Iglesia católica defiende su papel humanitario

Las gestiones de la jerarquía católica fructificaron en la excarcelación de 126 prisioneros.

Jorge Luis Baños - IPS

La Iglesia católica actuó como mediadora durante el proceso de excarcelación de 126 presos políticos

La Habana, 22 jun.– La Iglesia católica rechazó críticas por su intermediación que logró la liberación de presos por causas políticas e hizo un balance del papel cumplido por esa institución en ese proceso que comenzó en mayo de 2010, por motivaciones puramente humanitarias.

En un artículo presentado en Internet como adelanto a la edición de junio de 2011 de Palabra Nueva, órgano la Arquidiócesis de La Habana, Orlando Márquez, vocero del Arzobispado habanero, aclara que en ningún momento se planteó la posibilidad de una mediación “entre las autoridades y sus opositores, pues no hubo reconocimiento ni comunicación mutuos”.

“Esperar o demandar que la Iglesia llevara a la “mesa de negociaciones” a quienes se oponen a las autoridades resultaba improcedente en este proceso”, indica Márquez, quien recuerda que la posibilidad de mediación se abrió a partir de una reunión sostenida por el cardenal Jaime Ortega con un grupo de Damas de Blanco.

En ese encuentro efectuado el primero de mayo, las mujeres presentaron a Ortega las tres demandas que querían comunicar a las autoridades cubanas: 1) Acercar a los presos a sus lugares de residencia, pues algunos cumplían sanción en provincias lejanas; 2) Liberar cuanto antes a los más enfermos, empezando por el preso Ariel Sigler Amaya; y 3) Permitir que sus seres queridos salieran de Cuba, aunque fuera solos, pues era preferible a tenerlos en prisión.

“Se trataba obviamente de reclamos puramente humanitarios, no políticos, aunque tendrían posteriormente importantes connotaciones políticas dentro y fuera de Cuba”, señala el texto, que precisa además que las cinco mujeres asistentes a la cita estaban relacionadas directamente con solo cuatro prisioneros, pero afirmaron más de una vez que representaban a los 53 que aún quedaban en prisión de un total de 75 opositores sancionados en 2003.

Las demandas fueron trasmitidas en el diálogo sostenido con el presidente Raúl Castro, el 19 de abril, por el cardenal Ortega y monseñor Dionisio García, arzobispo de Santiago de Cuba y presidente de la Conferencia episcopal cubana. “En esa reunión la parte gubernamental acogió el reclamo, y se comprometió a revisar esos y todos los casos sancionados por motivaciones políticas”, dice el artículo.

El proceso comenzó a dar sus frutos 13 días después con el traslado a prisiones más cercanas a sus hogares de los primeros presos y la excarcelación bajo licencia extrapenal del más enfermo, Ariel Sigler, quien luego viajó a Estados. En ese momento, España presenta su propuesta de acoger a los excarcelados que deseen trasladarse a aquel país.

La nota recuerda que el 7 de julio, el gobierno cubano comunicó a la Iglesia y a España, ­mientras visitaba la isla el canciller de ese país, que excarcelará a los restantes 52, y el 8 de julio se anuncian las primeras cinco excarcelaciones de quienes aceptan la propuesta de viajar a la nación ibérica con parte de su familia.

“Al revisar otros casos fuera de los 53 iniciales, como había dicho, el gobierno cubano excarceló finalmente un total de 126 prisioneros, 114 de los cuales viajaron a España con familiares (a ellos se añadió otro que ya estaba en Licencia Extrapenal), sumando cerca de 800 personas”, agrega.

El artículo subraya que el cardenal “nunca intentó convencer a nadie de emigrar”, aclaró a los presos que viajar no era una condición para salir de la cárcel y que antes de abordar el avión firmaron una declaración de conformidad presentada por funciones de la embajada de España, que “no aceptaba trasladar a ninguno por la fuerza”.

“Por ello, es incorrecto afirmar que fueron forzados al exilio, u obligados a viajar como condición para no seguir en prisión. Más incorrecto aún es decir que el gobierno cubano y la Iglesia se aliaron para desterrar a estas personas. La mejor prueba contra esta afirmación, quizás, sean los doce que decidieron permanecer en Cuba”, consideró finalmente el texto.

El artículo de Palabra Nueva siguió a una nota de prensa del 16 de junio, en que el portavoz del Arzobispado rechaza por falsas versiones según las cuales el cardenal Ortega habría afirmado al diputado español Teófilo de Luis “o alguna otra persona, que los ex prisioneros cubanos fueron “forzados al destierro en España” sin alternativas.( 2011)

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