Mi barrio, mi hogar

Una mirada al estado de conservación del patrimonio local.

Foto: Jorge Luis Baños/ IPS-Cuba

La conservación y la restauración, suponen prácticas altamente costosas, en especial para Cuba.

Frente a los embates del tiempo, el olvido o la ignorancia, la conservación,  estudio y promoción del patrimonio material e inmaterial son vitales ante el colonialismo cultural.

“Es de afuera”, repetía una actriz en un programa humorístico de la televisión cubana, como garantía de calidad de un producto. No se trata de una morcilla de la intérprete, sino de una frase extraída de la calle por el guionista y que pone sobre la mesa un sentimiento de minusvalía, propio del subdesarrollo entronizado en la propia identidad y generador de perversiones del espíritu, como ese querer ser otro, ligado a estereotipos raciales y culturales a tono con la imagen que promueven los grandes medios.

La emigración cubanos y cubanas, un fenómeno de un fuerte componente económico, está hoy salpimentada con un sentimiento de pequeñez, que llega de la mano de las penurias materiales y suplantó a la euforia y el regodeo en el ego propios de las pasadas décadas del sesenta y sesenta.
 
El patrimonio, hijo de la sociedad que lo generó, tampoco es ajeno a las privaciones que, con el paso del tiempo, lo cobijarán. En la Cuba actual recibe el esfuerzo de muchos, el resultado de leyes y normativas que lo protegen, pero también el embate de las escaseces y el vandalismo, y en cierta medida de la ignorancia, el olvido y la subestimación por lo propio.

Al respecto, Raida Mara Suárez, por varias décadas directora de Patrimonio de la Oficina del Historiador de La Habana, sostuvo: “Quiero pensar que a la nación, forjada durante tantos años, no logren destruirla los ignorantes, los ricos mal habidos, los mercantilistas y los débiles e indecisos, los populistas, los que confunden el concepto de pueblo con el de antisociales, el de trabajadores con ladrones, el de desventaja social con delincuencia, el de capaz con bicho”.

En otro momento la experta significó como medular el patrimonio intangible (historia,  tradiciones orales, costumbres, creencias, celebraciones, música…) y arguyó: “solo si este existe, vale la pena hablar del material, que de otra forma se convertiría en mercancía, letra de cambio o tesoro de curiosidades”.

No se trata de permanecer anclados, ni reproducir imágenes del pasado, sino de asumir una actitud creadora a partir de las raíces propias, sin perder de vista que en todos los tiempos han existido los grandes centros generadores de imágenes y que, en el presente, esas estampas, asociadas al vaciamiento, la frivolidad y el imperio de lo ultraligero, se expanden en segundos a través de la tecnología en uso.

La conservación, el estudio y la promoción del patrimonio son vitales para  ese caminar erguido, tan necesario para el avance, y como escudo ante el colonialismo cultural. En ese camino se ha transitado en Cuba, con énfasis en sitios e inmuebles registrados como Patrimonio de la Humanidad  y Monumento Nacional.

No se debe perder de vista que la razón de ser de estas categorías (patrimonio local, nacional y mundial) es establecer una jerarquía para su estudio, conservación y restauración.

Particularmente estas dos últimas esferas, la conservación y la restauración, suponen prácticas altamente costosas, en especial para Cuba: casi todos los productos necesarios son importados y su condición de manufactura los hace extremadamente caros. Se trata muchas veces de útiles con un mercado reducido, para los cuales no se montan fábricas.

Por ello –y porque hay un orden de prioridades regido por necesidades perentorias y una economía maltrecha y centralizada–, el patrimonio local, catalogado así no porque se genere localmente, sino porque su trascendencia se limita a una comunidad,  ha quedado generalmente a la vera del reparto de fondos.

Claro que no se trata de compartimentos estancos y que, con el paso del tiempo y el consenso social, el patrimonio local puede devenir nacional o mundial, y entonces atraer determinadas atenciones. Lo que hoy no se reconoce, mañana puede registrarse.

Por ejemplo, los bienes industriales siempre fueron subestimados desde el punto de vista cultural al lado de las grandes obras arquitectónicas. Sin embargo, son parte de nuestra historia y hoy se subraya su valor patrimonial. La arquitectura vernácula se miraba de soslayo, se asociaba a construcciones menores, sin pretensiones estilísticas, pero hoy sabemos que ella tiene  un valor de conjunto que se está perdiendo. Cada día se incorporan nuevos elementos y tipologías que se deben proteger. Pero, ¿qué pasa con aquello que un barrio o pueblo identifica como preciado, aunque no clasifique como tal para el resto de los mortales? ¿Cuál es el destino de aquel inmueble vinculado sentimentalmente a los pobladores de Cojímar o del pueblo de Zulueta?

La ley y el orden

Hay que aclarar que Cuba cuenta con una Comisión Nacional de Monumentos, constituida el 12 de enero de 1978 bajo el amparo de la Ley No.2 de los Monumentos Nacionales y Locales. A los especialistas de esta comisión corresponde preparar estudios y planes para la localización, conservación y restauración de centros históricos, construcciones, sitios y objetos declarados Monumento Nacional o Local, así como de aquellos que, sin estar declarados, estén registrados como de valor patrimonial. Además, custodian los archivos y la documentación correspondientes a los Monumentos Nacionales y Locales.

Marta Arjona, quien fuera la presidenta del Consejo Nacional de Patrimonio hasta su muerte en 2006, aprobó en  1977 la Ley 1 de protección al patrimonio y la Ley 2 de los monumentos y sitios históricos. Ese marco jurídico no lo tienen todos los países. También se suman otras leyes, como la que establece, entre otros temas importantes, la política de colecciones y de preservación en nuestros museos.

Esa es un arma clave para trazar estrategias y buscar alternativas viables para la sostenibilidad del patrimonio. Ni el Museo del Louvre, ni el Museo del Prado son rentables; ninguno lo es, pero hay alternativas de financiamiento.

Asimismo, la Comisión Nacional determina la zona de protección, que es el área contigua a un Monumento Nacional o Local, tanto si la declaración de esta condición ya se ha hecho como si se halla en el proceso de investigación previo. Una vez fijada una zona de protección, la Comisión Nacional supervisa las construcciones que se realicen dentro de esta, recomienda medidas cuando sean necesarias para eliminar o modificar las intervenciones existentes y limitar y proscribir, si procediere, la actividad económica.

La ley consigna que no se permitirá la instalación de ninguna industria o comercio en los inmuebles declarados Monumento Nacional o Monumento Local, o en zona de protección sin el previo permiso de la comisión. Esa luz verde también será necesaria para la instalación de vallas anunciadoras, letreros y adornos, y la celebración de espectáculos públicos en esos lugares.

Se prohíbe la exportación definitiva de todo bien declarado Monumento Nacional o  Monumento Local. Únicamente, con la autorización de la Comisión Nacional después de realizadas las verificaciones necesarias, podrá exportarse, total o parcialmente y por tiempo determinado, un Monumento Nacional o Monumento Local. Por tanto, será requisito indispensable presentar ante los funcionarios de aduanas el certificado expedido por la Comisión Nacional que acredite que el traslado al extranjero del bien de que se trate ha sido autorizado, y el tiempo que permanecerá fuera del territorio nacional.

Más allá de leyes y regulaciones (que por demás, alguna que otra vez se quebrantan, como durante el reciente expolio en el Museo Nacional de Bellas Artes, que generó un escándalo mayúsculo), la educación patrimonial y, específicamente, lo tocante a la historia y valía de las comunidades donde viven los alumnos, se inserta en los planes de estudio en los niveles de primaria y secundaria.

Por otro lado, precisamente por la urgencia de salvar el patrimonio, se construye en la actualidad un taller para su conservación y restauración en Santiago de Cuba, iniciativa de la fallecida Marta Arjona, cuya entrega a la preservación de los valores nacionales y locales fue notoria.

La instalación, muy próxima al Museo Emilio Bacardí, se dedicará al cuidado de  documentos, obras pétreas, metálicas, mobiliario, pintura de caballete y textiles, difundió recientemente el periódico Sierra Maestra.

Además, el taller “contará con un almacén de cuarentena donde se determinará el daño físico, químico o de otra índole de las piezas, y un laboratorio de siembra, donde biólogos y microbiólogos realizarán los análisis que requieren los trabajos de conservación y restauración”, refirió el rotativo.

El centro, al que tributarán expertos de todo el país, principalmente de La Habana y Santiago de Cuba, ofrecerá servicio a las diferentes instituciones que en la provincia se consagran a la salvaguarda del patrimonio, en primera instancia al Museo Emilio Bacardí, famoso por la preservación de momias de varios miles de años y relevantes pertenencias de los líderes de las guerras independentistas cubanas.

El taller apoyará, asimismo, a otras provincias que hoy ven en riesgo sus bienes patrimoniales, para cuya salvaguarda se revitalizan también las escuelas de oficios en el país, por mucho tiempo deprimidas.

De acuerdo con la publicación, actualmente se preparan diferentes proyectos de colaboración extranjera para el equipamiento de la instalación, que tendrá como línea de prioridad el manejo de documentos.

El patrimonio como médula del desarrollo local

La búsqueda de mecanismos económicos y políticos diversos aparece en varias de las transformaciones trazadas por el gobierno de Raúl Castro y debe repercutir en todas las esferas de la vida en Cuba.

En los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido Comunista de Cuba (PCC) se registra el impulso a las llamadas iniciativas de desarrollo local y la autonomía que para ello necesitan los territorios.  

Las transformaciones que se esperan en barrios y municipios del país, con la aplicación gradual de medidas de descentralización económica, permitirán, al decir de especialistas, que se facilite la solución de algunos problemas y coordinar mejor los recursos disponibles en los territorios, al otorgar poder de decisión a las instancias primarias.

Al respecto, es necesario valorar el patrimonio cultural como elemento fundacional de los proyectos de desarrollo para producir valor agregado territorial y contribuir al progreso local integral; extender, en la medida de lo posible, la experiencia del Centro Histórico habanero, que a su vez se reedita en el resto de las villas cubanas patrimoniales, con las particularidades que impone cada caso.

Algunos lugares han encontrado en su herencia industrial elementos patrimoniales de valía. Existe ya una serie de iniciativas y experiencias respecto a la utilización de los restos industriales del pasado como centros de recursos de carácter cultural y didáctico.  

Sobre el aprovechamiento en Cuba del patrimonio resultante de la actividad industrial, hay que mencionar la organización de visitas a fábricas de tabaco en La Habana y a las vegas de Pinar del Río; a las minas de cobre en Santiago de Cuba, a centrales azucareros y al Museo del Ferrocarril, en La Habana, entre otros sitios.

Pero, en cuanto a una visión de desarrollo local integral, la experiencia pionera es la que ejecuta  desde hace décadas la Oficina del Historiador de La Habana bajo la conducción de Eusebio Leal Spengler, quien defiende que solo desde la cultura se puede lograr un proyecto de progreso real. El trabajo de la Oficina ha demostrado que lo que a veces puede considerarse una limitación, deviene su antípoda, es un potencial para el avance.

Con la entrada del país en la crisis iniciada en la pasada década del noventa se puso a debate en los medios académicos cubanos la viabilidad de estos proyectos, en una nación  subdesarrollada y con un alto nivel de centralización en la toma de decisiones y la distribución de los recursos. El discurso sobre lo local ganó una posición relevante, primero, en investigaciones con acento en su adecuación a la realidad cubana.

Por otro lado, cualquier programa de desarrollo local debe partir de un diagnóstico y del análisis de las potencialidades del territorio. Se supone que este incluya un estudio del patrimonio cultural con que se cuenta para que después este tenga una expresión en las estrategias para el progreso.

Una voz desde el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural

Sobre pormenores de los valores locales en Cuba y su futuro al calor de los cambios que se avistan en el país, la Redacción de IPS Cuba dialogó con el arquitecto Nilson Acosta Reyes,  vicepresidente del organismo rector del patrimonio cultural en la nación.

¿Qué bien clasifica como patrimonio local?
Nosotros valoramos el patrimonio local como aquel asociado a una comunidad y, en ese sentido, puede ser un bien que tenga una declaratoria, una protección jurídica, o puede carecer de ella. Lo relevante es la apreciación de los pobladores. Puede ser una edificación que marca la historia del territorio, la iglesia de un poblado u otro inmueble, pero también puede ser parte del patrimonio inmaterial, que va desde la cocina hasta las fiestas; es muy variado y está asociado a las particularidades de cada localidad.

Más allá de los bienes protegidos jurídicamente, ¿en qué estado se halla ese patrimonio local?
El patrimonio construido es uno de los que más sufre el embate económico. Si usted no puede tener una política de conservación, incluso en el caso de Monumentos Nacionales (no podemos decir que los  más de 500 bienes que están inscritos presentan óptimas condiciones), ¿qué va a quedar para esos que están en muchas de las comunidades? El ejemplo quizás más ilustrativo está en el patrimonio azucarero: ¿qué pasó con muchos centrales? Las poblaciones asociadas se quedaron sin ese asidero, que no era solamente económico sino cultural, esencial para su identidad.

Es un tema complejo y que no se puede apartar de la situación económica. El patrimonio construido local está obviamente muy amenazado también por la falta de mantenimiento, por eventos meteorológicos, por la escasez de los materiales que requiere la conservación de bienes…por ejemplo, en el caso de la arquitectura vernácula, necesita madera de calidad; las tejas, que escasean porque se agotan los yacimientos minerales, pero también por la pérdida de los oficios que durante años hemos padecido.

El patrimonio inmaterial de las comunidades, al contrario, se ha enriquecido. El país tiene mecanismos para promocionarlo y garantizar su transmisión a las nuevas generaciones, gracias también al trabajo de las casas de cultura y los museos municipales. El Período Especial  no pudo con las Parrandas de Remedios, en la provincia de Villa Clara, ni con el Carnaval de Santiago de Cuba. Fueron más fuertes esas tradiciones que las limitaciones económicas. Debo aclarar que no había una ley que obligara a realizar esas festividades.

¿Pudiera pensarse que los esfuerzos de conservación y restauración se concentran en las ciudades patrimoniales?
Hay una jerarquía y eso define prioridades. Cuando hay recursos limitados, se comienza por aquello que tiene mayor impacto.

¿Se hace algo a favor de la arquitectura vernácula?
Sí. El hecho de que haya una Cátedra de Arquitectura Vernácula en colaboración con la Oficina del Historiador de La Habana (la Cátedra Gonzalo de Cárdenas de Arquitectura Vernácula, creada por iniciativa de la Fundación Diego de Sagredo) reconoce esa arquitectura anónima, modesta, pero que también es importante porque la fisonomía de nuestros pueblos está en ella.

La conservación es un reto porque requiere materiales primordiales, pero se trabaja y se trata de buscar paliativos, por lo menos necesitamos identificar dentro de ese mar de construcciones qué es lo más valioso y cuáles pueden ser los criterios para futuras intervenciones.

La arquitectura vernácula frecuentemente está asociada a la precariedad. ¿Esta llamada de atención supone una defensa de prácticas como los pisos de tierra y otras relacionadas con capas primitivas del desarrollo humano?
No necesariamente. El patrimonio no está divorciado del desarrollo, de la evolución de las condiciones de vida de las personas. Lo que tratamos de estimular es la búsqueda de un lenguaje coherente con los antecedentes y el medio. No se pretende que una persona que nació en una vivienda con piso de tierra permanezca toda la vida en las mismas condiciones. Pero, para mejorar la vida de la gente, hay que hallar fórmulas que no sean agresivas con el contexto.

Igual pasa con el acceso a las nuevas tecnologías o a las infraestructuras hidráulica y eléctrica. El caso del Valle de Viñales es un tema analizado, un sitio declarado Patrimonio Mundial y que tiene arquitectura vernácula como parte de sus valores… Estamos conscientes de que hay que reforzar ese diálogo entre el mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes y la conservación en la medida de lo posible de una visualidad y un paisaje determinados.

En cuanto a los museos, hubo un tiempo en que cada municipio tuvo uno, resultado de una batalla liderada por Marta Arjona, por entonces directora del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, quien de concilio con las autoridades municipales escogió los inmuebles de más valor para ese fin, ¿esa idea caducó?

No ha caducado. Los museos municipales nacen por la ley 23 de 1980. Eso en principio se ha mantenido, aunque en la práctica nunca llegó a serlo en ciento por ciento. Hubo municipios en los que nunca se fundó el museo. Hoy día contamos con más de 300 museos y estamos hablando de un país con limitaciones económicas severas. Un museo municipal hace falta, lo que hay que adecuarlo a las particularidades de cada territorio y que tenga las condiciones mínimas para desarrollar su trabajo.  

En estos momentos se habla con fuerza de una mayor participación ciudadana, de otorgarle poder económico y de gestión a los municipios ¿qué efecto tendría esto para el patrimonio?
Es un reto para los territorios. Cuando se estructure esta nueva estrategia, habrá municipios que tengan más ingresos y posibilidades a partir de la cultura, como Trinidad, en el centro del país, y otros que van a depender de la capacidad del territorio en otros sectores y de la sensibilidad del gobierno a propósito de instituciones que hay que mantener. El Consejo seguirá asumiendo lo que es su esencia: la rectoría metodológica. Este esquema económico que hoy tenemos es una herencia de una distorsión ocasionada por la dualidad monetaria. Cuando ella desaparezca, los presupuestos van a ser los de los gobiernos y de ahí debe salir el financiamiento para mantener museos, casas de cultura y bienes patrimoniales. Está previsto que de esta manera el municipio gobierne y que no se siente a esperar las orientaciones de arriba.

¿Qué perspectiva usted aprecia en la Isla de la Juventud, que cuenta con el Presidio Modelo; la Finca El Abra, donde permaneció José Martí; las Cuevas de Punta del Este; el barco El Pinero…?
Le va a ser extremadamente difícil a la Isla de la Juventud, si no tiene una atención nacional diferenciada de inicio. Solo el Presidio Modelo sobrepasa las posibilidades del municipio, y los monumentos nacionales en la Isla, como El Pinero, están bastante amenazados. En Punta del Este ya se están realizando acciones, pero se requiere de una sistematicidad. El Abra, cada cierto tiempo, necesita una atención. En el caso del patrimonio de la Isla, con bienes únicos, hay que buscar un esquema que priorice algunas de estas intervenciones.

La Isla también tiene un potencial turístico considerable
Eso lo hemos defendido también. El caso del Presidio, por ejemplo, requiere de una inversión millonaria, pero es un patrimonio que puede generar desarrollo local.

Nosotros hemos hecho un diagnóstico de los monumentos amenazados en todo el país, se presentó a las máximas instancias del gobierno y se está valorando, tentativamente, a cuánto puede ascender el financiamiento de su restauración para presentarlo al Ministerio de Economía y Planificación. (2014).

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