Proyectos ciudadanos analizan los derechos laborales en Cuba

La apertura en la isla a nuevas formas de propiedad y de organización del trabajo, distintas a la Estatal, continúa en el centro de atención de diversas asociaciones.

Participaron habitantes de Guanabacoa y activistas de otros lugares de la capital, a la cita celebrada en el Centro Cultural Calasanz.

Foto: Cortesía de CUP

La Habana, 3 jul.- El colectivo autónomo CUP (Consumidores y Usuarios Protegidos) celebró este sábado en la localidad de Guanabacoa, en la periferia capitalina, un debate sobre los derechos laborales y el impacto de las últimas legislaciones en el mundo del trabajo en Cuba.

Al llamado para “analizar lo que sucede con los derechos laborales y las relaciones entre trabajadores, clientes, empresas y quienes toman las decisiones en la sociedad cubana”, acudieron habitantes de esa villa y activistas de otros lugares de la capital, a la cita celebrada en el Centro Cultural Calasanz, de la orden católica de los Escolapios.

El historiador Mario Castillo, miembro del independiente Taller Libertario Alfredo López, comenzó las presentaciones con un acercamiento histórico a la cuestión laboral y sindical en Cuba.

Castillo, quien también integra el Grupo de Trabajo Anticapitalismos y Sociabilidades Emergentes, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, dio elementos para explicar lo que ha pasado en la isla caribeña en el terreno de la organización obrera y sindical en los últimos 70 años.

Para el investigador, las “invisibilizadas” relaciones de los trabajadores y los partidos comunistas en Cuba, han definido desde 1939 la poca organicidad del movimiento obrero.

En esa fecha el entonces presidente cubano Fulgencio Batista (1901-1973) legalizó la Central Sindical, en alianza con el partido comunista de la época, a fin de garantizar el control político de las fuerzas obreras.

De ese momento, y hasta hoy, valoró que el sindicalismo cubano y los mecanismos de demandas a los patrones y el Estado, han estado mediados por los intereses políticos del Partido Socialista Popular, primero, y después del Partido Comunista de Cuba, único legal en la actualidad.

La apertura en la isla a nuevas formas de propiedad y de organización del trabajo, distintas a la Estatal, también mereció la atención de las personas reunidas.

El sociólogo y cuentapropista Ángel Rodríguez compartió sus valoraciones de las trabas y oportunidades que vive el creciente sector privado en Cuba, y criticó duramente lo que calificó de “estigma” hacia las formas no estatales de la economía.

Rodríguez defendió la tesis de que la apertura económica es la principal vía para lograr una amplia democratización de la sociedad cubana y garantizar la gobernabilidad.

Y compartió con el público que, de forma voluntaria, organiza talleres de capacitación para la superación de los cuentapropistas en aspectos legales y técnicos vinculados a las formas de gestión no estatal.

Por su parte, el activista Isbel Díaz, miembro de CUP, cuestionó la legitimidad de algunas de las principales leyes cubanas, como el Código de Trabajo (2014) y la Ley de Inversión Extranjera (2014), que contradicen el espíritu de normas internacionales.

Díaz consideró al trabajo como un derecho humano fundamental, y recalcó la ausencia de varias garantías mínimas en el ordenamiento legal en la isla, entre las que se destacan el derecho a la libre sindicación, a la huelga y a negociar colectivamente.

El activista recordó las exigencias que la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo expresó a las autoridades cubanas para que modificaran el artículo 61 del Decreto-Ley 67 de 1983, que otorga todos los derechos de sindicalización a la CTC.

La OIT también ha hecho llamados al gobierno a reconocer “expresamente” el derecho de huelga de la población cubana, “a efectos de salvaguardar la seguridad jurídica” de los trabajadores que decidan recurrir a esta.

El también activista por los derechos sexuales señaló la actual desprotección que sufren personas con orientación sexual e identidad de género no heterosexuales en sus centros laborales.

No obstante, reconoció la mención explícita a la orientación sexual en el actual Código de Trabajo y la inclusión del problema en los últimos documentos emanados del VII Congreso del PCC, en abril pasado, que marcan el presente y futuro del país (la Conceptualización del Modelo Económico y Social, y el Plan de Desarrollo Social hasta 2030).

En la cita se recordó cómo la directora del estatal Centro Nacional de Educación Sexual, Mariela Castro, votó en contra de esa ley en el parlamento cubano, al no contener una mención explícita a los derechos laborales de las personas transgénero.

En el encuentro también se señalaron otras discriminaciones en los ámbitos laborales, como las raciales, y que no encuentran amparo en las legislaciones vigentes.

Entre las colectividades promotoras del encuentro, se incluyeron también el Grupo de Trabajo “Anti-Capitalismos y Sociabilidades Emergentes”, adscrito al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y la revista cultural-literaria “Ca(u)sa” de Guanabacoa. (2016)

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