Orden en costas, mares y negocios

Con una nueva ley de navegación, el gobierno cubano resuelve el viejo dilema de buques abandonados pero, sobre todo, establece las bases legales de fuertes inversiones iniciadas ya en la actividad portuaria y el turismo.

Con la nueva Ley de Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre, Cuba busca respaldo legal para puertos que prometen incrementar su actividad internacional, como el de Mariel.

El Parlamento cubano adoptó en julio una legislación marítima en línea con la estrategia alentada en persona por el Presidente Raúl Castro de dotar de fundamentos jurídicos a toda la actividad económica. Pero la nueva Ley de Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre aporta, sobre todo, respaldo a los intensos negocios que desarrolla o planea el país en sus costas.

El ministro del Transporte, César Arocha Masid, reconoció ante los diputados que Cuba carecía de una legislación marítima “acorde a las transformaciones económicas, políticas y sociales” del actual escenario nacional. Los instrumentos jurídicos que regían esa actividad eran obsoletos, dijo.

El referente legal de la Mayor de las Antillas se remontaba a los tiempos en que era colonia española: el Código de Comercio firmado en 1885 por el rey de España Alfonso XII, extendido a Cuba en enero de 1886 por Real Decreto para controlar férreamente el tráfico de mercancías y la navegación hacia esta “su fidelísima Isla”.

Normas adoptadas en Cuba en los años 30 y 50 del siguiente siglo, hoy también arcaicas –según admitió la sesión legislativa reciente-, no modificaron ese horizonte legal: solo sirvieron para rellenar algunas lagunas legales.

Al argumentar a los parlamentarios sobre la necesidad de aprobar la nueva ley, Arocha explicó que resuelve un vacío de autoridad marítima nacional que ya cobraba signos inquietantes, en tanto le impedía al gobierno actuar con respaldo jurídico ante el abandono de embarcaciones en aguas nacionales.

En el momento en que se adoptó esa norma, alrededor de ocho buques de gran porte y más de 250 embarcaciones menores permanecían abandonados por sus propietarios en puertos cubanos, en algunos casos semi hundidos y con amenazas de contaminación desde hace décadas. A pesar de la evidente renuncia de sus antiguos armadores, el Estado cubano carecía de respaldo legal para incorporar esos medios a su patrimonio, a fin de evitar ante todo obstáculos para la navegación en sus aguas y daños al medio ambiente (por oxidación del acero de los cascos bajo el agua).

Uno de esos barcos impidió, incluso, el empleo de uno los muelles del puerto de Nicaro, en la provincia oriental de Holguín, donde ha estado atracado desde hace siete años.

La nueva ley ofrece solución a ese problema. Ampara la intervención estatal para declarar “administrativamente” el abandono del buque y disponer su ingreso al patrimonio nacional.

La norma llega después de 15 largos años de estudio y parto, para regular el régimen general de la navegación en Cuba, en su mar territorial y en zonas contiguas, en la estratégica zona económica exclusiva del Golfo de México, en aguas interiores, ríos, lagunas y embalses, así como sus servicios auxiliares y conexos. Establece, entre otros objetivos, la obligación de asegurar la responsabilidad civil para las embarcaciones nacionales y otras que fondean en las costas cubanas y actualiza las regulaciones de la Capitanía del puerto.

De esta manera, confirma la vía marítima bajo nuevos cánones de responsabilidad, muy oportunos para un país que calibra fuertes inversiones en sus costas.

Por su carácter de archipiélago –más de cuatro mil islas y cayos, con abundantes playas y bahías- y su ubicación geográfica en una zona del Caribe de intenso tráfico marítimo, Cuba impulsa una reordenamiento de la actividad portuaria que revitalice radas como las de Matanzas (unos 80 kilómetros al este de La Habana) y Cienfuegos (en el centro sur), con espacios anexos para desarrollar polos industriales y energéticos.

El proyecto Marina Gaviota Varadero lidera la construcción de puertos turísticos en Cuba, actividad a la que también le viene como anillo al dedo la actualización de esa norma legal.Pero la niña de los ojos del gobierno son las inversiones multimillonarias impulsadas por Brasil y Cuba para construir un megapuerto en la bahía del Mariel, con Terminal de Contenedores, Zona Especial de Desarrollo para inversiones industriales y Base Logística para exploración petrolera.

A la par, cobra impulso la construcción de marinas, que abran una nueva puerta de acceso a uno de los principales sectores de la economía cubana: el turismo. El proyecto conocido como Marina Gaviota Varadero, en ejecución en el extremo de la Península de Hicacos, donde se encuentra la playa más famosa de Cuba, fue presentado en mayo pasado en la XXXIII Feria Internacional del Turismo (FitCuba 2013) como la inversión más cara que acomete actualmente ese sector en el país.

Con capacidad para más de mil atraques, hotel, condominios, centros comerciales, servicios técnicos y otras instalaciones, se propone ser el mayor puerto turístico de la Isla y del Caribe.

Al normar todo lo relativo a la marina mercante, la recreativa y la pesquera, la navegación de buques comerciales, científicos, turísticos, deportivos o recreativos, y los actos y hechos relacionados con el transporte marítimo, fluvial y lacustre, así como la actividad portuaria, la nueva Ley deja servida la mesa para emprender con adecuado respaldo legal negocios en que se prevé la intensa participación incluso de firmas internacionales para la administración de los puertos en expansión.( 2013)

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