Abogan por economía social y solidaria en Cuba

Asumir ese modelo de manera consciente y explícitamente, de manera democrática, es uno de los desafíos de los cambios en curso, afirma un académico en la revista Temas.

En la economía social y solidaria, actores estatales, asociativos y privados asumen los principios de responsabilidad con la sociedad

Foto: Jorge Luis Baños

La Habana, 13 abr.- Para el actual proceso de actualización en Cuba resulta esencial una economía verdaderamente social y solidaria, donde se asuma conscientemente la responsabilidad social/medioambiental empresarial y se privilegien las políticas públicas que lo faciliten.

Se trata de forjar una “ciudadanía empresarial” capaz de contribuir al “socialismo próspero y sostenible” que estamos comprometidos en construir, opina Rafael Betancourt en su artículo La Economía social y solidaria y la actualización del modelo económico cubano, publicado en el blog Catalejo de la Revista Temas.

Subraya que pese a sus coincidencias, en el país se utiliza el término “economía socialista” para caracterizar su modelo, en vez de “economía social y solidaria”.

Dicho modelo se creó por el Estado a través del sistema socioeconómico y político, la planificación central y las empresas estatales, señala el profesor del Colegio Universitario San Gerónimo de La Habana y consultor del grupo Havana Consulting Inc.

Insiste en que la responsabilidad social y la solidaridad constituyen —teóricamente— la razón de ser de la actividad económica del sistema cubano, promovidas desde el gobierno central, “de arriba hacia abajo” y en una economía con fuerte predominio del sector estatal.

En este sentido, Betancourt apunta que la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) son normas y regulaciones externas, establecidas por el Estado, no como iniciativa de la empresa, voluntaria, discrecional, gestionada como compromiso de sus accionistas y públicos interesados.

Remarca que la RSE debe complementar el marco regulatorio establecido por el gobierno, no relevar al Estado de su deber cívico de servir el interés público.

El autor recuerda que los Lineamientos de la Política Económica y Social, el más importante proyecto de “actualización” del modelo socialista cubano desde 1976, estipulan que el sistema económico que prevalecerá continuará basándose en la propiedad socialista sobre los medios fundamentales de producción, y que en la distribución de bienes y servicios primará la planificación y no el mercado.

Ratifica además “el principio de que en la sociedad socialista cubana nadie quedará desprotegido,” y establece que “las entidades económicas en todas las formas de gestión contarán con el marco regulatorio […] teniendo en cuenta las normas de responsabilidad social y medioambiental establecidas”.

Aunque la empresa estatal socialista cubana siempre ha tenido objetivos solidarios implícitos, acota, “rara vez han sido explícitos o trazados por sus directores y trabajadores. En tanto se mantenga la facultad de los organismos estatales de determinar el uso de sus reservas, poco podrán hacer aun cuando exista voluntad interna”.

Advierte que uno de los desafíos de las actuales transformaciones económicas es la posibilidad de que la empresa estatal deseche definitivamente su vocación responsable y solidaria, en aras de priorizar sus utilidades y capitalización, o constituir una oportunidad de asumirla consciente y explícitamente, de manera democrática.

Explica que la economía social y solidaria cubana es, potencialmente, la unión e interrelación entre las economías popular, pública y empresarial, cuyos límites se entrelazan por vínculos formales e informales, debido a las dinámicas y roles que asumen sus actores.

A su juicio, es posible “desarrollar una (macro) economía que en su esencia sea social y solidaria, compuesta por un conjunto de actores económicos, estatales, asociativos y privados, que asuman como parte de su gestión (micro) económica de producción, distribución y consumo de bienes y servicios, los principios de responsabilidad con la sociedad y medioambiental”.

Betancourt alerta que en los Lineamientos no aparece mencionado el término “sociedad civil”, y solo contemplan a la empresa estatal como forma de propiedad socialista, y a la cooperativa como forma de propiedad social.

Ello supone que la estrategia de actualización económica rehúsa reconocer que asociaciones, fundaciones, sociedades civiles y religiosas, sindicatos, organizaciones de masas y asociaciones comunitarias y de base como los Talleres de Transformación Integral del Barrio, entre otros, pudieran ser actores económicos que produzcan y comercialicen bienes y servicios sin fines de lucro, argumenta.

Una proyección alejada de la realidad, pues en la práctica las organizaciones no gubernamentales cubanas comercializan publicaciones de sellos editoriales propios, cobran entrada a sus museos, reciben turismo internacional, ofrecen cursos y alojamiento a estudiantes, poseen fincas y talleres que comercializan sus producciones, y desarrollan otras actividades para generar ingresos y cubrir sus gastos.

“Solo una economía verdaderamente socialista, “con” y no “de” mercado, puede aspirar a constituir nuevas relaciones sociales y con ello, una economía alternativa cuyo eje sea la centralidad del trabajo en la reproducción de la vida”, afirma. (2015)

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