La autogestión del futuro

Las tensiones propias de un proyecto socialista que debe construirse, al mismo tiempo, en términos de “nacional” y de “clase”.

Jorge Luis Baños - IPS

Las soluciones socialistas se encuentran en la construcción política ampliada y no en la lógica de la contención

En 1959, el presente cubano se liberó del pasado y pudo conquistar así un rumbo no normado por las trayectorias fatales de su historia. Sin embargo, el futuro de Cuba nunca había estado tan abierto como después de 1991.

El derrumbe del “socialismo real”, el recrudecimiento de la agresión estadounidense y parte de las políticas cubanas posteriores a 1959 arrojaron al país a una enorme crisis, pero también a una posibilidad: resistir la ofensiva de un enemigo que, a su vez, había constituido la imagen de la modernidad deseable para buena parte de la cultura política cubana durante el primer medio siglo republicano; rehusar un concepto de socialismo con el que se había convivido durante (casi) la otra mitad del siglo, bajo el rubro oficial de “hermandad”; y refundar la imaginación del presente sobre el porvenir.

Antes de 1991 se podía vislumbrar en Cuba un escenario de precrisis. Para afrontarlo, en 1986 Fidel Castro lanzó el “proceso de rectificación de errores y tendencias negativas”, que denunció cursos seguidos hasta la fecha, se distanció de las reformas del campo socialista y brindó respuestas propias a la coyuntura. Por su parte, la política oficial de contención de la crisis post1991, calificada de “período especial en tiempo de paz”, continuaría las líneas gruesas de aquella estrategia. El nuevo desempeño —promovido al unísono “desde arriba” y forzado “desde abajo”— colocó la “apertura política” como clave de la gobernabilidad.

Entendió “apertura” como la voluntad de: afirmar un rumbo socialista opuesto a las reformas en los países del Este, vistas sus consecuencias; distribuir los costos de la crisis a escala social; capitalizar los valores de justicia social y de independencia nacional; desasir la política del yugo de la “doctrina oficial”; recuperar tradiciones de pensamiento sobre la nación; adelantar la distinción entre Estado —laico ahora por demás— y Partido; reevaluar el papel del mercado en el socialismo; avanzar en eludir la sobreimposición estatal en el ámbito de lo social; encontrar espacios de resolución de problemas por vías autogestionarias de la iniciativa individual, grupal y familiar; expandir la posibilidad de una relación menos dependiente con el Estado, contra la inoperancia de este; “nacionalizar” el Estado sobre su carácter “clasista”, franquear el pensamiento social a la exploración de alternativas; dejar formalizado el sistema de decisión colegiada en el ámbito constitucional; habilitar formas de propiedad alternativas a la estatal; promover la participación ciudadana en el debate sobre la agenda de cambios; descentralizar aspectos de la gestión de los poderes populares, disminuir el presupuesto estatal para la defensa, a partir de formas de financiamiento propias para el sector militar; entre otra serie de claves que consiguieron lo esencial: detener la caída y relanzar un proyecto de sobrevivencia y desarrollo a partir de la segunda mitad de la década de los noventa.

Esta estrategia ofrece lecciones hoy: en un contexto de crisis, las soluciones socialistas se encuentran en la construcción política ampliada y no en la lógica de la contención. Si el crecimiento económico no es la meta del desarrollo socialista —lo es el desarrollo de la persona—, la recuperación de este no puede ser la coartada para interrumpir la apertura de políticas expansivas de la soberanía ciudadana para privilegiar, en su lugar, métodos más seguros y confiables de control económico y político. El escenario de precrisis de fines de los ochenta y el del Período Especial hasta la mitad de los noventa debe ser el campo de una extensa interrogación.

El Período Especial es una suerte de pozo geológico en la historia post1959: sobre él se proyectaron, acumuladas, las secuelas de las trayectorias anteriores: él contiene y revalora las consecuencias de la ofensiva revolucionaria de 1968, del fracaso de la zafra de 1970, de las derivaciones de la integración al CAME, del agotamiento del Sistema de Planificación y Dirección de la Economía en los años ochenta, más visibles entonces en ausencia de un garante que viniese a refinanciar la crisis, apuntalar el consenso y renegociar las deudas.

En 2008, esa herencia constituye un patrimonio de experiencia política, porque es también una advertencia: los cubanos que sobrevivieron al Período Especial no volverán a transitar por una prueba como aquella, en la misma fe. Si entonces quemaron sus naves, ahora han fundado un concierto de repúblicas —o de imperios— en la tierra que lograron conquistar para sí después de aquellas batallas. Por ello, si reconocen la paternidad de los éxitos, también reconocen la de los fracasos.

Como consecuencia de políticas explícitas de la Revolución hacia el desarrollo humano —con el particular impulso de Fidel Castro—, Cuba es hoy el único país de América Latina que consiguió las metas del Milenio de la ONU, su mortalidad infantil es la más baja del hemisferio —al lado de Canadá—, posee 99 por ciento de los niños escolarizados, cuenta con la mitad de su población entre 18 y 25 años incorporada a la educación superior, posee una cobertura universal de salud y seguridad social para una ciudadanía con expectativa de vida de 78 años; varios de sus indicadores macroeconómicos han crecido de modo sostenido —tasa de crecimiento, reservas en divisa—, ha conseguido un grado creciente de independencia energética, ha recuperado las inversiones en infraestructura, a lo que suma un buen marco de alianzas en el continente —situación misma a la que Cuba contribuyó decisivamente con su política exterior de décadas contra el hegemonismo estadounidense en América Latina y el Caribe, amén de su política africana.

Sin embargo, la nación está atravesada, asimismo, por distintos tipos de problemas: se estima que en 2035 uno de cada tres cubanos será un anciano —proporción hasta hoy no alcanzada por ningún país—, con la consiguiente presión sobre la mano de obra productiva y sobre los sistemas de seguridad social, proveniente del descenso de la tasa de natalidad, que desde 1978 no puede garantizar reemplazo poblacional en el largo plazo; un déficit de un millón de viviendas y el deterioro del fondo habitacional existente; 20 por ciento de pobreza urbana, 75 por ciento de los suelos con algún nivel de degradación; una economía que importa cerca del 80 por ciento de los alimentos que consume, un tercio de ellos en el mercado de su principal enemigo; un régimen que reivindica la propiedad estatal en el cual más de la mitad de sus empresas estatales funciona mal o regular, con planificación de baja calidad y extendidas prácticas burocráticas, y donde 15 por ciento de los productores agrícolas individuales factura cerca de 60 por ciento de los alimentos de consumo para la población; un sistema que sigue bajo el asedio de los Estados Unidos, con grados importantes de disrupción social expresada en males extendidos como la corrupción y con sobrevivencias ideoculturales y socioinstitucionales provenientes de la experiencia burocrática soviética.

Al mismo tiempo, el esquema de concertación latinoamericana plantea varios problemas en lo inmediato: la derrota del referendo de Hugo Chávez, de 2 de diciembre de 2007 y el intento de secesión en Bolivia, de mayo de 2008, complejiza el porvenir de la alianza, al tiempo que los gobiernos “progresistas” de la región hablan un lenguaje diferente del discurso oficial cubano, cuando explican su “revolución ciudadana” y su “socialismo” por la vía del Estado de Derecho, cuyo encuadre necesitará de diversas interinfluencias y recepciones recíprocas en el futuro.

II.

La Revolución suma hoy sus acumulados históricos de generalización de derechos sociales, pacificación de la existencia, dignidad personal, crecimiento individual, pero no cuenta con una “edad de oro” a la cual muchos pretendan regresar. En la isla, los años ochenta fueron el lapso de abundancia económica, pero esa época se recuerda con la ternura de los desesperados: casi nadie postula el regreso de aquella edad, primero porque es un imposible ante la inexistencia de la URSS, pero también porque se asocia a modelos de control sociopolítico que hoy no encuentran legitimidad.

En ese horizonte, acaso existe hoy una crisis esencial: un grado de fractura cosmovisiva, ya ni siquiera política o ideológica, entre los fines proclamados históricamente por los discursos oficiales sobre el futuro del país y las ideas que sobre su porvenir particular se han labrado los cubanos en la fecha. Luego, la crisis principal que enfrenta la continuidad revolucionaria cubana acaso sea civilizatoria, pues pone en cuestión la compatibilidad del marco sociopolítico, cultural y económico existente, en su relación con la comprensión cultural sobre la vida deseable. Dicho en síntesis: para muchos, no se trata solo de tener más, sino de vivir de otro modo.

Las respuestas más visibles a esta situación son la emigración y la emergencia de culturas de relaciones humanas ajenas o incompatibles con las metas pronunciadas de modo oficial. Por ello, el reto no es salvar del naufragio viejos métodos fracasados, en la esperanza de que “ahora, que existen recursos, den al fin los resultados esperados”, ni de defender paradigmas de relación que encontraban sentido en otro contexto, sino de captar y conseguir reproducir, en un sentido revolucionario, las renovadas subjetividades existentes en una sociedad diversificada como la cubana. Si bien todo futuro está hecho de continuidades y de rupturas, es muy probable que el futuro de Cuba se encuentre más en su futuro que en la reedición de su pasado.

III.

Sin la pasión del anticuario, Raúl Castro insiste en dos prioridades: el fortalecimiento de la institucionalidad y la producción de alimentos, allí donde de “las grandes discrepancias han de surgir las grandes soluciones”.

Para afrontar el primer desafío, el fortalecimiento de la institucionalidad, afloran una serie de retos: una cultura jurídica empobrecida;  una tensa relación entre el Derecho y el ejercicio discrecional de las decisiones ejecutivas; una Asamblea Nacional, y el sistema institucional desprendido de ella, que no ha alcanzado nunca la dimensión política que le otorgan sus prerrogativas legales; una relativa confusión entre el Partido, el Estado y el Gobierno, así como la ausencia de independencia funcional en las actividades estatales; y una cultura de la centralización que ha estimulado poco el desarrollo efectivo de los poderes populares a partir de sus bases territoriales. En 2002, una reforma consagró, tras consulta masiva, la irreversibilidad del carácter socialista del texto constitucional.

Sin embargo, hasta la fecha, ninguna política nacional ha priorizado el conocimiento y el uso masivo de la Constitución Socialista como mecanismo de acción política.  La Constitución es la plasmación sociolegal de un proyecto político: un metadiscurso ordenador y funcional. La nueva coyuntura puede encontrar en la universalización de los operadores constitucionales —cuando todos los ciudadanos puedan operar efectivamente con la Constitución— una nueva política de “defensa nacional”. De poseer todos los ciudadanos la posibilidad de defender la constitución, se estará universalizando también entre toda la ciudadanía los medios de defensa del socialismo. El ejercicio de los derechos fundamentales —a través de su reconocimiento constitucional, de las políticas sociales, y de su sistema de garantías jurídicas— sería también ejercicio de poder popular. En todo caso, ello no es tanto el territorio de la “cultura jurídica y del derecho”, como de políticas que, con la Constitución como promotor y garante institucional, profundicen el ejercicio de poder popular.

El segundo desafío, la producción de alimentos, ofrece diferentes dilemas. El resurgir del campo debe enfrentarse a una historia conflictual: la emigración rural hacia las ciudades, que concentran 75 por ciento de la población del país; la descapitalización del agro, la degradación de los suelos, la baja tasa de tierra cultivada y un modelo de producción orientado a la exportación de contados productos y a la importación de alimentos. Sin embargo, la voluntad política hacia el campo puede servir de balón de ensayo de soluciones políticas más generales. La esperanza en la recuperación del agro se coloca ahora en la producción privada, pero todavía no se debate algo aún más esencial para el futuro: 60 por ciento de las tierras cultivables están en manos de las Unidades Básicas de Producción Cooperativa y de las Cooperativas de Producción Agropecuaria.

¿Qué se hará con esas tierras? ¿Qué tendrá que ver el socialismo en ello? ¿Cuál modelo de desarrollo agrícola es compatible con el medio natural, sociopolítico, cultural e ideológico del país en esta hora? Si la recapitalización ha de servir para financiar un modelo de desarrollo agrícola con enfoque ecológico, que integre las dimensiones física, espacial, social y cultural, la decisión de distribuir tierras a los campesinos permitiría explorar formas asociadas de propiedad, así como de generar encadenamientos productivos entre ellas; y revitalizar el análisis sobre las limitaciones propias de las formas cooperativas en el campo, pero también de las que le han sido impuestas burocráticamente, y pronunciarse sobre la viabilidad de su extensión hacia otros sectores productivos. Asimismo, podría revitalizar la discusión sobre una cultura política de la forma cooperativa de producción en un plano general.

IV.

Esta experimentación haría un servicio enorme a un tema mayor: el debate sobre el modelo de desarrollo posible y deseable para Cuba. ¿Se tratará de cambios y de rupturas con el patrón prevaleciente hasta los noventa, o, en cambio, se tratará de sustituirlo por otro cualitativamente distinto? En todo caso, la participación política en el socialismo, el desarrollo local y la gestión del conocimiento no son temas separados de la universalización del software libre, del diseño descentralizado de producción de energía que inspiró la “revolución energética”, y de la potencialidad de generar flujos horizontales de construcción, difusión y utilización del conocimiento que puede suponer la creación de las Sedes Universitarias Municipales en todo el territorio nacional.

No es este el espacio para discusión semejante, pero sí es dable sugerir: si lo que se pretende es el socialismo, las experimentaciones en curso en la socioeconomía deben ser visualizadas como un modelo susceptible de alcanzar sistematicidad, en conexión orgánica con las metas socialistas de la autorrealización humana y del control del curso de la propia vida —autogestión— por parte de los ciudadanos trabajadores: los productores libres asociados de Carlos Marx.

Para este tipo de desarrollo, amén de los retos ya descritos, Cuba afronta otros de perfil más general:

1.- la práctica socialista cubana cuenta con escasa tradición de promoción a formas concretas de democracia obrera y campesina, provenientes de la autoorganización popular y de la autogestión, por desarrollar una visión centrada en el desarrollo del Estado socialista como hiperactor político —que le ha traído, como todo, triunfos y desviaciones—, pero que incluso preexiste en la imaginación sobre el socialismo cubano previa a 1959;

2.- los Estados Unidos siguen siendo, por redes diversas —que van de la familia emigrada a la televisión nacional, pasando por otras muchas vías—, la imagen de vida deseable para una cantidad significativa de personas, al tiempo que zonas de grupos de presión estadounidenses vienen defendiendo, desde hace años, la posibilidad de otro tipo de política hacia Cuba, que favorecería políticas “benignas”, siempre que estén en el horizonte de la democracia comercial estadounidense, contentivas acaso de mayores peligros que los generados por la estrategia de agresión y bloqueo;

3.- las tensiones propias de un proyecto socialista que debe construirse, al mismo tiempo, en términos de “nacional” y de “clase”, con sus posibilidades latentes de que élites nacionales enriquecidas y con poder político negocien el curso y se favorezcan, en detrimento del carácter popular del proceso.

Sin embargo, Cuba cuenta, desde su práctica histórica, con un mapa de conocimientos: es imposible declarar, a partir de la estatización de la economía, laabolición del mercado sin el costo de su resurgimiento como mercado informal, desregulado y monopólico; es posible convivir con pequeños espacios de iniciativa privada en un contexto de regulación impositiva; es del todo vulnerable confiar el desarrollo del país a un catálogo reducido de productos o a las relaciones de intercambio con un único país; la centralización burocrática conduce al desgaste de los medios y a la consiguiente imposibilidad de los fines; el modelo de planificación existente consigue la participación de funcionarios y técnicos, pero promueve la ineficacia de las formas generalizadas de participación; el monopolio de la propiedad estatal sobre otras formas de propiedad social constituye una reducción ideológica, sin fundamento en el marxismo, que en cambio habilita la propiedad comunitaria, municipal, cooperativa, profesional, comunal, así como de las mixturas entre ellas; el Partido Comunista de Cuba, al calificarse después de 1992 como “partido de la nación cubana”, afrontó retos de representación política, democratización interna, canalización de intereses y del tipo de su relación con el Estado, distintos a los que le imponía ser la “vanguardia de los obreros y los campesinos”; la participación política supone la redistribución de poderes, la definición precisa de actores con bases políticas propias y autonomías relativas para el ejercicio político, así como la existencia de espacios de calidad para la interacción entre ellos.

V.

El socialismo es un proyecto de convivencia, en comunidad e integración, de diferentes visiones civilizatorias. La reconstrucción del rol del individuo —de la individualidad— en los diseños sociales es imprescindible para que el socialismo no defienda y promueva solo la biodiversidad “natural”, sino también la sociodiversidad al interior de su formación social. La autogestión del futuro no es solo la capacidad de los cubanos para “decidir por sí mismos su propio destino” como comunidad nacional —esto es, para perfilar su patrón de desarrollo en medio de la globalización, y es preciso comprender la posibilidad que esto encierra para el género humano—, sino también la de poder regir sus propios avatares como seres libres e iguales.

El principal haber, tanto del gobierno como de la sociedad cubana, para enfrentar un renovado programa de “libertad con pan”, es lo que ha conquistado el socialismo: la existencia de un espacio público abierto al cambio, a la intervención de la iniciativa de los ciudadanos trabajadores en el curso de la realidad. No se trata de un espacio político usurpado por el mercado o por la burocracia, que tenga escrito en la piedra el curso de su evolución: las determinaciones de uno y de otra no alcanzan a fijar un perfil de hierro para los cambios. Dicho de otra manera, la indefinición de tal perfil es la posibilidad de un espacio social de refundarse a sí mismo. Ello provoca ansiedad, pero también esperanza en la recuperación de la política, como soberanía ciudadana, bajo condiciones socialistas.

(Ponencia presentada a la mesa redonda “Cuba: desde el período especial a la elección de Raúl Castro”, Coloquio Internacional “El futuro de la democracia en América Latina: movimientos sociales, movimientos políticos”, Pará, Brasil, 29 y 30 de mayo de 2008.)

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