Contraloría revisa un quinquenio de trabajo

Los directivos de ese órgano estatal insisten en la necesidad de que todos los actores sociales participen activamente en las acciones de control del patrimonio público y estatal.

Archivo IPS Cuba

Como estrategia principal, la Contraloría General plantea la prevención de delitos por corrupción e ilegalidades.

La Habana, 18 jul.- Al analizar cinco años de funcionamiento de la Contraloría General de la República de Cuba, sus principales directivas dicen que trabajan en perfeccionar más el sistema de control interno en entidades del sector estatal y no estatal de la economía y los vínculos con los colectivos laborales para enfrentar la corrupción e ilegalidades.

En tal sentido, Gladys Bejerano, Contralora General, subrayó en el programa televisivo Mesa Redonda transmitido la víspera, que hasta el momento se han atendido 9.197 casos de ese tipo.
Durante la emisión titulada “La Contraloría: prevención y combate de las ilegalidades”, la también vicepresidenta del Consejo de Estado destacó que “todos somos sujetos y actores del sistema de control interno”.

Según la funcionaria, la Contraloría General de la República es un órgano estatal que ejerce la más alta supervisión del Estado y el gobierno. Establece, ejecuta y fiscaliza el sistema de control a esos niveles.

Tiene entre sus funciones proponer las políticas integrales del Estado respecto a la preservación del patrimonio público y al control económico administrativo.
Bejerano insistió en que uno de los principales objetivos del órgano que dirige consiste en la prevención y el enfrentamiento de las ilegalidades y la corrupción. “Hay que trabajar para evitar esos fenómenos negativos”, recalcó.

De hecho, fue una de las primeras instituciones creadas, en 2009, por el gobierno de Raúl Castro para arreciar la lucha contra la corrupción, un problema reconocido por las autoridades del país de gobierno socialista.

De igual manera enfatizó la necesidad de estrechar los vínculos con los trabajadores y la población en general.

Aseguró que los auditores que participan en las acciones de control en las entidades siempre exponen al colectivo laboral los resultados de ese proceso.

No obstante, subrayó el derecho de los trabajadores a preguntar, exigir y ejercer control sobre el presupuesto de sus empresas.

Destacó que la Contraloría ha ganado confianza entre la ciudadanía porque la mayoría de las personas suelen identificarse al extender quejas y denuncias en la entidad.

Por su parte, Alina Vicente, vice contralora general, se refirió al valor del control interno, el cual, a su juicio, “proporciona mucha seguridad”. Explicó la funcionaria que ese sistema se adecua a las características de cada empresa o entidad.

Señaló que “de lo detectado por el sistema nacional de auditoría no se deja nada impune”, pues, la Contraloría General da seguimiento a las recomendaciones hechas a las entidades auditadas y las medidas aplicadas a las personas que cometen hechos delictivos.

La vice contralora reconoció que existen dificultades en algunas entidades auditadas donde es débil la contabilidad.

“El sistema de control interno prácticamente no funciona. Y las autoridades del gobierno están muy al tanto de que esa situación de control mejore”, detalló.

También apuntó que en virtud de la Resolución 60, del primero de marzo de 2011, “la administración es sujeto y actor, tiene la obligación de implementar y ejecutar el sistema de control interno”.

Durante su intervención, Asela Martínez, vice contralora general, comentó que se trabaja desde 2008 en el programa para fortalecer el sistema nacional de auditoría, paso clave dentro de las reformas económicas implementadas desde 2008 por el gobierno de Raúl Castro.

Planteó que debido a la falta de auditores, desde 2005 se ejecuta el programa de formación emergente de auditores, que ha graduado a 4.797 jóvenes. Asimismo, se ofrecen cursos de habilitación para profesionales no graduados de las ramas de Contabilidad y Economía.

Como resultado, 3.500 especialistas, entre abogados, ingenieros, agrónomos e informáticos, conforman en la actualidad grupos multidisciplinarios para realizar los controles.

Reynold Pérez, vice contralor general, resaltó la experiencia de control integral en todos los sectores de la economía.

Al respecto apuntó que desde hace dos años el Plan Nacional de acciones de control es de dominio público.

“Ello obliga a los contadores y editores a poseer mayor preparación” porque cuando inicia el año la administración conoce “en qué momento recibirá una acción de control”, valoró.

También mencionó las revisiones sorpresivas, auditorías forenses abocadas a comprobar hechos delictivos o de corrupción. A su juicio, ese es un “proceso muy complejo, de mucho compromiso. Nos obliga a ser muy exactos en los resultados que mostramos”.

A partir de la promulgación de la Resolución 512 de la Contralora General de la República, el funcionario informó que se establece la identificación y cuantificación de daños y perjuicios económicos al patrimonio público. “En esa dirección evaluamos los que afectan al presupuesto del estado y los que afectan a la entidad”, apuntó. (2014)

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