Intervención del comandante Timoleón Jiménez en el cierre del acuerdo sobre Jurisdicción Especial para la Paz

La Habana, Cuba, sede de los Diálogos de Paz, 23 de septiembre de 2015

Foto: Jorge Luis Baños

Compatriotas y amigos de la paz de Colombia:

 

Les traemos hoy, además de nuestro abrazo fraterno, un parte de victoria colectiva: hemos logrado, con la invaluable ayuda de la subcomisión jurídica, retirar muchos de los obstáculos que hacían más difícil el camino de nuestra reconciliación. Tenemos una Jurisdicción Especial para la paz que, además de garantizar el respeto a los derechos de las víctimas, será factor dinamizador de la firma de nuevos acuerdos en este tramo fundamental para alcanzar la terminación del conflicto.

El actual proceso de Paz es el único en el mundo que ha acordado un Sistema Integral que reúne y relaciona todos los elementos que el derecho Internacional señala como derechos inalienables de las víctimas: los de la Verdad, la Justicia, la reparación y la no repetición.

 

Aspiramos a que nada detenga ahora el raudal de un pueblo que exige paz y desea fundirse a perpetuidad en un abrazo de reconciliación; un pueblo, que quiere palpar con sus propias manos las bondades desconocidas de la justicia social, y sentir con el advenimiento de la democracia verdadera, que la exclusión y la desigualdad empiezan a convertirse en un brumoso presente que se aleja.

 

Con la creación de esta Jurisdicción Especial para la Paz hacemos realidad lo reiterado en la Mesa de conversaciones en cuanto a que las víctimas del conflicto están en el centro del acuerdo; la jurisdicción de la que informamos, examinará los hechos ocurridos durante el conflicto armado, establecerá responsabilidades y procederá a sancionar a quienes incurrieron en graves infracciones contra los derechos humanos, infracciones al DIH y crímenes de lesa humanidad.

 

Hemos buscado que con la creación de esta jurisdicción especial para la paz se satisfagan en el campo de la justicia, las aspiraciones del pueblo colombiano, de las víctimas, de los defensores de DDHH y de la comunidad internacional. Las partes en las conversaciones procuraron conjugar el derecho a la paz como derecho síntesis de todos los derechos humanos -civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales-, con la lucha contra la impunidad que carcome a Colombia desde hace décadas y que ha permitido que las agresiones contra el pueblo no sean nunca debidamente castigadas, siendo ello otro impedimento para la paz.

 

El Sistema está diseñado para que todas las partes involucradas en el conflicto – combatientes y no combatientes-, tengan oportunidad de ofrecer Verdad exhaustiva, detallada y plena, lo que puede permitirles acceder a medidas sancionadoras de carácter restaurativo, de reparación para las víctimas. Y las sanciones serán alternativas para quienes únicamente ofrezcan una parte de la verdad, y retributivas para quienes negándose a ofrecer verdad sean condenados en juicio. En uno u otro caso, para los responsables las penas pueden alcanzar hasta 20 años de cárcel; es decir, 12 años más de prisión que lo establecido en la última ley de justicia transicional, la 975 de 2005, aprobada por el Estado colombiano.

 

En tanto los acuerdos respetan el ordenamiento jurídico internacional, contemplan la aplicación del artículo 6.5 del Protocolo II de los Convenios de Ginebra, del cual Colombia es Estado Parte, y que dispone: “A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado”. Es obvio entonces, que no será  amnistiable ninguna infracción que sea considerada crimen internacional, según las leyes y tratados internacionales.

 

Además del componente de justicia, el Sistema está integrado por una Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, ya acordada, por unas políticas de reparación integral a víctimas, y por medidas que garanticen la No repetición. Las FARC-EP ya han ofrecido este tipo de garantías al tomar la determinación de pactar la dejación de armas y convertirse en organización legal. De su parte el Estado deberá ofrecer medidas efectivas de No repetición como la eliminación de cualquier vestigio de la Doctrina de Seguridad Nacional, la dedicación del Ejército a defender las fronteras y la soberanía nacional, la destinación de la policía a mantener el orden público, y la erradicación del fenómeno del paramilitarismo.

 

La jurisdicción especial para la paz dispone de un mecanismo judicial de ofrecimiento de verdad y reconocimiento de responsabilidades de carácter voluntario, y un Tribunal para la Paz que juzgará a quienes se nieguen a ofrecer verdad y reconocer responsabilidades.

 

Resaltemos que, aun, habiendo pagado un alto costo por rebelarnos contra la injusticia; sufriendo también nuestros familiares y allegados las consecuencias de la represión, poniendo en peligro hasta sus vidas, como insurgentes, estamos dispuestos a asumir responsabilidades por nuestras actuaciones a lo largo de la resistencia, pero nunca por lo que interesadamente nos imputan nuestros adversarios, sin ningún fundamento ni fórmula de juicio. Como se refleja en el último informe de la fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre Colombia, la insurgencia ha sido perseguida implacablemente, con todo tipo de medidas y procedimientos; no han sido las organizaciones guerrilleras las que han disfrutado de impunidad, sino los agentes del Estado y los grupos paramilitares.

 

Creemos imprescindible, entonces, que el resto de actores del conflicto, tanto los que han combatido, como los que han instigado la guerra desde lujosas oficinas, asuman con valentía su responsabilidad y así lo manifiesten ante el pueblo colombiano, sin escatimar un ápice de verdad. Todo se lo debemos a los colombianos y a las colombianas, y en especial es nuestra obligación respecto a las futuras generaciones, para que nadie vuelva a padecer lo que hemos vivido. Por ello pensamos en que es necesaria una gran jornada de contrición en la que se pueda juntar el universo de la gente involucrada en el conflicto –combatientes y no combatientes-, para limpiar las conciencias, ofrecer verdad, y asumir responsabilidades.

 

La jurisdicción especial de paz que hemos creado debe inspirarnos a mirar hacia adelante, a acordar sobre el futuro de nuestra patria y dejar de confrontar por el pasado. Debe ser un paso que ayude a impulsar las grandes transformaciones sociales y políticas que deben surgir del acuerdo de paz que estamos empeñados en alcanzar, porque no podemos permitir que al igual que en anteriores intentos de diálogo sucedidos en nuestro país, o en distintos lugares del mundo, no se acometan los cambios estructurales que sirvan como la mayor garantía de no repetición de lo ocurrido.

 

Hoy anunciamos al país, que haremos todo lo que esté a nuestro alcance por lograr en pocos meses el acuerdo final de paz, y exhortamos a nuestra contraparte en la Mesa a hacer lo mismo, levantando la voz del NUNCA MAS, sobre los cimientos de la Verdad, la justicia y la reparación, como un inmenso farallón andino que detenga para siempre la confrontación armada entre colombianos, favoreciendo la concordia en la América Nuestra.

 

Solo nos resta expresar nuestra gratitud por su esmero y profesionalismo a los juristas Manuel José Cepeda, Álvaro Leyva Durán, Juan Carlos Henao, Enrique Santiago, Douglas Cassel, y Diego Martínez.

 

Gracias al Presidente Raúl Castro, al comandante Fidel y al pueblo de Cuba por su solidaridad y altruismo.

 

Gracias a la República Bolivariana de Venezuela por su apoyo incondicional a la paz de Colombia.

 

Gracias países garantes de los diálogosNoruega y Cuba,y gracias Chile por su acompañamiento.

 

“El que siembra amor cosecha amor, y el que siembra amor, amor tendrá”.

 

Coincidiendo con el Papa Francisco, debemos insistir en que: “No tenemos derecho a permitirnos otro fracaso más en este camino de paz y reconciliación”.

 

Esta victoria no le podrá ser arrebatada al pueblo de Colombia.

 

Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-E

 

 

Alocución del Presidente Juan Manuel Santos sobre el acuerdo en materia de justicia en el proceso de paz con las Farc

 

Hoy es un día crucial y muy positivo en el avance de nuestro país hacia la paz y hacia la terminación de un conflicto armado que nos ha desangrado por más de medio siglo.

 

Esta tarde me reuní con el comandante máximo de las FARC y acordamos una fecha límite para firmar el Acuerdo Final que terminará nuestro conflicto armado: será el 23 de marzo del año 2016.

 

Repito: el 23 de marzo del año 2016.

 

A más tardar ese día –en exactamente 6 meses– estaremos dando un adiós definitivo a la última y más larga guerra de Colombia, y no solo de Colombia sino de toda América.

 

Y acordamos –además¬– que las FARC comenzarán a dejar las armas a más tardar a los 60 días luego de la firma del Acuerdo Final.

 

A lo mucho que hemos avanzado hasta ahora –los tres acuerdos ya alcanzados sobre desarrollo rural integral, participación política y solución al problema de las drogas ilícitas, unidos al desescalamiento del conflicto armado que nos ha permitido vivir los dos meses menos violentos en los últimos 40 años– se suman estos anuncios trascendentales.

 

Pero hay algo más –de la mayor importancia–: hemos logrado un acuerdo sobre las bases de un sistema de justicia.

 

Este tema es tal vez el más difícil y el más complejo de definir. Así ha sido en todos los procesos de paz del mundo.

 

Se determinó crear una Jurisdicción Especial para la Paz que respete los principios que el mismo papa Francisco expresó hace unos días aquí, en su visita a La Habana: debe haber justicia y “respeto a la institucionalidad, al derecho nacional e internacional, para que la paz sea duradera”.

 

La Jurisdicción Especial que se va a crear se conformará  –como corresponde– en el marco de nuestra Constitución y de nuestras leyes, respetando los lineamientos del derecho internacional a los que Colombia está obligada.

 

Es una jurisdicción que busca, ante todo, la satisfacción de los derechos de las víctimas –en particular el derecho a la justicia, pero también sus derechos a la verdad, a la reparación y a la no repetición–.

 

Y les da a las organizaciones de víctimas y de derechos humanos la oportunidad de intervenir para que se inicien los procesos judiciales y se sentencie a los responsables.

 

Por supuesto, la nueva jurisdicción también tendrá en cuenta las investigaciones y sentencias de nuestros fiscales y jueces. Es un trabajo de décadas que se valorará y será punto de partida esencial.

 

Y en esto quiero ser claro: no acordamos un sistema extrajudicial.

 

Todo lo contrario: acordamos una jurisdicción especial que va a investigar, juzgar y sancionar a través de un tribunal –con unas salas especializadas de justicia–, integrado por magistrados de las más altas calidades, a los responsables de delitos cometidos con ocasión del conflicto, en especial los más graves y representativos.

 

Es común que a la terminación de los conflictos –y así lo establece el derecho internacional humanitario y lo permite nuestra Constitución– se otorguen amnistías o indultos por los delitos políticos y conexos.

 

Eso lo vamos a hacer en los términos que establezca una ley de amnistía que precise los criterios de conexidad.

 

Pero hay delitos que ni nuestra Constitución, ni el derecho internacional –ni sobre todo nuestra propia conciencia–, nos permiten amnistiar o indultar.

 

Delitos como los crímenes de lesa humanidad, los graves crímenes de guerra, el secuestro, las ejecuciones extrajudiciales, el genocidio, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, la tortura, la violencia sexual o el reclutamiento forzado de menores serán investigados, juzgados y sancionados por la nueva jurisdicción.

 

Yo sé que para los colombianos es muy importante que los responsables de los casos más graves y representativos reconozcan sus delitos y cuenten la verdad.

 

Habrá sanciones de mínimo 5 años y máximo 8 años para quienes cumplan con este reconocimiento ante la justicia.

 

Estas sanciones tendrán un componente de restricción efectiva de la libertad, y otro de restauración y reparación a las víctimas.

 

Y para quienes no reconozcan su responsabilidad por los delitos más graves –y sean hallados culpables– habrá penas de hasta 20 años.

 

De esta manera se logra el objetivo que nos hemos trazado desde un principio: ¡UNA PAZ SIN IMPUNIDAD!

 

Y también habremos cumplido con la difícil tarea de alcanzar el máximo de justicia que haga posible la paz.

 

Quiero hacer especial énfasis en que ni este sistema de justicia ni esta jurisdicción están dirigidos exclusivamente a las FARC.

 

Todos los que participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado, y cometieron delitos con ocasión de éste, pueden someterse a esta justicia transicional, incluyendo los agentes del Estado y –en particular– los miembros de la fuerza pública.

 

Como siempre les dije a los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas, no hay ninguna posibilidad de que haya un tratamiento especial de justicia para las FARC si no hay –al mismo tiempo– un tratamiento que puede ser diferenciado, pero simultáneo, equitativo y simétrico, para nuestros militares y policías.

 

Tampoco habrá posibilidad de que nadie se acoja a este sistema de justicia si no ha dejado antes las armas. ¡Así de claro! Y a quien reincida le caerá todo el peso de la ley.

 

Lo que logramos hoy, lo que anunciamos hoy, es una gran noticia para Colombia y también para el mundo.

 

Esta es la primera vez que un gobierno y un grupo armado ilegal –en un acuerdo de paz y no como resultado de posteriores imposiciones– crean un sistema de rendición de cuentas ante un Tribunal nacional por la comisión de crímenes internacionales y otros delitos graves.

 

Estamos sentando un precedente ante la comunidad internacional que puede dar esperanza para otros conflictos armados en el planeta.

 

Y nos acercamos a la paz, una paz que no será fácil, que exigirá el aporte y el trabajo de todos –en todas las regiones–, pero que nos permitirá por fin crecer y prosperar sin el lastre pesado de la guerra.

 

Una Colombia en paz brillará como una estrella fulgurante en el escenario internacional.

 

Una Colombia en paz nos permitirá avanzar mucho más rápido hacia la equidad.

 

Una Colombia en paz hará más fácil que nos convirtamos en la nación más educada de América Latina.

 

Una Colombia en paz será más segura porque la fuerza pública que se dedica a la guerra se concentrará en mejorar la seguridad de los ciudadanos, de los colombianos.

 

Una Colombia en paz atraerá más inversiones que crearán más y mejores empleos.

 

Una Colombia en paz nos convertirá en una potencia turística.

 

Una Colombia en paz cuidará mejor del medio ambiente, de esa biodiversidad maravillosa que debemos preservar.

 

Hoy damos un paso enorme hacia esa nueva Colombia, y los invito a que la construyamos JUNTOS.

 

Porque este horizonte positivo nos llama a construir, no a destruir; nos convoca a unirnos, no a dividirnos.

 

Hoy avanzamos mucho: aseguramos la justicia –la no impunidad– y pusimos plazos ciertos para acabar la guerra.

 

Pero, como lo he reiterado en diversas oportunidades, la última palabra la tienen los colombianos: serán ustedes, a través de la refrendación popular, quienes decidan si aceptan los contenidos de este acuerdo.

 

Nos falta culminar los últimos puntos –en los que la discusión está avanzando– pero la conclusión es una sola:

 

LA PAZ ES POSIBLE… ¡Y ESTÁ MÁS CERCA QUE NUNCA!

 

Muchas gracias.

 

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