Frente al mercado inmobiliario

El gobierno cubano se ha propuesto reordenar la compraventa de inmuebles y la entrega de subsidios para la construcción y reparación de viviendas.

Las autoridades dictaron normas para reordenar la entrega de subsidios estatales para la construcción y reparación de viviendas.

Foto: Jorge Luis Baños_IPS

Con la adopción de nuevas regulaciones sobre los subsidios para construir y reparar viviendas, la gestión tributaria afín y otras iniciativas, el gobierno se propone reordenar y destrabar una actividad que arrastra tradicionalmente un alto déficit en Cuba.Cinco años después de implementar ayudas estatales con ese objetivo, la Gaceta Oficial publicó esta semana un paquete de normas legales (dos decretos-leyes, igual número de acuerdos del Consejo de Ministros y 11 resoluciones ministeriales) para responder a una demanda de tales subvenciones que supera la capacidad financiera actual del Estado, además de exponer su intención de frenar las violaciones de la legalidad.

“Existen más solicitudes de subsidios que financiamiento para otorgarlos”, apunta el diario Granma, al tomar declaraciones de una funcionaria de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo, Raquel Rodríguez Gato.

Por ese motivo, los consejos de administración municipales, estructura local de gobierno, realizarán ahora, como mínimo, dos convocatorias anuales para la recepción de solicitudes de dicho subsidio por parte de la población. Y el término para dar respuesta asciende ahora a 70 días hábiles, en lugar de 45, que era la norma vigente.

La capacidad de financiamiento para atender esa demanda se deriva del 60 por ciento del dinero recaudado por el fisco a partir del impuesto sobre la venta de materiales de la construcción. “De lo ingresado al presupuesto anualmente se define la cantidad destinada para este tipo de subsidio”, explicó Rodríguez Gato.

Vinculado con la actividad tributaria, el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) también decidió aplicar un valor referencial que sirva de base al cálculo del impuesto aplicado a la compraventa y donación de viviendas en el país, bajo el criterio de que han aumentado estas operaciones en el mercado inmobiliario, pero también han crecido las violaciones de la legalidad.

Entre estas irregularidades, el director de Política de Ingresos del MFP, Vladimir Regueiro, enumeró la subdeclaración de los valores de transferencia o venta de las viviendas en el mercado, la morosidad en los pagos del impuesto, la evasión fiscal y el enmascaramiento de estos actos con donaciones.

Cerca de 17 mil inmuebles que permanecen a medio construir serán entregadas personas que acepten asumir su conclusión por esfuerzo propio.

Foto: Jorge Luis Baños_IPS

 

La Ley 113 del 2013, o Ley del Sistema Tributario, establece el pago de un impuesto del 4 por ciento sobre las operaciones de compraventa o donación de vivienda. Según Regueiro, el fisco tendrá en cuenta en primera instancia el precio pactado entre las partes, “siempre que ese valor de transferencia sea igual o supere el valor referencial establecido”.

El punto ha desatado inquietudes y polémicas. Al definir estos valores de referencia, las autoridades declaran como objetivo garantizar que el cálculo y pago de los impuestos, se acerque a los valores reales de compraventa entre las personas naturales. En rueda de prensa, Regueiro Ale insistió en que no constituyen un valor o precio legal. Pero al establecerlo, el Estado pudiera regular, al menos indirectamente, el mercado inmobiliario, que desde el 2011, fecha en que quedó legalmente reconocido, operaba con precios de oferta y demanda.

Entre los elementos que toman en cuenta las autoridades para establecer los valores de referencia se encuentran la ubicación del inmueble, cantidad de dormitorios, posesión de garajes, vallas de parqueo, tipologías constructivas, tipo de cubierta, si se trata de una casa o apartamento, facilidades urbanísticas e importancia de los asentamientos.

El gobierno igualmente adoptó regulaciones para hacer más eficiente la evaluación de la solvencia económica de las familias que pidan este subsidio.

Del 2012 al 2016, el Estado ha destinado más de 3.862 millones de pesos a personas naturales para costear la construcción, rehabilitación o mantenimiento de su morada. De ese monto, los beneficiados habían ejecutado el 71 por ciento al cierre del año pasado, con algo más de 53.000 acciones constructivas terminadas.

A la par de las normas para reordenar la legalidad inmobiliaria, el gobierno decidió entregar esta vez cerca de 16.887 viviendas cuya construcción, a cargo de empresas del Estado, se encuentra paralizada. Los gobiernos municipales las adjudicarán a personas naturales que acepten su terminación por esfuerzo propio y deben dar prioridad a los damnificados por fenómenos climatológicos, los albergados y los casos sociales.

De encontrar esta oferta respuesta en la población, las autoridades imprimirán un impulso importante a la construcción. Después de levantar 9.300 viviendas en 2016, el Estado solo ha planificado concluir 9.700 viviendas este año. (2017)

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