Apertura crediticia y emprendimiento en la economía cubana

La apertura desde 2011 de facilidades crediticias y financieras supone un gran desafío para el sector bancario.

Archivo IPS Cuba

En materia de empleo, a comienzos de diciembre de 2012 ascendían a más de 39.5000 los trabajadores en el sector por cuenta propia

Si bien pudiera determinarse otra fecha cercana como punto de inflexión en las prácticas de política económica en Cuba, el discurso pronunciado por el entonces presidente en funciones Raúl Castro, el 26 de julio de 2007, marca un momento importante al explicitar la intencionalidad gubernamental de iniciar un proceso de trasformaciones sustanciales en la economía cubana.

Las transformaciones desatadas a partir de esa fecha responden, en primer lugar, a una necesidad de supervivencia (considerando el agotamiento del modelo económico cubano, estancado tras la reforma inconclusa de los años noventa), si bien el discurso político desde entonces ha incluido elementos que inducen a pensar que al menos parte de los cambios más sustanciales son considerados estratégicos y no tácticos por las máximas autoridades del país. Este último aspecto, además de constituir una señal para grupos sociales cuya movilización es esencial al proceso de cambios, constituye una condición necesaria de éxito (aunque, por supuesto, no suficiente) de la cual careció la reforma de los noventa, considerada en buena medida como concesiones por algunos de sus principales promotores.

En general, el proceso de cambios cobró aceleración desde la publicación en la Gaceta Oficial de la República de un conjunto de medidas que rompían con las prácticas entronizadas durante el período de Revolución en Cuba; a lo que se sumó la discusión y presentación de los Lineamientos del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) y la creación de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo, encargada de poner en práctica las intenciones de políticas esbozadas en dicho documento.

El llamado a la “actualización del modelo económico cubano” ha constituido la consigna central del proceso de transformaciones, cuya verdadera naturaleza de ruptura puede ser evaluada si se comprende el contenido de “modelo económico”. Este concepto hace referencia a los aspectos institucionales y organizativos que constituyen las bases del funcionamiento de una economía, los cuales tienden a variar relativamente poco en el tiempo y su configuración óptima resulta determinante para un buen desempeño económico.

Prácticamente cualquier cambio en los componentes del modelo propuesto en la variante final de Lineamientos, o ya materializado en alguna medida de política, implica transformaciones importantes, considerando además que ninguno es totalmente independiente del resto. No obstante, el binomio peso de las diferentes formas de propiedad y formas de gestión de la propiedad social irrumpe con notable fuerza en tal documento y en el discurso político. Por una parte, el lineamiento no. 2 expresa la intención de fomentar otras formas de gestión diferentes a la estatal, lo que también implica directa o indirectamente el incremento de la propiedad no estatal. Por otra, entre insuficiencias y contradicciones, se han logrado imponer un conjunto de medidas (y anunciado otras, entre las que se destaca la apertura al cooperativismo no agropecuario), que fomentan la proliferación de emprendimientos privados, que incluyen la posibilidad de contratación de fuerza de trabajo, de realización de intercambios con el sector estatal, el proceso de disponibilidad laboral y un mayor acceso a facilidades bancarias y crediticias para las formas no estatales.

Es tal la importancia concedida a la proliferación de las formas de producción no estatales, que se ha anunciado en varios escenarios que su contribución al PIB ascenderá para 2015 a 40 por ciento. En materia de empleo, a comienzos de diciembre de 2012 ascendían a más de 39.5000 los trabajadores en el sector por cuenta propia, 23.7629 más que los existentes en septiembre de 2010, antes de entrar en vigor la flexibilización de la participación y empleo en este sector.

Ahora, más allá de un cuestionamiento al cálculo del aporte de las nuevas formas al PIB, se encuentran razonamientos cualitativos sobre las dinámicas internas que se generarían al interior del sector. Partiendo de la lista de actividades permitidas al cuentapropismo, las alrededor de 180 ocupaciones prácticamente relegan a los profesionales, al constituir labores poco intensivas en conocimiento. En tal caso, resulta incluso preocupante la calidad de casi la mitad del PIB del país a partir de bienes y servicios con escaso valor agregado. No obstante, no se avizora en el corto plazo un paso de las “listas positivas” a “listas negativas”, ni siquiera una ampliación sustancial de las actuales.

También siguen ausentes las políticas promotoras de innovación orientadas al sector no estatal. Si bien la apelación a los incrementos de productividad en la empresa estatal son constantes (aunque generalmente basados en convocatorias e incentivos morales y en el ahorro), en general, pese a declararse la intención de fomento de las formas no estatales y hacer públicas las previsiones de su incremento sustancial, las autoridades parecen considerar al sector, fundamentalmente, como un colchón de empleo ante el proceso de “disponibilidad laboral” –capaz de proveer un surtido muy básico de productos y servicios (destacándose los gastronómicos y de transporte), del cual el Estado se ha ido desprendiendo paulatinamente– y como contribuyente fiscal.

En la actualidad, son inexistentes las acciones cuyo objetivo explícito sea el incremento de la capacidad innovadora en este sector, si bien de forma implícita o indirecta pudieran generarse este tipo de dinámicas: se ha supuesto que la apertura a la actividad privada per se constituye un motor generador de innovación que no es necesario estimular; o, simplemente, no se ha considerado básico que este sector produzca con dinámicas de eficiencia creciente.

No obstante subestimarse el aporte posible de las formas de producción no estatal y, por lo tanto, quedar ausente un buen grupo de medidas que complementarían las transformaciones en marcha, la mera apertura de un conjunto de actividades a este sector y la automática reacción de los agentes ante esta han demandado cambios en las formas tradicionales de regulación de la producción. Entre estos cambios destaca la apertura de facilidades crediticias y financieras para el mencionado sector y la población en general, cuyos efectos y verdadero potencial –hasta la fecha desapercibido– solo pueden ser comprendidos partiendo de un análisis del nuevo marco regulatorio.

La nueva política crediticia: marco regulatorio

Los cambios experimentados en la esfera bancaria y crediticia fueron esbozados inicialmente en el documento de los Lineamientos y cobraron forma, posteriormente, mediante el Decreto Ley 289 y la Resolución 99 del Banco Central de Cuba, en 2011. Desde el punto de vista de las transformaciones en el funcionamiento de la economía, su rol en el paquete de medidas concebido para el proceso de “actualización” puede ser entendido desde varias aristas. Por una parte, supone un cambio en la praxis de la política económica en Cuba, donde la inducción de comportamientos a los agentes económicos transita de los históricos mecanismos administrativos a variantes de regulación indirecta; y un cambio en la estructura de los mercados al abrirse el acceso al mercado financiero a los sectores de la población y de formas productivas no estatales.

El Decreto-Ley No.289, publicado en la Gaceta Oficial de la República en noviembre de 2011, recoge los principios y procedimientos generales que regulan los créditos y otros servicios bancarios a las personas naturales. Según este marco legal, los sujetos del crédito son los trabajadores por cuenta propia autorizados a ejercer, los agricultores pequeños que acrediten legalmente la tenencia de tierras y otras formas de gestión no estatal que en el futuro se permitan, y las personas que requieran realizar acciones constructivas en sus viviendas o consumir bienes materiales.

Por su parte, el Banco Central de Cuba establece las normas generales para el otorgamiento de créditos a las personas naturales mediante la Resolución No. 99 de 2011, indicando que las entidades estatales encargadas de este proceso son el Banco Metropolitano, el Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) o el Banco Popular de Ahorro (BPA), a partir de la selección de sucursales en todos los municipios del país. Llama la atención que dichas instituciones no solo estarán encargadas del otorgamiento de créditos al nuevo sector, sino que además podrán brindar otros servicios bancarios tales como la apertura de cuentas corrientes en pesos cubanos o convertibles, favoreciendo así el uso de instrumentos de pagos como letras de cambio, cheques y otros. Por tanto, el nuevo marco legal financiero amplía (al menos formalmente) el rol a jugar por el sector no estatal, al igualar el acceso a servicios financieros y crediticios de dichos agentes respecto a las empresas estatales cubanas, promoviendo así su expansión y desarrollo.

Analizando las particularidades del otorgamiento de créditos únicamente para las formas productivas no estatales, tenemos que para los trabajadores por cuenta propia el financiamiento se podrá conceder a partir de un importe mínimo de 3.000 pesos cubanos en plazos que no excedan los 18 meses para capital de trabajo y cinco años para inversiones; mientras que los agricultores pequeños podrán solicitar créditos a partir de un importe mínimo de 500 pesos cubanos; en ambos casos no se especifica límite para el otorgamiento del crédito. Llama la atención que la totalidad de los créditos se ofrecerán, únicamente, en pesos cubanos, suponiendo que la demanda de pesos convertibles se podrá satisfacer en el mercado cambiario CADECA.

Por otra parte, los créditos podrán ser otorgados en efectivo o mediante la emisión de instrumentos de pago, en uno o varios tramos del crédito, y devengarán intereses desde el momento en que se haga efectiva la disposición. En tanto, los importes y plazos de amortización de los créditos que se concedan se acordarán entre el banco y el solicitante en función del destino del crédito, su nivel de riesgo y la actividad a financiar, la que quedará documentada mediante un contrato; incluyendo también la posibilidad de contar con un periodo de gracia para comenzar a pagar el principal de la deuda.

Las tasas de interés de los créditos se formarán sumando un margen entre 0,25 por ciento y 2,5 por ciento a las tasas de interés de los depósitos a plazo fijo (desde tres meses hasta cinco años) en pesos cubanos, lo que implica que en la actualidad dichas tasas de interés podrán oscilar entre 2,5 por ciento y 9 por ciento según los propósitos del crédito, el plazo para su amortización, el análisis de riesgo realizado por el banco y la calidad del cliente (véase tabla 1).

Tabla 1. Tasas de interés activas para capital de trabajo e inversión

Meses

Límite inferior

Límite superior

3

2,50

3,50

6

3,00

4,00

12

4,50

5,50

24

5,50

7,50

36

6,50

8,50

60

7,00

9,00

Fuente: Elaboración propia a partir de la Circular No. 2-2012 del Banco Central de Cuba.

Un tema muy polémico en la Resolución lo constituyen, sin dudas, las garantías exigidas a los sujetos del crédito, pues parten del principio de cubrir el ciento por ciento del importe del principal más los intereses; y podrían ser las siguientes:

– Fiadores Solidarios: se exigen como mínimo dos fiadores solidarios a los que se les realizará el análisis de riesgo para definir con certeza la capacidad de pago que les permita asumir las obligaciones, en caso de impago del prestatario.

– Pignoración de saldos de cuentas de ahorro y depósitos a plazo fijo abiertos en la sucursal bancaria que lo atiende.

– Cesión de Certificados de depósitos a términos abiertos en algunos de los bancos comerciales.

Existe otro conjunto de garantías que en el futuro cercano serán consideradas por las entidades bancarias, pero hasta la fecha no se han creado los mecanismos económicos para su utilización. Entre esas garantías se encuentran: letras de cambio o pagarés avalados por una institución financiera, bienes muebles, e hipotecas de viviendas ubicadas en zonas de descanso o veraneo y solares yermos.

A grandes rasgos, estos son los aspectos principales del nuevo marco regulatorio que abre el mercado financiero para las nuevas formas de producción no estatales; se imponen entonces algunas reflexiones a la luz de las experiencias internacionales y de los resultados de la política, tras su implementación.

Algunas reflexiones e impacto de la política crediticia

Para comprender las particularidades de la política crediticia y financiera en Cuba, resulta oportuna una breve reflexión sobre si la introducción de mecanismos crediticios orientados a las formas de producción no estatales se ha basado en formas tradicionales de otorgamiento de créditos, o ha tomado la forma de microcréditos.En segundo lugar, aparece la cuestión de los objetivos que persigue como política la apertura crediticia y si estos incluyen el fomento de dinámicas de innovación en el sector no estatal, la generación de competencia y la consolidación de un tejido productivo nacional privado, compuesto fundamentalmente por pequeños emprendedores.

El microcrédito es una variante crediticia específica, orientada fundamentalmente a apoyar la proliferación de pequeños negocios o a mejorar su infraestructura. Entre sus características más notables están la reducida cuantía de los préstamos, la no exigencia de garantías tradicionales, tipos de interés relativamente elevados para cubrir los riesgos del prestamista y la participación de instituciones de préstamos especializadas. Para el caso cubano, el otorgamiento de créditos comparte los rasgos de montos pequeños acompañados de tasas de interés elevadas, y como beneficiarios más probables los negocios de pequeña escala. No obstante, hay otros aspectos que tipifican variantes de créditos más convencionales (exigencias de garantías para el total del préstamo e intereses, otorgado por instituciones bancarias tradicionales) y que restringen el acceso de los usuarios potenciales.

Si bien resulta lógico que la apertura crediticia busque fomentar el desarrollo de las nuevas formas no estatales, incluye restricciones que invalidan su aporte a la constitución de nuevos emprendimientos, pues se exige que el solicitante ofrezca no solo colaterales y fiadores solidarios, sino que el beneficiario sea un cuentapropista o agricultor activo que presente información detallada sobre la evolución reciente de su negocio y una proyección para el periodo de devolución del préstamo. Esto restringe el otorgamiento de créditos a propietarios establecidos, lo que margina hacia emprendimientos precarios a quienes comiencen un nuevo negocio y determina el uso de fuentes internas de financiamiento o el acceso a prestamistas informales.

Sin embargo, no solo los nuevos emprendedores o aquellos más pequeños entre los establecidos quedan excluidos del acceso a las nuevas fuentes de financiamiento. Si bien no se establecen límites superiores a las solicitudes de fondos, algunos aspectos hacen improbable que los negocios privados más sólidos intenten acceder a préstamos de gran envergadura. En primer lugar, montos cada vez mayores de crédito pueden complejizar el apoyo de fiadores solidarios; en segundo lugar está la amplia difusión del fenómeno de sub-declaración de utilidades al fisco, lo que sugiere un desincentivo a someter al escrutinio por parte de instituciones del gobierno los niveles de actividad e ingresos que demuestren la capacidad de honrar los compromisos en el futuro.

Por otra parte, tal y como está formulada, la política crediticia no favorece solo, explícitamente, a productores establecidos, sino que crea barreras a la entrada de nuevos competidores en las actividades autorizadas a las formas no estatales. De esta manera, las prohibiciones que durante años originaron comportamientos cuasi-monopólicos en varios sectores han encontrado continuidad, al menos de forma parcial.

Desde el punto de vista de la generación de innovación, en general la política crediticia orientada al sector no estatal sólo tendrá efectos positivos de rebote. No incluir los temas de innovación en el marco regulatorio relega, consciente o inconscientemente, las dinámicas innovadoras a incentivos a los que está sujeto el emprendedor. Si bien la propiedad y gestión no estatal generan comportamientos claramente maximizadores de utilidad, el contexto anteriormente descrito crea condiciones para la distorsión de su obtención a partir de prácticas avasalladoras que basan las cuotas de ganancia de los productores en el ejercicio constante de su poder de mercado y no en la introducción de nuevos conocimientos, prácticas o tecnologías.

Ahora bien, analizando los resultados del lanzamiento de la nueva política crediticia para las nuevas formas de producción no estatal, tras más de medio año de implementación, estos no parecen muy halagüeños. Si bien al cierre del primer semestre los bancos habían otorgado más de 47.000 créditos por valor de más de 300 millones pesos, 90 por ciento de estos estuvieron dirigidos a financiar acciones constructivas.

Con respecto al caso específico del Banco Metropolitano, encargado de promover la nueva política crediticia en la capital, hacia junio de 2012 solo había otorgado dos créditos (de siete solicitudes presentadas); en tanto el Banco de Crédito y Comercio había concedido tres préstamos hasta marzo, contrario a lo esperado, a partir de la buena acogida que en años anteriores tuvieron los créditos sociales para financiar el programa de ahorro energético y la gran demanda de créditos para financiar materiales de la construcción.

Al cierre de junio en la capital estaban inscritos 100.830 trabajadores por cuenta propia (lo que representa aproximadamente 25 por ciento del total de cuentapropistas del país), según datos de la ONAT provincial. De ellos, alrededor del 20 por ciento eran trabajadores contratados, por lo que los posibles demandantes de créditos ascendían a 82.568, cifra que demuestra de forma categórica la inefectividad y poco alcance que ha tenido hasta la fecha la nueva política crediticia.

Si los trabajadores por cuenta propia y los agricultores pequeños no vislumbran dichos créditos como una fuente de financiamiento segura para el desarrollo de sus actividades, la política seguirá siendo inefectiva y esto debe llamar la atención de las autoridades monetarias, que deberán analizar profundamente las causas del bajo número de solicitudes y de aprobaciones.

Al parecer, la complejidad asociada al proceso de solicitud de créditos y la percepción de difíciles condiciones de acceso tienden a reorientar la demanda de préstamos hacia fuentes internas e informales, tal como se mencionó anteriormente. Entre las primeras se encuentra la acumulación desarrollada por medios lícitos o ilícitos por un conjunto de individuos que aprovecharon posiciones privilegiadas durante la etapa previa a la expansión del trabajo por cuenta propia (las cuales conservan, en muchos casos); y como denominador común entre ambas fuentes, los flujos provenientes del exterior en forma de remesas o inversión enmascarada.

Comentarios finales

La expansión del trabajo por cuenta propia y por consiguiente la apertura de un grupo significativo de negocios, desde 2010 hasta la fecha, ha implicado la realización de numerosas inversiones a partir de determinados montos de capital, sin que las instituciones bancarias cubanas apenas intervinieran en este proceso. La escasa experiencia de estas para la promoción de servicios de crédito, producto de la poca o nula relación histórica con pequeños emprendedores e iniciativas privadas en general, constituye hoy su principal hándicap para cumplir el rol que se le ha otorgado en el nuevo modelo económico.

Esto representa un gran reto para el sector bancario, que deberá incorporar de forma inmediata algunas de las prácticas que internacionalmente se usan para llamar la atención del conjunto de formas no estatales que hoy interactúan en la economía cubana. Un mayor uso de las microfinanzas y una reorientación de la actual política crediticia hacia prácticas de microcréditos, a partir de la creación de instituciones especializadas, pueden ser algunas de las alternativas a explorar para estrechar las relaciones con los cuentapropistas y agricultores pequeños.

En este sentido, una opción complementaria para expandir el microcrédito pudiera ser la asociación entre la banca cubana y las agencias de cooperación internacional radicadas en el país, tratando de colocar de forma organizada, eficiente y flexible los fondos que estas últimas poseen en la promoción de las mejores prácticas no estatales de pequeña escala, pero con un alto impacto en el mercado interno.

Por otra parte, también será necesario estudiar el gran diapasón que conforman hoy las formas no estatales de producción, en aras de establecer una política crediticia más diferenciada en función del sujeto de crédito. En la actualidad, dicha política es muy homogénea y no toma en cuenta las particularidades que existen a lo interno del nuevo sector (negocios de menor o mayor tamaño; capacidad de brindar empleo; contratación o no de fuerza de trabajo; productores establecidos o que intentan irrumpir en el mercado; realizando actividades intensivas o no en conocimiento; condiciones precarias u óptimas), más allá del estrecho margen de tasas de interés que, de forma bilateral, pueden establecer los bancos en función del riesgo de la inversión.

La heterogeneidad interna del grupo no estatal, más la homogeneidad con que se ha concebido la política pueden determinar que se beneficien a lo interno, fundamentalmente, negocios de tamaño medio ya establecidos. De esta manera, quedarían excluidos de los beneficios del crédito estatal pequeños emprendedores que recién incursionan (o desean incursionar) en el mercado y productores privados cuyos negocios presenten los mayores volúmenes de actividad comparados con el resto. De mantenerse tal contexto, resulta razonable pensar que los niveles de acumulación en el sector se encontrarán por debajo de los requeridos.

El perfeccionamiento de la nueva política crediticia en el contexto trasformador del modelo económico debe ser una de las tareas prioritarias para el sistema bancario cubano, en aras de fortalecer las relaciones con las nuevas formas de producción no estatal y promover su expansión y desarrollo.Las debilidades de este nuevo marco regulatorio deben superarse para que la banca cubana recupere espacios vitales y se convierta en un agente orgánico dentro de la “actualización”, de forma tal que la apertura crediticia garantice la generación de dinámicas de innovación en el sector no estatal, el fomento de la competencia y la consolidación de un tejido productivo nacional privado, compuesto fundamentalmente por pequeños emprendedores. (2012)

Normas para comentar:

  • Los comentarios deben estar relacionados con el tema propuesto en el artículo.
  • Los comentarios deben basarse en el respeto a los criterios.
  • No se admitirán ofensas, frases vulgares ni palabras obscenas.
  • Nos reservamos el derecho de no publicar los comentarios que incumplan con las normas de este sitio.