Empleo y nuevo código laboral

Las actuales condiciones laborales referidas en el nuevo Código del Trabajo solo serán oportunidades reales para las personas si se articulan con otras políticas que deben acompañar la implementación de esa norma laboral.

Foto: Jorge Luis Baños_IPS

 

Las políticas activas y promotoras de innovación deben orientarse a ambos sectores, el estatal y el no estatal, como ámbitos económicos dinámicos e innovadores. Igualmente deben enfocarse en el óptimo aprovechamiento de la calificación de la población cubana, en tres direcciones básicas: incrementar la remuneración en un segmento de excelencia vinculado a objetivos estratégicos, ampliar la diferenciación salarial con mayor énfasis en complejidad y resultados del trabajo; flexibilizar mecanismos laborales en el sector estatal y otras formas de propiedad.

La economía cubana recibió la crisis internacional con una situación macroeconómica débil, como resultado de la acumulación de un conjunto de desequilibrios internos y externos. Se espera que el actual año 2016 continúe la tendencia estructural a la desaceleración del PIB.

En la última sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, celebrada el pasado mes de julio, se dieron a conocer algunos resultados macroeconómicos sobre el desempeño de la economía cubana durante el primer semestre del presente año. Allí se informó que se produjo una desaceleración superior a la esperada y, como consecuencia, la economía creció uno por ciento en los primeros seis meses de este año, por lo que se espera una reducción significativa  en el PIB para 2016,  con afectaciones no planificadas para 2017.

Tal como se señaló, las tensiones financieras a las que está sometida la economía cubana están motivadas por la caída de los ingresos por exportaciones y limitaciones en los aseguramientos de combustible. Como se ha anunciado, el país enfrentará restricciones en el segundo semestre y para ello se presentaron un conjunto de medidas emergentes.

Siempre que se anuncian ajustes de esta naturaleza se piensa en uno de los temas más sensibles para la población: la capacidad adquisitiva del salario y las implicaciones de la situación económica actual en el nivel de vida de los trabajadores.

El problema hoy día es que, pese al conjunto de medidas implementadas a favor de los trabajadores, los ingresos reales del sector estatal no han logrado recuperarse y el poder adquisitivo de los salarios estatales es apenas 27 por ciento del existente en 1989, por lo que vale preguntarse: ¿en qué condiciones se encuentran los trabajadores, sobre todo los del sector estatal (empresarial y presupuestado) para enfrentar un escenario económico más complejo? ¿Cómo se pagará el costo de una nueva crisis económica?

Recordemos que el nuevo Código del Trabajo se aprobó en medio de un contexto económico en el cual el país  demandaba nuevas formas de estudiar y proyectar la problemática del empleo, y asimismo reclamaba de un abordaje teórico y metodológico para visibilizar las diversas situaciones que se presentan como oportunidades y amenazas para los niveles de equidad alcanzados en décadas precedentes. El Código del Trabajo debe ser la base de la política de empleo en el país, a partir de la cual emane el resto de la legislación laboral.

Desde 2007 Cuba ha comenzado a transitar por un proceso de cambios que ha generado, entre otros impactos, profundas transformaciones en materia de empleo. Este proceso ha estado impulsado por los bajos niveles de eficiencia y productividad que afectan la sostenibilidad del proyecto de equidad y justicia social fraguado desde 1959. Estas problemáticas, en un contexto de descapitalización tecnológica, envejecimiento poblacional (18,1% de la población con 60 años y más) y una fuerza laboral capacitada (10,1 años de escolaridad promedio), tensan las políticas sociales y en especial las que atienden el desempleo. Por esta razón, uno de los ejes principales de las transformaciones lideradas por el Estado radica en modificaciones a la  política de empleo, que se distinguen por: un proceso de redimensionamiento del empleo estatal, por el cual deben salir de este sector 1,5 millones de personas y por la diversificación de fuentes de empleo no estatales.

Esto supone el abandono del principio de pleno empleo y la pérdida del protagonismo del Estado como creador de fuentes de empleo e ingresos, lo que impone nuevas oportunidades y también nuevos desafíos para el logro de la equidad, ya que el Estado transfiere parte de sus responsabilidades a la gestión individual y familiar. En esta esfera, sin embargo, las condiciones de partida no son homogéneas para aprovechar las oportunidades y disminuir el impacto del proceso de ajuste, por lo que es de esperar la profundización y surgimiento de nuevos espacios de inequidad.

El objetivo general de este artículo consiste en sistematizar y caracterizar los cambios sustantivos en la política de empleo ocurridos entre 2011 y 2016, así  como las principales modificaciones que se incorporan en el recién aprobado Código del Trabajo.

El artículo consta de cuatro partes: una primera donde se resumen las principales características de las relaciones laborales en el país, luego se refieren las  transformaciones ocurridas en el tema laboral, a partir del debate nacional y académico, que llevaron al nuevo Código del Trabajo. En un tercer capítulo se analizan  las principales modificaciones que se incorporan a esa norma y, finalmente, se concluye con el análisis de las implicaciones y contradicciones de estos cambios en las relaciones laborales y grupos específicos de la población.

 

Composición sectorial de la fuerza de trabajo

La estructura del PIB cubano ha favorecido, históricamente, al sector de los servicios. Ello se debe a dos factores principales: por una parte, una política deliberada de asignación de recursos hacia esos sectores; por otra, es también el resultado de que la mejora social derivada de esa asignación no trajo como resultado la elevación de la productividad y los rendimientos en los sectores productivos.

Por el lado de la oferta, la cantidad de fuerza de trabajo se vincula estrechamente a la población en edad de trabajar y, por ende, a las tendencias demográficas de una sociedad. A su vez, ellas están sujetas, principalmente, a dos fuerzas opuestas: la tasa de mortalidad y la tasa de fertilidad, que juntas determinan el crecimiento de la población. Según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), en 2015 la población cubana en edad laboral era de 7.202.800 personas,  con una población activa de 4.979.500 personas, de las cuales 4.860.500 estaban ocupadas, mientras que el resto, 119.000 personas, se encontraban desocupadas.

La población económicamente activa abarca a todas las personas que reúnen los requisitos para ser incluidas entre las personas ocupadas o las personas desocupadas; o sea, se refiere a los ocupados y a los desocupados en el periodo fijado como referencia para la investigación. Mientras que se considera como ocupada a toda persona de 17 años o más de edad y las de 15 y 16 años que, excepcionalmente, hayan sido autorizadas a trabajar por las autoridades competentes, que en el día de cierre de la información mantenían vínculo laboral formalizado con un empleo asalariado en metálico o en especie, o un empleo independiente.

Calificación, productividad laboral e ingresos laborales: En 2013, el sector agrícola, con solo 3,5 por ciento de aporte al  PIB, empleó 18,6 por ciento del total de ocupados en la economía, mientras que la administración pública, que incluye servicios comunales, sociales y personales (donde se concentra el empleo burocrático y de baja productividad) alcanzó en 2013 el 40,8 por ciento del total del empleo. En resumen, dos sectores de baja productividad  del trabajo concentran hoy 59,4 por ciento del empleo total.

La fuerza laboral del país tiene un alto nivel de capacitación (10,1 años de escolaridad promedio). Entre 2000 y 2008 la productividad del trabajo creció 42 por ciento, mientras que el salario medio aumentó 74 por ciento. Esa tendencia se mantuvo en 2009 y solo comenzó a revertirse discretamente en 2010. En el crecimiento de la productividad del trabajo intervienen tanto factores objetivos como subjetivos. En el primer caso, la escasez de recursos disponibles para incrementar la tasa de inversiones en relación con el PIB –medida a través de la formación bruta de capital- ha provocado que esta descendiera en años recientes a cifras en el entorno del 10 por ciento, nivel que representa 50 por ciento de las necesidades calculadas. Respecto a los factores subjetivos, la organización del trabajo puede jugar un importante papel en el rendimiento de los trabajadores.

En 2015, por formas de propiedad, el empleo no estatal (incluye al sector cooperativo, privado en la agricultura y trabajo por cuenta propia) ya alcanzaba 24,3 por ciento del total de ocupados en el país, frente a 16,2 por ciento en 2010 y a seis por ciento en 1989. Esto  expresa la profunda transformación en las relaciones de producción que se viene registrando en los últimos años. Mientras que el sector estatal (formado por las empresas estatales e instituciones de servicios públicos), como empleador, ocupa cerca del 75,7 por ciento del total.

Es tal la importancia concedida a la proliferación de las formas de producción no estatales, que se anunció que su contribución al PIB ascendería para 2015 a 40 por ciento, en notable contraste con un panorama en el cual cerca de 95 por ciento del PIB era generado en el sector estatal.

Sobre el comportamiento de los salarios, según datos de la ONEI, en 2015 el salario medio mensual del país era de  687 pesos, lo que representa un incremento de 14,5 por ciento en relación con 2013, con un nivel máximo de 1.147 pesos en el sector azucarero y un mínimo de 435 pesos en restaurantes y hotelería.

Se encuentran por debajo de la media nacional sectores como servicios, comunales, sociales y personales, en los que predomina el empleo femenino y que clasifican como sectores cuyo salario es inferior al promedio nacional.

Datos de la ONEI refieren que las desigualdades salariales tienen una expresión  territorial, dada por el hecho de que hay provincias donde el salario medio mensual es inferior al promedio nacional. Individualmente, las provincias de Ciego de Ávila, Matanzas, Cienfuegos y La Habana  son las únicas con un historial de salarios medios por encima  de la media nacional. Están por debajo de esa media Santiago de Cuba, Guantánamo e Isla de la Juventud.

Por territorios, el salario más bajo se recibe en las entidades estatales de la provincia de Guantánamo, mientras el más alto corresponde a las entidades de la provincia de Ciego de Ávila, seguida por Matanzas.

Existen razones históricas y administrativas que explican las diferencias de ingresos y oportunidades económicas de las provincias del país. El volumen de las inversiones y la producción mercantil per cápita son determinantes principales en la calidad de vida y los recursos de cada territorio.

El 48 por ciento de la producción mercantil del país se realizó en La Habana, única provincia cuyos niveles per cápita se ubican por encima de la media nacional, que fue de 5.224 pesos por habitante. Las sedes de todas las empresas estatales y compañías extranjeras se ubican, principalmente, en la capital, así como los nudos fundamentales de transporte terrestre, marítimo  y aéreo. Asimismo, es un importante polo turístico, científico y cultural.

Junto a La Habana, por volumen de inversiones, solamente Matanzas, Holguín y Artemisa se ubican claramente por encima de la media nacional. Matanzas y Holguín constituyen dos polos económicos de gran relevancia, con un peso considerable en la producción de hidrocarburos, energía eléctrica, minería y turismo. Estas cuatro provincias representaron casi 70 por ciento de las inversiones totales en 2013. Asimismo, la existencia de polos económicos constituye un factor decisivo para la atracción de nuevas inversiones y la expansión del sector privado y cooperativo, que encuentran en estos territorios mercados amplios y en expansión.

 

Mercado laboral y diferencias de género

Ante el hecho de que el Estado no puede mantener el ritmo de creación de nuevos empleos, según la dinámica de la población económicamente activa, y producirse una reducción de 50 por ciento de las plantillas laborales, hay que tener en cuenta la desigual distribución de la fuerza de trabajo masculina y femenina en el país.

Datos oficiales de la ONEI muestran la desigualdad entre hombres y mujeres en la tasa de actividad económica. La tendencia de su magnitud reviste especial importancia, al indicarnos la posibilidad del uso extensivo e intensivo de los recursos humanos. El comportamiento de la tasa de actividad por sexo, tomando como referencia los datos de la ONEI para 2015, muestra el predominio de los hombres en la población económicamente activa, con valores marcadamente superiores de la tasa de actividad económica en el sexo masculino (82,9 %) con relación al femenino (54,2 %).

Sectorialmente, 58,2 por ciento de las mujeres se concentran en el sector de servicios comunales, sociales y personales, y si tenemos en cuenta el irregular peso de los servicios en la formación del PIB cubano  (76 %) y que esta estructura de los servicios está afectando negativamente a las industrias y la agricultura, se espera que la mayor reducción de plantillas laborales se produzca en este sector, lo que provocaría una mayor afectación para el empleo femenino.

Una reducción de plantillas en el sector estatal civil afecta al sector que absorbe mayor empleo femenino. Las mujeres ocupan 46 por ciento de los empleos remunerados en el sector estatal civil, suman 65,6 por ciento trabajando como profesionales y técnicas, son el 72 por ciento de los trabajadores de la educación y 70 por ciento de la salud.

Ellas tienen una baja presencia en otras ramas de la actividad económica, como la agricultura (7,7 %) y la construcción (1,8 %). Son 17 por ciento en el sector cooperativo y 21 por ciento de los trabajadores por cuenta propia.

Por territorio, por ejemplo, una mujer que trabaja en Ciego de Ávila recibe 18 por ciento más salario que una mujer en Guantánamo. A partir de condiciones desiguales, la mayor afectación la tendrán las mujeres de las regiones orientales (especialmente de provincias orientales).Esto tal vez pudiera explicar los flujos migratorios de las mujeres de las provincias más deprimidas hacia provincias más dinámicas como Matanzas, Ciego de Ávila y La Habana.

Esto nos muestra que las mujeres ocupadas en este sector parten de una desventaja inicial con respecto a sus pares masculinos. Si a esto se le suma que ellas presentan índices de ausentismo superiores a los hombres –sobre todo por ausencias vinculadas a sus roles de cuidadoras y responsables de la actividad doméstica–, se amplían las brechas salariales. De producirse una reestructuración en estos sectores, la mayoría de las mujeres estarían en una situación de vulnerabilidad en términos de ingresos.

Estas brechas salariales también inciden en la existencia de pensiones más bajas para las mujeres, con el agravante de que su edad de retiro es cinco años menor que la de los hombres y que su esperanza de vida es superior a la masculina. Ello implica que las mujeres cotizantes al sistema provisional deben vivir más tiempo con una pensión menor y con una calidad de vida precaria.

 

¿Por qué un nuevo Código del Trabajo?

En la década de los noventa y hasta los años 2000, estuvo vigente el  Código del Trabajo de 1984. Una de las características de este Código es que durante mucho tiempo se mantuvo  apartado de las transformaciones de la economía, sin ser considerado un ente integrante de ella, lo que provocaba un retraso respecto a los efectos y consecuencias de las políticas trazadas en otras esferas. De ese modo se ignoraba el comportamiento sistémico de la economía y los importantes impactos de las políticas socio-económicas sobre el salario y el nivel de ingresos de los trabajadores.

 

Durante las últimas décadas, la economía cubana ha experimentado una aguda depresión de la relación salario-productividad, que podría vincularse a diferentes causas:

  • Efectos perversos de la política de pleno empleo y sobrempleo consecuente.
  • Restricción de liquidez del país y situación económico-financiera para mantener una política salarial y de incentivos activa.
  • Desconexión de resultados productivos, más allá de rendimientos de la fuerza de trabajo, por causa de retraso tecnológico y escasez de inversión productiva.
  • Sobrecalificación de la fuerza de trabajo, pérdida de eficacia del gasto en educación  que se encuentra en la fuerza de trabajo calificada no vinculada laboralmente y migración externa.
  • Mecanismos de distribución y redistribución de ingresos igualitarios, subsidiados por el Estado y mediante los fondos sociales de consumo.
  • Política salarial rígida, basada en una escala salarial prefijada e inamovible.
  • Dualidad monetaria que distorsiona los incentivos económicos y pérdida de poder adquisitivo del salario y de su protagonismo como fuente de ingresos.

Por ello, uno de los ejes principales de las transformaciones lideradas por el Estado radica en modificaciones a la  política de empleo, que se distinguen por un proceso de redimensionamiento del empleo estatal –por el cual deben salir de este sector 1,5 millones de personas– y diversificación de fuentes de empleo no estatales.

En septiembre de 2010, la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) anunció que se implementaría un plan para reducir 500.000 puestos de trabajo de las empresas e instituciones estatales, aproximadamente 10 por ciento de todo el empleo estatal, antes de finalizar marzo de 2011. Esta decisión, anunciada en el diario Granma el 13 de septiembre, señalaba que gran parte de esas personas deberían ser absorbidas por el sector “no estatal”, es decir, cooperativo y privado: autoempleo y pequeñas empresas con contratación de fuerza de trabajo o los trabajadores por cuenta propia, además de las empresas extranjeras y mixtas.

La necesidad de “desinflar” las plantillas estatales y ampliar el empleo no estatal ha sido reiterada en el Proyecto de Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido Comunista de Cuba (PCC). En la actualidad, el Estado provee 75 por ciento del empleo en Cuba. La tasa de desempleo es de 2,4 por ciento, una de las más bajas del mundo, aunque con niveles de productividad muy bajos, debido en parte a las plantillas “infladas”, que han garantizado el pleno empleo.

Sin embargo, en las nuevas condiciones del modelo económico, el abandono del principio de pleno empleo y la pérdida de protagonismo del Estado como creador de fuentes de empleo e ingresos imponen nuevas oportunidades y también desafíos para el logro de la equidad, ya que el Estado transfiere parte de sus responsabilidades a la gestión individual y familiar. En esta esfera, sin embargo, las condiciones de partida no son homogéneas para aprovechar las oportunidades y disminuir el impacto del proceso de ajuste, por lo que es de esperar la profundización y surgimiento de nuevos espacios de inequidad.

La emergencia de nuevas organizaciones productivas (pequeñas empresas privadas, formas de autoempleo, cooperativas no agropecuarias, entre otras), unido a procesos en los que se tiende a conceder mayor autonomía de las cooperativas agropecuarias y empresas estatales –las que además se redimensionan en la búsqueda de aumentar los niveles de productividad- están incidiendo en la conformación de un mercado de trabajo en el cual el acceso al empleo decente deberá convertirse en foco de atención de académicos y tomadores de decisiones.

La experiencia indica que un primer factor motivacional es la adecuada retribución al trabajo. Hasta la pasada década de los ochenta, la movilidad social ascendente estaba acompañada de una retribución superior, al tiempo que esta permitía cubrir, con cierta holgura, consumos más allá de las necesidades vitales.

Sin embargo, las limitaciones impuestas por el Período Especial (severa crisis iniciada en la década de los noventa) desvincularon el salario de la posibilidad de satisfacer un grupo de necesidades vitales, lo que incrementó el papel de los ingresos no provenientes del trabajo, bien fueran legales –como las remesas- o ilegales, como la especulación en la economía sumergida

El deterioro del salario real que se produjo a partir de 1990 no se ha podido revertir y esto constituye el desestímulo fundamental al incremento de la productividad del trabajo en la actualidad. No obstante, se han creado esquemas de estimulación suplementarios que operan en pesos convertibles, en un grupo de sectores de la economía, para atenuar el efecto negativo de los bajos salarios[1].   Adicionalmente, el inadecuado manejo de los factores de movilización política, tales como la emulación y los estímulos morales en general, condujo a reducir su papel como elemento de compulsión social.

Finalmente, la ausencia de participación efectiva de los trabajadores en la gestión económica y en el proceso de toma de decisiones es un factor que reduce su compromiso con la sociedad y deteriora la solidaridad social. De este modo, la restitución de los mecanismos de estimulación y de participación activa en la gestión económica constituye, actualmente, una necesidad vital para impulsar el crecimiento de la producción y la productividad del trabajo.

El país está inmerso en un proceso de actualización del modelo económico y social que aún no se refleja en el salario y vive los estragos de la crisis de los noventa. La base económica de los ingresos se ha debilitado y la diferenciación de los ingresos entre sectores y trabajadores no favorece al sector estatal y sí al privado y al cooperativo (ver cuadro1). El ingreso promedio de los cuentapropistas es 2,3 veces el salario medio estatal; las remesas externas y pagos en divisas ensanchan la brecha.

Para 2011 esta situación empeoraba como consecuencia de la combinación de la contracción de los productos racionados —que ahora deben ser adquiridos en los mercados de “oferta y demanda”— y un incremento en los salarios y pensiones medios, que no llega a compensar el incremento del costo de la vida. En 2012, de un total de 60 artículos con datos disponibles, 17 por ciento se ofertaba por el racionamiento (cubriendo 10 días en el mes) y el restante 83 por ciento por los mercados libres agropecuarios y las Tiendas de Recuperación de Divisas—TRD[2].

En estudios realizados por González-Corzo M y Susel Pérez[3] se ha  estimado  el número de días promedio de labor que necesita un trabajador estatal para comprar una libra de alimentos: leche en polvo, 14 días; mantequilla, 5,3; cerdo, 2,6; pollo, dos; queso, 1,6; papa 1,1; frijol, 0,7; arroz, 0,4; y una docena de huevos, 0,8. Basado en el salario promedio mensual de 448 CUP, el cálculo para comprar en las TRD determinados productos tomaría el siguiente tiempo: 11 meses de trabajo para un microondas, 13 para una cocina de gas, 13-19 para un televisor y 27 para un refrigerador pequeño. Un galón de gasolina toma un tercio del salario medio mensual[4]. Los ingresos reales del sector estatal no han logrado recuperarse y el poder adquisitivo de los salarios estatales es apenas de 27 por ciento respecto a 1989. Las más recientes medidas implementadas para contribuir al incremento del poder adquisitivo del peso cubano son insuficientes y se ven frenadas por la dualidad monetaria y cambiaria existente.

 

Cuadro 1  Variación de índices relacionados con el ingreso y el nivel de vida

 

1990 o antes 2011 en adelante
Salario promedio 189.00 pesos 687.00 pesos [2015]
Peso del salario en relación con el ingreso de las personas 75 % [años 80] 46,8 % [2012]
Gastos de la familia en alimentación(en relación con sus ingresos) 37 % [1952] 60 %-75%
Coeficiente GINI de desigualdad en la distribución de los ingresos 0,25 % 0,40 % [estimado]
Proporción del monto de las pensiones(en relación con los ingresos de la población) 9,8 % 12 % [4500millones de pesos anuales][2011]
Proporción de los pagos por concepto de asistencia social 0,7 %-0,8 % 0,7 %-0,8 %
Ingresos obtenidos por los campesinos dueños de tierras(en relación con los ingresos de la población) 2,7 % 12,5 % [2011]
Ingresos obtenidos por el sector privado en general (en relación con el ingreso total de la población) 3,4 % 16, 3 % [2011]
Otros ingresos 10 % 30,4 % [2012]

Elaboración propia a partir de Rodríguez José Luis Anaya Betsy¸”Notas sobre la economía cubana”, en revista Temas, no. 70, octubre-diciembre, 2013.

 

Una de las distorsiones más complicadas para el movimiento obrero ha sido la disociación entre el consumo y el esfuerzo personal  y, sobre todo, el severo impacto en el sistema de valores que caracterizaba a la población antes de la crisis de los noventa. El incremento de la desigualdad, desvinculada del salario y del esfuerzo laboral, ha sido una cuestión recurrente en el debate sindical: los trabajadores constatan el deterioro del poder adquisitivo  de los salarios nominales, en medio de una rigidez salarial y de contratación que no permitía romper con los núcleos duros de la desigualad.

Se empezaron a legitimar conductas que antes hubieran sido inaceptables, socialmente negativas. Resulta preocupante el número creciente de jóvenes que muestran  un total desinterés por el estudio y el trabajo dentro del país y consideran la migración externa como mejor opción para la realización de sus proyectos individuales.

Aunque en Cuba no  se publican estadísticas de distribución del ingreso, algunos académicos extranjeros[5] estiman que el coeficiente Gini aumentó a 64 por ciento en 1989-1999 (de 0,250 a 0,407) y solo basado en CUP, excluyendo el CUC[6] y las remesas. Si estos fuesen incluidos, el Gini sería mayor[7]. No hay cifras recientes, pero existe consenso en que la desigualdad se ha agravado y aumentará con las reformas estructurales.

Por ejemplo, el ingreso promedio de los campesinos privados fue 1, 56 veces el salario medio estatal, mientras que el promedio de los cuentapropistas fue 2,28 veces la media estatal, según informaciones de la ONEI. Varios autores estiman que los ingresos medios mensuales entre 1993 y 2009, a precios de 1997, casi se estancaron en el sector estatal, mientras que aumentaron en los sectores cooperativo y privado y eran 2,5 veces la media estatal. En 2004, 15 por ciento del estrato superior de ingreso percibía parte de este en divisas, otro 21 por ciento ganaba propinas en divisas y 39 por ciento recibía remesas externas[8]. Según Pérez Villanueva, 13 por ciento de las cuentas bancarias en 2011 concentraba 90 por ciento de los depósitos y algunas tenían entre 160.000 y 200.000 CUP o entre 6.667 y 8.333 dólares, una fortuna en Cuba.

No hay cifras públicas de la incidencia de la pobreza desde 2002, pero un estudio económico  más reciente sobre la pobreza de ingresos en Cuba afirma que el umbral se halla en 841.40 pesos. Pero, si el salario medio mensual fue de 460.00 pesos en 2011 y más del 43 por ciento de los ocupados tienen un promedio inferior a este, el porcentaje de pobreza debe ser superior al aquí citado[9].

Sin embargo, dimensiones de la vida cotidiana familiar y laboral se vieron afectadas: los salarios reales se deterioraron; el mercado racionado de alimentos se redujo, progresivamente, hasta el punto en que hoy la libreta de abastecimientos, por sí sola, no cubre la canasta básica. Mediante la libreta solo pueden adquirirse algunos alimentos vitales en la comida de los cubanos, pero que no satisfacen todas las necesidades; los mercados tampoco ofertan la variedad de productos que se requiere para cubrir las 2.500 calorías diarias que exige una dieta saludable. Según el estudio de Sandoval, la libreta aporta solo 41,2 por ciento de las calorías recomendadas. Ello significa que la población debe buscar en otros mercados para completar la canasta básica y valerse de varias fuentes de ingresos, en particular divisas.

 

Cambios del Nuevo Código del Trabajo y puntos de contacto con el código anterior

En Cuba, el marco legal relacionado con el empleo tiene como base normativa principal la Constitución de la República, que considera el trabajo como un derecho pleno, sin discriminación  por sexo, raza o religión.

El Código del Trabajo y la legislación complementaria contenida en leyes, decretos-leyes y otros decretos que establecen los aspectos generales y estratégicos en materia de empleo, atribuye a los órganos de gobierno funciones de ejecución, control y organización de los asuntos laborales y la protección social. El Ministerio del Trabajo y Seguridad Social es el  órgano de gobierno que tiene entre sus funciones normar, controlar, organizar y hacer cumplir todo lo establecido con el derecho laboral en el país.

Uno de los problemas que ha caracterizado la legislación laboral cubana ha sido la falta de jerarquía. Según se explica en la fundamentación del anteproyecto de Código del Trabajo que fue discutido  en el último tercio  de 2013 y aprobado por la Asamblea Nacional en diciembre de ese mismo año, la “legislación dictada en las últimas dos décadas ha modificado o sustituido siete de los 14 capítulos con que cuenta el Código del Trabajo vigente”, lo que debió hacerse luego de una discusión de la Asamblea Nacional, pues el Código del Trabajo debe ser la base de la política de empleo en el país, a partir de la cual emane el resto de la legislación laboral.

También resulta significativa la fragmentación de la legislación laboral, en la cual se observa que, para tratar un mismo tema, existe una diversidad de instrumentos legales. Por ejemplo, hay dos leyes, un decreto y nueve resoluciones que norman el tema de la suspensión de la relación laboral, algunos de ellos específicos para jueces legos (ley), movilizados a la defensa (ley), etc. Esto se repite para los aspectos de contratación (dos decretos y cinco resoluciones), régimen laboral a la inversión extranjera (una ley y dos resoluciones), etc.

En abril de 2014 se hicieron dos importantes modificaciones al marco legal relativo a las relaciones laborales. La primera resultó de la aprobación de un nuevo Código del Trabajo y la segunda atañe a las modificaciones que se han aprobado sobre la política salarial (Res. 17/ 2014) y  que sustituyen a la Resolución 9/2009 del MTSS. Por otra parte, existen cambios en las prácticas laborales y/o de cuerpos legales sectoriales que modifican de hecho las relaciones laborales, pero que aún no se han concretado en ningún tipo de disposición legal.

Los contenidos del nuevo Código del Trabajo, según la discusión sobre el Anteproyecto, la aprobación de la Asamblea Nacional en diciembre 2013 y su salida a la luz pública seis meses después reconocen con mayor peso la presencia del sector no estatal, elemento ausente en el Código anterior, pero muy necesario en la actual coyuntura.

El reconocimiento de la figura de “empleador” como persona natural o jurídica, sujeto de la relación de trabajo, amplía, atemperado a las nuevas circunstancias, la figura de “jefes de las entidades laborales” a las que remitía el Código de 1984. También se legitima la diversidad de formas de propiedad y gestión actuales en las disposiciones “especiales” para regular las relaciones de trabajo entre personas naturales y con formas no estatales. Se establecen también, por primera vez, las relaciones de trabajo en Cuba para personas contratadas fuera del país, previa autorización.

A continuación se reflejan las modificaciones más significativas que están relacionadas con cambios esenciales en los principios de la política de empleo,  tales como: el pleno empleo, el estudio con remuneración económica como un nuevo concepto de empleo, la reubicación de disponibles e interruptos y la protección al ingreso cuando no puedan ser reubicados (ver cuadro 2).

 

Cuadro 2 Modificaciones más importantes

Código de 1984 Código 2013
Solo se reconocen los Jefes de las entidades laborales Se sustituye por el Empleador
No reconocimiento del sector no estatal Reconocimiento del sector no estatal
Contratos formales entre entidades estatales Contratos formales y orales entre diversos actores económicos
Licencia no retribuida es un derecho de los trabajadores Licencia no retribuida es una concesión de los empleadores 
Responsabilidad estatal para la ubicación de los graduados de la Educación Técnica Profesional y de Oficios Se modifica  la responsabilidad estatal
Trabajo de la mujer Protección a la trabajadora
Mayores garantías salariales para los trabajadores disponibles Menores garantías salariales para los trabajadores disponibles
Plantillas centralizadas para empresas y unidades presupuestadas Plantillas descentralizadas para sector empresarial

Fuente: Echevarría, Dayma: “Procesos de reajuste en Cuba y su impacto en el empleo femenino: entre dos siglos y repetidas desigualdades”En: Pérez Villanueva, Omar (compilador). Miradas a la Economía Cubana IV, Editorial Caminos, La Habana, 2013.

 

Asimismo, se ratifica el derecho a la libre asociación de los trabajadores en sindicatos que defiendan y representen sus intereses, elemento demandado también por los trabajadores por cuenta propia y que se recogía en el Anteproyecto en el artículo 13. Sin embargo, en el Código aprobado estos sindicados deben establecerse “de conformidad con los principios unitarios fundacionales”, por lo que se justifica la práctica de que los trabajadores por cuenta propia se deben afiliar a las organizaciones sindicales del sector de actividad donde se inserten. Esto puede afectar la firma de Convenios Colectivos de Trabajo en el sector no estatal, al que se extiende ahora la firma de este documento que regula los compromisos entre los empleadores y trabajadores y resulta un derecho de las organizaciones sindicales, según el Art. 14, inciso d.

En términos de contratación, la principal diferencia respecto al código anterior –además de que esta se puede realizar entre personas naturales– radica en que, en casos excepcionales y que no superen los 90 días, los contratos pueden ser orales, aspecto que flexibiliza este proceso. Al mismo tiempo, se debe cuidar de que no se generen situaciones que hagan vulnerables a las personas que se contraten bajo esta modalidad, pues no queda claro cómo ese contrato verbal posee legalidad que ampare al trabajador, especialmente para los contratados por cuentapropistas, si se tiene en cuenta que las demandas de un trabajador contratado en el sector por cuenta propia se dirimen ante el sistema judicial.

En el Código del Trabajo aprobado en diciembre de 2013 se modifica la responsabilidad estatal para la ubicación de los graduados de la Educación Técnica Profesional y de Oficios, los que solo deberán cumplir con la etapa del servicio social en los casos que hayan sido solicitados previamente.  Esta disposición general modifica lo estipulado en la Res. 9/2007 (Reglamento sobre el tratamiento de los recién graduados durante el proceso de adiestramiento laboral), según la cual los recién graduados de este tipo de enseñanza se insertarían según el Plan de distribución centralizada aprobado por los Consejos de Administración Provinciales y Municipales. En esta Resolución, los salarios de los graduados se debían contemplar dentro del presupuesto de capacitación de la entidad que los recibía, aspecto que se mantiene en el actual documento.

Con esta modificación, si bien se hace explícita la incapacidad que mostraba el sistema laboral de dar empleo acorde a las expectativas y preparación de los egresados de la enseñanza técnica y profesional desde hace unos años y la obligatoriedad de cumplir el tiempo de servicio social en la plaza asignada, aunque no fuera de interés del graduado; se transfiere a los jóvenes y sus familias la responsabilidad de buscar un empleo en el cual puedan implementar los conocimientos adquiridos.

El Código del Trabajo aprobado, en algunos de sus capítulos -como por ejemplo el VIII, de Organización y Normación del Trabajo, y el XII, sobre Disciplina del trabajo- mantiene aún un marcado acento hacia el sector estatal.

Se deroga el Reglamento General sobre Relaciones Laborales  que establecía, entre otros temas, los principios de la política de empleo del país. Se sustituye por el Reglamento del Código del Trabajo que, a diferencia del anterior, no establece los principios antes comentados, sino que va directamente a aspectos relativos a las relaciones laborales.

El  actual Reglamento constituye un Decreto del Consejo de Ministros, mientras que el anterior respondía a una Resolución de un Ministerio (MTSS), con lo que se le otorga mayor jerarquía al documento vigente. Por otra parte, se observan cambios en la composición de sus capítulos, los que ahora realizan un abordaje general de los temas y dejan márgenes para reglamentos sectoriales en el marco de la política[10]. Se mantienen como grupos de asignación en el empleo, por interés estatal o social, en correspondencia con las necesidades de las entidades, aquellas personas con discapacidad y egresados de la educación especial, personas que cumplen sanción o medida de seguridad en libertad, licenciados del Servicio Militar Activo.

Se resalta el capítulo dedicado al arbitraje de los Convenios Colectivos de Trabajo, así como el de Inspección del Trabajo, ambos dirigidos a dirimir discrepancias y controlar irregularidades en el cumplimiento de la legislación de trabajo o de seguridad social, con lo que se busca proteger los derechos de los trabajadores, independientemente del tipo de propiedad o gestión en que laboren.

Además, resulta novedosa la inclusión en el Reglamento de un capítulo de protección a la trabajadora, si bien encuentra en sus antecedentes el Capítulo VIII Trabajo de la Mujer del Código de 1984.

Sin embargo, en este apartado sobre la protección a la trabajadora, en realidad solo se priorizan las condiciones de trabajo y protección a la maternidad de la trabajadora, por su “función social como madre”, con lo que el sujeto de protección se reduce a las mujeres en procesos de maternidad y queda fuera la inmensa mayoría de las mujeres trabajadoras, no inmersas en estos procesos, así como los hombres que deseen acogerse a la licencia de paternidad. Además, se reduce la función de la mujer a la maternidad, con lo que se refuerza la construcción social de la maternidad vista como encargo social y no biológico.

Otra de las diferencias significativas que ha ocurrido en la política de empleo se relaciona con el proceso de disponibilidad laboral. Para los trabajadores disponibles, las garantías salariales disminuyen de forma significativa en el nuevo contexto, ya que en el anterior proceso de disponibilidad, de la década de los noventa, se les ofrecían hasta tres opciones de trabajo para reubicación.

Estos trabajadores disponían de garantía salarial del 60 por ciento del salario, de acuerdo a los años trabajados, durante un período entre seis meses y tres años. Al concluir esta etapa, si no se conseguía reubicarlos, se les pagaba un subsidio del 60 por ciento de su salario, en dependencia del número de años trabajados, que cubría un período entre tres meses y un año y medio. Se intentó reubicar a estos trabajadores en empleos útiles en los que pudieran conservar hasta el 80 por ciento del salario anterior o acogerse al de la nueva ocupación.

Sin embargo, la Resolución 34 de 2011 otorga garantías salariales del ciento por ciento del salario en el primer mes y luego del 60 por ciento, en dependencia del tiempo de servicio, siempre que acumule 10 años o más de servicio y bajo un régimen que está en correspondencia con la cantidad de años trabajados en la entidad.

En abril de 2014 se modificó la política salarial con la aprobación de la Resolución 17, en Gaceta Oficial Extraordinaria No.21. Con esto se sustituyó la  Resolución No. 9, que constituía el Reglamento General sobre las formas y sistemas de pago que regía en el país. Explicaba los diferentes  pagos por rendimiento (a destajo y por resultados) y establecía los límites para la cuantía del estímulo. Tuvo como objetivo vincular, de forma directa, el salario con la contribución de cada trabajador. Las anteriores resoluciones vinculan los pagos de los trabajadores con indicadores globales de sus empresas o centros de trabajo, como los ingresos, las ventas y las utilidades.

La Resolución 9/2008 por lo general establecía un límite del 30 por ciento del salario base de cálculo para el pago a trabajadores cuyo contenido de trabajo no pudiera reflejarse en las contribuciones directas de los trabajadores, si no por indicadores generales, y que el monto del pago por resultados no debía exceder de 30 por ciento del salario base de cálculo.

En la Resolución 17/2014 no existía límite del salario a recibir,  siempre que no se deteriorara el gasto de salario por peso de valor bruto planificado. De afectarse tal indicador, el salario base de cálculo será el salario mínimo del país, excepto los trabajadores comprendidos en el sistema a destajo. Esta resolución pretendía “eliminar restricciones administrativas para estimular el incremento de la productividad del trabajo”, según la experiencia en la aplicación de la resolución anterior.

Sin embargo, la Resolución 17 tuvo una vida muy corta, pues a menos de dos años de aprobada mostró serias limitaciones en su implementación e impactos negativos para los trabajadores. Por una parte, condujo a desequilibrios entre la creación de riqueza y los pagos realizados, tal como mencionó el entonces Ministro de Economía Marino Murillo en el Parlamento; un total de 113 empresas habían sobrepasado el indicador límite establecido entonces por la Resolución 17: gasto de salario por peso de valor agregado bruto. Por otra parte, conllevó afectaciones salariales hasta el límite del salario mínimo, por el incumplimiento (inestabilidad en los abastecimientos u otros motivos independientes de la gestión de las empresas).

La Resolución 6 da un paso más avanzado hacia la descentralización de los sistemas de pago por rendimiento, se ratifica  que el salario se autofinancia por la entidad y su formación responde al nivel de cumplimiento de los indicadores directivos. También ofrece la posibilidad de pasar a la forma de pago a tiempo, en lugar del pago por rendimiento. Algo que afecta menos los bolsillos de los trabajadores es que esta resolución establece la protección al salario de los trabajadores comprendidos en los sistemas de pago por resultados hasta el límite del salario escala, según la complejidad y responsabilidad de los cargos que ocupan. La dirección empresarial puede hacer dicho ajuste una vez en el año, si cambian las condiciones previstas en el plan, por razones ajenas a la entidad.

A manera de resumen, se puede señalar que existe un desafío en la actualidad para el marco legal relativo a las relaciones laborales vigentes en Cuba, ya que debe responder a la diversidad de transformaciones que en materia de empleo están sucediendo en las relaciones laborales. En ellas, la presencia creciente del sector no estatal deberá asumirse y generar disposiciones que la regulen, tanto como el empleo estatal,  pues según los Lineamientos de la Política Económica y Social del país este último constituirá un sector importante de empleo y de oferta de servicios en el futuro cubano.

Por otra parte, mantener condiciones de trabajo decente para todos los que participan en el mercado del trabajo debe permanecer como un principio de la política de empleo actual, que garantice al mismo tiempo ingresos relacionados con el aporte social y económico que produzca cada ocupación, acerque la relación ingreso-productividad y permanezca como un instrumento que configure espacios de equidad deseados para una sociedad socialista.

Pueden identificarse, sin embargo, varias contradicciones e implicaciones económicas y sociales en un contexto nacional en cambio, como las siguientes:

  • La contradicción entre los objetivos macroeconómicos de mantener el equilibrio financiero interno y la necesidad de incrementar salarios e ingresos ante un entorno de incremento del costo de la vida.
  • El congelamiento del salario del sector presupuestado (educación, salud, ciencia) para reducir el déficit presupuestario, lo que ha provocado el éxodo de profesionales de estos sectores hacia el sector no estatal o hacia el exterior.
  • Las medidas emergentes y restricciones para el segundo semestre de 2016 impactarán en la caída del salario medio empresarial, con sus posteriores afectaciones en el crecimiento del PIB para 2017.
  • El abandono del principio de pleno empleo y el proceso de disponibilidad laboral asociado producen el traspaso de responsabilidades, hasta el momento, del Estado al ámbito individual.
  • En el nuevo escenario laboral, la  gestión del empleo se encuentra como nunca antes a nivel individual, en función de la tenencia de activos fijos o de las redes sociales que las personas puedan activar para facilitar su inserción en aquellos espacios estatales y no estatales, económicamente más atractivos.
  • La demanda de fuerza de trabajo, que determina en última instancia los planes de formación de estudiantes y que antes provenía de los ministerios, ahora, al hacerse desde el municipio, necesita articulación entre las diferentes instituciones del territorio y debe responder a la estrategia de desarrollo económico y social, de forma tal que combine intereses sectoriales, empresariales y locales.

 

Conclusiones y recomendaciones

La sociedad cubana actual es mucho más compleja en términos de estratificación y diferenciación social que la de la pasada década de los noventa, por lo que se  requiere un acercamiento más renovado al tema del empleo y de los ingresos en Cuba y sus cambios, que los estudios cuantitativos no pueden captar  con suficiente celeridad.

En términos de empleo, el país se caracteriza por una diversificación de las opciones de trabajo remunerado en el mercado laboral, lo que significa un desafío actual para el marco legal relativo a las relaciones laborales vigentes, puesto que debe responder a la diversidad de transformaciones que en este tema están teniendo lugar.

En este sentido, la creciente presencia del sector no estatal deberá asumirse  y generar disposiciones que lo regulen, tanto como al empleo estatal, pues según los lineamientos de la política económica y social del país este constituirá un sector importante de empleo y de oferta de servicios del futuro cubano.

Lo fundamental  es la actualización  de la política laboral a los tiempos reales, acercar los aportes individuales y sociales a las retribuciones, que la relación ingreso-productividad sea un instrumento de eficiencia y también de equidad vinculada a los resultados productivos. El nuevo código debe permitir la flexibilización de la legislación laboral, en la cual la administración y el sindicato de cada empresa, entidad u organismo tengan la posibilidad de acomodarlo a la especificidad de su lugar. No se debe convertir en una camisa de fuerza para todos los lugares, sino que debe ser un medio para potenciar la participación de los trabajadores en estos momentos, cuando se ha iniciado en todo el país el proceso de preparación de los convenios colectivos de trabajo de todas las instituciones.

Se crean mejores condiciones para la flexibilización de los mecanismos de contratación de la fuerza de trabajo. La combinación de contratos a corto y largo plazo, y por horas, podría ayudar a corregir las actuales situaciones de sub-empleo y desaprovechamiento de la fuerza de trabajo calificada. Además, con ello se podría asimilar, a través de subcontratación temporal de servicios profesionales, a trabajadores calificados actualmente inactivos.

De forma general se puede decir que la gestión del empleo queda rezagada aún frente a una realidad cambiante, en la que el sector no estatal está llamado a ocupar 60 por ciento de los trabajadores cubanos. Tampoco favorece la equidad en el acceso al empleo, ya que las ocupaciones que tienden a ser más atractivas en términos económicos, como tendencia, están en función de la información y la influencia que tiene la red social de la que dispone y pueden movilizar al individuo.

Un cambio en este sentido podría favorecer el aumento de la productividad, pues si bien hasta el momento los trabajadores por cuenta propia que emplean asalariados los seleccionan entre sus redes sociales, donde prima la confiabilidad, esta situación podría cambiar en la medida en que determinadas actividades se hagan más competitivas y entonces, entre los criterios de selección, primen además de la confiabilidad, las competencias laborales.

En términos de inserción en el empleo, las instituciones facultadas solo pueden gestionar plazas en el sector estatal –excepto grupos empresariales con normas específicas-– y para grupos priorizados, con lo que se desaprovechan las potencialidades del sector no estatal como fuente de empleo.

Otro aspecto insuficientemente tratado son las  cuestiones de equidad de género. A pesar del indiscutible avance en materia de igualdad e incorporación de la mujer en la sociedad cubana, todavía ella concentra la mayor responsabilidad familiar en el cuidado de niños y ancianos, lo que es un factor de inactividad y daño a la productividad del trabajo. Ambos efectos tienen un costo de oportunidad considerable, pues la mujer representa más de la tercera parte de la fuerza de trabajo y aproximadamente 50 por ciento de la calificada.

Un aspecto que limita el análisis, desde la perspectiva de la equidad,  del impacto de la política de empleo seguida por el país desde 2008,  es la escasa desagregación de los datos a nivel provincial y municipal, según variables sociodemográficas (sexo, edad, color de la piel, procedencia ocupacional, entre otros). Este hecho, que también se repite en muchas de las estadísticas nacionales,  ha sido resaltado como uno de los principales obstáculos que afrontan los estudios de equidad en la actualidad, ya que interfiere no solo en la riqueza de los análisis a realizar desde este enfoque, sino en la dificultad para proponer alternativas que faciliten la inserción y el desarrollo de los grupos menos favorecidos.

Las actuales condiciones laborales que se ofrecen en el nuevo código solo serán oportunidades reales para las personas si se articulan con otras políticas que deben acompañar la implementación de dicho código. Es necesario reflexionar sobre políticas activas y promotoras de innovación, orientadas no solo al sector estatal y que no lo consideren exclusivamente como el “colchón amortiguador de empleo”, sino también como un sector con dinámicas innovadoras.

El nuevo código exige de políticas intencionadas para el óptimo aprovechamiento de la calificación de la población cubana, en tres direcciones básicas: incrementar la remuneración en un segmento de excelencia vinculado a objetivos estratégicos, ampliar la diferenciación salarial con mayor énfasis en complejidad y resultados del trabajo; flexibilizar mecanismos laborales en el sector estatal y otras formas de propiedad.

Aún queda enfrentar el reto de la falta de motivación de muchos trabajadores con el trabajo, luego de varios años de desarticulación entre ambos aspectos; así como la falta de disciplina y organización en muchas entidades. En los próximos años se podrá constatar si este código tuvo impactos positivos sobre el incremento de los salarios y sobre la productividad.

Sin duda, el perfeccionamiento de las relaciones laborales en el contexto transformador del modelo económico debe ser una de las tareas prioritarias que permitan acelerar los niveles de  productividad y de eficiencia que demanda la sociedad, y también para fortalecer la expansión y desarrollo de nuevas formas de producción no estatal. (2016).

 

 Tabla 1

 

Población cantidad de ocupados y desocupados

UM: Miles de trabajadores

 

tabla1-111

Fuente: ONEI 2015

  

 

 

Gráfico 1

SALARIO MEDIO POR SECTORES. UM: PESO

 

 

 tabla2

 

 

 

 Gráfico 7 Salario medio por territorio

 

 tabla3

 

 

 


 

 [1] Durante el primer semestre de 2013 recibieron 10 CUC mensuales 611.976 trabajadores por un monto total de 74 millones 466.000 CUC. Estos esquemas se aplican al 20 por ciento de los trabajadores estatales.

[2] Mesa-Lago, Carmelo: Cuba en la era de Raúl Castro: Reformas económico-sociales y sus efectos, Madrid, Editorial Colibrí, en prensa, 2012.

[3] González-Corzo, Mario y Susel Pérez: Análisis comparativo del poder adquisitivo en Cuba, Cuba Study Group y University of Miami ICCAS, 2009.

[4] Mesa-Lago: ob. cit.

[5] Brundenius, Claes: Revolutionary Cuba at 50: Growth and Equity Revisited”, Latin American Perspectives, volumen 36, Washington D.C., 2009.  Mesa-Lago: ob. cit.

[6] Un peso convertible (CUC) equivale a 24 pesos cubanos

[7] Espina Prieto, Mayra P.: Políticas   de   atención   a   la   pobreza   y   la desigualdad.  Examinando el   rol  del  Estado en  la experiencia cubana. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires, 2008.

[8] De la fuente, Alejandro: A Nation for All: Race, Inequality, and Politics inTwentieth-Century Cuba. Chapel Hill, NC: The University of North Carolina Press, 2011.

[9] Sandoval, Raúl: La pobreza en Cuba. (La Habana: Universidad de La Habana) digital, 2012.

 

Normas para comentar:

  • Los comentarios deben estar relacionados con el tema propuesto en el artículo.
  • Los comentarios deben basarse en el respeto a los criterios.
  • No se admitirán ofensas, frases vulgares ni palabras obscenas.
  • Nos reservamos el derecho de no publicar los comentarios que incumplan con las normas de este sitio.