Dos pasos hacia adelante y un paso atrás

En el nuevo Decreto Ley 300 sigue pendiente el cobro de un impuesto sobre el uso de la tierra.

Archivo IPS Cuba

Con la promulgación del Decreto Ley 300, que entrará en vigor el 9 de diciembre, cambian las regulaciones en la entrega en usufructo de tierras estatales ociosas, se resuelve el derecho a la vivienda y el factor hereditario.

El análisis y valoración del nuevo Decreto Ley 300 “Sobre la entrega de tierras estatales ociosas en usufructo” conlleva la necesaria referencia a los aspectos contenidos en los Decretos Leyes 259 y 282, derogados por dicho nuevo Decreto Ley.

La emisión del Decreto Ley 259, en julio de 2008, y el posterior Reglamento Decreto Ley 282, en agosto del propio año, constituyeron importantes pasos de avance para proceder a la distribución de las tierras ociosas e iniciar el camino de incrementos en la producción nacional de alimentos, sustitución de alimentos importados y generación de fondos exportables; aunque la entrega de tierra es una condición necesaria, pero no suficiente.

La emisión de ambos decretos logra esclarecer, más bien concretar, aspectos importantes que hasta el momento de su emisión se habían mantenido indefinidos, tales como:

-Enmarcan el periodo de tiempo bajo el cual se establecía el usufructo (en las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) y entregas de tierras a productores individuales, este aspecto no se había concretado). A la vez, inician la definición del término propiedad económica y propiedad jurídica[i].

-Dichos decretos recogen, de forma explícita, el cobro de un impuesto[ii] por la utilización de la tierra (algunos estudiosos del tema lo identifican y consideran un arriendo), a través del cual se reconoce la importancia del medio de producción que se está entregando y que debe ser conservado, e inclusive mejorado. De igual forma, conducen a una identificación y separación de la propiedad jurídica y la económica, esta última encaminada a favorecer la realización de la propiedad.

No obstante, el Decreto Ley 259 contempla algunos aspectos no debidamente esclarecidos y/o tomados en consideración,   entre ellos:

-El periodo de entrega de la tierra en usufructo a las personas naturales se establece por 10 años (aunque renovable), sin distinción por tipo de cultivo. No se tiene en cuenta que es desigual el tiempo que se requiere si la tierra es destinada a cultivos de ciclo corto, o para cultivos semi permanentes o permanentes, o por tipo de ganadería. De acuerdo a los tipos de cultivo o actividad ganadera se requerirá determinado grado de intensidad en las inversiones.

-Según el artículo 15, una vez finalizado el usufructo se procedería al pago de las bienhechurías adquiridas o constituidas, con excepción de la vivienda construida por el usufructuario. Ello podría conllevar que la persona usufructuaria invirtiera lo mínimo necesario y prácticamente impide que el productor agrícola se asiente, al ver su estancia como algo transitorio y no permanente. En realidad, el campo cubano requiere de una “recampesinización”; sin campesinos no hay garantía y estabilidad de una producción agrícola sostenida. El productor agrícola precisa de determinadas instalaciones donde guardar y conservar los aperos de labranza, animales, semillas, insumos, equipos, entre otros. La actividad agrícola no se puede abandonar ni es posible vivir distante del lugar donde se encuentra la tierra: quien produce necesita establecerse, vivir in sito. La actividad agrícola y pecuaria requiere presencia permanente.

-En el artículo 14, referido a la extinción del usufructo, se plantea en el inciso: “c) por incumplimiento continuado de la producción contratada, previo dictamen de los especialistas.” En realidad, este es un aspecto que debería resolverse en la aplicación del Reglamente (en el artículo 7 del Reglamento, inciso a, sólo se refiere “…y cumplir los contratos de entrega de productos). No obstante, encierra cierta preocupación; si bien es cierto que los productores deben contratar una proporción de su producción terminada para la venta al Estado (Acopio), con vistas a garantizar determinados niveles con destino al sector social, surge la interrogante: ¿que proporción deben vender? Si se mantienen las actuales condiciones, con compromisos de entrega que alcanzan y sobrepasan el 70 por ciento del total producido[iii], en la práctica esto se ha convertido en un factor de desestímulo para los productores, cuando en realidad Acopio debería acudir como un comprador más y pagar a precios de mercado, para con ello estimular al productor.

-La aprobación y entrega de tierras ociosas bajo el Decreto Ley 259 y el Reglamento 282 han estado impregnadas de un proceso burocrático y dilatorio, que solamente comenzó a agilizarse en el transcurso de 2009 y aún presenta dificultades:

1. Desde el instante en que la persona interesada presenta la solicitud de tierra al director municipal del Centro nacional del Control de la Tierra, este dispone, de oficio, de 30 días, cuando los límites se correspondan con la información gráfica y literal del catastro, y hasta 60 días cuando haga falta hacer mediciones en el terreno. Una vez concluida la formación del expediente, el director municipal del Centro Nacional de Control de la Tierra lo presenta al delegado municipal de la agricultura, en el término de tres días. Este dispone entonces de 30 días para analizar y aprobar o no el otorgamiento del usufructo solicitado. En resumen, deben transcurrir 63 días desde que se inicia la solicitud de tierra en usufructo hasta que, finalmente, sea aprobada y se emita, si todo transita normalmente y hay que hacer mediciones en el terreno; de lo contrario, el tiempo pudiera extenderse por 30 más, es decir 93 días.

2. En caso de reclamación por parte de la persona solicitante, ante una negación de otorgamiento del usufructo, el tiempo se extendería: en un término de 10 días más, el solicitante-reclamante deberá dirigir la reclamación al delegado provincial de la Agricultura, a través del delegado municipal de la agricultura, quien dispondrá de cinco días hábiles para hacer llegar la reclamación al delegado provincial de la Agricultura. Este último, en un término de 15 días, emitirá una notificación de aprobación o no, la cual será entregada al solicitante-reclamante en un término de cinco días, a través del director municipal del Centro Nacional de Control de la Tierra. En resumen, al proceso se añadirían 35 días por encima de los 63 o 93. En total, todo el proceso de solicitud de tierras pudiera extenderse hasta 98 o 128 días, de originarse una negación que dé lugar a una reclamación.

3. El Propio Reglamento 282 establecía una relación de documentos que deberían ser presentados, los cuales no facilitaban el proceso de implementación, sino que más bien lo dilataban. De acuerdo con el artículo 7, las personas naturales deberían cubrir una serie de requisitos expresados en modelos, certificados, avales para presentar y tramitar. A continuación se relacionan los documentos que, según el Reglamento, debían tramitar los solicitantes:

-Para los tenedores de ganado mayor, mostrar o acompañar Certificado del Registro pecuario.

-Para los poseedores de ganado lechero, también el Certificado del nivel de cumplimiento de los contratos de entrega de leche.

-Los poseedores de ganado menor: el informe sobre el número de animales que posee, especificado por categoría.

-Aval de la Cooperativa de Crédito y Servicios donde estén ubicadas las tierras.

-Modelo de solicitud, declaración jurada suscrita en el modelo oficial presentado por el solicitante.

-Certificación Catrastal expedida por la oficina Municipal de Hidrología y Geodesia. Este certificado debe pagarlo la persona solicitante.

-El director municipal del Centro Nacional de Control de la Tierra entrega al delegado municipal de la Agricultura el expediente de la solicitud. De este acto habrá que dejar constancia escrita.

-Resolución que emite el delegado municipal de la Agricultura si es aceptado o no la solicitud de usufructo.

-De no ser aceptado el usufructo, la persona solicitante puede acudir por escrito ante el delegado provincial.

-El solicitante-reclamante deberá adjuntar documento con la opinión del presidente municipal de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños.

-De igual forma, deberá adjuntar un documento con la opinión del representante municipal del Ministerio del Azúcar.

-El delegado provincial emite Resolución, si procede o no la reclamación.

-Firma del convenio sobre las relaciones y obligaciones entre el usufructuario y el delegado municipal.

En resumen, eran 9 los documentos que se requerían para el trámite de solicitud de tierras en usufructo, si la misma era aceptada. Serían 13, de iniciarse un proceso de apelación o reclamación por parte del solicitante.

El factor hereditario no se contemplaba en los Decretos Ley 259 y 282. Ello, ante determinadas razones de fallecimiento, impedimento físico u otro no posibilitaba la continuidad del usufructo a familiares y se convertía en un elemento más que no favorecía la estabilidad del productor agrícola.

El Decreto Ley 300 (octubre de 2012)

El Decreto Ley 300 soluciona dos de los cuatro aspectos antes señalados y no resueltos en los Decretos Leyes 259 y 282: una concepción modular en cuanto al periodo de tiempo de duración del usufructo; el no derecho a la vivienda; indefinición del compromiso de entrega al Estado, a través de Acopio; y el factor hereditario. Quedan resueltos el derecho a la vivienda y el factor hereditario, lo que significa dos pasos hacia adelante.

En el anexo 1 y 2 se logra un resumen y comparación de los pasos, documentos y tiempo por los cuales transita el solicitante, considerando las alternativas que ofrece el nuevo Decreto Ley (la solicitud simple, la solicitud para ampliar área y cuando se requiere la aprobación del delegado provincial de la Agricultura). Entre los aspectos no superados por el Decreto Ley 300 se encuentran:

-Hace extensiva la vinculación del usufructuario –además de las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS)– a la empresa estatal, las UBPC y las Cooperativas de Producción Agropecuarias (CPA).

-En el Articulo 7.1, al referirse a las personas que ya poseen tierras y se encuentran vinculadas a una empresa estatal, UBPC y CPA, establece la concesión de extender su área hasta 67.10 hectáreas, siempre que se encuentren cercanas hasta cinco kilómetros y condicionado a que el solicitante mantenga en plena producción las tierras que ya posee. De este apartado se encuentran excluidos quienes mantienen vinculación con una CCS.

-Para las personas naturales se mantiene el periodo de tiempo de 10 años para el usufructo (aunque prorrogable, ver articulo 8.1), sin tomar en consideración las condiciones biológicas naturales de los diferentes cultivos y ganaderías.

-El Articulo 9.1 admite la entrega de tierras a personas naturales vinculadas laboralmente con entidades u otras formas de empleo, pero condicionada que las puedan trabajar y administrar de forma personal y directa.

-El Artículo 10 establece que las personas naturales vinculadas con granjas estatales, UBPC, CPA y CCS podrán adquirir insumos agropecuarios, recibir servicios y comercializar sus producciones, a través de dicha entidades. Esto condiciona la autonomía del productor de poder decidir por sí mismos adquirir los insumos y servicios en un mercado de insumos y medios de producción para los productores, así como poder comercializar directamente sus producciones. Este aspecto no favorece la realización de la propiedad.

-Se introduce la posibilidad de la integración, en el Artículo 11, a una granja estatal, UBPC y CPA, pero el productor cede el derecho del usufructo a la entidad a la cual se integra.

-Mantiene -y por lo tanto no resuelve- en el artículo 12.l, que ante el incumplimiento de las obligaciones suscritas para comercializar los productos (aquí surgen de nuevo las interrogantes ¿qué magnitud?, ¿en qué proporción? y ¿sobre cuáles productos?), sería derogado el usufructo.

-En el artículo 19 del Reglamento se reitera lo planteado en el artículo 10: “La persona natural usufructuaria firma los contratos, (…) con la entidad que se vincula, para adquirir insumos agropecuarios, recibir servicios y comercializar sus producciones”… Esto atenta contra la autonomía del productor usufructuario; en realidad debería presentarse como una opción, no como una condición.

-En el artículo 34 del Reglamento se establece la posibilidad de herencia.

-Llama la atención que en el Decreto Ley 300 no aparece la referencia al cobro de un impuesto sobre el uso de la tierra, que en los Decretos 259, en artículo 5, y en el Reglamento 282. artículo 25, inciso b, se manifestaba de forma explícita. En realidad, el término usufructo es el derecho a usar, sin pago, algo que pertenece a otro; cuando se establece el cobro del impuesto por el uso de algo que no le pertenece, en realidad se convierte en un arriendo. Esto se manifestaba como una especie de contradicción en los dos decretos leyes derogados. No obstante, este elemento sentaba las bases para el cobro del arriendo, encaminado hacia la definición de la propiedad jurídica de la propiedad económica, en busca de la realización de la propiedad. Esto se hubiera resuelto con establecer la palabra arriendo y, por supuesto, las tierras entregadas no podrían serlo sobre la base del usufructo, sino del arriendo. Esta decisión es considerada como un paso hacia atrás.

-En los Decretos derogados solo se acudía al delegado provincial de la Agricultura por apelaciones ante denegación del usufructo; ahora se incorpora este elemento ante situaciones que se detallan en el artículo 10.2 del Reglamento contenido en el Decreto Ley 300, entre ellas las solicitudes para vincularse a una CCS y las solicitudes de tierras por parte de las CCS.

    El actual Decreto Ley Vigente (300), al no considerar el cobro del impuesto sobre el uso de la tierra, favorece un mayor grado de incertidumbre en los productores colectivos e individuales, alejándolos del sentido y derecho de pertenencia. Orientar la solución del problema con la aplicación del arrendamiento, estableciendo derechos y deberes tanto para el arrendador como para el arrendatario, parece el camino adecuado en busca de la definición de los términos de propiedad jurídica y propiedad económica (propiciando el derecho de propiedad en toda su extensión, decisiones y resultados). Unido a otros aspectos señalados y relativos a la autonomía del productor, esto ayudaría a resolver la realización plena de la propiedad y el desarrollo de las fuerzas productivas.

    El aspecto de la propiedad no es atribuible, exclusivamente, al hecho de poseer o no el título de propiedad; es decir, el concepto de realización de la propiedad va más allá del simple hecho de poseer el titulo de propiedad, es mucho más abarcador, considera que el individuo o el colectivo pueda tomar sus propias decisiones, en cuanto a: cómo combinar eficientemente los factores productivos; qué estructura de producción debe lograr, a quién destinar o vender la producción; los precios que debe recibir por sus productos; dónde comprar los insumos productivos y el equipamiento, a partir de sus resultados, sobre una base de precios, en correspondencia con los precios y los ingresos obtenidos por la venta de su producción; y, finalmente, una vez deducidos sus compromisos financieros, disponer de sus resultados económicos. En este proceso, el productor o los productores deben conciliar el interés social con el de los productores, teniendo presente la existencia real y objetiva del mercado.

    La implementación del arrendamiento (el cobro de impuestos por el uso productivo de la tierra quizás no sea lo más apropiado: en la etapa de despegue el productor, escaso de recurso,  quizá requiera un periodo de gracia) garantiza la tenencia de la propiedad de la tierra en manos del Estado y, a la vez, ayudaría a esclarecer, como ya se ha señalado, la indefinición entre la relación de propiedad jurídica y propiedad económica.

    La entrega de la tierra es una condición necesaria, pero no suficiente. Se requiere de otras medidas y transformaciones del entorno para facilitar el cierre exitoso del ciclo productivo, a través de la producción-distribución-cambio-consumo, bajo un enfoque sistémico.

    Consideraciones finales

    El Decreto Ley 300 resuelve el derecho a la vivienda y la herencia, dos de los cuatro aspectos contenidos en los decretos ley 259 y 282 que encerraban cierta incertidumbre a los beneficiados por las entregas de tierras ociosas; lo que permite señalar que se han dado dos pasos hacia adelante.

    El nuevo Decreto vigente, al hacer extensiva la posibilidad de vincularse, además de las CCS, a otras entidades productivas, ofrece mayores opciones.

    Excluye a los vinculados a una CCS de optar por un área superior a las 13.42 hectáreas hasta las 67.1 hectáreas. Acepta la entrega de tierras a personas naturales vinculadas laboralmente con entidades u otras formas de empleo, pero bajo la condición de que la trabaje directamente por la persona beneficiada.

    Se suman nuevos pasos en el proceso de otorgamiento de tierras, particularmente aquellas que estarían vinculadas a las CCS, las que tienen que se aprobadas por el delegado povincial de la Agricultura. A este nivel solo se acudía en los decretos derogados cuando se registraba una apelación por la denegación del beneficio de entrega de tierras.

    Se mantiene  que los productores beneficiados por la entrega de tierras tienen que comprar los insumos productivos, medios de producción y comercialización a través de la entidad económica a la cual se encuentran vinculados. Esto condiciona la autonomía de los beneficiados y no facilita la realización de la propiedad.

    Como alternativa, se refleja el hecho de la integración a una granja estatal, UBPC y CPA, pero el productor tiene que ceder el derecho del usufructo a la entidad a la cual se integra.

    El Decreto ley 300 mantiene, de forma modular, el periodo de entrega a los beneficiados por 10 años, aunque renovables; pero no entra a considerar los factores biológicos naturales que se manifiestan como leyes en el sector agropecuario y que, por lo general, prolongan el periodo de recuperación de las inversiones en dicho sector. Esto es considerado como un aspecto no resuelto.

    Se mantiene la condicionante de retirar el beneficio del uso de la tierra entregada, ante el incumplimiento de las obligaciones suscritas para comercializar los productos (el segundo aspecto no resuelto). A través de los años esto se ha convertido en una limitante a los productores, dado los elevados compromisos de ventas al Estado (por encima del 70%), por medio de Acopio estatal. No favorece la autonomía y los beneficios a los productores, ante la ineficiencia de Acopio estatal y el pago de precios bajos en relación con los del mercado libre, por lo que no facilita la realización de la propiedad.

    En el Decreto Ley 300 se elimina la referencia al cobro de un impuesto sobre el uso de la tierra, un aspecto importante que trazaba un camino hacia la implementación del arriendo, lo que permitiría definir derechos y deberes entre las partes, delimitar la propiedad jurídica y la propiedad económica, y contribuir de forma significativa a la realización de la propiedad. Esto es considerado como un paso hacia atrás y como un asunto no resuelto.

    Igualmente queda sin solución lo referido al arriendo y la renta diferencial del suelo, que son elementos que deben incorporarse al análisis y valoración del tema agrario cubano. De acuerdo con las comparaciones anexo 1 y 2, no se registran mejoras en el procedimiento, tiempo y en la tramitación de los documentos se reduce tan solo uno; es incorporado un nuevo paso o nivel en la aprobación de las tierras a entregar, vinculadas a las CCS.

    Materiales consultados:

    Gaceta Oficial de Cuba, Decreto Ley 259, sobre las entregas de tierras ociosas, julio 2008 Ciudad de La Habana

    Gaceta Oficial de Cuba, Decreto Ley 282 Reglamento Agosto 2008 ISSN 1682 7511, agosto 2008Ciudad de La Habana

    Gaceta Oficial de Cuba, no. 45, Decreto Ley 300 22 de octubre 2012

    Armando Nova: “La agricultura en Cuba: evolución y trayectoria 1959-2005”, Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 2006.


    Anexo 1: Solicitud de tierras nuevo decreto Ley 300

    Días solicitud que no implica incremento de área

    Días solicitud por   incremento de área

    Días cuando se requiere aprobación del delegado provincial de la Agricultura

    No. de Documentos

    Pasos y documentos a presentar

     

     

     

    1

    1

    Escrito de solicitud (posible usufructuario), acompañado de:

    -Documento de la máxima autoridad de la granja estatal, UBPC Y CPA a la que estén vinculados, que acredite la situación productiva de las tierras que posee y el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales.

    -Que la persona natural cumpla con los requisitos señalados en el Capitulo III 2.b del Reglamento sobre sus condiciones físicas y mentales, para poner en producción las tierras solicitadas y observar una conducta moral y social acorde con los principios de nuestra sociedad (Verificación).

     

    3

    3

     

    -El director municipal del Centro de Nacional de Tierra (CMNT), para comprobar la ubicación de las tierras.

     

    30

     

     

    Un funcionario del CMNT para hacer las verificaciones.

    60

    60

    60

    1

    El Director del CMNT requiere de la certificación catastral de la tierra solicitada, emitida por la oficina Municipal de Hidrografía y Geodesia.

    10

    10

    10

    1

    Documento expedido por la Dirección Provincial de Suelo (aptitud de los suelos) y certificado de ordenamiento territorial dirección municipal del IPF.

    3

    3

    3

    1

    Expediente presenta el director municipal del CMNT al delegado municipal de la Agricultura.

    20

    20

    20

    1

    El delegado municipal de la Agricultura aprueba o deniega.

     

     

    30

     

    En los casos registrados en el articulo 10.a del Reglamento, que requieren aprobación del   delegado provincial de la Agricultura. Dentro de ello la vinculación a una CCS.

    3

    3

     

    1

    El delegado municipal de la Agricultura notifica la aprobación o deniega el usufructo de lo que encuentra a su alcance.

     

     

    5

    1

    Se emite la aprobación o denegación por parte del delegado provincial de la Agricultura.

    99

    129

    131

    8

    TOTAL

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    *Sí se requiere hacer mediciones en el terreno, de lo contrario serían 63 días.

    Se apelaba al delegado provincial de la Agricultura en caso de negación del usufructo.

    Fuente: Elaborado por el autor a partir de los Decretos leyes 259 y 282 y el nuevo Decreto Ley 300

    Anexo 2: Comparación Decreto Ley 259-282 y Decreto Ley 300

    Decreto Ley

    Días solicitud que no implica incremento de área

    Días solicitud por   incremento de área

    Días cuando se requiere aprobación del Delegado Provincial de la Agricultura

    Cantidad

    Documentos

    259-282

    93*

    9

    300

    99

    129

    131

    8

     

     

     

     

    Fuente: Elaborado por el autor a partir de los Decretos 259 y 282 y el Nuevo Decreto Ley 300.



    Notas:

    [i] La tierra continúa siendo propiedad del Estado.

    [ii] Aparece en el Articulo 5, en el Articulo 25 del Decreto Ley 282 y en el anexo único Convenio punto 11b

    [iii] Ver Armando Nova: “La agricultura en Cuba: evolución y trayectoria 1959-2005”, Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 2006.

     

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