Reforma cubana apuesta a la inversión extranjera

La normativa aprobada ayer sustituye la Ley 77, que está vigente desde 1995.

Jorge Luis Baños

La zona económica del Mariel se previó para captar el interés de inversores foráneos.

La Habana, 30 mar.- La nueva ley de inversión extranjera, aprobada por el parlamento cubano la víspera, busca satisfacer en alguna medida los 2.500 millones de dólares que requiere el país cada año en inversiones para salir de la actual crisis económica y lograr un desarrollo sustentable.

La normativa, que sustituye a la Ley 77 de 1995, intenta seducir al capital foráneo con incentivos fiscales, entre otros atractivos, para elevar la tasa de crecimiento promedio de la nación, que fue de 1,8 por ciento durante la última década, aseguró Marino Murillo, al frente del programa de reformas económicas encauzadas desde 2008 por el gobierno de Raúl Castro.

Esa cifra representa la mitad del ritmo promedio de crecimiento registrado por América Latina, ejemplificó Murillo.

La inversión extranjera es considerada un elemento fundamental para el crecimiento del país a corto y mediano plazo, dijo en la primera sesión extraordinaria de la octava legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento unicameral) Rodrigo Malmierca, al frente de la cartera de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.

Y es que las transformaciones de la llamada “actualización del modelo cubano” no han logrado el ansiado despegue de la macroeconomía ni de mejores condiciones de vida en las familias cubanas, agobiadas por una depresión de más de 20 años.

La nueva política se basa en una amplia y diversa cartera de proyectos, prioriza las zonas especiales de desarrollo como Mariel (de la provincia de Artemisa que colinda con La Habana) e incentivará proyectos con potencial para lograr encadenamientos productivos, según trascendió en los fragmentos de la reunión de diputados mostrados ayer por la televisión local.

En concreto, tendrán preferencia las propuestas que contribuyan a crear una infraestructura industrial, generar electricidad con diversas fuentes de energía, elevar la producción agrícola, forestal y minera, y ampliar el comercio mayorista, turismo, construcción, biotecnología y transporte.

Prohíbe, al igual que la Ley 77, la participación de capital foráneo en los servicios de salud y educación a la población cubana, así como en las instituciones armadas, salvo en su sistema empresarial.

Aunque no se anunció una fecha tentativa, el parlamento indicó que el documento será publicado en la Gaceta Oficial y estará en vigor a los 90 días de que sea divulgado.

Se mantienen procedimientos de la ley precedente que según empresarios extranjeros le restaban atractivo a Cuba como destino de inversiones.

Entre ellas, destaca que sigue siendo obligatorio contratar fuerza de trabajo local a través de agencias estatales empleadoras. Estas entidades reciben hoy de mano de la empresa con capital extranjero pagos por salario en divisas y le entregan un por ciento en la devaluada moneda nacional a los trabajadores.

No obstante, el parlamento anunció que se tratará de manera diferente el salario de los trabajadores, que dejan de ser considerados una vía de recaudación directa del Estado.

La parte cubana siempre será mayoritaria en las asociaciones dirigidas a la extracción de recursos naturales, prestación de servicios públicos y desarrollo de tecnología, indicó Malmierca. Tampoco se otorgarán derechos de exclusividad sobre el mercado cubano a la parte extranjera.

La diáspora cubana podrá invertir en su país natal “siempre que se trate de personas que no tengan posiciones adversas al proceso revolucionario, y que no estén vinculadas con la mafia terrorista miamense”, apuntó el ministro, según medios locales de prensa.

Asimismo, se autorizará, de manera excepcional, la inversión extranjera en organizaciones económicas de propiedad no estatal con personalidad jurídica, como por ejemplo las cooperativas, de conjunto con sociedades mercantiles de capital cubano. (2014)

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