Cuba en espera de la legalización de la empresa privada

Los negocios en manos privadas se multiplicaron desde que en 2010 el
gobierno socialista amplió los rubros en que se permite la actividad por cuenta propia.

Confecciones textiles de una pequeña empresa privada, se exhiben en un estand de la feria CubaEmprende, celebrada en La Habana en mayo de 2017. El sector privado espera por su legalización en las más de 200 actividades permitidas actualmente.

Foto: Jorge Luis Baños/ IPS

LA HABANA, 8 jun 2017 (IPS) – Una suave y rara mezcla de aromas emana de la cesta repleta de jabones cuadrados o en forma de rosas que salen de las manos de las ocho mujeres detrás del negocio privado D’Brujas, cuya meta es rescatar la cosmética natural en Cuba. 

Miel, café, coco, cacao, romero, salvia, eucalipto, caléndula y zeolita, un mineral abundante en Cuba, conforman la paleta de ingredientes naturales con que las emprendedoras elaboran 12 tipos de jabones artesanales y una nueva línea de polvos suavizantes y bálsamos para pies y manos, a la venta al por mayor o en su tienda.

Compuesta por una pequeña fábrica y local de venta, esta iniciativa impulsada por dos mujeres es un ejemplo de un problema reconocido hasta por el presidente cubano, Raúl Castro.

Los negocios en manos privadas se multiplicaron desde que en  2010 el gobierno socialista amplió los rubros en que se permite la actividad  por cuenta propia, como se conoce localmente al sector.  Actualmente operan como micro, pequeñas y medianas empresas privadas (pymes) sin bases legales.

En las más de 200 actividades permitidas para el ejercicio privado, el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social registró al cierre de 2016 más de 535.000 trabajadores.

Dos comerciantes por cuenta propia colocan en una mesa productos para la venta en el interior de una vivienda privada, en el centro histórico de Villa de Remedios, en la central provincia de Villa Clara, en Cuba. Este tipo de negocios informales prospera en Cuba.

Foto: Jorge Luis Baños/ IPS

Esa cifra incluye a propietarios y empleados, así como iniciativas bajo el marco regulatorio diseñado para personas naturales con pequeños negocios familiares.

El reconocimiento de esa realidad y el anuncio de la posible aprobación legal de las pymes en Cuba, “en límites bien definidos” y sin permitirse “la concentración de la propiedad” ni de la riqueza, fue señalado por primera vez por Castro durante la inauguración del VII Congreso del Partido Comunista de Cuba, el 16 de abril de 2016.

El parlamento aprobó el primero de este mes de junio tres documentos, que fueron elaborados en ese VII Congreso, con la meta de continuar y clarificar las reformas iniciadas en 2008 por el actual mandatario, quien ha anticipado que dejará el cargo en febrero de 2018.

Se desconocen los textos finales aprobados por los diputados, pero varios cambios  para el sector ya se definieron en los documentos rectores que salieron del Congreso: el plan de desarrollo económico hasta 2030, la actualización del programa de reformas económicas y sociales para 2016-2021, conocido como los “lineamientos”,  y la conceptualización del modelo económico y social.

Macroeconómicamente sería un paso bien importante darle personalidad jurídica a las empresas privadas. Los datos muestran que el sector privado hoy genera mucho más empleo que valor agregado: Pável Vidal.

Justo ese último documento, sometido a consulta popular junto al plan de desarrollo en 2016 y ahora revisado y aprobado por el parlamento, establece que las personas naturales pueden realizar los emprendimientos familiares actuales y “empresas privadas de mediana, pequeña y micro escalas según el volumen de la actividad y cantidad de trabajadores, reconocidas como personas jurídicas”.

Ante la eventual aprobación de esta figura en este país que descentraliza poco a poco su economía altamente estatalizada, emprendedores y especialistas consultados por IPS reaccionaron con escepticismo y reserva, pero enumeraron las numerosas limitantes provocadas por el actual vacío legal.

“Lo más importante sería tener el reconocimiento como personalidad jurídica y así podríamos hacer lo que hace normalmente una empresa”, dijo a IPS la educadora especial Sandra Aldama, quien fundó en 2013 junto a la abogada Cintia Núñez la línea cosmética libre de conservantes, colorantes, sustancias sintéticas y petroquímicos.

“Nos interesa estar en igualdad de condiciones con otras empresas en el mercado cubano (compuesto además por estatales, cooperativas y con capital extranjero)”, subrayó Aldama. “Hemos intentado acercarnos a empresas que pudieran ser proveedoras sobre todo de materias para empaque, pero no se pueden hacer contratos”, detalló.

Muestra de los jabones artesanales elaborados por el emprendimiento privado D’Brujas, que han promovido dos mujeres profesionales en Cuba.

Foto: Jorge Luis Baños/ IPS

“Todas las legislaciones reconocen determinados derechos y obligaciones para las personas jurídicas, y como no la tenemos, carecemos de esos derechos y obligaciones”, puntualizó Núñez, encargada de producción y ventas en D’Brujas, que tiene una oferta de jabones para los florecientes hostales privados enfocados al turismo internacional.

Ambas propietarias señalan como principal limitante en su caso a la imposibilidad de solicitar a las autoridades pertinentes un certificado sanitario y de calidad para sus productos, además de otras más conocidas como acceso a la importación de materias primas, exportación y contratos diversos con el sector estatal.

Una situación similar vive el Grupo Consultor 3C, conformado por siete integrantes que ofrecen al sector privado varios servicios especializados en el área económica, contable y financiera, incluido un nuevo sistema informático llamado Gplus con opciones para gestionar todos los recursos de una pyme.

“Podemos registrar Gplus en la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, pero no certificarlo”, explicó Andrés Garcés, un miembro de 3C. “Las empresas estatales y  cooperativas no pueden usarlo porque necesitan una certificación y perdemos ese gran mercado. Por eso no centramos en los privados, que están creciendo”, amplificó.

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Garcés analizó que para la consultoría, cuyos integrantes operan con licencias de trabajo personales, lo más importante “es tener una identidad jurídica como grupo. Eso permitiría la integralidad porque hoy somos entes independientes ante cualquiera y nos resta garantías de seguridad ante los clientes”.

D´Brujas y 3C son emprendimientos gestados en los cursos de CubaEmprende, un proyecto formativo que nació hace cinco años en la sede habanera del católico Centro Cultura Padre Félix Varela, y hoy se extiende a una parroquia en Cienfuegos y otra en Camagüey, a 232 y 534 kilómetros al este de la capital respectivamente.

Hasta febrero, CubaEmprende había asesorado a 141 pequeñas empresas privadas y en sus talleres se graduaron 1.958 personas interesadas en impulsar o mejorar un negocio privado. Además realiza cada año una feria expositiva con emprendimientos exitosos, que demuestra el alto potencial a pesar de los frenos.

Coordinadores de la iniciativa reiteraron que además de la ansiada legalización de las pymes se requieren de más actividades económicas permitidas.

“Es importante tener un mayor marco de actuación y mayores posibilidades de emprender negocios”, señaló Anabel Alpízar, la comunicadora de CubaEmprende. “A veces los emprendedores tienen muy buenas ideas, pero no tienen un marco legal que las sustente ni una vía segura de llevarlas a cabo. Así es muy riesgoso”, apuntó a IPS.

Otros impactos tendría la anunciada medida en la economía cubana, que atraviesa un duro momento de recesión por el recorte del suministro de petróleo de Venezuela, su principal socio comercial y aliado político, que está abatido por una grave crisis interna.

“Macroeconómicamente sería un paso bien importante darle personalidad jurídica a las empresas privadas. Los datos muestran que el sector privado hoy genera mucho más empleo que valor agregado”, valoró a IPS el economista cubano Pável Vidal, que trabaja en la Universidad Javeriana de Cali, en Colombia.

“El sector privado y cooperativo, a pesar de que emplea 30 por ciento de la fuerza de trabajo, solo aporta entre seis y nueve por ciento del producto interno bruto, porque ha quedado reducido a la microempresa y actividades de baja intensidad tecnológica que aportan muy poco al aumento de la productividad”, dijo.

El investigador remarcó que “es un paso clave reconocer la personalidad jurídica de las pymes pero no el único”. A su juicio, “el objetivo último debe ser otorgarles las mismas condiciones para su desenvolvimiento que tienen las empresas estatales. Hay que fomentar la competencia”.

La Oficina Nacional de Estadísticas e Información reportó un descenso sostenido de las empresas estatales. De 2.250 registradas en 2012 apenas quedaban 1.904 al cierre de 2016.

 

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