Noticias de octubre

La agricultura también sufrió el impacto de Sandy, días después de anunciar el gobierno la ampliación del monto de tierras que podría entregar en usufructo.

AIN-IPS

Una vez más, la agricultura fue golpeada por el desastre

Octubre dejó a los agricultores y los ganaderos cubanos una noticia mala y otra buena. La naturaleza azotó con saña a fin de mes los intentos de levantar algunas cosechas, pocos días después de confirmarse la voluntad gubernamental de adoptar medidas cada vez más osadas para reactivar la producción nacional de alimentos.

El huracán Sandy causó estragos en el oriente cubano y, en particular, en la segunda ciudad en importancia del país, Santiago de Cuba. Los daños mayores se concentraron en el sector inmobiliario. Solo en tierra santiaguera más de 130.000 viviendas sufrieron afectaciones por los fuertes vientos, 15.392 con derrumbes totales y 36.544 con destrozos parciales, de acuerdo con reportes preliminares. También padecieron instalaciones de la salud, la educación, el aeropuerto Antonio Maceo y el turismo.

En otra provincia oriental, Holguín, el ciclón maltrató a más de 17.000 viviendas.

Igualmente fueron perjudicados sectores de la economía como la industria, centros de elaboración de alimentos, el sistema eléctrico, las comunicaciones, el transporte, viales, almacenes y, por supuesto, la agricultura.

Fuentes oficiales estimaban preliminarmente los daños totales en más de 2.121 millones de pesos, aunque faltaban los cálculos de sectores como el turismo y la agroindustria azucarera.

Tras el paso del huracán, los agricultores se lanzaron de inmediato a rescatar los cultivos dañados, con la intención de recolectar todo lo posible entre los frutos derribados, para llevarlos a los mercados con prontitud y aminorar las mermas.

En las serranías de Santiago de Cuba y Guantánamo se apuraban, además, para recuperar la mayor cantidad del café goteado o arrancado de las plantas. Esas dos provincias lideran la producción nacional del grano. De ahí lo sensible e inoportunas que resultarían las pérdidas, en un momento en que el gobierno había elevado precios a los caficultores, entre otras medidas para estimular la producción, severamente deprimida en años anteriores.

Una situación parecida enfrenta el arroz en la provincia de Granma, importante productora de ese alimento. Mientras, un secadero del cereal en el complejo agroindustrial Sur del Jíbaro, en la provincia central de Sancti Spíritus, adoptaba medidas para recibir y reprocesar los cientos de toneladas de arroz que Sandy mojó en los almacenes del puerto santiaguero.

Un daño, lamentable a la vez en términos económicos y culturales, son los miles de árboles de mango que el meteoro derribó en el Caney, poblado cercano a Santiago y famoso por su variedad de mango llamada bizcochuelo, entre otros frutales.

Los agricultores orientales y los del centro del país -también afectados por las precipitaciones que acompañaron a la tormenta- han apostado a la siembra de cultivos de ciclo corto, como boniato, calabaza, maíz, hortalizas y condimentos, para compensar las pérdidas en los sembrados de plátano, yuca y otros.

Pero el sector agropecuario tiene ante sí otro desafío quizás mayor y de más largo plazo: responder con resultados concretos a las medidas que continúa adoptando el gobierno para apoyarlos y abonar la producción de alimentos en Cuba.

Un mes después de presentar un paquete de medidas para fortalecer a las unidades básicas de producción cooperativa (UBPC) y al resto del sector cooperativo rural, las autoridades ampliaron el techo de tierras entregadas en usufructo a los productores agropecuarios.

Mediante el decreto ley 300, publicado el pasado 24 de octubre, el gobierno extendió hasta 67,10 hectáreas el área ociosa concedida en usufructo a una persona natural o jurídica. La disposición anterior –decreto ley 259 del 2008-, derogada por la nueva norma, fijaba la extensión máxima entregada en 40,24 hectáreas.

El decreto-ley 300, que entrará en vigor en diciembre próximo, busca asegurar la continuidad y sostenibilidad de la explotación de las áreas entregadas, según reconoció ante medios nacionales el director jurídico del Ministerio de Agricultura (MINAG), Orlando Díaz. De hecho, la ampliación es propuesta para aquellos productores que ya posean tierras, las mantengan en plena producción y cumplan sus obligaciones legales y contractuales.

Las autoridades también dan luz verde esta vez a un punto frenado de manera polémica por la norma anterior: el asentamiento familiar de los productores mediante la construcción de vivienda en la tierra entregada. Con el visto bueno oportuno de la Dirección Municipal de Planificación Física, el usufructuario podrá construir, reconstruir, remodelar o ampliar, bajo el concepto de bienhechurías, obras necesarias para su actividad, incluidas viviendas para beneficio propio y de sus familiares.

Con la nueva medida, el gobierno da otro paso para estabilizar la fuerza de trabajo rural, instaurar un modelo más autónomo de gestión agropecuaria y reducir las áreas agrícolas ociosas, cuya existencia resulta muy contraproducente en momentos en que el país se ve obligado a importar buena parte de sus alimentos.

Desde octubre del 2008, el gobierno ha repartido en usufructo 1,4 millones de hectáreas de tierras, por 10 años a personas naturales y por 25 años a personas jurídicas, cooperativas básicamente, según datos del Centro Nacional de Control de la Tierra, al cierre del 2011. El 80 por ciento de esas áreas se encontraba en alguna fase productiva en ese momento, dedicadas fundamentalmente a la ganadería y el cultivo de viandas, hortalizas y granos.

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