Para ahorrar tiempo y oro

Un nuevo reglamento intenta poner orden en el proceso inversionista de Cuba, una de las actividades más dañadas por la ineficiencia y las demoras para adoptar y ejecutar decisiones.

The investment activity has been traditionally hindered by inefficiencies that delay even the conclusion of prioritised or costly works.

The investment activity has been traditionally hindered by inefficiencies that delay even the conclusion of prioritised or costly works.tradicionalmente con ineficiencias que retardan incluso la conclusión de obras priorizadas o de gran monto.

Foto: The investment activity has been traditionally hindered by inefficiencies that delay even the conclusion of prioritised or costly works.

Con la aprobación de nuevas normas legales para la ejecución de inversiones, el gobierno cubano dio otro paso en la estrategia de ampliar el margen de autonomía de las empresas nacionales. Antes de concluir el mes de enero, el Decreto 327 puso en vigor un “Reglamento del proceso inversionista” acompañado por un grupo de 14 resoluciones complementarias, a fin de ordenar una de las actividades donde más golpean la ineficiencia económica y las debilidades de la planificación.

En los informes de cierre de año que presenta el Ministerio de Economía y Planificación ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento unicameral), suelen asomar los incumplimientos de inversiones entre los más onerosos del país. Los atrasos y daños millonarios se acumulan desde el momento de concepción de los proyectos hasta la construcción y montaje de las obras y su puesta en funcionamiento. Estas razones, unidas a la multitud de participantes y de responsabilidades, hacen del proceso inversionista uno de los problemas más complejos.

De presencia habitual prácticamente en todos los sectores de la economía, a este lastre se suma la dispersión que existía en materia legal.

El nuevo paquete jurídico regula toda la actividad de inversiones en el territorio nacional, tanto si las realizan empresas estatales o entidades cubanas no estatales como si son de empresas mixtas, asociaciones económicas internacionales o de compañías de capital ciento por ciento foráneo, según informó el viceministro de economía, Oscar Acuña.

Hasta el presente, las entidades de otros países se regían solo por la Ley de Inversión Extranjera y no tenían en cuenta la Resolución 91 del 2006 de la cartera económica, que reglamentaba esta actividad. A partir de ahora se unifican todos los conceptos para que “la marcha de las inversiones extranjeras concuerde con las restantes normas jurídicas del proceso inversionista”, explicó Acuña. “Hay principios y conceptos generales en el Decreto 327 que se aplican para todas las inversiones, pues ambos documentos están compatibilizados”, comentó la directora jurídica del ramo, Johana Odriozola.

Ambos funcionarios aclararon que se prevén excepciones para las Zonas Especiales de Desarrollo y las operaciones acometidas por la Oficina del Historiador de La Habana, que tienen normativas y requerimientos propios. “Pero los preceptos generales de este decreto no se oponen a lo estipulado para ellas específicamente, pues resultan aplicables a todos los procesos inversionistas”, dijo Acuña.

Como parte del ordenamiento que intenta implementar, el gobierno exigirá la capacitación y acreditación con título de todos los inversionistas –sujeto principal de esta actividad- para que puedan ejercer sus encargos. También define funciones y obligaciones para las figuras del suministrador, el constructor, el explotador y el contratista, cuyas fronteras y deberes estaban sumidos antes en una bruma legal.

El Decreto 327 introduce además una regla que no existía, la licitación de proyectos, construcción, suministros y de otros pasos, para “buscar las mejores ofertas en un ambiente de transparencia y competitividad”, declaró el viceministro de Economía.

Esta norma se suma a otra pauta que el gobierno se ha empeñado en implantar desde hace varios años: relaciones contractuales más precisas. Da continuidad así al propósito asumido por el presidente Raúl Castro en persona desde que inició la actualización del modelo económico: la institucionalización del país y la conducción mediante regulaciones económicas y de derecho.

Después de centralizar durante años en los ministerios de Economía, de Comercio Exterior o en el Consejo de Ministros hasta el 85 por ciento de las inversiones, incluidas muchas de pequeña escala, en el 2014 comenzó un proceso gradual para flexibilizar la dirección empresarial también en este complejo ámbito.

De acuerdo con el viceministro Acuña, ya las direcciones de empresas pueden aprobar inversiones que “garanticen la reproducción simple de su actividad, el reequipamiento y el sostenimiento de sus funciones”, sin hacer consultas más arriba. El Ministerio de Economía y Planificación se encargará de evaluar y aprobar proyectos cuando pasen de 15 millones de dólares.

Bajo las reglas del juego recién legisladas, varios organismos gubernamentales quedan responsabilizados con dar luz verde a la ejecución de inversiones, desde el punto de vista de la localización geográfica, la seguridad ambiental y el cumplimiento de otros requisitos.

Para que den respuestas, la legislación establece plazos de 30 a 90 días, según la complejidad del proyecto. De no cumplirlos constituirá un “silencio positivo”, dijo el viceministro. “Estas son normas que permiten que los organismos funcionen de forma automática y adquieran una responsabilidad extraordinaria”, amplió.

El gobierno da continuidad así a medidas introducidas el año pasado para conferirle mayor autonomía a las empresas y reducirle espacio al sistema de administración burocrática que ha dominado la economía cubana.

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