Tierra cubana en trance

Mayores garantías y beneficios ofrece el gobierno de Cuba a los agricultores y ganaderos, privados o de cooperativas, que asumen la producción de alimentos en tierras estatales que permanecían ociosas.

El Decreto Ley 358 abre una oportunidad a los productores privados de cultivos como el arroz, al permitirles mediante su vinculación con empresas estatales y cooperativas agrarias, para “adquirir insumos agropecuarios, recibir servicios y comercializar sus producciones”.

Foto: Tomada de Clasf

Empeñada en ampliar la producción de alimentos en territorio nacional, Cuba ha vuelto a legislar a favor de la entrega de tierras estatales en usufructo, una de las primeras medidas que el gobierno adoptó en 2008 al emprender los cambios que años después definió como Actualización del modelo económico cubano.

Con el Decreto Ley 358, y su reglamento en el Decreto 350, recientemente publicados, las autoridades introducen modificaciones a esta política, para otorgar mayores garantías y beneficios a los productores agropecuarios independientes que se acojan a esta alternativa, según declaró a la prensa el Director Jurídico del Ministerio de la Agricultura, Orlando Díaz Rodríguez.

El funcionario dijo que buscan también un mayor control estatal sobre el uso eficiente y racional de la tierra.

La nueva legislación duplica el área máxima que el gobierno puede entregar a las personas naturales que se incorporan por vez primera a esta modalidad: de 13,42 hectáreas que establecía la norma anterior, el límite pasa a 26,84 ha. Pero cuando las tierras se dediquen a ganadería mayor o cultivos en polos productivos, esamedida (26,84 ha) se convierte en límite mínimo, y puede ampliarse hasta 67,10 ha.

Con este incremento, el gobierno tiene el propósito de “facilitar la aplicación de tecnologías y lograr resultados competitivos”, argumentó Díaz Rodríguez. Las áreas demasiado pequeñas no favorecen la introducción de avances científicos y tecnológicos para alcanzar los altos rendimientos propios de una agricultura intensiva.

Probablemente con similar objetivo, la norma legal autoriza también a las personas naturales que han recibidotierras en usufructo a vincularse mediante contrato con empresas estatales agropecuarias, azucareras o forestales, u otras entidades del sector con personalidad jurídica, incluidas las cooperativas en sus diversas fórmulas.

Esta opción les permitirá a los productores independientes “adquirir insumos agropecuarios, recibir servicios y comercializar sus producciones” a través de esas entidades, según dispone el Decreto Ley 358. Para cultivos como el arroz y frutales, la fórmula puede ser muy favorable para acceder a servicios de riego, cosechadoras y otros de carácter agroindustrial que pueden tornarse complejos o muy caros para un productor aislado.

La legislación establece también la posibilidad de que ese productor se integre voluntariamente a empresas estatales o cooperativas, “previa extinción del contrato de usufructo”.

Al amparo de la nueva norma, los productores podrán utilizar hasta el 3 por ciento del área recibida en usufructo para construir bienhechurías (almacenes, pozos, vivienda temporal del productor y otras obras). La norma precedente limitaba esa opción al uno por ciento del área.

Más de 2,1 millones de hectáreas propiedad del Estado, aproximadamente un tercio de la superficie agrícola de Cuba, las ha entregado el gobierno en usufructo a personas naturales y jurídicas.

Foto: Periódico 5 de septiembre

Esta novedad legislativa se suma a medidas adoptadas hace un año, con el propósito declarado de acelerar la incorporación de productores agropecuarios y continuar reduciendo la cuantía de tierras ociosas. En esa ocasión, el gobierno acordó extender de 10 a 20 años el período de posesión de tierras en usufructo para las personas naturales, plazo que ratifica el Decreto Ley 358 del presente año. La vigencia del usufructo será prorrogable por igual término y para las personas jurídicas por tiempo indefinido.

El jefe de la comisión gubernamental que conduce la Actualización del modelo económico, Marino Murillo, había reconocido en junio de 2017 que la solicitud de tierras se veía limitada. Como razones, dijo que los terrenos disponibles eran menos productivos por causas como la infestación de marabú (planta invasiva), la lejanía de los asentamientos poblacionales y las dificultades consiguientes para acceder a servicios básicos o fuentes de agua.

Desde la arrancada del programa hace un decenio, el gobierno ha procesado 289.474 solicitudes de tierras, de las cuales aprobó el 84,6 por ciento: 241.604 a personas naturales y 3.247 a personas jurídicas. De esta manera, ha entregado hasta la fecha 2,1 millones de hectáreas, aproximadamente la tercera parte de la superficie agrícola de Cuba. El proceso avanzó ligeramente desde hace un año. A mediados del 2017, el área total en producción bajo esa fórmula era de 1,9 millones de ha.

Como evidencia del impacto de ese programa, el director de Suelos y Control de la Tierra, Eddy Soca Baldoquín, reportó crecimientos en diez años del 5,3 por ciento en la producción anual de viandas y hortalizas del sector no estatal, del seis por ciento en el maíz, ocho en el frijol, seis en el arroz cáscara húmedo y seis en los frutales. La masa vacuna aumentó en la década en 833 mil cabezas, con incrementos en las producciones de leche y carne. (2018).

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