las empresas estudiadas es que, a pesar de ser rentables y sufragar la depreciación de sus medios de producción básicos al Estado, ellas no tienen la facultad para disponer de sus propios fondos de inversiones. De hecho, todas las utilidades netas son aportadas a su organismo superior, y ni siquiera cuentan con suficiente capital de trabajo ni para gastos para mantenimiento.

Los proyectos de inversión de los que podrá beneficiarse una empresa y sus montos  son definidos anualmente en su plan de inversión. Aunque la empresa puede proponer proyectos de inversión y argumentar sus necesidades, la aprobación y ejecución de esos planes depende de sus organismos superiores, del Ministerio de Economía y Planificación (MEP) y de otras instancias de la administración estatal. Los planes de inversión aprobados, generalmente, quedan lejos de cubrir las necesidades de las empresas.

Peor aún; es común que al final sólo se disponga de una parte de los recursos planificados y que las inversiones no se realicen con la calidad requerida.

Por tanto, los procesos de inversión quedan fuera del control de las empresas. Ellos son responsabilidad de instituciones estatales que se ven obligadas a dar prioridad a gastos más importantes a corto plazo para la sociedad, como la alimentación y la salud, y otras necesidades que se consideren más prioritarias.

De esta manera, las empresas estatales cubanas ven sus inversiones severamente limitadas por la escasez de divisas que ha caracterizado a nuestra economía, debido a bajas tasas de crecimiento intensivo y las dificultades en las transacciones financieras internacionales derivadas del bloqueo, agravadas actualmente por una crítica situación de endeudamiento.

Esta incapacidad de las empresas de realizar siquiera inversiones menores, ni los mantenimientos requeridos para mantener sus equipos e instalaciones en buen estado, ha resultado en una grave descapitalización. Algunos locales deben cerrar por sus malas condiciones.

Una cantidad significativa de equipamiento no se utiliza o es subutilizada, pues no pueden realizarse pequeñas inversiones que podrían ponerlos en funcionamiento. Como consecuencia, además de otros factores, la calidad de los productos de las empresas estudiadas ha disminuido notablemente.

Se crean cuellos de botella que generan ineficiencias en el proceso productivo, desmotivación en los trabajadores e inestabilidades en la cantidad y calidad de la oferta. En varias unidades de las empresas estudiadas, la descapitalización es tan severa que se han visto obligadas a suspender parcial o totalmente la producción durante meses.

La mayoría de los entrevistados coinciden en que sus empresas no cuenten con un plan de inversiones y fondo de inversiones propios y que es uno de los aspectos que más afecta su desempeño. Según un entrevistado, para mejorar e incluso mantener los niveles de desempeño de su empresa, es fundamental realizar mejoras tecnológicas, inversiones en equipamiento productivo y medios de trabajo que permitan “la sostenibilidad de la producción. Todo lo que permita mejorar las condiciones de trabajo incrementaría notablemente la productividad”, planteó además.

Dificultades para la adquisición de bienes y servicios

Aunque supuestamente no existen impedimentos para que las empresas estatales  cubanas establezcan relaciones horizontales de compra-venta de bienes y servicios entre ellas, en realidad las empresas estudiadas encuentran considerables obstáculos para ello. Ellas estaban obligadas a adquirir algunas materias primas y contratar algunos servicios de proveedores establecidos, aunque estos no tuvieran la capacidad de cumplir con sus compromisos.

Por ejemplo, los administradores de varias unidades de una empresa expresaron su frustración no sólo por la demora de su proveedor de mantenimiento establecido en atender roturas de equipos, sino también por la mala calidad de los trabajos que realiza y por no ofrecer garantía de sus servicios.

Sin embargo, la empresa no está facultada para contratar otros proveedores estatales de ese servicio. Ninguna de las dos empresas puede contratar a personas registradas como “trabajadores por cuenta propia”, que podrían brindar un servicio de mayor calidad y menor costo.

Al recibir mantenimientos, reparaciones y otros servicios de mala calidad, se afecta la calidad de los bienes y servicios ofertados por las empresas, y ello puede llevar hasta tener que suspender sus operaciones.

Esta disfuncionalidad de los mecanismos establecidos de contratación de servicios lleva a las empresas a buscar alternativas como crear sus propias unidades de servicios, pero esto genera ineficiencias producto de redundancias innecesarias y por no poder aprovechar plenamente las ventajas de la especialización.

El desabastecimiento, tanto de materias primas como de otros insumos que sufren actualmente las empresas estudiadas, tiene también graves consecuencias sobre su desempeño, pues ello paralizara parcial o totalmente la producción.

Las empresas tienen en general mayor espacio para realizar contrataciones de bienes o insumos en relación con la contratación de servicios. Sin embargo, al menos una de las empresas no estaba facultada para adquirir bienes para la atención de sus trabajadores, que no fuera aquellos suministrados por empresas subordinadas a su ministerio.

Además, para aquellos insumos que son asignados por el balance material previsto por el MEP, las empresas están obligadas a adquirirlos de ciertos proveedores, aunque ellos incumplan sus compromisos. Dado que esas compras ocurren de manera centralizada, las empresas no pueden participar en la toma de decisiones sobre cuáles ofertas son las más convenientes; tampoco están facultadas para contratar a proveedores alternativos de esas materias primas cuando los establecidos fallen.

Además de estas limitaciones, la dificultad fundamental de las empresas estudiadas para diversificar sus proveedores domésticos y foráneos está, respectivamente, en la insuficiente e inestable oferta nacional y en las limitaciones de divisas para la importación.

Gran parte de los directivos entrevistados consideran que es preferible importar la mayoría de sus insumos, pues las producciones nacionales son de menor calidad y no se puede depender de ellas porque es común que no cumplan con sus compromisos de venta, debido a factores muy similares a los que afectan su propio desempeño.

Por otro lado, y sobre todo más recientemente, las importaciones se han limitado considerablemente, debido a la situación financiera del país, combinada con el hecho de que las empresas no puedan disponer de fondos adecuados para sus gastos de operación.

Una vez que las empresas logran superar todas las limitaciones que encuentran para establecer contratos de compra de servicios o bienes, innumerables trabas burocráticas retrasan, imposibilitan o hacen inefectivas esas compras, incluso cuando los gastos están previstos en sus planes de ingresos y gastos. Además, cuando la ejecución de las compras ocurre a niveles superiores de las empresas, en ocasiones en ellos se decide comprar productos que no son los solicitados por ellas y no tienen demanda, o no se da la prioridad debida a sus solicitudes.

Las demoras en los pagos a proveedores son generalmente producto de problemas organizativos en los organismos superiores de las empresas, que tienen la responsabilidad y las facultades para ejecutar las compras, además de los cuellos de botella que generan los procedimientos establecidos.

De hecho, las empresas estudiadas deben realizar, como mínimo, seis pasos para ejecutar una compra. Y entre cada paso hay un lapso de espera que depende de la efectividad de la institución responsable y la insistencia de los directivos de las empresas.

Por ejemplo, en una empresa el proceso de emisión del número de autorizo para pago a proveedores tarda generalmente entre una y dos semanas. La aprobación de un contrato de compras a un nuevo proveedor demora generalmente entre 30 y 45 días; pudiendo tomar más de un semestre. Incluso, una vez que ha sido emitido el número de autorizo, ocurren demoras por no estar facultada la empresa para disponer del dinero en su cuenta bancaria.

Estas demoras y requisitos para ejecutar compras son mayores si los productos son valorados en CUC, y más aún si requieren de importación. La realización de los pagos se dificulta también por la inefectividad de los servicios que brindan las instituciones bancarias, así como por requerimientos burocráticos para cuyo cumplimiento ellas no ofrecen las condiciones requeridas.

Estos costos de transacción para la ejecución de las compras son considerables si se tienen en cuenta los recursos que hay que emplear en transporte y horas de trabajo, así como personal, cuya tarea principal es la realización y seguimiento de trámites. Además, deberían medirse los costos relacionados con las oportunidades de compra perdidas (productos que dejan de ser ofertados) y con la manutención de inventarios excesivos que las empresas llevan para intentar garantizar sus insumos.

Este desabastecimiento resulta también en que aumenten los costos, al operar por debajo de la capacidad óptima, y en que disminuyan sus ventas. Todo esto repercute negativamente en la motivación de los trabajadores, al estar sus estímulos atados a su cumplimiento de niveles de ventas y no contar con las mercancías necesarias para ello por razones fuera de su control y que, en gran parte, son responsabilidad de sus organismos superiores.

Conclusiones y recomendaciones

Para que las empresas estatales cubanas puedan acceder al capital e insumos que requieren, de la manera más efectiva, y por tanto facilitar su mejor desempeño,  necesitan contar con facultades para ejecutar inversiones menores, así como para la contratación de proveedores de bienes y servicios que ellas consideren más apropiados.

La descentralización de estas decisiones a las empresas no implica que el estado pierda control sobre ellas, sino que sean tomadas en los niveles de decisión donde se cuenta con la información y motivación requeridas para que sean decididas e implementadas de manera efectiva.

Sin dejar de aportar una parte importante de sus utilidades al Estado, las empresas podrían disponer de un cierto porcentaje de ellas, y/o al menos los fondos de depreciación y amortización que hoy pagan, para ejecutar inversiones “menores”. El monto que delimita que una inversión sea “menor” o “mayor” debería ser definido de acuerdo con la actividad y características de la empresa; y quizás convendría considerar la disponibilidad de dinero en el sistema financiero nacional.

Mientras las inversiones “mayores” –como aquellas relacionadas con el cambio de tecnología o la creación de nuevas plantas que deberían ser coordinadas y acopladas a estrategias de desarrollo territoriales (de acuerdo al impacto de su actividad)– podrían quedar en manos de las instancias territoriales y sectoriales correspondientes, las inversiones “menores” sí podrían ser decididas por las propias empresas y financiadas con sus propios fondos o préstamos bancarios no blandos.

La disponibilidad por parte de la empresa de ese fondo de inversiones menores —junto con un uso acertado de éste—facilitaría la sostenibilidad de su actividad, así como su rápida adaptación a nuevas condiciones de oferta de sus insumos y de demanda de sus productos.

Estas decisiones descentralizadas de inversiones menores podrían hacerse de forma ordenada, controlando que se respeten requisitos definidos por gobiernos locales e instituciones relacionadas con la planificación física y el medio ambiente.

Aquellas inversiones mayores, relacionadas con aumentos de la capacidad productiva o cambios de líneas de productos, podrían ser decididas mediante procedimientos de planificación democrática (donde participen productores, consumidores y otros intereses sociales) a los niveles de gobierno correspondientes a su impacto (local, provincial, nacional), que sean transparentes y se acoplen a planes nacionales de desarrollo. La efectividad de la asignación y ejecución de estas inversiones mayores se promovería responsabilizando a las empresas mediante la asignación de préstamos o créditos bancarios no blandos.

En cuanto al acceso a bienes y servicios requeridos, varios directivos entrevistados consideran que sus empresas deberían tener su propio departamento de aseguramiento, que sabría qué y cuándo comprar, y se eliminarían eslabones intermedios innecesarios, que causan cuellos de botella y toman decisiones que afectan su desempeño.

Aunque, sin dudas, la integración horizontal entre varias empresas es necesaria para disminuir los costos de las compras de algunos insumos. Por ello, el marco regulatorio debería promover la integración entre empresas que requieren de los mismos insumos, de manera que ellas puedan disfrutar de las ventajas de las economías de escala para esas compras. Esta integración debe permitir que las decisiones de compras comunes sean consensuadas entre las empresas integradas, así como que las empresas puedan atender sus necesidades específicas.

Además de la facultad para contratar a los proveedores de bienes y servicios que la dirección de la empresa encuentren más adecuados, se considera necesario que puedan ejecutar las compras directamente, y en particular que dispongan de sus propios fondos para ello; como ocurre en los esquemas de financiamiento cerrado.

El marco regulatorio debería promover, además, que las instituciones bancarias brinden servicios que contribuyan a la disminución de los costos de transacción involucrados en las compras.

Finalmente, resulta de vital importancia, sobre todo si se pretende sustituir importaciones, que el marco regulatorio promueva la integración, tanto horizontal como vertical, entre las empresas cubanas. Para ello, es fundamental que la Cámara de Comercio de Cuba u otra institución sirvan como fuente de información sobre la oferta y demanda doméstica, así como que facilite el establecimiento de esas relaciones.

Un comentario

  1. Josué Portal

    Hola Camila!!

    Muy bueno ver publicado en una agencia reconocida el artículo de una antigua colega.

    Definitivamente, ilustras muy bien algunas de las consecuencias resultantes del orden económico vigente en el país. Mencionas “…insumos que son asignados por el balance material previsto por el MEP…”, aunque quizás no con el debido énfasis, pues dicho método (balance material) fue el que acabó hundiéndonos en el Período Especial, del cual no exhibimos signos de recuperación (aunque modestos) hasta que comenzamos a aplicar parcialmente el balance financiero (BF), que dicho sea de paso es el que se aplica en casi todo el Mundo (incluyendo a China, y percibo que cada vez menos en el sector productivo que controla el estado venezolano), pues el BF se basa en las leyes económicas universales descubiertas hasta el momento por la Ciencia, en vez de apoyarse en leyes deseadas y hasta anheladas. Lamentablemente, a partir de la recentralización que comenzó a inicios de los 2000s, y sobretodo debido a la aparición de nuevas fuentes de suministros externos, todo lo que se había avanzado en ese sentido se ha perdido, a la vez que se han ido reinstaurando hasta el día de hoy, pero con más fuerza como algunos atestiguan, las viejas prácticas que nos condujeron a la crisis de los 90s.

    Veo que recomiendas algunas facultades. Eso me recuerda cuando, en los tiempos de apogeo del Perfeccionamiento Empresarial, este se promovía por las decenas de facultades que se le otorgaban a las empresas. Desafortunadamente, en aquel entonces, como ahora, nunca se pretendió otorgar las poquísimas facultades que una organización (o mejor dicho, el director general de una organización, y no sus trabajadores) debe ostentar para que pueda llamarse empresa. Por ejemplo,

    -Que el director decida su misión (aquí muchos le llaman objeto social y no miento si te digo que lo determina el MEP). Si la misión no la decide el Director, entonces éste no podrá nunca ni siquiera proponerse conducir una planeación estratégica.

    -Que el director, a cada nivel, decida su estrategia (lo que incluye definir la misión). Por supuesto, la estrategia de una organización subordinada deberá derivarse de la organización superior. Lo que pasa es que el país se está viendo como una gran empresa. Todo ente productivo se subordina a un centro. Toda estrategia se subordina a una estrategia de país, donde a lo largo de la historia una economía eficiente no ha sido un objetivo prioritario. Por tanto, muy poca gente participa en la toma de decisiones económicas estratégicas a cualquier nivel. Ni siquiera los chinchales (pequeñísimos negocios) pueden. Esto es la raíz de todos nuestros males económicos, la pobre participación.

    -Que el director decida su estructura (lo que incluye la estructura organizacional, la plantilla, los salarios y las políticas asociadas, como la de los cuadros).

    Habiendo resuelto las cuestiones anteriores, tus recomendaciones vendrían como anillo al dedo. Sobre el último párrafo, agregaría que se eleve la calidad de los procesos de importación sobre la base de la competencia (esto pasa por una redescentralización del comercio exterior), y que se desregularicen al máximo las exportaciones.

    Veo que tocas el tema del control del estado sobre las empresas. Sobre el particular te diría que dicho control debería ejercerse más sobre la base de la relación de propiedad que se establezca que sobre las facultades de un director de empresa. Aunque no soy un averso de la propiedad privada, ni siquiera la mayoritaria, todavía estoy convencido de que una empresa pública puede tener logros. No sé si conoces el caso de PETROBRAS. Verás cómo el Estado puede retener el control de una empresa, aún siendo socio minoritario. En Cuba, hay ejemplos concretos de cómo pueden controlarse legalmente importantes sectores a la vez que se permiten negocios 100% privados.

    Me gustaría ver otros artículos que traten los temas de cómo, en nuestra situación, ejercer eficientemente la propiedad de una empresa productiva 100% estatal, y sobre posibles mecanismos ágiles de creación de nuevas empresas 100% estatales (para mí tema absolutamente irresuelto).

    Un saludo especial,
    Josué

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