El Decreto 293 y las razones de los “palestinos”

Moderan limitaciones para la emigración interna.

Jorge Luis Baños - IPS

Hasta el momento no ha podido demostrarse en punto alguno del mundo que las restricciones para habitar en una ciudad sean efectivas para reducir su hipertrofia

El pasado 29 de octubre, el Consejo de Ministros promulgó el Decreto 293, que modifica otro, el conocido como 217 de 1997, contentivo de las “Regulaciones migratorias internas para la Ciudad de la Habana y sus contravenciones”. A partir de ese momento, tienen derecho a establecerse en la “capital de todos los cubanos” los familiares directos –cónyuges, hijos, nietos o progenitores- del titular de una vivienda, así como los impedidos físicos que estén bajo su amparo.

La medida es el lógico corolario de la reciente autorización para la compraventa de viviendas: nadie puede impedir que un ciudadano proveniente de Pinar del Río o Guantánamo adquiera una casa en el mismísimo corazón de La Habana y lleve consigo a su parentela, sin restricciones burocráticas.

Aunque no han sido abolidas aquellas impopulares “Regulaciones” sino ampliamente flexibilizadas, queda más o menos claro que las autoridades han comprendido la inutilidad de poner restricciones al acceso de cualquier cubano a la capital, toda vez que el reciente Decreto reconoce “que se mantienen las condiciones y causas que en su día motivaron la adopción” del malhadado reglamento.

Aunque la Constitución vigente en Cuba no reconoce de manera clara y explícita el derecho del ciudadano a viajar por todo el territorio nacional y a establecerse en el punto de él que libremente decida, esto ha formado parte habitualmente del consenso social y los intentos, a partir de 1997, de regular la presencia de inmigrantes temporales o definitivos en La Habana, se convirtió en un mecanismo absurdo que llegó a imponer a ciertos municipios como 10 de Octubre, supuestamente muy saturados de habitantes, cuotas fijas para la autorización de nuevos pobladores y sus gobiernos llegaron a ver como demérito el que aumentara su saldo migratorio interno, aunque fuera con unas decenas de personas.

Para un ciudadano común, desde hace poco más de dos lustros, trasladarse de Bayamo o Camagüey a la capital, llevaba consigo dificultades legales y trámites tan engorrosos como si quisiera obtener una visa para Canadá o Nueva Zelanda. El camino a recorrer estaba sembrado de arbitrariedades, dilaciones y respuestas absurdas, que en muchos casos propiciaban la corrupción.

La crisis habitacional en la urbe capitalina –expresión superlativa del problema a nivel nacional-, el aumento de ciertos índices de delincuencia tras el llamado Período Especial, así como la aparición de determinadas indisciplinas sociales en la vida cotidiana, ayudaron a hacer crecer en el imaginario popular el prejuicio contra los llamados “palestinos”, nombre que se ha dado a las familias que emigran del oriente de la Isla y procuran asentarse en el territorio capitalino, sea en casa de familiares o amigos o en viviendas improvisadas y a los que muchos culpan del deterioro de inmuebles y áreas públicas, así como de robos y otros actos violentos. Tales estereotipos son llamativos en una población como la habanera, compuesta en gran medida por familias cuyas raíces están en cualquier parte del territorio nacional.

No hay que olvidar que La Habana se consolidó desde sus remotos orígenes como una ciudad portuaria, que vivía del sistema de flotas y de la labor de sus astilleros y de los servicios de todo tipo prestados por sus habitantes a la población flotante que por ella pasaba. Muy pronto se hizo importante para quienes ostentaban ciertos cargos el hecho de residir en ella: el Obispo de Cuba, aunque tenía su sede episcopal en Santiago, ubicó su casa junto a la rada habanera como único modo de no quedar apartado de la “alta política” insular.

A lo largo del período colonial y con más fuerza aún en la etapa republicana, la capital fue polo de atracción para la inmigración interna: la existencia de una infraestructura de salud, educacional y cultural, así como su condición de sede de las principales instituciones gubernamentales, hizo que se derramara sobre ella una cifra elevadísima de población flotante que llegaba para estudiar, recibir atención médica, resolver trámites legales o simplemente buscar mejores opciones para la subsistencia. Eso generó, como sucede en la mayoría de los países latinoamericanos, una hipertrofia de la capital respecto al interior del país, aun cuando en este existan apreciables ciudades de segundo orden y, con ello, un continuo movimiento migratorio desde todos los puntos de la nación hacia su corazón político administrativo.

Entre los migrantes pueden diferenciarse dos corrientes extremas, una conformada por profesionales de alta calificación que buscan asentarse en el sitio más propicio para desarrollar su labor y ahí está la historia de la cultura cubana para demostrarlo (desde Nicolás Guillén hasta la Orquesta Aragón y desde José Antonio Portuondo hasta Adalberto Álvarez), mientras que la otra, por el contrario, está nutrida por aquellas capas de población más indefensas ante circunstancias críticas en sus territorios de origen: catástrofes naturales, problemas en la agricultura, insuficiencia de puestos de trabajo con pagos atractivos, deterioro de viviendas, por solo citar los más acuciantes.

Es innegable que el proceso revolucionario intentó durante años revertir aquella contradicción entre “ciudad y campo”, enunciada por los teóricos leninistas como “no fundamental” y solucionable a mediano plazo. El crecimiento en capitales de provincia y municipios relevantes de hospitales clínico quirúrgicos bien dotados, centros de educación media y superior, así como instituciones culturales especializadas, además de los planes de construcción de viviendas, hicieron augurar que las oleadas migratorias se revertirían. Sin embargo, no resulta sencillo contrariar determinadas lógicas históricas y como también La Habana crecía y se diversificaba, esta continuó resultando polo de atracción para buena parte de la población cubana. De hecho, la institución del Servicio Militar, los planes para becarios, los estudios de postgrado y otras opciones sociales sirvieron para recibir en la capital a gran número de personas que decidieron no retornar a sus lugares de origen.

Hasta el momento no ha podido demostrarse en punto alguno del mundo que las restricciones para habitar en una ciudad sean efectivas para reducir su hipertrofia. Amigos del extinto campo socialista europeo muchas veces me contaron los artilugios que empleaban para poder residir en Moscú o Sofía. Ignoro lo que habrán logrado las autoridades en Beijing, pero el carácter chino es otra cosa… A La Habana siguen llegando trenes llenos de personas, cargadas con sacos de arroz, cajas de viandas y unos pocos bártulos personales, que vienen dispuestas a quedarse acá, con casa o sin ella, con papeles o sin ellos. Si hasta hace poco muchos se empleaban en trabajos de construcción, descarga portuaria, labores comunales, que resultaban poco atractivos para el habanero “establecido”, el crecimiento actual del sector informal hace augurar que aumentará su presencia en los más diversos trabajos por cuenta propia.

Son tareas pendientes para el país el estudio, no sólo en cifras demográficas sino a partir de adecuadas caracterizaciones sociológicas, de los procesos migratorios internos, para obtener una imagen más objetiva de sus conductas y motivos. Asimismo, la inclusión en la educación cívica de los habaneros de elementos que permitan vencer esa ridícula fobia al inmigrante sea oriental, pinareño o de cualquier sitio de esos que con vasta ignorancia de la propia geografía, ellos caracterizan como “el campo”.

El reciente Decreto hace pensar que así como en pocos años ha sido posible barrer restricciones absurdas como las que impedían a un ciudadano contratar un teléfono celular, hospedarse en un hotel de turismo y disponer de sus bienes particulares, fueran estos una casa o un automóvil, del mismo modo se avance hacia la absoluta libertad de movimiento dentro un país pequeño, sin grandes diferencias culturales. Se ahorrarán cientos de trámites burocráticos y con ello, muchas pequeñas y grandes formas de quebrantar la ley. Lo dice un inmigrante que ha conocido muchísimos sinsabores para poder establecerse acá, cerca de lo que el poeta Eliseo Diego llamaba la Calzada “más bien enorme de Jesús del Monte”.

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