¿Cómo proteger la obra digital en Cuba?

Ante la ausencia de instrumentos jurídicos actualizados y específicos, los autores y desarrolladores en la isla implementan mecanismos alternativos para asegurar sus creaciones.

Foto: Tomada de Internet

El surgimiento de medios de prensa alternativos, la creación de libros electrónicos con perfil comercial y la aparición exponencial de aplicaciones para teléfonos inteligentes… muestran un crecimiento emergente del empleo y la producción digitales en Cuba.

Google Play es cada día más conocido por las y los cubanos, frente a un nuevo e interesante mercado para los desarrolladores nacionales de software. De igual forma, los talleres de celulares se actualizan semanalmente con apps creadas por emprendimientos privados en el país.

A esto se suma un fenómeno comunicacional de esencias criollas, como el llamado Paquete Semanal, un módulo de materiales audiovisuales que se distribuye de manera off line en toda la isla caribeña.

Esta avalancha reaviva las preocupaciones de programadores y autores cubanos de obras digitales acerca de cómo proteger legalmente su creación.

¿Qué dicen las leyes cubanas?

Como en cualquier nación, los productores intelectuales cubanos aspiran a la protección jurídica de sus obras, las cuales son susceptibles de apropiación indebida.

En ese sentido, como miembro de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual y de la Organización Mundial de Comercio, la nación caribeña es parte de diversos convenios y tratados internacionales como la Convención Universal de Derecho de Autor de 1952 y el conocido Convenio de Berna.

De igual forma, cuenta con la Ley 14 del Derecho de Autor, aprobada en 1977, que es su principal cuerpo normativo referente al tema.

La norma establece, como los convenios internacionales, los derechos de orden moral y patrimonial de los autores respecto a sus obras.

El documento instituye también que las violaciones a estos derechos se sancionan en la forma que determine la legislación penal vigente.

A este cuerpo jurídico se suman otros decretos leyes, pero de menor alcance operacional.

Pero, ¿cuál es la realidad?

Este conjunto de ley y decretos, con más de 30 años de estipulado, necesita una actualización urgente, debido a su enajenación respecto al panorama tecnológico actual.

Mientras tanto, el Código Penal cubano adolece de figuras o tipos delictivos que sancionen conductas criminales relacionadas con el derecho de autor de obras digitales.

En el caso específico de los programas de computación y las bases de datos, existe la Resolución Conjunta No. 1 de 1999, de los estatales ministerios de Cultura y el entonces de la Industria Sideromecánica y de la Electrónica, hoy Ministerio de la Informática y las Comunicaciones.

Aunque este documento ofrece determinada protección frente a la concertación de contratos y explotación comercial, todavía es exiguo, especialmente frente a los nuevos emprendimientos privados en Cuba relacionados con la industria del software.

Es por ello que, ya sea para apps, producción editorial electrónica o audiovisual, el tema es complejo y polémico en la actualidad cubana: el país permite, subliminalmente, la piratería, al establecer de forma legal a los vendedores de discos como forma de trabajo por cuenta propia.

En tal contexto, no pocos autores y desarrolladores cubanos de obras digitales, sea cual sea su funcionalidad, tienen la incertidumbre de cuáles posibilidades reales tienen de ejercer control sobre el uso de sus creaciones.

Ante este escenario, ¿cómo sancionar las violaciones?

Solo por la vía civil y administrativa, a la postre, han emitido penalidades insuficientes e inefectivas.

Entonces…

¿Cuáles pudieran ser algunas alternativas legales, especialmente para los creadores privados?

Registrar el nombre de las obras, así como los logotipos empleados en estas,  en el estatal Registro Nacional de Derecho de Autor, antes de hacer públicos los productos.

Esta formalidad pudiera ser una prueba ante los tribunales, en tanto sirve de garantía jurídica de la condición de autoría y titularidad.

En el caso de los audiovisuales y las apps, comprende proteger las imágenes, los diseños y las interfaces de usuarios.

Estas posibilidades sí están disponibles en las normas legales cubanas sobre derecho de autor, marcas y propiedad intelectual.

Por otro lado, una buena práctica sería la protección jurídica, mediante la licencia de software, con una contratación entre el titular y el consumidor-usuario-distribuidor de la aplicación. Pero esta modalidad resulta nula en un país donde el Estado y el gobierno cubanos todavía miran con recelo el desarrollo informático en el sector privado.

Sin un cuerpo jurídico más específico, los creadores tienen limitadas opciones de defenderse de posibles violaciones y de sentar bases para un rendimiento comercial máximo de su obra. (2017)

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