Reflexiones sobre la actualización del modelo económico cubano

Algunas interrogantes.

En medio de la reestructuración del sistema empresarial estatal y algunos cambios propuestos para las empresas, surgen interrogantes relacionadas con la propiedad y la modernización de la gestión empresarial, las modificaciones propuestas para la empresa estatal y la separación de funciones estatales y productivas de los ministerios, entre otros asuntos clave.

Cuba está inmersa en el proceso de actualización de su modelo económico y social, para lo cual se aprobaron en el Sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba los Lineamientos de la Política Económica y Social, que representan una guía para conducir a un cambio sustantivo en la economía. Este proceso se distingue, además, porque por primera vez se controla su implementación paso a paso, a la par que las instituciones académicas y científicas participan en la elaboración de recomendaciones.

Los lineamientos y su implementación han conducido a un conjunto de discusiones, como supone todo proceso de cambio. Se ha reflexionado mucho sobre  un direccionamiento constructivo, de apoyo, al mismo tiempo que se muestran insuficiencias y vacíos que es necesario considerar.

En la sesión de la Asamblea Nacional de julio de 2013 se planteó un conjunto de aspectos de sumo interés relacionados con el modelo económico y su actualización que, según la resolución del Sexto Congreso del PCC sobre los Lineamientos de la Política Económica y Social, tiene como objetivo “garantizar la continuidad e irreversibilidad del Socialismo, el desarrollo económico del país y la elevación del nivel de vida de la población conjugados con la necesaria formación de valores éticos y políticos de nuestros ciudadanos. ”1

El presidente cubano se refirió a que se debía construir una sociedad socialista, próspera y sustentable. La prosperidad se relaciona2 con la satisfacción de la población y debe estar muy vinculada a la elevación de su nivel de vida. Para ello es necesario que sea sustentable, lo cual implica desarrollo como vía indispensable para lograr altas cotas de riqueza económica y social, todo ello  en los marcos de una sociedad socialista, con predomino de la propiedad social sobre los medios fundamentales de producción.

Al hablar de propiedad estatal sobre los medios fundamentales y solo sobre ellos, se está dejando abierta la existencia de una economía mixta con diversas formas de propiedad. Sin embargo, aún no queda claro qué se entiende por “medios fundamentales de producción”, ya que el Estado es dueño de una termoeléctrica –que pareciera ser una actividad clave– al mismo tiempo que sigue siendo dueño de pequeños talleres de servicios o de producciones no esenciales.

Por tanto, es necesario definir qué son los medios de producción clave, de manera clara y precisa. Supuestamente, son aquellos que aportan de forma sustantiva al Producto Interno Bruto y al desarrollo económico y social del país. Si quedara aclarado este concepto, sería más fácil determinar qué puede llegar a ser del sector no estatal, ya sea trabajo por cuenta propia o cooperativa.

La existencia de un sector no estatal se ha fundamentado por la necesidad de reducir la cantidad de trabajadores empleados en el sector estatal y, además, porque este asumió actividades de muy baja productividad, todo lo cual desvía recursos, esfuerzos y tiempo en gestionar un sector injustificadamente grande, que lo hace ineficiente.

No hay que temer a cambios en la estructura de la propiedad que abran las puertas al sector privado y cooperativo. Primero, porque los medios fundamentales seguirán en manos del Estado y, segundo, porque la economía será regulada por el Estado. Además, lo que hoy se propone es la consecuencia lógica de dos decisiones tomadas tiempo atrás: primero, la nacionalización de la pequeña y mediana propiedad privada en la pasada década del sesenta, cuando todo, hasta un vendedor de granizado, respondía a una empresa estatal, lo cual es un contrasentido;  y segundo, el  crecimiento de la población en edad laboral durante la pasada década de los ochenta y el bajo nivel de eficiencia de la economía, una combinación letal que provocó el exceso de empleo y la hipertrofia de determinados sectores que acogieron a una buena parte de esa población.

¿Por qué rechazar el mercado? Si el mercado se desarrolla sin control, puede irse de las manos; pero si se regula por vías económicas y se encauza, es beneficioso para todos. El plan debe garantizar las macro proporciones, en tanto el mercado debe ser el marco propicio del movimiento dinámico de las organizaciones empresariales.

Sin embargo, el sector no estatal no puede desarrollarse si no hay condiciones para ello, incluidas las institucionales, como un comercio mayorista o la modernización de la administración tributaria. Son indispensables políticas claras y nada discrecionales; de lo contrario, se deja abierta la puerta a la ilegalidad y la evasión fiscal, lo que puede conllevar que el Estado tome medidas administrativas de prohibiciones, cuando la causa de las distorsiones se encuentra en no haber creado el ambiente propicio para el desarrollo saludable de los negocios.

Entre otros aspectos también necesarios está el de pasar de la personalidad natural a la jurídica para aquellos trabajos por cuenta propia que así lo ameriten. No es posible seguir considerando lo que ya de hecho son micro o pequeñas empresas, como cuenta propia o autoempleo. Tampoco ayuda continuar con la lista positiva de los trabajos permitidos y no pasar a la lista de las prohibiciones expresas a ciertos tipos de trabajo que el Estado no desee que pasen a manos privadas o cooperativas, pero para esto es indispensable tener claridad en una estrategia de desarrollo y cuáles serían los medios de producción fundamentales.

Tampoco resiste el menor análisis de eficiencia administrativa  que cada cooperativa a crear deba ser aprobada por la más alta dirección del país y, al mismo tiempo, es preocupante la forma en que se están creando. Los empleados estatales se convierten en cooperativistas, casi de la noche a la mañana, y la forma de actuar y ser no es la misma en cada caso. Existe el peligro de que el Estado les mantenga la supervisión y subordinación, como ya sucedió con las UBPC, o también que tales cooperativas fracasen y se culpe al tipo de organización cooperativo y no al modo en que se ha creado.

Pero si todo lo anterior es importante, lo es  más aún que a las empresas estatales se les otorgue la autonomía que les permita tomar decisiones, entre otras,  sobre sus recursos,  proveedores, clientes y otros aspectos, lo cual puede ayudar a la articulación de diversas formas de propiedad.

Según lo planteado, a partir de 2014 las empresas estatales solo tendrán seis indicadores directivos que son: ventas, encargo estatal, rotación del capital de trabajo, utilidades, aporte por el rendimiento de la inversión estatal y ventas a la exportación. No queda muy clara la diferencia entre ventas, encargo estatal y ventas a la exportación. ¿Las ventas son el total o el residuo que queda de lo exportado y el encargo estatal? Más bien pareciera lo último. Lo que si está bien definido es que el encargo es la prioridad y el Estado lo garantizará, es una cifra a cumplir, pero  ¿le dejará margen a la empresa para excedentes y para tener utilidades?

Por otra parte, de las utilidades se deducen los impuestos y de lo que resta hay que entregar como mínimo el 50 por ciento como aporte por el rendimiento de la inversión estatal; pero ¿por qué tiene que ser el 50 por ciento?, ¿por qué de nuevo una cota mínima igual para todos?, ¿por qué siempre habrá que aportar el 50 por ciento y no se puede valorar la posibilidad de que se reinvierta una parte? Estos son aspectos que deberían ser debatidos; no es posible seguir operando la economía estatal desde arriba, solamente.

Pareciera que el aporte por el rendimiento de la inversión estatal vendría siendo como los dividendos en una empresa privada; es decir, lo que se le paga a los accionistas, en este caso al Estado, por arriesgar su dinero en las  inversiones. Entonces, ¿por qué decidir a priori la magnitud y frecuencia de ese aporte? Las supuestamente representantes de los accionistas –en este caso el Estado– son las Juntas de Gobierno; sin embargo, cabe preguntarse: ¿para qué están, si ese tipo de decisión ya viene dada desde arriba?

Algo que ayuda a la empresa es la no devolución de la amortización y la posibilidad de realizar inversiones menores. Claro, habría que ver cuánto es lo que representa para cada empresa el 50 por ciento que retienen de utilidades, de donde deben pagar créditos, incrementos de capital de trabajo, I+D (investigación y desarrollo), pago por la eficiencia económica a los trabajadores y otros.

Luego de cumplir el encargo, las empresas pueden vender a terceros y pareciera que los suministros pueden contratarlos con cualquier entidad. Queda por ver si los clientes “amparados” por el encargo estatal, que son predeterminados, actúan como verdaderos clientes en términos de exigencias por la calidad y responsabilidad contractual.

¿Cómo dirigir la economía?

Se habla de modernización de la gestión y, ciertamente, ello no debe confundirse con transformación de la propiedad , pues en realidad los Lineamientos sí plantean cambios en la estructura de la propiedad, al tiempo que buscan organizar mejor la economía. La forma de propiedad no tiene que ver directamente con la modernidad de la gestión. Hay ejemplos en el mundo de empresas privadas con enfoques tradicionales de dirección.

Por otra parte, no basta con que las empresas (fundamentalmente estatales) modernicen su forma de gestión; es indispensable que se modernice la forma en que se dirige la economía nacional, la forma en que el Gobierno dirige,  ya que ello influye directamente en las empresas. Por ejemplo, la separación de las funciones estatales y productivas  puede ser un paso importante como condición para la modernización. Supuestamente, los ministerios deberían realizar solo funciones estatales en términos de políticas, sobre las que deberán orientar, controlar y evaluar al mundo organizacional; sin embargo,  ello pasa por definir qué hacer con las empresas estatales.

Se ha decidido estructurarlas en las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE), que suma un escalón de decisión y las verticaliza aún más. Pero después de creadas,  ¿qué se hace con ellas?: son “atendidas” por los ministerios, sin subordinarse a estos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Esto no queda claro en lo absoluto. Al intervenir en la Asamblea Nacional en julio de 2013, del General Leonardo Andollo, segundo jefe de la Comisión Permanente de Implementación de los Lineamientos, informó que se está trabajando en un documento que lo defina, pero cuya base es: orientar, coordinar y controlar.

Según el diccionario Larousse, orientar es informar a alguien de lo que ignora para que sepa manejarse en un negocio, reconocer los puntos cardinales. Coordinar es ordenar metódicamente, reunir esfuerzos tendentes a un objetivo determinado. Controlar: comprobar, inspeccionar, examinar, revisar, dominar.

Si se analiza con cautela tales definiciones, se observará que la coordinación lleva implícita la dirección, al organizar las actividades y sus recursos para el logro de los objetivos propuestos, en este caso en el plan. Entonces, si los ministerios “atenderán” bajo estos principios a las OSDE, ¿dónde queda la separación de las funciones estatales y productivas? No se puede ser juez y parte.

¿Cuál es la solución que aportan las OSDE? Ese es un capítulo de alguna manera transitado, cuando se crearon las Uniones de Empresas, también con la intención de reducir los aparatos de los ministerios, y la vida demostró que no se puede seguir dirigiendo la economía con la cultura de la libreta de abastecimiento: “para todos lo mismo por igual”. Cada sector tiene sus propias particularidades, por lo que no tiene sentido que sean OSDE para todos.

Un enfoque de dirección de la economía que, desde arriba, siga estableciendo reglas rígidas e iguales para todos los sectores y tipos de organizaciones, centralizando decisiones que son de incumbencia empresarial y regulando el mercado de forma administrativa, no es precisamente el espacio ni crea las condiciones que permitan la modernización de la gestión empresarial. Estructuras como las OSDE –que no son solo organigramas y plantillas, sino todas las relaciones lineales, funcionales o matriciales, las funciones y espacios de autoridad de cada eslabón estructural, que son parte de la dirección y un elemento importante de la gestión y de su modernización– vienen dictadas como una camisa de fuerza.

La separación de funciones estatales y productivas ha conducido a la creación de las OSDE, que responden más a una función de control que productiva y son una sumatoria de empresas que “garantiza” en parte el control desde arriba (al ser menos entidades a controlar), pero deja a un lado los temas de integración y coordinación productiva; no llegan a ser ni las empresas consolidadas.

En realidad,  pareciera lógico que se hiciera lo siguiente:
•    Primero, los ministerios deberían reducirse, para que constituyan aparatos pequeños y especializados en el diseño, control y evaluación de políticas.
•    Segundo, los grupos empresariales deberían crearse desde abajo, acordes a su naturaleza económica, teniendo en cuenta aspectos tales como: concentración de la producción, desarrollo tecnológico, articulación productiva que satisface un tipo de cliente, etc.

En relación con lo planteado, se debe tener presente que las estructuras no existen per se, sino que son un medio para que las organizaciones cumplan con su razón social; ellas deben ser el resultado de la división social del trabajo, que garantice la eficiencia y eficacia necesaria al sistema.

Las estructuras corporativas deben ser el producto del crecimiento de las empresas, mediante estrategias de expansión, diversificación y cooperación; se deben modificar en función del desarrollo de la empresa y, en definitiva, de la estrategia que esta asuma.

¿Modernización de la gestión empresarial?

No existe claridad de qué se entiende por modernización de la gestión empresarial y mucho menos cuando se impone la existencia de las OSDE, que implican nuevas reestructuraciones para las empresas estatales, las cuales han padecido bastante por ello, desde las empresas consolidadas de principios de la Revolución, hasta lo que tenemos hoy, pasando por Uniones, Complejos Agroindustriales y otras variantes. Al mismo tiempo que las reorganizaciones de los Organismos de la Administración Central del Estado (OACE) también han conllevado cambios estructurales en las empresas.

El gráfico No. 1 muestra la dinámica de las empresas cubanas (incluye las sociedades mercantiles), cuya tendencia es hacia la disminución, aunque con algunos momentos de crecimiento no significativo.

La reducción del número de empresas puede no ser negativo en sí mismo, si es  resultado de la concentración de la producción y no de la sumatoria productiva, como una supuesta vía que aligere y flexibilice la dirección de la economía, sin tomar en cuenta la cohesión técnico-productiva y mucho menos los aspectos relativos a la cultura empresarial.

En la Asamblea Nacional de julio de 2013, al analizar los experimentos de Mayabeque y Artemisa, se señaló que, de 24 empresas, 22 pasan a ser unidades empresariales de base (UEB), estructura que no tiene la autoridad de una empresa. Situación similar se observa en los centrales azucareros y en otras OSDE creadas. ¿Debe ser así?

Todos esos cambios impuestos y que no surgen de la propia lógica productiva, no propician estabilidad en la producción ni la gestión, lo que es una de las causas que genera ineficiencia económica. No siempre se tiene claridad sobre la importancia de los aspectos estructurales y los problemas que provocan en materia de costos (costos de coordinación, de ajustes organizativo, de los procesos, laborales, etc.)  y que requieren de tiempo para su solución, si es que la tienen.

Gráfico No 1: Dinámica de la cantidad de empresas
 

Fuente: Anuario estadístico, 2003 y 2012. ONEI.

Una premisa para la modernización de la gestión es la planificación, que es vital para una empresa, al establecer los objetivos a alcanzar  en función del plan de la economía nacional, que a su vez se corresponda con la estrategia de desarrollo del país. Pero el plan de la empresa no puede venir dictado desde arriba, salvo aspectos muy puntuales que garanticen su aporte a la economía nacional; el resto debe preverlo la propia empresa, con sus trabajadores.

La participación de los trabajadores es decisiva para elevar sus niveles de motivación, amén de los salarios, para que aporten sus conocimientos y se sientan interesados en superarse, para que se cumpla lo que un día el Che dijo sobre el “trabajo cada vez más social”.

A las empresas se les  debe exigir responsabilidad, pero sobre la base de tener autoridad; hoy solo tienen responsabilidad y ninguna autoridad. Como el plan establece las restricciones y prohibiciones, es el plan el que posee la autoridad y, cuando no se entregan los recursos a la empresa y se incumple el plan, ¿de quién es la responsabilidad? Pues de quienes impusieron el plan. La responsabilidad muchas veces cae en las empresas (que no tenían ninguna autoridad) o se diluye. Es un asunto de enfoque de dirección.

Si se habla de modernizar la gestión, habría que hablar ante todo de autonomía, que las empresas se gobiernen y tomen las decisiones, aunque ello implique riesgos. La modernización debe partir de que la empresa cree valor para los clientes y la sociedad, por tanto, tiene que conocerlos, estudiarlos y para ello la empresa debe asumir acciones que hoy le son imposibles (participación en ferias, intercambios con empresarios de otros países, etc.).

La modernización significa trabajar con los hombres y mujeres, con sus conocimientos y experiencias, incentivándolos, escuchándolos, creando una cultura organizacional de cooperación y tolerancia. La modernización de la gestión implica que las empresas tengan las manos libres para organizar y tomar decisiones, en los marcos del plan.

La modernización de la gestión se logrará en la medida que la empresa lo necesite para ser competitiva en los mercados internacionales y nacionales; de lo contrario, si ella no decide sus proveedores, clientes, formas de negociar y manejo de recursos, ¿para qué querría modernizar sus formas de gestión? Es necesario facilitarles que desarrollen las fuerzas productivas.

Si  las empresas decidieran la lógica de su quehacer económico, se encadenarían con todas aquellas organizaciones que necesiten para producir y dejarían en manos de terceros todas aquellas actividades que no son sus competencias esenciales y que pudieran ser asumidas por cooperativas o privados (que hoy no se prevén todavía), articulándose todas las formas de propiedad, para lograr mayores niveles de eficiencia y eficacia en la economía.

El Estado, como dueño, debe pedirles que rindan cuentas de su gestión ante las Juntas de Gobierno. Hay que prevenirlas, pero dejarlas actuar y si no cumplen sus compromisos de forma sistemática, se liquida la empresa. El control sobre las empresas debe realizarse mediante lo estrictamente necesario que establezca el plan, la vía impositiva, el otorgamiento de créditos y el control de los accionistas o dueños, mediante la Juntas de Gobierno.

Conclusiones

La actualización del modelo no es un proceso sencillo, ni que pueda realizarse de forma lineal. Sin embargo, sería prudente tener en cuenta su historia, pasado y enseñanzas, a los efectos de no reincidir en errores ya cometidos.

El tema propiedad y mercado es tan viejo como la Revolución misma, con más de 50 años discutiendo sobre ello, cuando en realidad una economía mixta pareciera que fue lo que Lenin deseaba cuando habló de la nueva política económica (NEP), por supuesto, en los años veinte del siglo pasado. Es decir, los contextos y desarrollos de todo tipo son diferentes.

Lo importante es tener bien claro hacia dónde deseamos llegar: el socialismo, y cómo lo deseamos hacer: estrategia de desarrollo. Esto permitiría despejar cuáles son los sectores clave y de apoyo y cuáles los medios de producción fundamentales que el Estado priorizará con sus escasos recursos.

Dejar hacer a las empresas, no sin regulación, no sin la participación del dueño (el Estado), mediante las Juntas de Gobierno, para tomar las decisiones estratégicas y quitarles todas las amarras que hoy no le permiten dirigir. Ello permitirá que se exprese genuinamente la dirección y la articulación productiva con el sector no estatal.

Hay que eliminar la cultura del control por el control, que busca zonas de comodidad a la alta dirección y genera homogeneidad (para todos lo mismo, en las estructuras, en los sistemas, etc.) y homologismo (todos deben repetir la estructura funcional del nivel superior).

La creación de las OSDE no parece ser la forma adecuada para todos, pues la estructura no existe para sí, sino que la estructura es el medio para lograr la finalidad de las organizaciones. Si esta es equivocada, puede dañar seriamente a las empresas.

La modernización de la gestión debe partir de la modernización o de un enfoque novedoso de gobernar, de la autonomía empresarial y de buscar realmente la satisfacción de clientes, población y sociedad. (2014)

 

1 http://www.granma.cubaweb.cu/secciones/6to-congreso-pcc/artic-022.html

2 http://www.cubadebate.cu/especiales/2013/10/15/marino-murillo-el-modelo-cubano-es-socialista/

http://www.granma.cubaweb.cu/secciones/6to-congreso-pcc/artic-022.html

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