Lineamientos del sexto Congreso del PCC: Una valoración preliminar

Análisis pormenorizado sobre los Lineamientos de la Política Económica Social cubana.

Jorge Luis Baños - IPS

El pueblo en general, trabajadores, campesinos, estudiantes, técnicos, profesionales, centros de investigaciones, universidades, organizaciones políticas, de masas y religiosas pudo participar en la discusión y reelaboración de los lineamientos de la Política Económica y Social cubanas.

El Proyecto de Lineamientos de la Política Económica Social, emitidos con vistas a la celebración del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) en abril de 2011,  es un documento económico sin precedentes desde 1959.

En sus 291 puntos, el texto abarca todas esferas económico-sociales que conforman la economía cubana y propone hacia dónde dirigir los pasos, en busca de un cambio o actualización del actual modelo.

Al margen de que existan criterios y sugerencias sobre determinados aspectos, nuevas formas de redacción o posibles omisiones de asuntos relevantes,  el balance resulta altamente positivo. Sus propuestas abren un importante espacio para la discusión, la confrontación y recogida de opiniones, en todos los ámbitos de la población cubana: pueblo en general, trabajadores, campesinos, estudiantes, técnicos, profesionales, centros de investigaciones, universidades, organizaciones políticas, de masas y religiosas.

El reclamo de saber hacia dónde se encamina la economía, y con ello la sociedad cubana, ha estado presente en investigaciones y publicaciones en las áreas de ciencias sociales y más específicamente en las dedicadas a la investigación económica. A la vez, resulta evidente que los debates populares, realizados en 2007 en torno al discurso pronunciado el 26 de julio de ese año por Raúl  Castro, en ese entonces presidente en funciones, marcaron el inicio de un nuevo proceso vital para la sociedad cubana.

Esas consultas se tradujeron en un amplio diagnóstico de la situación del país, para poder definir hacia dónde se proyectaría la economía y la sociedad,  tanto en la búsqueda de solución a los problemas inmediatos, como de cara al futuro que se propone alcanzar.

Se prevé entonces que, una vez enriquecido con opiniones, sugerencias y modificaciones surgidas durante el proceso de consulta,  este documento base del VI Congreso permitirá elaborar la estrategia a seguir, establecer las políticas y crear los instrumentos que propicien alcanzar el modelo económico-social al cual se aspira.

Algunas generalidades

Aunque el presente análisis trata de centrarse en la política agroindustrial, resulta necesario  referirse también a otros aspectos, ante la complejidad  que encierra la economía, sus interrelaciones y el enfoque sistémico que se requiere aplicar.

Bajo el subtítulo “Lineamientos de la Política Económica Social” (página 7), el texto comienza por remarcar, de forma algo categórica –diríamos bastante absoluta— que  “…primará la planificación y no el mercado”. En economía no hay nada absoluto y el problema no consiste en más planificación o menos mercado o viceversa, sino en la complementariedad que debe existir entre ambos elementos; es decir, dos partes que conforman un todo [1]. Quizás sería más recomendable una redacción más abarcadora: “,…que la planificación y el mercado se complementarán y la primera, en última instancia, desempeñará el papel fundamental”.

Lo señalado anteriormente se encuentra en estrecha relación con varias propuestas de la política agroindustrial (VII):

– En el  punto 167 se plantea “Adoptar un nuevo modelo de gestión,  a tenor con la mayor presencia de formas productivas no estatales, que deberán sustentarse en una utilización más efectiva de las relaciones monetario-mercantiles, delimitando las funciones estatales y las empresariales, a fin de promover una mayor autonomía de los productores…”;

– En el 168 se dice: “Adecuar la legislación vigente, en correspondencia con las transformaciones en la base productiva, para facilitar su funcionamiento eficiente y competitivo y descentralizar el sistema de gestión económica y financiera,..”;

– El 170 afirma  “Adecuar la producción agroalimentaria a la demanda y la transformación de la comercialización (…)   limitando la circulación centralizada para aquellos renglones vinculados a los balances nacionales; otorgando un papel más activo a los mecanismos de libre concurrencia para el resto de las producciones”,

– En el 172 se plantea: “…simplificar los vínculos entre la producción primaria y el consumidor…”,

– En el 177 se manifiesta: “… la entrega de tierra en usufructo…. Donde el productor no será asalariado y dependerá de sus ingresos. La formación  del precio  de la mayoría de los productores responderá a la oferta y la demanda y, como norma, no habrá subsidios”.

– En el epígrafe Política para el Turismo (IX),  punto 242, se plantea: “…será necesario estudiar mecanismos de abastecimiento a las entidades  turísticas que aprovechen las potencialidades de todas las formas productivas a escala local”.

Esta  relación permite visualizar una serie de  aspectos que se encuentran en estrecha relación con la participación y acción del mercado,  por lo que una redacción tan categórica como la de que “primará la planificación y no el mercado” puede conducir a interpretaciones absolutas y rígidas sobre el funcionamiento y real existencia de este último.

De otra parte, al abordar el modelo de gestión económica, se precisa (punto 2) que este debe reconocer y estimular  “además de la empresa estatal socialista, que es la forma principal en la economía nacional, las empresas de capital mixto, las cooperativas, los usufructuarios de tierras (….) y otras formas que pudieran contribuir a elevar la eficiencia del trabajo social”, de lo cual se puede  interpretar que identifica las diversas formas empresariales con las formas de propiedad.

En este caso, resulta necesario tener presente, para el sector agropecuario, que el medio de producción fundamental es tierra, y se  registran además otras formas de propiedad como: la propiedad colectiva sobre la tierra en las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA), las Cooperativas de Crédito y servicios (CCS) –donde los productores mantienen la condición de la propiedad individual de la tierra–, los propios productores privados dueños de la tierra, los usufructuarios colectivos como las Unidades Básicas de Producción Cooperativas (UBPC), y los usufructuarios individuales beneficiados por la ley 259, mediante la cual la tierra continúa siendo propiedad estatal.

Es por ello que, quizás, una redacción más apropiada y abarcadora sería hacer referencia a que los medios de producción fundamentales estarían en manos del Estado –y por supuesto bajo la dirección de la empresa estatal– y mantener las referencias de las otras formas de organización empresarial asociadas a las formas de propiedad. También, personalizar la propiedad privada, que a la vez da lugar a una forma empresarial, la cual existe no sólo en la agricultura, sino también en las transportación, el comercio, incluidas otras nuevas actividades económicas que se proyectan en el documento, y no dejarla englobada en “ y otras formas”.

En  lo referido al tema de la planificación (punto 5), se plantea: “La planificación abarcará no sólo el sistema empresarial estatal y las empresas cubanas de capital mixto, sino que regulará también las formas no estatales que se apliquen.”. Es probable que al hacer tan extensivo el proceso de la planificación se corra el riesgo de que no cumpla su verdadera misión estratégica, al tratar de abarcarlo todo y caer en demasiados detalles. Hay que tener en cuenta que  habrá varias modalidades de gestión empresarial, tales como: empresas grandes (propiamente estatales en correspondencia con los medios de producción fundamentales en manos del Estado), medianas (estatales, cooperativas, privadas), pequeñas, microempresas, familiares e inclusive la individual o unipersonal.

Quizás el papel más apropiado que le correspondería a la planificación sería el de regulador, en busca de las proporciones en la macroeconomía, los aspectos territoriales y planes de desarrollo, y el de actuar como facilitador de los empresarios productores, para que logren el cierre exitoso del ciclo productivo. Esto se podría  lograr no por la  vía de los balances (financieros y/o materiales), sino  mediante la incorporación y utilización del mercado como herramienta que ayude a una mejor y eficiente distribución de los recursos, con la debida observación y regulación para evitar acciones indeseadas del mercado. En otras palabras, por la complementariedad entre planificación y mercado.

Ello no significaría, en modo alguno, que las empresas no trabajen sobre la base de un plan, particularmente aquellas agrupadas o clasificadas como las grandes empresas poseedoras de los medios de producción fundamentales y las que se consideren estratégicas de carácter nacional, ( según el documento pagarán un tributo al territorio donde se encuentren físicamente establecidas), sino que la forma de acceder a los recursos sea por la vía de disponer de un mercado de insumos y medios de producción (mercados de aprovisionamiento, punto 9 del proyecto), a partir de la capacidad de compra que generen los ingresos obtenidos por el resultado de la producción material.

El resto de las empresas medianas, no incluidas en el grupo señalado anteriormente, así como las pequeñas y micro empresas, podrían elaborar un plan dentro del marco territorial donde se encuentren enclavadas, que les permita conocer a los Consejos de la Administración Municipal las posibilidades productivas, las ofertas y demandas de bienes y servicios, observar el comportamiento de los precios, entre otros aspectos.

Estos planes conjugarán la oferta con la demanda del territorio (de la población, empresarial y exportable y/o sustitución de importaciones), así como de otros demandantes fuera de este, al igual que su capacidad de compra en el mercado mayorista de insumos y medios de producción, dentro y fuera del territorio. Esto constituiría una vía de vínculo con el plan de la economía nacional a través de los territorios y de los territorios entre si, pero la capacidad de decisión productiva le correspondería a la empresa.

Respecto de la política monetaria y cambiaria, resultaría aconsejable citar al menos el o los pasos más inmediatos por donde iniciar el camino hacia la unificación monetaria,  particularmente aquellos a aplicar en la esfera empresarial. Esto  permitiría eliminar obstáculos que impiden el cierre exitoso del ciclo productivo, particularmente para las empresas que operan en moneda nacional, que por lo general son numerosas. También se propiciaría un incremento en la producción y la oferta, estimularía la sustitución de importaciones y a la vez las exportaciones, entre otros aspectos favorables.

En el punto 62 se afirma que “se mantendrá el carácter centralizado de la determinación de las políticas y del nivel planificado de los precios de los productos y servicios que estatalmente interese regular”. Resulta importante apuntar que los precios planificados deberían  ser los estrictamente necesarios y formar parte del sistema de precios que se propone, teniendo presente que en varias partes del documento se trazan propuestas encaminadas a una descentralización de los precios en el marco empresarial, para no incurrir en excesos que afecten los niveles de eficiencia y limiten la autonomía empresarial por la cual abogan los propios lineamientos.

Hacia un modelo agrícola

Se deben simplificar los vínculos entre los productores y consumidores. (Foto: Jorge Luis Baños - IPS Cuba)

Se plantea de forma explícita y adecuada el cambio del modelo agrícola con la mayor presencia de formas productivas no estatales, como las CPA, CCS, UBPC y las cooperativas de segundo grado, el usufructuario privado, el propietario privado. Estas formas son las que predominarán en el modelo, sobre la base de una mayor autonomía de los productores y en camino hacia la separación de las funciones estatales de las empresariales. Este ha sido un aspecto ampliamente analizado, fundamentado y solicitado por la academia, en diversos estudios e investigaciones.

Se infiere que el cambio del modelo agrícola comprende todos los elementos que conforman el ciclo,  además de la producción; es decir, a los otros elementos distribución, cambio y consumo. Se deja de forma explícita la transformación de la comercialización, limitando la circulación centralizada para aquellos renglones vinculados a los balances nacionales (lo importante es delimitar aquellos que sean estrictamente los imprescindibles y estratégicos).

Esto incluye reestructurar el proceso de comercialización de insumos y equipamiento en concordancia con el nuevo modelo agrícola, creando las posibilidades de acceso de los productores a ese mercado, así como la simplificación de los vínculos entre los productores y consumidores. La descentralización y diversificación de la comercialización de los productos agropecuarios constituye uno de los propósitos a lograr para el cierre exitoso del ciclo productivo. Sin embargo el papel que le debe corresponder al mercado para lograr esta acción  queda más bien condicionado a la planificación.

Aunque a lo largo del proyecto se manifiesta el espíritu de la descentralización, simplificación de funciones y estructuras, sería conveniente enfatizar acerca de la implementación de estos principios en el sector agroindustrial, tratando de evitar la creación de nuevas estructuras que pudieran distanciar al productor de los vínculos y relaciones con otras entidades económicas, con el mercado y los consumidores. Es indiscutible que dentro de los territorios es necesario lograr  resúmenes y/o consolidación de actividades, pero ello no debe justificar la creación de nuevas estructuras, entiéndase las delegaciones Municipales Agropecuarias, sino más bien aprovechar las organizaciones macro que existen dentro de los territorios, tales como las instancias del Poder Popular, el banco o la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), entre otras.

De igual forma, resulta imprescindible desarrollar las relaciones horizontales entre los productores  radicados en el territorio, con la creación de asociaciones de productores,  para la búsqueda de soluciones, y afrontar problemas comunes, independientemente del respectivo vínculo institucional. Sería recomendable que esto apareciera de forma explícita en el texto.

Es indudable que estos pasos, bajo un enfoque sistémico, van encaminados a lograr la realización de la propiedad en el sector agropecuario; es decir, hacia un cambio importante en las relaciones de producción  que resuelvan ese aspecto. Uno de los problemas que confronta el sector agrícola es lograr la estabilidad de la fuerza aboral; es decir, la permanencia del campesinado, lo que en varias ocasiones se ha tratado como la necesidad de recampesinar el campo cubano. El decreto ley 259/08 (entrega de tierras ociosas en usufructo), en el artículo 15 sobre la extinción del usufructo, plantea que la “extinción del usufructo conlleva al pago de las bienhechurías adquiridas o constituidas, con excepción de la vivienda construida por el usufructuario…”

Esa excepción que establece el artículo 15 se convierte en un obstáculo para lograr la estabilidad e imprime incertidumbre a los nuevos productores beneficiados con la ley. Para trabajar la agricultura, el productor requerirá un mínimo de aseguramientos, entre ellos una infraestructura compuesta por la vivienda, instalaciones donde pueda conservar los aperos de labranza, animales, semillas, insumos, entre otros.

En el epígrafe Política para las Construcciones, Viviendas y Recursos Hidráulicos (XI), al tratar el tema de la vivienda,  en el punto 275, se plantea: “se adoptaran las acciones…para priorizar la construcción  y reparación de viviendas en el campo, teniendo en cuenta la necesidad de mejorar las condiciones de vida…..en la zona rural, con el objetivo de contribuir al completamiento de la fuerza de trabajo en el sector agroalimentario”. Lo anterior enlaza con el problema planteado sobre la estabilidad laboral, pero la limitante reflejada en la ley 259 no facilita este proceso y constituye un problema que el proyecto no puede dejar de tener presente.

Industria azucarera

El sector azucarero  requiere de una importante apertura al capital foráneo. (Foto: Jorge Luis Baños - IPS Cuba) Mención aparte requiere el punto 194, sobre la agroindustria cañera y el aporte neto en divisas que puede generar a la economía nacional. Sería recomendable enfatizar el significativo papel de este sector en la generación de fondos exportables y sustitución de importaciones, no sólo referido al azúcar, sino a subproductos (miel, alcohol, como fuente generadora de energía renovable) y un importante número de derivados con alto valor agregado. También resulta aconsejable enfatizar de forma explícita la necesaria modernización de la agroindustria y la flexibilización del proceso productivo, atendiendo fundamentalmente al comportamiento del mercado externo.

Diversos análisis coinciden en que el sector azucarero  requiere de una importante apertura al capital foráneo para llevar a vías de hecho dicho proceso de modernización y flexibilización, ante la falta de liquidez que afronta y afrontará  la economía cubana en los años más inmediatos.

Se requiere revertir el proceso de descapitalización y desindustrialización que ha sufrido la agroindustria cañera en los últimos años. Este sector encierra un valioso efecto multiplicador para la economía cubana y es necesario restituirle el lugar que le corresponde con una nueva visión y misión. Hace falta convertirla en una agroindustria bioenergética (creadora de fuentes de energía renovable), productora de alimentos, materias primas, generadora de fondo exportable y con capacidad de sustitución de importaciones.

En el epígrafe Política Industrial y Energética (VIII), en el punto 228, es tratado el tema de la energía renovable y se menciona en primer orden la agroindustria cañera, aunque solo se menciona su potencial para la generación de energía eléctrica. Esta es la más importante, pero hay que tener en cuenta que también es capaz de producir alcohol, que puede utilizarse como combustible en motores de combustión interna, con el consecuente ahorro de importaciones.

Sería una contribución importante a la propuesta plasmada en el punto 251, según la cual el desarrollo del transporte deberá financiarse con “.ahorros en portadores energéticos…”.  La mezcla de alcohol con gasolina en motores convencionales de combustión interna hasta un 25 por ciento conlleva a un ahorro considerable en el consumo de combustible fósil, pudiéndose  disponer de excedentes de gasolina para la exportación o reducción de importaciones de petróleo. Además, lleva aparejado otras ventajas tecnológicas comprobadas,  ya que se logra una mejor combustión, alarga los períodos de mantenimiento-reparación y reduce emisiones de CO2 a la atmósfera,  con la correspondiente mejora al medio ambiente.

La agroindustria cañera también genera gas metano,  energía renovable que puede ser utilizada para diversos usos. Sus plantaciones agrícolas permiten absorber, además, 60 toneladas/ha de CO2, y generar a la vez 40 toneladas/ha de oxígeno; es decir, que en los análisis realizados en el balance del proceso agroindustrial respecto a la emisión y absorción de gases logra un resultado favorable.

Desarrollo industrial

Las formas no estatales tendrían amplia participación en la búsqueda de la solución del problema habitacional de la población. (Foto: Jorge Luis Baños - IPS Cuba)Sin duda, la política industrial y energética (VIII) se propone detener el proceso de desindustrialización que ha sufrido la economía cubana en los últimos 15 años, no sólo en la agroindustria cañera y en otras ramas de vital importancia. Al sector industrial le corresponde marcar la pauta del desarrollo económico del país.

En ese sentido resulta imprescindible establecer y estimular la producción cooperada entre la gran industria, la mediana y la pequeña empresa,  incluyendo todas las formas no estatales, como las cooperativas y el sector privado. La cooperación industrial entre las diferentes formas empresariales no se aprecia de forma explícita en el capítulo mencionado y ello permitiría ganar en eficiencia, productividad, empleos y simplificación de estructuras.

En la  política para el transporte (X), se registra un reconocimiento explícito  y prioritario al uso del ferrocarril, atendiendo a las características del país; sin embargo, el programa de mejoramiento planteado en el punto 254 no aborda el tema de la modernización del ferrocarril. Teniendo presente las limitaciones financieras, quizás lo más apropiado sería dar un mayor espacio a la inversión extranjera,  plantearlo y establecer una línea similar en el ferrocarril, de acuerdo con lo proyectado en el desarrollo portuario.

Respecto de las construcciones, vivienda y recursos (XI),  ocupan un importante espacio las cooperativas y el contratista privado. Es decir, las formas no estatales tendrían amplia participación en la búsqueda de la solución del problema habitacional de la población, lo cual queda explícito en varios puntos dedicados al tema.

La realización del proceso constructivo tiene que estar sustentado en el incremento de la producción y comercialización de materiales y se enlaza con la política industrial que, en el punto 215, propone: “Desarrollar en la industria de materiales de la construcción producciones de mayor valor agregado  para satisfacer las demandas de los programas priorizados por el país (en primer lugar obras industriales, turismo y vivienda) y  las ventas a la población…”.

En el punto 277 se recoge: “Satisfacer, por la industria de materiales de la construcción, la demanda para las inversiones, el mantenimiento….., así como la venta a la población con costos mínimos y sin subsidios”; en el punto 276 se plantea que las nuevas modalidades de construcción de viviendas incluirían “una significativa proporción del esfuerzo propio, así como por otras vías no estatales…”

La comercialización

Hasta tanto se logre la unificación monetaria, se irá conformando un sistema de comercio minorista en dos niveles. (Foto: Jorge Luis Baños - IPS Cuba)En política para el comercio (XII) se hacen varias precisiones a tener en cuenta para el análisis:

– “Las condiciones en que operará la economía, con la diversificación de formas de gestión de la propiedad social y de los participantes en los procesos productivos y de servicios, requieren una reestructuración del comercio, tanto mayorista como minoristas” (punto 283)

– “Hasta tanto se logre la unificación monetaria, se irá conformando un  sistema de comercio minorista en dos niveles: dejando ofertas diferenciadas por su calidad y características en la actual red en pesos convertibles, y elevando la calidad de las ofertas en pesos cubanos” (punto 285).

– “Reestructurar las ofertas de bienes y servicios, revisando los precios minoristas de los productos que formen parte de la canasta básica y que se definan puedan ir transfiriéndose a la venta liberada sin subsidios en pesos cubanos”  (punto 289)

Resulta evidente que se proyecta un mayor espacio para las formas de comercialización no estatales, inclusive en el mercado mayorista (específicamente para la producción agropecuaria), pero continuará la segmentación del mercado de consumo interno, en dependencia de la dualidad monetaria, aunque con la orientación hacia la búsqueda de un solo mercado. El proceso más inmediato de unificación estaría en el futuro cese del mercado racionado (libreta).

El  proceso de “eliminación ordenada de la libreta de abastecimiento, como forma de distribución normada, igualitaria y a precios subsidiados…”, propuesto en el punto 162,  requiere estar concatenado con la política social y tener presente la probabilidad de que algunos grupos de bajos ingresos requieran cierto nivel de subsidio, pero de forma particularizada y previo estudio de los casos.

El mercado interno es un concepto abarcador, que encierra importantes relaciones e interrelaciones con otros sectores y actividades económicas; por tanto, requiere ser tratado con personalidad propia. Sin embargo, en los lineamientos de política para el comercio no es abordado como un área específica.

Sería recomendable añadir un punto que aborde este aspecto, por la importancia que encierra, que pudiera estar redactado de la forma siguiente: “Fomentar los estudios del mercado interno, su comportamiento: oferta, demanda, precios, calidad, sistematicidad, competencia, métodos y formas de comercialización, competencia, estacionalidad, territorialidad; establecer un único mercado y su relación y vínculos con otros sectores  económicos, incluyendo el mercado externo”.

Además, hay que tener en cuenta que el comportamiento de los productores cambia de forma significativa cuando producen para un mercado, lo cual significa que:

– La realización (venta) de su producción no está garantizada si no logra producir en los  límites de calidad y precios que se manifiestan en el mercado.

– Su nivel de producción ya no está restringido por los suministros productivos que se le asignen, por medio de un balance material, sino por su propia capacidad de ampliar su participación en el mercado y por su capacidad de autofinanciarse.

Finalmente, en el documento no se aprecia una mención explícita a las relaciones de competencia que favorablemente deben establecerse en el contexto empresarial, la demanda interna y externa, y el necesario vínculo entre el mercado interno y el externo, con vistas a lograr niveles significativos de competitividad. En una economía abierta  como la cubana, el mercado interno no puede estar desvinculado del mercado externo y ambos, indudablemente, forman parte del sistema económico.

Notas:

[1]. Armando Nova: “El Mercado y el Estado, dos partes que forman un todo”, publicado en Boletín del CEEC, www.ceec.uh.cu, octubre 2010, Ciudad de La Habana.

Materiales consultados:

Proyecto de documento sobre los Lineamientos de la Política Económica Social, VI Congreso del Partido Comunista de Cuba 1ro de noviembre 2010, La Habana. 

“UBPC, mercado agropecuario y propiedad”, en La agricultura en Cuba. Evolución y trayectoria (1959-2005), Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 2006.

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