Internet: un derecho humano que se puede “apagar”

El control de Internet se afianza en varias naciones a través de leyes y normativas jurídicas.

Tomado del blog de Elso Pasax

Uno de los tópicos más polémicos del anteproyecto de la Ley Sinde resulta la autorización a una comisión administrativa para determinar el cierre de páginas web en nombre del respeto a los derechos de autor

La Organización de Naciones Unidas (ONU) declaró el acceso a Internet como un derecho humano en junio pasado, en un contexto de consolidación de la red de redes como espacio de activismo político, mientras algunos gobiernos respaldan proyectos regulatorios para incrementar el control de la Red.

Como parte de la presentación del Informe del Relator Especial sobre la promoción y la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, el organismo internacional, representado por Frank La Rue, reconoció el papel de Internet en la garantía de derechos ciudadanos y estableció que los estados deben lograr un “servicio disponible, accesible y costeable para todos”.

Asimismo, Naciones Unidas catalogó el filtrado y bloqueo de contenidos, la desconexión del servicio a usuarios, los ciber-ataques y la inadecuada protección del derecho de privacidad como formas de violación del derecho al acceso a Internet.

Gobiernos como el de Finlandia se habían adelantado con la emisión de decretos constitucionales que respaldan el derecho de los ciudadanos a una conexión de banda ancha. Específicamente, esa nación europea garantiza una velocidad de 1 Megabit por segundo (Mbps), además de disponer del servicio en todas las escuelas y librerías del país.

Japón, Corea y Suecia se distinguen por la alta velocidad de sus servicios, que destacan entre los mejores del planeta, al tiempo que en regiones como América Latina también se convocan iniciativas para la extensión del uso de las redes.

En la provincia argentina de San Luis, por ejemplo, la Universidad de La Punta (ULP) impulsó un proyecto amparado jurídicamente que establece la disponibilidad de una conexión WiFi gratuita para todos los habitantes.

La ONU reconoció la importancia de Internet “en momentos políticos clave como elecciones, tiempos de intranquilidad social o aniversarios históricos…”, según reseñó CNN, cuestión que se encuentra al centro de las más recientes crisis de gobernabilidad acaecidas en Oriente Medio y Europa, en las cuales las redes sociales han sido esenciales en la movilización de las protestas.

El caso de Egipto aparece como un antecedente revelador, debido al corte generalizado de la conexión y del intercambio de mensajes -SMS- vía teléfonos móviles, en enero de este año.

El 88 por ciento de la red en esa nación quedó fuera de servicio el día 29, en un momento de máxima tensión política por las consecutivas manifestaciones contra el gobierno del presidente Hosni Mubarak, informó BBC Mundo.

El hecho fue descrito como una “acción sin precedentes” por James Cowie, jefe de tecnología de una empresa estadounidense de seguridad en Internet, citado por BBC, pues aunque en los sucesos de Túnez e Irán se denunciaron ciertos bloqueos, fue la primera vez que en un país se produjo una interrupción global del acceso a la Red.

La desconexión casi total que vivió Egipto provocó un debate en torno a las posibilidades de que otros gobiernos recurrieran a acciones similares en el marco de movilizaciones de carácter político u otras circunstancias.

Meses antes de la crisis en el Cairo, en 2010, fue público el proyecto denominado “interruptor presidencial de Internet” que, en función de la sección 706 (d) de la Ley de Comunicaciones en Estados Unidos, otorga al presidente de ese país la autoridad para “apagar” segmentos íntegros de la Red.

Un análisis de Paul Joseph Watson, traducido por Rebelión, subraya que “la Ley de Protección del Ciberespacio como Bien de Interés Nacional (Protecting Cyberspace as a National Asset Act), (…) impulsada por el senador Joe Lieberman, otorgaría al gobierno federal poder absoluto para clausurar redes y bloquear el tráfico entrante de Internet procedente de determinados países amparándose en la declaración de una emergencia nacional”.

Este proyecto de ley contrasta con los procedimientos anunciados por la nación estadounidense respecto al establecimiento de vías alternativas para restaurar los servicios de conexión que pudieran verse interrumpidos en diversas zonas del mundo, tal y como lo refleja Europa Press.

Numerosas instituciones encabezadas por el Centro para la Democracia y la Tecnología cuestionaron la regulación, ante su potencial uso para la limitación de la libertad de expresión, pero el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado aprobó el anteproyecto, explica Watson.

“El verdadero plan que esconde el control de Internet por parte del gobierno ha sido siempre coartar y sofocar las producciones de medios independientes que hoy día compiten con órganos de prensa dominantes, hasta el punto incluso de desplazarlos”, añade.

Por su parte, David Bellota argumenta en Nación Red que el proyecto “permitiría a la Casa Blanca cerrar sitios web como Wikileaks bajo la apariencia de una ciber-emergencia” y retoma las apreciaciones de Gregory Nojeim, del Centro para la Democracia y la Tecnología en Estados Unidos: “Hemos visto a través de la historia reciente que, en caso de emergencia, el Poder Ejecutivo interpreta sus atribuciones de manera muy amplia”, afirmó.

Otro escenario de desacuerdos, a propósito de la regulación de Internet, se localiza en España, país que desde inicios de 2011 reconoce el acceso a una conexión de 1 Mbps como un derecho y en el cual se aprobó en el mes de febrero una legislación asociada a la protección de la propiedad intelectual en el universo online, conocida como Ley Sinde.

La normativa, denominada oficialmente Disposición Final Segunda, se incluye en la Ley de Economía Sostenible, propuesta en mayo de 2009 por el Ministerio de Cultura de España con el fin de establecer un nuevo marco regulatorio contra la piratería en Internet, explica Elías Notario desde el blog ALT1040.

“Pero hay otras razones detrás de la medida. Básicamente, muchos argumentan que realmente el objetivo de la Ley Sinde no es otro que facilitarles herramientas a las grandes empresas de la industria cultural para que puedan seguir protegiendo sus obsoletos modelos de distribución y comercialización”, subraya.

Uno de los tópicos más polémicos del anteproyecto de la Ley Sinde resulta la autorización a una comisión administrativa para determinar el cierre de páginas web en nombre del respeto a los derechos de autor, y sin la presencia del organismo jurídico como principal ente decisor.

José Cervera, autor del blog Retiario y con una extensa trayectoria en medios como ABC, Público, El Mundo y El País, refirió que el anteproyecto de ley “pone en riesgo libertades fundamentales en la Red”, en una entrevista concedida al blog ALT1040.

Los desacuerdos con la Ley Sinde fueron aún más agudos a raíz de la publicación de varios cables filtrados por Wikileaks, que dejaron al descubierto las presiones que ejerce el lobby del copyright desde Estados Unidos sobre el gobierno español.

Antonio Delgado denunció en su bitácora personal que una de las principales armas empleadas para el establecimiento de la ley fue la inclusión de España en el Informe 301, una lista negra de países con vulnerabilidades en la propiedad intelectual, que elabora la nación norteña.

En mayo de este año, a pesar de que Estados Unidos “elogió” la Ley Sinde, España apareció nuevamente en la “lista de vigilancia” Special 301, correspondiente a 2011, informó EFE.

Mientras, el director de la Coalición de Industrias y Creadores de Contenidos, Andrés Dionis, declaró a la propia agencia que en “honor a ese voto de confianza” de Estados Unidos, era fundamental para la Ley Sinde dejar claro “que no se persiguen solo los contenidos, sino también las conductas infractoras” con “los enlaces como objetivo, ya que son la puerta de entrada de la cadena de destrucción de valor que supone la piratería”.

La Ley Sinde generó un notable rechazo en los usuarios españoles a través de múltiples iniciativas en blogs y redes sociales, al punto de aparecer reiteradamente entre las demandas de los manifestantes del movimiento 15M, que llenó las plazas de la nación ibérica en el mes de mayo.

Junto a los reclamos para “eliminar los privilegios de la clase política” y tomar medidas contra el desempleo, los “indignados” exigieron la abolición de la Ley Sinde porque, según indicaron, coarta la libertad en Internet.

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