Microcrédito y microfinanzas, ahora en Cuba

La apertura del crédito desde la banca estatal permite sumar nuevos recursos a disposición de los emprendimientos privados.

Archivo IPS Cuba

El sector privado y cooperativo representará el 35 por ciento de la fuerza de trabajo en el país para el 2015.

Una pieza central de la reforma actual del modelo económico cubano es la apertura al sector no estatal de pequeña escala. El nuevo marco regulatorio no facilita aún la creación de pequeñas y medianas empresas (Pymes); el sector no estatal, por el momento, está integrado por cuentapropistas, microempresas privadas y agricultores individuales.

También se ha anunciado una próxima expansión de las cooperativas urbanas. Las autoridades planifican que para 2015 más del 35 por ciento de la fuerza de trabajo esté empleada en el sector privado y cooperativo.

El éxito de dicha estrategia requiere el establecimiento de diferentes apoyos desde las políticas públicas, entre los que se encuentra la provisión de servicios financieros y crediticios desde el sistema bancario nacional.

En noviembre de 2011 se anunciaron nuevas regulaciones en esta dirección. En la Gaceta Oficial 40 se publicó el marco legal en el que podrán actuar financieramente los cuentapropistas, las microempresas y los productores agrícolas privados, junto a otras formas no estatales que en lo adelante se autoricen.

El sector no estatal puede, desde el 20 de diciembre de 2011, hacer uso del crédito bancario y abrir cuentas corrientes para utilizar cheques, letras de cambio y otros instrumentos de pago bancario.

La nueva política financiera incluye además la autorización a los bancos para otorgar créditos personales para la reparación y construcción de viviendas. También deja abiertas las puertas a una futura expansión del crédito para bienes de consumo y la compra de viviendas y de autos en el sector de los hogares.[i]

Tres bancos estatales, el Banco Metropolitano, el Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) y el Banco Popular de Ahorro (BPA), están encargados de dar respuesta a los nuevos créditos y servicios financieros.

De acuerdo con la Gaceta Oficial 40 de 2011, no hay un límite máximo para los montos de los créditos. Las tasas de interés de los créditos se fijan sumando un margen aprobado por el Banco Central (entre 0,25% y 2,5%) a las tasas de interés vigentes en los depósitos a plazo fijo en pesos cubanos.

De esta manera, las tasas de interés de los créditos se mueven en un rango entre 4,25 por ciento y nueve por ciento, de acuerdo con el propósito del crédito, el plazo para su amortización y los análisis de riesgo realizados por el banco (Ver Anexo 1).

Los solicitantes del crédito deben llenar un modelo donde se especifique la factibilidad del negocio y las garantías. Podrán constituirse como garantías depósitos bancarios del propio solicitante o de terceros, bienes muebles (prendas), hipotecas de viviendas ubicadas en zonas de descanso o veraneo, así como solares yermos, entre otras. Todas podrán ser objeto de embargo ante incumplimientos reiterados del contrato de crédito.

Las regulaciones establecen que no puede ofrecerse como garantía el inmueble que constituya la vivienda permanente del deudor. Inicialmente, el proceso de otorgamiento de crédito se ha apoyado en garantías financieras, mientras se trabaja en las normas y procedimientos para la valoración de otras garantías, en particular, las prendas

Las informaciones reportadas por los bancos cubanos sobre el primer mes de ejecución de las medidas indicaban que habían procesado más de 4.000 solicitudes; se habían otorgado ya más de 850 créditos por un valor total superior a seis millones de pesos cubanos, lo que arroja un saldo promedio de crédito por persona de 7.000 pesos (292 dólares estadounidenses al tipo de cambio actual en las casas de cambio). Más del 90% de los créditos otorgados se concentraban en el financiamiento para materiales de construcción.[ii]

Antes de la publicación de la Gaceta Oficial 40 en noviembre de 2011 ya venía realizándose una ampliación del crédito a los productores agrícolas privados, a partir del nuevo proceso de entrega de tierras en usufructo en 2008. Los bancos otorgan créditos para capital de trabajo en el período de la siembra y la recolección de los cultivos, para la producción pecuaria (gastos de adquisición del ganado y la atención de la masa), así como para la compra de insumos e inversiones en instalaciones.

No se dan créditos para el desmonte de marabú (planta que cubre la mayoría de las tierras entregadas), sino que siempre se brinda el crédito sobre la base de una cosecha futura viable. La principal garantía que se aplica es el valor de la producción que va a obtenerse y, en caso de alguna afectación, la indemnización que por esta paga el seguro (el productor debe tener una línea de seguro). Además, puede utilizarse el resto de las garantías publicadas en la Gaceta 40 de 2011.

El Banco de Crédito y Comercio (BANDEC), con 203 sucursales en todo el país, ha sido el principal encargado de llevar el crédito a los productores agrícolas privados. BANDEC informó, a mediados de 2011, que contaba con una cartera de 13.000 productores agrícolas. Esta cartera creció 84 por ciento en 2010 en comparación con 2009; en marzo de 2011 había aumentado 11,3 por ciento en relación con diciembre de 2010. BANDEC reporta que estos volúmenes todavía no son representativos de la cartera total de financiamiento del banco, pues sólo llegan a tres por ciento.[iii]

Las actuales medidas financieras del gobierno cubano permiten clasificar la nueva política como una apertura al microcrédito y las microfinanzas. El volumen de los montos crediticios esperados (algunos cientos de dólares a la tasa de cambio actual en las casas de cambio), el tipo de actores receptores de los créditos (personas, pequeños productores agrícolas y microempresas), así como las características de las garantías permitidas (no apoyada en hipotecas) ubicarían las nuevas operaciones financieras dentro del campo del microcrédito.

La apertura también es extensiva a las microfinanzas, dado que los microempresarios recibirán otros servicios financieros además de crédito; en específico, el manejo de cuentas corrientes y la utilización de instrumentos de pago bancario. Es por ello que, para una mejor evaluación de las potencialidades y retos de la nueva política financiera, es necesario ubicarse en los conceptos y las tendencias internacionales del microcrédito y, en general, las microfinanzas.

Tendencias internacionales en microfinanzas

Hasta hace apenas unos años, internacionalmente, la oferta de servicios financieros a los segmentos de menos ingresos de la población era considerada inviable, por el alto riesgo que suponía otorgar créditos a estos sectores[iv]. Los pequeños negocios no eran atractivos para las instituciones que tradicionalmente se dedicaban a la intermediación financiera. La mayoría de las personas de bajos recursos veían que sus posibilidades de acceso a los servicios financieros se limitaban a los proveedores informales.

Hoy día ese paradigma parece haber cambiado. Las organizaciones de microfinanzas (OMF) han logrado desplegar nuevas tecnologías financieras y han aprendido a manejar carteras de crédito orientadas a los pequeños negocios. Un paso importante ha sido desarrollar transacciones financieras que no descansan en hipotecas y bienes raíces, sino en garantías sobre bienes muebles (prendas) y otras garantías no tradicionales.

Las OMF intentan emplear estilos de avalúos no tanto de formas tangibles de riqueza sino en la valoración de activos intangibles, es decir, en las potencialidades del sector microempresarial de obtener ingresos futuros y generar una capacidad de pago.

Las instituciones de microcrédito pioneras en América Latina se establecieron entre fines de la pasada década del ochenta y principios de los noventa. En su mayoría, estas entidades se constituían en Organizaciones No Gubernamentales (ONG) donantes de créditos, con una marcada misión social. De modo que los créditos donados por las ONG constituyeron la base para el desarrollo internacional del microcrédito.

Sin embargo, en la medida que el sector se expandió, entraron al mercado otras instituciones con modelos de gestión empresariales, aumentó la competencia y se multiplicó el microcrédito, sobre todo en las zonas urbanas. Comenzó un proceso de transformación que llevó al desplazamiento de los servicios semi-informales por institucionalizados, la conversión de ONGs en instituciones financieras, el paso de entidades de microcrédito no reguladas a reguladas, así como a la proliferación de instituciones financieras especializadas únicamente en microfinanzas.

Con las múltiples transformaciones de las entidades de microfinanciamiento, se ha producido un cambio en el sector y no queda claro si la misión de estas es netamente social o estrictamente de negocios. A ello se suma la falta de claridad sobre el papel de la banca pública y el inadecuado manejo que, en ocasiones, se hace de los subsidios.

En este proceso, el microcrédito se transformó en microfinanzas. Se ha avanzado en el conocimiento de que las microfinanzas van mucho más allá del microcrédito. Hoy el negocio microfinanciero no consiste únicamente en colocar créditos, sino también en captar depósitos y ofrecer otros servicios. También ha sido parte de esta evolución una extensión del microcrédito hacia el consumo y hacia proyectos que involucren varios actores al mismo tiempo, así como la vinculación de las OMF con el envío y la recepción de remesas. En América Latina se mencionan los casos de Bolivia y Perú como los de mayor desarrollo en microfinanzas.

Pese a los avances alcanzados, todavía existen amplios segmentos de la población que quedan desatendidos financieramente. Las estadísticas mundiales muestran que menos del diez por ciento de los 2.500 millones de personas que viven con menos de dos dólares diarios tienen acceso a servicios financieros de algún tipo.

El avance para atender las zonas rurales ha sido mucho más lento que en las urbanas. Los clientes rurales se asocian a las asimetrías de información, al poco conocimiento de la actividad productiva del prestatario, las distancias y problemas de comunicación, el insuficiente desarrollo de la infraestructura, la menor productividad y los riesgos climáticos y sistémicos. A ello se adiciona los problemas de inseguridad para el transporte de valores, el analfabetismo y la carencia de documentos de identidad.

Para incrementar la cobertura y el acceso de los servicios se han desarrollado formas no tradicionales de expansión del negocio microfinanciero, mediante la corresponsalía con empresas comerciales y asociaciones con empresas como farmacias, oficinas de correo, gasolineras, loterías y supermercados, a las que se les ha denominado “corresponsales bancarios”.

Se fomentan alianzas estratégicas entre las OMF y operadores del sector rural, y entre los sectores público y privado. Las OMF pueden vincular el crédito, al mismo tiempo, a la prestación de asistencia técnica, la compra de determinados insumos o la promoción de diversos intereses del desarrollo local. Las OMF se han venido reorientando y desplegando nuevas tecnologías financieras para adaptarse a entornos complejos.

La utilización de la tecnología se ha hecho indispensable para expandir el microcrédito, pero esta es costosa. Los bajos niveles de bancarización (alto uso todavía del efectivo como medio de pago), la todavía escasa competencia, el bajo historial de crédito de los prestatarios y la ausencia en algunos países de centrales de riesgo confiables e integrales mantienen aún muy elevados el riesgo crediticio y los costos del sector, lo cual termina reflejándose en las tasas de interés. Las tasas de mercado pueden llegar a 40 por ciento y 60 por ciento anuales. La opción de ponerles un techo no siempre es bien vista, dado que significa excluir a prestamistas del sistema financiero y reducir a la oferta de fondos para microcrédito.

Para aumentar su eficiencia y reducir costos, las OMF han ido diversificando sus productos y servicios, ampliando la base de clientes atendidos para generar economías de escala y disminuyendo los costos operacionales. La combinación de economías de escala con la utilización de una plataforma tecnológica adecuada, más la conformación de alianzas con entidades locales, permite reducir costos y tasas de interés.

Las tecnologías de la información y las comunicaciones han revolucionado el mundo de las microfinanzas contribuyendo de manera importante al sector con sofisticados centros de cómputo, canales de distribución mucho más ágiles, agencias que pueden integrarse más fácilmente a redes, el uso de la tecnología celular y el empleo de canales alternativos, tales como agencias móviles.

Para incrementar la disponibilidad de fondos, algunas OMF en determinados países han buscado nuevas fuentes de financiamiento, mediante programas de titularizaciones, emisiones locales de instrumentos financieros y fondos de garantías con apoyo nacional e internacional. Las OMF se han expandido hacia el envío y la recepción de remesas, con el objetivo de captar nuevos recursos y ofrecer servicios integrales a la familia.

No todos los bancos centrales han mostrado tener capacidad para manejar la supervisión del sector. Las crisis de las OMF en la India y Bangladesh pusieron una alerta sobre la necesidad de mejorar los mecanismos de regulación del sector de las microfinanzas. Se requiere de un esquema de supervisión y regulación propio de las microfinanzas.

El acceso oportuno a sistemas de información crediticia, al momento del procesamiento de la solicitud, mejora no sólo los tiempos y la efectividad de la atención al cliente, sino que es una importante herramienta de mitigación de riesgo. Las OMF necesitan de continuos procesos de credit scoring, deben contar con una base de datos adecuada y organizada por las instancias públicas mediante el desarrollo de centrales de riesgo.

Muchas OMF tienen descalces cambiarios, por tanto son muy vulnerables a los movimientos de los tipos de cambio, sobre todo las que reciben fondos externos y de organismos internacionales. Varios países han tenido éxito en la estabilidad del sector a partir de fortalecer los organismos y tecnologías de supervisión y fiscalización de las actividades y los balances de la OMF, al mismo tiempo que dedican más recursos para capacitación y desarrollo de sistemas de información.

Pese a todos los desafíos que aún tiene por delante la industria microfinanciera, se considera que esta viene contribuyendo a un proceso de mayor inclusión financiera y democratización del crédito. Los microcréditos tienen un impacto favorable en la reducción de la pobreza, la inclusión social y representan un factor de cambio importante en la vida de grupos vulnerables.

Las Naciones Unidas han destacado el acceso a los servicios financieros como un instrumento para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Un elemento complejo a superar es el adecuado balance entre impactos sociales y la rentabilidad financiera a la que deben apuntar las entidades microfinancieras para su sostenibilidad. Se considera que las OMF pueden ser vehículos para el cumplimiento de planes sociales, pero de manera rentable y sostenible.

Beneficios, debilidades y fortalezas en el caso cubano

Hasta el momento, el capital para los negocios privados en Cuba había tenido como procedencia el ahorro de los propios emprendedores, las remesas desde el exterior y recursos que se mueven por vía de las finanzas informales. La apertura actual del crédito desde la banca estatal permite sumar nuevos recursos a disposición de los emprendimientos privados.

Dado que los bancos están más capacitados para seleccionar los proyectos de mayor rentabilidad y menor riesgo, la nueva política financiera promueve una mayor eficiencia en la asignación de los recursos temporalmente libres en la economía.

Las finanzas informales seguirán existiendo (préstamo de un familiar, amigo u otra persona), pero con las nuevas medidas se crean canales financieros institucionalizados que podrían evitar una proliferación de las finanzas informales, en caso de que los bancos logren alcanzar una cobertura adecuada dentro del sector.

Un beneficio inmediato de la apertura actual del crédito estaría en el impacto en la construcción y reparación de viviendas, ayudando a paliar parcialmente los grandes problemas del fondo habitacional en la isla.

En lo adelante, cuando la capacidad financiera del país permita extender estos créditos hacia los bienes de consumo y la compra de casas, los efectos sobre la demanda interna serían mayores. De esta forma, irá aumentando el potencial del mercado interno, espoleado por el crédito como dinamizador del crecimiento económico. Los ingresos de familias rurales y urbanas se incrementarán por encima de los insuficientes salarios y subsidios estatales, gracias a los nuevos emprendimientos que se vean favorecidos con el microcrédito.

No obstante, en un inicio, es de esperar que no se logre una suficiente cobertura de los servicios microfinancieros. Varios factores atentan contra este objetivo. La banca cubana tiene poca experiencia en microcrédito, en general; está acostumbrada a trabajar con empresas estatales y dentro de los parámetros convencionales para los análisis de factibilidad de los créditos.

Por otra parte, la propia población tiene una baja cultura financiera y requiere tiempo para entender los requerimientos, procedimientos y garantías asociados a los microcréditos. Ambas partes, prestamista y prestatario, necesitan un período de aprendizaje, en el que se reconocerán mutuamente y calibrarán las potencialidades de la nueva política financiera.

Otro factor de debilidad radica en la atrasada infraestructura de telecomunicaciones cubana que pone obstáculos en la utilización de tecnologías que reduzcan costos, agilicen los procedimientos y aumenten el acceso a los servicios microfinancieros. Es de esperar que se formen cuellos de botella en la provisión de los nuevos servicios financieros.

Una fortaleza es que los microcréditos están naciendo en Cuba desde el propio sistema bancario, el cual tiene posibilidades de ofrecer múltiples servicios microfinancieros, como la apertura de cuentas corrientes, la utilización de instrumentos de pago bancarios, la recepción de remesas, entre otros que pudieran potenciarse.

La facilidad de que el sector no estatal pueda abrir cuentas corrientes y manejar todos los instrumentos de pago que se utilizan en la práctica bancaria tiene un grupo de efectos positivos. Se reduce el riesgo de manejar y acumular excesivos volúmenes de efectivo y, en general, contribuye a disminuir los costos operacionales de microempresarios y productores agrícolas. Por vía bancaria podrán pagar sus obligaciones tributarias, contribuciones a la seguridad social, servicios de electricidad, teléfono, gas, agua y otros.

Empezarían a ser viables financieramente sus vínculos con el sector empresarial e institucional estatal. Las autoridades fiscales también se beneficiarán, pues la bancarización del sector no estatal facilita el control de la legalidad, en especial contribuye a reducir la evasión de impuestos.

Comenzar desde la propia banca ayudaría a favorecer las economías de escala y a disminuir, de esta manera, los costos de las instituciones financieras en la provisión del microcrédito. Sin embargo, por otro lado, la poca experiencia previa de la banca cubana y la débil infraestructura en telecomunicaciones podrían actuar en sentido contrario sobre los costos.

Este efecto no se reflejaría en las tasas de interés (controladas por el banco central), pero sí en la rentabilidad y sostenibilidad del microcrédito, implicando subsidios (explícitos o encubiertos). El Banco Central ha definido márgenes financieros bajos (entre 0,25% y 2,5% sobre las tasas de interés de los depósitos), los cuales podrían no cubrir los costos de los nuevos servicios financieros.

La ausencia de competencia desde ONG y otras posibles OMF no será un mecanismo para incentivar a los tres bancos estatales a buscar las opciones más eficientes y creativas para reducir costos y aplicar nuevas tecnologías. Todo ello, sumado a la falta de claridad del papel de la banca pública (equilibrio entre función social y rentabilidad financiera), tiene el riesgo de llevar al microcrédito cubano a convertirse en un sistema altamente subsidiado e insostenible.

Para la reducción de costos y ampliación de la cobertura es vital abrir el sector del microcrédito a la colaboración internacional y, de existir interés, a la inversión extranjera. La colaboración y/o inversión extranjera contribuiría a promover la utilización de tecnologías como corresponsales bancarios, sucursales satélites y banca móvil, además de suministrar financiamiento para la formación de capacidades y para el incremento de los propios fondos disponibles para los créditos, tal y como ha ocurrido en Latinoamérica.

Se deben estudiar experiencias internacionales, destacándose en América Latina los ejemplos de Bolivia y Perú, y como institución regional sería favorable un acercamiento a la Corporación Andina de Fomento (CAF), la cual viene organizando seminarios y publicando reportes sobre el estado de las microfinanzas en la región.

El sistema bancario no puede asumir por sí solo la promoción y el desarrollo de las microfinanzas. Es imprescindible la conformación de alianzas estratégicas que incluyan a los gobiernos municipales y provinciales, empresas regionales y hasta universidades y centros de estudios que pudieran activar incubadoras de microempresas.

Las instituciones locales servirían como garantes, contribuirían a la selección de los mejores proyectos, ayudarían a identificar las necesidades financieras locales y propondrían servicios de microfinanzas más “a la medida”. En el sector agrícola las potencialidades podrían ser mayores, dada la experiencia previa que tienen los campesinos en el manejo del crédito a través de las Cooperativas de Crédito y Servicios y otros programas que ya venían funcionando, algunos de ellos con ayuda internacional. No descuidar el microcrédito rural es transcendental, por la importancia que tiene para la economía del país y la reforma en curso para el despegue de la agricultura.

La Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba (ANEC) ya se vislumbra como un actor clave para auxiliar en el necesario proceso de aprendizaje, mediante cursos y asesoramiento a microempresarios. Recientemente, el Centro Cultural Padre Félix Varela lanzó la convocatoria del proyecto CubaEmprende, para ofrecerles a emprendedores un curso de 80 horas sobre finanzas, contabilidad, ventas y mercadotecnia.

También se conoció recientemente del comienzo de la venta del software Cuentas Claras, diseñado por la firma estatal de Tecnologías de la Información y Servicios Telemáticos Avanzados (Citmatel), para facilitar la gestión contable a los pequeños negocios.

De seguro surgirán otros propuestas desde diferentes instituciones, al mismo tiempo que, antiguos proyectos y experiencias se pueden rediseñar y adaptar a las nuevas circunstancias. El proyecto FRIDEL (Fondo Rotatorio de Apoyo a Iniciativas de Desarrollo Económico Local) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), vigente en Cuba desde hace algunos años, y el proyecto del Ministerio de Economía y Planificación para apoyar la iniciativa municipal son puntos de partida que pudieran explotarse, ahora con la ventaja de poder incluir el microcrédito hacia el sector no estatal como elemento clave para el desarrollo local.

El sistema financiero cubano, con la participación de actores locales, nacionales e internacionales, podrá ir avanzando hacia la ampliación de la cobertura y la reducción de los costos de los microcréditos, en la medida que logre también diversificar los servicios microfinancieros. Los microseguros, el microleasing y el aprovechamiento de las remesas externas podrían ser algunas alternativas a estudiar.

En comparación con algunos países de América Latina, una fortaleza para Cuba es que el analfabetismo y la carencia de documentos de identidad no serían un problema para el acceso del microcrédito a todos los segmentos de la población. Los problemas de inseguridad para el transporte de valores hacia zonas rurales y más pobres también tendrían una menor incidencia en el caso cubano.

Una debilidad que no se puede obviar en el desarrollo de todos los posibles proyectos para expandir las microfinanzas en Cuba es la dualidad monetaria y las regulaciones y segmentaciones que entorpecen el acceso de los microempresarios y productores agrícolas a importaciones e insumos fundamentales, lo cual disminuye las necesidades que pueden ser cubiertas con los microcréditos.

Además, existe el riesgo de no contar con suficientes fondos, dada la crisis financiera doméstica y la propia dualidad monetaria que dificulta la captación de recursos externos en divisas para otorgar créditos en pesos cubanos. Aun cuando los bancos individualmente cuenten con ahorros en pesos cubanos para prestar (multiplicar el dinero), desde el punto de vista macroeconómico la emisión (secundaria) de pesos cubanos requiere de un respaldo productivo y de divisas internacionales, los cuales marcarían los verdaderos límites de la expansión del microcrédito.

Finalmente, pero no menos importante, se debe prestar una especial atención al tema de la regulación y supervisión bancaria. Al comenzar las microfinanzas en Cuba desde instituciones reguladas financieramente, pues se tiene la ventaja de que el sector contará con el necesario control y supervisión de la Superintendencia del Banco Central, lo cual reduce los riesgos de sobreendeudamiento y, en general, de incorrectos manejos de las carteras crediticias.

La superintendencia del Banco Central de Cuba ha emitido cinco normativas para acompañar la nueva política financiera. Estas están referidas a la concentración y clasificación de riesgos; a la constitución de reservas legales para contingencias; al otorgamiento, control y recuperación de créditos, así como a normas específicas de información financiera.[v] También se propone un sistema de credit scoring, tomando en consideración criterios internacionales, aunque en una fase todavía inicial y sin el apoyo de bases de datos unificadas que proporcionen una más efectiva medición del riesgo.[vi]

Ciertamente, se percibe en las autoridades financieras un reconocimiento de la importancia de fortalecer las centrales de riesgo, el credit scoring y las normas para la regulación y supervisión del sector.

En resumen, una de las mayores fortalezas de la apertura actual a las microfinanzas en Cuba es que comienza desde instituciones reguladas (bancos), con posibilidades de ofrecer varios servicios microfinancieros.

La mayor debilidad es la poca experiencia de la banca cubana en microfinanzas, lo cual atentará contra la cobertura, los costos y, en general, la sostenibilidad del microcrédito. La banca cubana y el propio sector no estatal de pequeña escala tienen por delante un gran esfuerzo en capacitación y aprendizaje. En estos empeños son fundamentales las alianzas que puedan establecerse con actores locales e internacionales, y los aportes de otras instituciones.

Tal y como sucede con muchos otros aspectos del proceso de reforma cubana, las nuevas políticas y marcos regulatorios están necesitados de un proceso de aprendizaje. En la medida que se vayan superando los retos y debilidades, la nueva política financiera ciertamente ampliará los márgenes de holgura de actores no estatales y tenderán a fortalecer el mercado interno.

El nuevo marco regulatorio reanima los mecanismos de crédito como instrumento para la promoción del sector agroalimentario, el desarrollo local y el bienestar de las familias. En Cuba, las microfinanzas también tendrán un significativo impacto social.

Anexo 1: Tasas de interés para los créditos

Las tasas de interés de los créditos se fijan sumando un margen, aprobado por el Banco Central, a las tasas de interés de los depósitos a plazo fijo en pesos cubanos. Las tasas de interés anuales de los depósitos a plazo fijo van desde cuatro por ciento para el plazo de un año hasta 6,5 por ciento para un depósito por cinco años.

Los márgenes aprobados dependen del propósito del crédito y tienen un rango dentro del cual pueden moverse los bancos de acuerdo con los análisis de riesgo realizados para cada cliente. Estos son los márgenes según el propósito del crédito (sobre una base anual):

-Capital de trabajo o inversión hasta un año: 1% ±0,5%

-Capital de trabajo o inversión superiores a un año: 1,5% ±1%

-Compra de materiales de construcción o pago del servicio de mano de obra: 0,25%

-Bienes duraderos y para el consumo: 2% ±1%

-Recargo por mora: no podrá exceder 4%

Por tanto, la tasa de interés más alta sería para un préstamo para una inversión de cinco años: nueve por ciento (6,50+1,5+1) en el caso que el banco la considere de mayor riesgo. La tasa de interés más baja sería para un préstamo a un año para compra de materiales de la construcción: 4,25 por ciento (4+0,25). A los usufructuarios de la tierra se les aplica la tasa de interés mínima para capital de trabajo e inversión, durante los primeros dos años de explotación de la tierra, que sería 4,5 por ciento (4+0,5).

Fuente: Autor, apoyado en información del sitio web del Banco Central de Cuba: www.bc.gov.cu.



Notas:

[i] Ver Ministerio de Justicia, Gaceta Oficial de la República de Cuba, No. 40, 21 de noviembre de 2011, La Habana.

[ii] Información reportada en el espacio de la Mesa Redonda de la Televisión Cubana en enero de 2012.

[iii] Ver entrevista con la presidenta del BANDEC en Juventud Rebelde, “La Tierra tiene Crédito”, 10 de julio de 2011.

[iv] Esta sección se apoya, principalmente, en documentos consultados sobre la Cumbre Mundial del Microcrédito, de noviembre de 2011, en Valladolid, España, y en información y resúmenes reportados en el sitio web de la Corporación Andina de Fomento (CAF) sobre los Foros en Microfinanzas y el Microcospio Global sobre el Entorno de Negocios para las Microfinanzas, elaborado por la Economist Intelligence Unit.

[v] Ver Instrucciones número 9, 10, 11, 12 y 13 de 2011 del Banco Central de Cuba, a las cuales se puede acceder en el sitio web www.bc.gov.cu

[vi] Ver Carta Circular número 4 del Banco Central de Cuba, a la cual se puede acceder en el sitio web www.bc.gov.cu

Un comentario

  1. Celine

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