¿Llegó la hora del salario?

El proceso de transformaciones económicas en Cuba incursionó este año en el ámbito empresarial, liberó las formas de pago a los trabajadores y casi triplicó también el salario en el sector de la salud.

La Resolución 17 del Ministerio de Trabajo dejó como límite para el salario solo la capacidad productiva que logren desplegar trabajadores y empresas.

Luego de centrar polémicas e insatisfacciones inacabables en los pasillos de empresas, asambleas de trabajadores, en las calles y en las tertulias de amigos, el salario asomó este año en la estrategia de transformaciones económicas cubanas. Tras mantenerlo en un segundo plano, o francamente congelado, las autoridades hicieron varios movimientos en ese terreno para oxigenar a los trabajadores y al proceso mismo de reformas identificado como Actualización del modelo económico.

La Resolución 17 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) abrió en junio una puerta a la solución de uno de los conflictos más dolorosos del acontecer nacional. La oportunidad la ofreció al ámbito empresarial estatal, soporte principal de la economía. Tres meses antes, el gobierno había determinado un alza sustancial del salario en la salud pública, servicio social clave en la política tradicional de la Revolución cubana y ahora también básico como fuente de ingresos netos en moneda dura para el país.

Los acuerdos entraron en vigor poco después de rechazar el Presidente Raúl Castro en persona “un aumento generalizado de los salarios en el sector estatal”, bajo el criterio de que causaría “una espiral inflacionaria”, de no estar respaldado por un aumento de la oferta comercial de bienes y servicios. La preocupación la expresó, en febrero, en el XX Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), que centró debates intensos en torno al dilema de los bajos jornales.

El mandatario reconoció, en cambio, ante los delegados sindicales una verdad palmaria: “el salario no satisface todas las necesidades del trabajador y su familia”. Razonó incluso que la baja retribución “genera desmotivación y apatía hacia el trabajo, influye negativamente en la disciplina e incentiva el éxodo de personal calificado hacia actividades mejor remuneradas con independencia del nivel profesional requerido”.

Como excepción en la renuencia explícita a ampliar de manera generalizada el pago a trabajadores, a partir de marzo el gobierno casi triplicó el salario de más de 440.000 trabajadores del sector médico. La medida elevó en miles de millones de pesos los gastos del Presupuesto estatal, justo en el año en que se hizo más aguda la desaceleración de la economía.Desde marzo el gobierno casi triplicó el salario de más de 440.000 trabajadores del sector médico.

La exclusiva concesión la justificó por aportar las misiones médicas en el exterior alrededor de la mitad de todos los ingresos por exportación de bienes y servicios de Cuba desde hace varios años. En 2014 subirán a más de 8.200 millones de dólares, de acuerdo con previsiones del actual ministro de Economía, Marino Murillo.

Un par de meses después de la buena nueva para el personal médico, la Gaceta Oficial publicó un conjunto de disposiciones legales para transformar las reglas del juego en la actividad empresarial. En ese paquete de normas, emitido casi a la par de la aprobación de un nuevo Código de Trabajo, la Resolución 17 del MTSS eliminó el techo burocrático impuesto hasta esa fecha al salario de los trabajadores de empresas estatales.

Esta nueva legislación reordena el pago por resultados reales. Como tope establece solo la capacidad productiva y de rentabilidad que sean capaces de alcanzar cada trabajador o colectivo laboral y otorga más autonomía a las direcciones de empresas para decidir el método de pago a destajo o por resultados, a fin de motivar realmente la productividad, la calidad y las ventas.

Esta disposición propone “eliminar restricciones administrativas para estimular el incremento de la productividad del trabajo en el sistema empresarial y modificar las facultades para la aprobación de la forma de pago por rendimiento”. En su artículo Séptimo determina que el pago a trabajadores “no tiene límites, siempre que no se deteriore el gasto de salario por peso de valor agregado bruto planificado para el período”.

A diferencia de su antecesora, la fracasada Resolución 9 del 2008 del Ministerio de Trabajo, la número 17 entra en escena acompañada por otros decretos que apuntan a liberar gradualmente la actividad empresarial, sujeta antes a un sistema de organización económica nacional excesivamente centralizado y verticalista, que limitaba la capacidad de inversión, de desarrollo, los nexos interempresariales y la estructuración de cadenas de valor o de producción.

Ahora, la forma de pago por rendimiento la aprueban los directores de empresas o de grupos empresariales, sin sujeción a tarifas establecidas en oficinas de un Ministerio de Trabajo alejado de la realidad interna de cada empresa.

De encontrar caminos para alcanzar una aplicación eficaz, esta norma resolverá uno de los objetivos de justicia social y económica asumidos por la Actualización del modelo económico: garantizar ingresos más altos en las empresas y en los colectivos laborales que aporten mayor riqueza en bienes y en servicios a la sociedad.

La Resolución 17, sin embargo, no ha generado aplausos de inmediato en círculos obreros. Los trabajadores la han recibido con cautela. Advierten la amenaza que enfrentan sus empresas para desarrollarse y expandir sus producciones o servicios, y con ellos, los salarios, en una economía sumida aún en deformaciones estructurales como la dualidad monetaria y cambiaria, entre otros problemas que traban una gestión comercial ágil para adquirir materias primas o tecnologías más productivas, por ejemplo.

El Jefe de Organización del Trabajo, Salarios y Empleo de la CTC, Abel Rivero Ochoa, opinó que “no habrá legislación que logre satisfacer mejoras salariales a través del pago por resultados sin un adecuado aseguramiento material”.

En un comentario firmado por Rivero Ochoa en el periódico Trabajadores, este dirigente sindical identificó como peligro la ausencia de liquidez para garantizar a tiempo los recursos productivos para cumplir los planes y “el pago de salarios de los trabajadores sin que nada puedan hacer para evitarlo”. Pero a la par reconoció la amenaza de administraciones sin capacidad para actuar en los procesos de conciliación de demandas y de contratación, “aún disponiendo de los financiamientos”.

La puerta parece abierta hacia un nuevo camino, pero al otro lado aún no se ven las luces claramente (2014).

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