Economía solidaria: retos y perspectivas para el desarrollo de la sociedad cubana

La economía solidaria puede ser un pilar importante en la modificación constructiva del contexto cubano actual y ayudaría a crear las bases de una ciudadanía liberadora, que aporte al bien común y a una sociedad de desarrollo equitativo.

Las experiencias cooperativas en Cuba han estado marcadas fuertemente, en décadas anteriores, por la visión de un socialismo estado-céntrico vigente, en el que estas cooperativas (ídem a koljoses soviéticos) deberían dar paso a empresas de mayor control estatal; o sea, granjas estatales (sovjoses en la terminología del socialismo “real”) que ya constituirían plenamente “propiedad de todo el pueblo”. Ello contribuyó a que las cooperativas agrícolas existentes confrontaran múltiples problemas, entre los cuales se encontraba, principalmente, el de la autonomía de su gestión económica y social, según los estudiosos del tema.

En nuestros campos, desde la mirada del modelo “soviético”, la realidad obligó a ciertas descentralizaciones de las empresas agrícolas estatales en algunos sectores (creación de mixturas estatal–cooperativas llamadas UBPC, por ejemplo), con las mismas o mayores dificultades que las cooperativas agrícolas (CPA, cooperativas de producción agropecuarias,  propiamente dichas).

Mientras, en América Latina, Europa y otras regiones del mundo, la proliferación de cooperativas ha sido una constante progresiva como vía de reducción de la dependencia de las grandes empresas capitalistas o de mitigación de los efectos de desempleo y marginación de sectores importantes de la sociedad.

A partir de aquí ha ido surgiendo una concepción que, en algunos países (caso muy destacado de Brasil) ha generado elaboraciones teóricas y una práctica extensiva de las cooperativas y otros modos de asociación productiva–social, que se ha ido construyendo en torno al concepto más amplio de economía solidaria.

Vale decir que este término no se ha puesto al uso en nuestro país, quizás por el hecho de que la propiedad estatal, ampliamente predominante con el triunfo revolucionario, quedó signada, automáticamente (y por una interpretación sesgada, a mi juicio, de los conceptos de Estado y propiedad social, de procedencia soviética)  como “propiedad de todo el pueblo”, beneficiario de sus resultados productivos mediante los programas sociales de la Revolución y la redistribución centralizada de los ingresos nacionales.

Concepciones que dieron lugar al protagonismo estatal en la esfera de decisiones, sin participación popular, mediadas estas por capas de la burocracia que dieron al traste con la competitividad y eficiencia de la economía estatal, así como con la pérdida del sentido de pertenencia social de la actividad laboral.

El término economía solidaria, en cambio ––aún en condiciones difíciles de predominio de la economía transnacional y neoliberal––, se ha ido imponiendo como un proyecto ético-político de nuevo tipo, caracterizado por relaciones equitativas, solidarias, democráticas y de autonomía (autogobierno empresarial y comunitario), que agrupa distintas formas asociativas (cooperativas, redes productivas familiares y de consumidores, etc.), vinculadas muchas de ellas a las comunidades de origen a las que favorecen con acciones de mejoramiento social y humano.

Algunas dificultades en el funcionamiento de las formas de economía solidaria

No todo es color de rosa; las viejas formas de relación autoritarias, de explotación, paternalistas, etc., unidas a intereses individualistas y énfasis en la ganancia propia, entre otros factores, determinan que esas formas de economía solidaria, en ocasiones, pasen a ser funcionalmente dependientes de la gran economía capitalista predominante; son subsumidas por ella.

De ahí la importancia en los valores ético-políticos señalados como esenciales en esas formas de producción y de vida social como una nueva alternativa de convivencia y práctica social solidaria.

En nuestro país, con los Lineamientos para la actualización del modelo económico, en los últimos años, se ha abierto una brecha con la potenciación de cooperativas no agropecuarias y formas de trabajo privadas (denominadas “cuentapropismo”), que emergen como un complemento de la economía estatal…y un reto importante para esta, ya sea en su forma actual como en las previsiones de la reforma.

Sin embargo, y por causa de la limitación ––no siempre fructífera–– de las cooperativas cubanas en el sector agropecuario durante muchos años y la falta de programas de difusión y promoción, habría que pensar que no tenemos una cultura de valores cooperativos encarnada en nuestro tejido social, lo que dificulta la puesta en práctica de modos de funcionamiento social y económico muy diferentes a la economía de ordeno y mando que predomina en el sector estatal, pero que deja sus marcas en las rutinas y prácticas cotidianas de quienes trabajan y dirigen en esos ámbitos.

Por otro lado, con las hasta ahora cientos de cooperativas urbanas aprobadas, mayoritariamente surgidas de la disolución forzosa de empresas estatales ineficientes ––con lo que el Estado se quita un gran peso económico de encima–– se traslada la responsabilidad de eficiencia productiva a los nuevos trabajadores “cooperativos” (cuya única opción es pasar al estatuto de “disponibilidad”; o sea, a corto plazo quedar sin empleo…o “voluntariamente” integrar la nueva cooperativa).

De igual manera, el surgimiento de un grupo de ocupaciones autorizadas para el trabajo por cuenta propia ha estado ––supuestamente–– descargando al aparato productivo estatal (unos 500.000 trabajadores por cuenta propia hasta el presente); aunque, en realidad, por una parte, son minoría los trabajadores procedentes de empresas estatales disueltas o reducidas en plantillas y, por otra, la proliferación de estos nuevos empleos privados (a veces microempresas, negocios familiares y pequeñas o hasta medianas empresas) no ha tenido en cuenta la generación de valores solidarios comunitarios , como parte de la política social.

Las propias cooperativas urbanas, en dependencia de su liderazgo y valores sociales asumidos, realizan solo muy puntualmente acciones de integración social, cultural y productiva con las comunidades de su entorno.

En algunas cooperativas visitadas se ha mostrado la vigencia de patrones de relación similares a los de dirigente-dirigidos, propios de las empresas estatales, mientras se observa en algunos emprendimientos privados la preeminencia de la relación patrón-trabajador, con escasos medios de protección y defensa de los derechos de estos últimos, aún con ventajas de seguridad social, etc.

La pretensión de sindicalización de los trabajadores por cuenta propia, que incluye, de un lado, su pertenencia a sindicatos que operan en el sector estatal del mismo sector productivo (cuya naturaleza es diferente, además de su ineficiencia real) y, de otro, la pretendida relación de igualdad laboral del patrón y el trabajador (con la única diferencia nominal de titular y contratado, según el caso), constituye otro de los contrasentidos de esta medida de liberalización económica que yo llamaría precipitada y mal concebida, socialmente.

Esto no quita la necesidad de constituir una sociedad que muchos especialistas y estudiosos denominan “multiactoral”. Lo que considero que falta es un cemento aglutinador que la haga funcionar de manera articulada y para el logro de un beneficio social de todos. En este sentido, la fragmentación se ha impuesto sobre la necesidad de integración en redes, asociaciones productivas y sociales, etc. que puedan fundar un sentido colectivo de identidad definida y de aportación social más constructiva.

La propia concepción cooperativista al uso prevé la integración, “enredamiento” de cooperativas de primer, segundo y tercer orden, e inclusive en federaciones cooperativas, lo que no estaría excluyendo otras formas de economía solidaria (cooperativas comunales, trabajadores cuentapropistas propiamente, pequeñas y medianas empresas familiares, arrendamientos, asociaciones de consumo y crédito o de construcción de viviendas, reciclaje de materiales, etc.).

Otro aspecto de estas redes sociales y productivas estaría en la puesta en juego de relaciones entre diferentes formas de gestión y propiedad (cooperativa, estatal, privada, mixta, etc.), así como en el orden social, al vincularse con las organizaciones sociales y de gobierno local para su colaboración con los posibles planes de desarrollo integral local, involucrarse en la implementación de presupuestos participativos, etc.

Sin embargo, no se puede obviar que la experiencia internacional ha mostrado las dificultades del crecimiento de las cooperativas de segundo y tercer orden que constituyen, en algunos casos, corporaciones gigantes, como el caso Mondragón en España, o la Banca cooperativa de Crédito (Uruguay, Argentina, etc.), que al crear grandes estructuras dispersas en diversos lugares hace difícil la ejecución del principio democrático en la toma de decisiones y su control, y puede dar lugar al aislamiento de las direcciones corporativas de las bases originales. Esta es una cuestión a debate actual que requiere la búsqueda de mecanismos alternativos a los existentes para no desvirtuar los principios solidarios de los que parten.

Por si este panorama actual no presentara suficientes desafíos a la construcción de una sociedad de “progreso y sustentable” (como oficialmente se proclama en el país), la declarada preeminencia de la empresa estatal “socialista” en los Lineamientos pone en solfa, con gran cuota de incertidumbre, la efectividad y sociabilidad posibles de su reforma. Téngase en cuenta que en los Lineamientos el tema de la participación de los colectivos de trabajadores no aparece en el esquema descentralizador abordado, lo que debería ser el centro de la opción socialista.

De manera que el tema central de la autogestión de los emprendimientos (estatales y no estatales), en sus formas puramente autogestionadas, co–gestionadas, mixtas, etc. no está sobre la mesa, en tanto es una posibilidad real para los emprendimientos cooperativos y micro–medianas empresas privadas, comunales, locales, etc.

La autogestión como alternativa múltiple del nuevo proyecto ético––político

El avance hacia una nueva sociedad socialista de nuevo tipo, de acuerdo con nuestras tradiciones humanistas de pensamiento, que responda tanto a fundamentos esenciales de los clásicos marxistas como a la realidad inclusiva y múltiple del presente, debería poner en juego crítico principios del pensamiento universal de forma creativa. Tal es el caso de los casi desconocidos razonamientos de Marx y Engels acerca de que el trabajo cooperado y libre sería la base del futuro socialismo, mediante fórmulas de articulación generales; o de Lenin, cuando planteaba que en las cooperativas radicaba el futuro de esa sociedad (“el socialismo es la sociedad de los cooperativistas cultos”).

La base del principio humanista–socialista está en el concepto de autogestión, entendido no en el estrecho sentido de autogestión financiera ––ensayado en diferentes momentos de la “construcción socialista”––, sino que tiene una connotación económica más amplia (capacidad de generar relaciones y recursos de manera independiente y articulada) y también social y política, para lo cual los principios cooperativistas de democracia interna, autonomía en contexto asociativo, solidaridad interna y comunitaria, redes sociales productivas y culturales, etc. (extensibles a todas las formas de economía solidaria) podrían ser aplicables a todas las variedades de gestión que se asimilen en los procesos de propiedad mixta y estatal.

En el sector estatal podrían ser posibles formas de arriendo, autogestión y co-gestión, de acuerdo a la magnitud e importancia estratégica de los medios de producción, bajo los mismos principios de la economía solidaria; igualmente, en la mediana y gran empresa privada (nacional o extranjera, mixta, etc.), la relación capital-trabajo podría orientarse hacia los principios de redistribución de las ganancias entre ambos (sobre la base de cuotas consensuadas entre propietarios y trabajadores) y la participación en la toma de decisiones estratégicas concertada entre ambas partes (algo que ocurre, incluso, en algunas de las grandes empresas capitalistas del presente).

El principio de responsabilidad social, asumido en la constitución de las cooperativas (e igualmente aplicado con diversos fines en muchas empresas capitalistas, por razones filantrópicas o de descuento de impuestos) es hoy de irrecusable generalización para el aporte a las comunidades, territorios y a la sociedad en general.

Por otro lado, el principio de autogestión aplicado a la economía, bajo las premisas señaladas, evitaría en gran medida, tanto el autoritarismo estatal ––desproveyendo a la burocracia como sistema de gobierno dictatorial–– a través de la participación plena de los trabajadores en la elaboración, toma y control de las decisiones económicas ––no solo de sus empresas––, como a la tradicional función de explotación del trabajo de la empresa capitalista, dando entrada creadora a principios liberales sobre la propiedad privada y la autonomía, por ejemplo, reasumidos de forma más solidaria y equitativa.

Pero la autogestión es también un concepto socio-político, no solo limitado al autogobierno de las cooperativas y empresas de otro tipo que lo asuman en sus relaciones internas y en relación con los aspectos productivos y su articulación comunitaria, básicamente.

La autogestión deviene principio constitutivo de la sociedad socialista de nuevo tipo. Es la base del autogobierno popular (no exento de formas asociativas diversas de grupos de pensamiento político, profesional, etc.).

Vale decir que las nuevas formas de economía solidaria, en conjunción con los mecanismos de gobierno social (consejos populares renovados, organizaciones públicas y otras de la sociedad civil), podrían infundir sus principios de funcionamiento al ámbito de las prácticas participativas comunitarias, territoriales y de nación, por medio de mecanismos jurídicos apropiados a un Estado de derecho ciudadano que juristas cubanos como Julio César Guanche y Julio Fernández Estrada han denominado “Republicanismo Socialista.”

Institucionalidad de la economía solidaria como factor clave del desarrollo social

Otros de los temas candentes de la economía solidaria como proyecto ético-político son el de su institucionalidad, de una parte, y el de su participación en los temas de las agendas sociales de gobierno, por otro.

En el primer caso, es común en varios países de América Latina (Argentina, Uruguay, Brasil, por ejemplo) la institucionalización del sector de economía solidaria, de manera que se encuentra representado en organismos de gobierno con asociados de movimientos sociales y religiosos, economía pública y privada, ONG´s  (Organizaciones NO gubernamentales) universidades, centros de investigación, etc., constituyendo una gran trama social de apoyo, promoción y formación-asesoramiento a los emprendimientos solidarios.

Ello constituye una opción imprescindible para el fortalecimiento de este tipo de economía social, dado que la provee de apoyos en recursos financieros, préstamos, capacitación, espacios de exposición y ventas, espacios de reuniones y asociativos para fortalecer sus redes, etc.

Es destacado el caso de Brasil, donde se incluye una Secretaría de Economía Solidaria a nivel federal y estadual, con ramificaciones y “parcerías” (coauspicios con diferentes actores sociales, como los mencionados).

Esto no ha surgido de la nada, ni solo de una voluntad política gubernamental (muy importante), sino también de las elaboraciones de destacados teóricos como Paul Singer, Coraggio y otros, que han aportado desde sus conceptos y vínculos con las prácticas cooperativas y de otras formas solidarias, importantes teorías y guías conceptuales en este campo, llegando a influir en el pensamiento de izquierda con acceso y receptividad de los gobiernos actuales.

Precisamente, otro de los aspectos de interés es la forma auto-organizada en que se han desplegado estos emprendimientos solidarios desde experiencias particulares de esos países; como casos relevantes está la toma de fábricas abandonadas por sus propietarios y conversión en cooperativas, con apoyos comunales y de otros sectores poblacionales y sindicales, etc.

En opinión de los autores mencionados, esto ha propiciado el surgimiento de una “nueva cooperativización” ––por oposición a las cooperativas que pasaron a ser dependientes del sector capitalista transnacional––, marcada por su conjunción con movimientos sociales progresistas, lo que acentúa su carácter de potenciación de proyecto ético-político de nuevo orden.

De esta manera, el “enredamiento” de estas formas de economía solidaria (como conformación de redes sociales que articulan con diferentes campos de la sociedad, no solo económicos), presenta una opción de construcción de nueva sociedad participativa y liberadora.

En su tiempo, Marx preveía que en el capitalismo se estaban gestando ––en las grandes corporaciones–– las formas socialistas de cooperación que harían una ruptura entre las formas socializadas del trabajo y su apropiación individual, dando al traste, finalmente, con la explotación capitalista. El tiempo mostró que esa formación económico-social dispondría de reservas de atracción de una parte importante de la clase trabajadora, para ser subsumida en sus esquemas seductores de sometimiento hegemónico.

La experiencia del “socialismo real”, por el contrario, al universalizar la denominada “propiedad social” bajo la forma de hegemonía estatal no participativa, igualmente resultó contradictoria con los principios socialistas.

Hoy, la extensión de la economía solidaria en los países en desarrollo ––e inclusive en los desarrollados–– presenta algunas formas de relación social que pueden ser detonadores de las relaciones de exclusión social y fomentar otras de inclusión y solidaridad.

En Cuba, las nuevas formas de economía solidaria bien orientadas pueden ser la solución ––ansiada y esperada–– a la inoperante y alienante forma de trabajo en empresas estatales que responden a normativas y mando del gobierno central, frecuentemente divorciados de los intereses de los colectivos, comunidades y territorios, dejando poco espacio a la generación de identidades colectivas y creatividad productiva y social.

Subjetividades-prácticas sociales limitantes y potenciadoras de las formas de economía solidaria en Cuba

Junto a las limitaciones institucionales y conceptuales en Cuba en estos momentos, ya mencionadas (carácter centralizador del Estado, conceptualización limitada de las formas no estatales, falta de mecanismos participativos y de una cultura cooperativa, etc.), no se puede obviar el contexto general en que surgen estas formas económicas con potencialidad solidaria, caracterizado por 50 años de bloqueo económico de Estados Unidos, fuerte enfrentamiento de posiciones, ineficiencia de la empresa estatal y crisis económica (mundial, pero también nacional, con sus causas propias), desgaste institucional y de las organizaciones sociales en inercia, pese a los cambios de época, situaciones y expectativas de la población, lo que ocurre en medio de un conjunto grande de necesidades no resueltas y otros problemas. Baste mencionar el déficit y deterioro del fondo habitacional del país, la situación de vida familiar, con gran porcentaje de familias disfuncionales, situaciones de desigualdad agravadas por la crisis en sectores poblacionales vulnerables, proliferación de la expectativa y realidad de la migración como solución a los problemas individuales y familiares (sobre todo en la juventud), envejecimiento acelerado de la población, crecimiento de la “indisciplina social” (drogas, prostitución, violencia social, corrupción, mercado negro, etc.) en sectores poblacionales deprimidos, cierta frustración de las expectativas que levantó el nuevo modelo de actualización de la economía ––aún con sus insuficiencias posibles––, generación de valores individualistas a mayor escala con la ampliación del “cuentapropismo” como solución personal o grupal no solidaria, extensión de la mentalidad de sobrevivencia a toda costa y de la doble moral como expresión de contraste entre la impronta de la realidad y la apariencia debida, etc.

Esto plantea un problema social complejo y de lenta y difícil reconversión, pero en el cual el papel de una emergente y poderosa concepción de economía solidaria, extendida en toda la dimensión de la producción y reproducción social, podría tener un efecto de gran envergadura.

En un sentido positivo, no es menos cierto que la Revolución proclamó y realizó acciones promotoras de valores humanistas y solidarios en diferentes campos de la vida social, desde la educación, la salud, las misiones internacionalistas, etc., que han generado una base de constitución de valores solidarios que pueden ser una fuente contribuyente a la potenciación de fórmulas de convivencia colectiva y económica afines a los valores de la economía solidaria. La prédica de algunas instituciones religiosas también posee una base social que  facilita la ayuda mutua, el bien común, la acción fraternal que se encuentra entre nuestras tradiciones positivas.

El problema de los valores solidarios (que implican interés por el otro, disposición de ayuda mutua, colaboración desinteresada por el bien común, trato igual y sensible, no discriminación, fraternidad y amor, etc.) y su congruencia con las prácticas sociales cotidianas pasa entonces, no solo por su proclamación desde el deber ser, sino también, por la creación de condiciones de vida favorables a la dignidad humana, al progreso económico-social y a la institucionalidad de formas de relación que favorezcan la autonomía de las personas y las colectividades en la mayor armonía posible con las acciones y políticas macro-sociales, basadas en el autogobierno y participación comunitaria y social desde fórmulas representativas y protagónicas eficientes.

La economía solidaria, como proyecto ético-político puede ser un pilar importante en la modificación constructiva de nuestro contexto actual y ayudar a crear las bases de una ciudadanía liberadora, que aporte al bien común y a una sociedad de desarrollo equitativo que recupere, a un nuevo nivel, los valores progresistas y socialistas de la humanidad. (2014).

Normas para comentar:

  • Los comentarios deben estar relacionados con el tema propuesto en el artículo.
  • Los comentarios deben basarse en el respeto a los criterios.
  • No se admitirán ofensas, frases vulgares ni palabras obscenas.
  • Nos reservamos el derecho de no publicar los comentarios que incumplan con las normas de este sitio.