Protagonistas del nuevo modelo económico

Tras reconocer amarres que obstaculizaron su desarrollo, el gobierno presentó nuevas reglas para conferir autonomía a las cooperativas agrarias.

Jorge Luis Baños - IPS

Las nuevas reglas de juego apuntan a fortalecer las cooperativas como forma de propiedad.

Antes de que concluya el año, el gobierno cubano se propone expandir las cooperativas a la economía urbana, en servicios a la población administrados hasta ahora por empresas del Estado. Previamente, sin embargo, ha optado por un paso más urgente y elemental: reordenar y revitalizar esa forma de propiedad allí donde ya existe.

Hace unos días, anunció un paquete de 17 medidas para perfeccionar a las unidades básicas de producción cooperativa (Ubpc), creadas sin mucho éxito como salvavidas agropecuario en medio de la crisis económica de los años 90.

La presentación de nuevas reglas para el funcionamiento de esa estructura de producción es la jugada más reciente en la reforma conocida como actualización del modelo económico cubano, y en la estrategia priorizada por el Presidente Raúl Castro para ampliar la producción de alimentos.

El Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros dio luz verde a un Nuevo Reglamento General de las Ubpc, entre otras medidas, con el propósito explícito de “legitimar una autonomía que en su concepción fundacional tuvieron esas unidades ‘en papeles’, pero pocas veces lograron en la práctica”, como reconoció el periódico oficial Granma.

Cuatro puntos cardinales definió el gobierno en 1993 cuando transformó en unidades cooperativas a granjas estatales que se encontraban al borde de la quiebra: la vinculación del productor al área como incentivo laboral, la capacidad de autoabastecimiento de los trabajadores y sus familias, la correlación entre producción e ingresos de los trabajadores, y la autonomía de la gestión. Pero este último principio, esencial para la existencia de cualquiera cooperativa, nunca gozó de salud.

Por lo general, las Ubpc guardaron una dependencia rígida de las empresas estatales agrícolas a las que continuaron subordinadas. Aunque no faltaron unidades que consiguieron romper amarras y amasaron el éxito económico, la mayoría carecía de independencia a la hora de adoptar planes y decisiones administrativas, laborales o financieras.

“La personalidad jurídica de dichas formas de producción cooperativa quedó relegada”, admitió Granma en un artículo sobre el tema. Las Ubpc no podían elegir sus dirigentes ni establecer relaciones contractuales con otras empresas o cooperativas.

Unido a otras debilidades del sector agropecuario cubano, esa realidad ha deprimido el aporte de las Ubpc a la canasta alimentaria nacional. El 23 por ciento de las tierras administradas por esas unidades permanece ociosa. Y no es poco territorio. Esas estructuras disponen de aproximadamente un millón 770.000 hectáreas, el 28 por ciento de la superficie agrícola del país.

Alrededor del 15 por ciento de esas entidades económicas cerró 2010 con pérdidas y un 6 por ciento ni siquiera presentó balance económico, reconoció Julio Martínez Roque, director nacional de atención a las UBPC en el Ministerio de la Agricultura (Minagri). Millonarios subsidios ha extraído el gobierno del Presupuesto del Estado para mantener con vida a muchas de esas unidades.

De acuerdo con un diagnóstico gubernamental, de las 1.989 Ubpc existentes en la actualidad, solo 540 ( 27%) se encuentran en situación favorable, 1.122 ( 57%) arrastran problemas organizativos, productivos, económicos y financieros, pero el Minagri confía en que se recuperen. Y 327 (16%) padecen tantos males que las autoridades descartan su sobrevivencia.

Entre las medidas, el gobierno adoptó una política financiera e impositiva para esas entidades, a fin de liquidar a mediano plazo el brutal endeudamiento bancario, fiscal y con el sector empresarial. Hasta el cierre del 2010, las Ubpc sujetas al Ministerio de Agricultura acumulaban un capital negativo –por pérdidas y deudas de años anteriores- de 2.112 millones de pesos.

Martínez Roque informó a la prensa que a partir del próximo año, el Presupuesto del Estado no continuará financiando a las Ubpc.

Otras medidas apuntan a reivindicar la autonomía de diseño de estas unidades cooperativas, casi nunca respetada. El Nuevo Reglamento ratifica que la Asamblea General es el máximo órgano de dirección, y tiene facultades para decidir planes y el porcentaje de las utilidades que serán distribuidas entre sus miembros.

También define con más claridad los límites de la sujeción de la Ubpc ante la empresa encargada de establecer la contratación de cosechas y producciones determinadas por la demanda estatal. Si a partir de ahora se respetan las nuevas reglas, estas unidades cooperativas tendrán libertad para comercializar en cualquier mercado o con cualquier cliente las producciones que excedan lo contratado con el Estado.

Autoridades del sector informaron que las nuevas medidas se harán extensivas a otras estructuras tradicionales en la agricultura cubana: las cooperativas de producción agropecuaria y las de crédito y servicios, que han gozado de mayor autonomía y fortaleza que las Ubpc, aunque, como reconocen las autoridades cubanas, “tampoco han estado exentas de amarres similares en su desenvolvimiento”.

El pasado reciente indica que los reglamentos no son suficiente garantía. Pero, a juzgar por los Lineamientos de la Política Económica y los movimientos recientes, esta vez el gobierno parece más interesado en reconocerles protagonismo a las cooperativas, en línea con la voluntad de dar mayor espacio a esta forma de propiedad en el nuevo modelo económico cubano. (2012).

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