La Habana, 30 may.- La propuesta de realizar una demanda ciudadana por la cancelación del plebiscito del nuevo Código de Familias en Cuba, y una campaña para sensibilizar por los derechos de las parejas y familias homoafectivas, reactivan al activismo por los derechos sexuales.

Incidencia legal y política

El 28 de mayo, el exdiputado Luis Ángel Adán Roble conminó a través de su perfil de Facebook a recoger firmas e impulsar una solicitud ciudadana a la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento unicameral).

“Puedes convocar a amigos, familiares y vecinos, recoger estos datos (nombre, apellidos, número de carnet y firma) de manera clara y legible, contactarme por privado para hacérmelos llegar y presentar estos documentos a manera de petición formal ante la Asamblea de la República de Cuba y el Consejo Electoral Nacional”, compartió.

Indicó que la petición solicitaría a la ANPP “que lleve a consulta popular el nuevo Código de las Familias (que sustituya al actual, vigente desde 1975) para que sea enriquecido y nutrido por el pueblo, pero no sea llevado a referéndum exponiendo los derechos de minorías históricamente discriminadas”.

La metodología utilizada para esta nueva consulta debe recoger también las personas que están a favor de lo que se exprese “y no solo los argumentos y opiniones negativas”, remarcó el joven integrante del colectivo LGBTI (lesbianas, gay, bi, trans e intersexuales), quien renunció a su escaño en el parlamento en noviembre de 2019.

Recomendó que la propuesta final del nuevo Código de Familias debería llevarse a votación en el pleno de la ANPP.

De acuerdo con el artículo 227 de la Constitución de la República, en su inciso f), hacen falta un mínimo de 50.000 firmas de electoras y electores para presentar ante la ANPP una propuesta de reforma de la Carta Magna.

La Disposición Transitoria decimoprimera de la Constitución, vigente desde 2019, otorga al parlamento un plazo de hasta dos años a partir de esa fecha, para iniciar el proceso de consulta popular y referendo del proyecto de Código de las Familias, en el que debe figurar la forma de constituir el matrimonio.

De acuerdo con el artículo 41 de la Ley fundamental, el Estado cubano reconoce y garantiza a la persona el goce y el ejercicio irrenunciable, imprescriptible, indivisible, universal e interdependiente de los derechos humanos.

Por su parte, el artículo 42 consagra la igualdad de todas las personas ante la ley, al tiempo que el 81 ampara el derecho de todas a fundar una familia.

Especialistas y activistas argumentan que en el caso hipotético de que el nuevo Código de las Familias no asegurara los derechos para todas las personas por igual, e incluso, fuera rechazado en votación popular, no habría forma de resolver la contradicción con los artículos, 41, 42 y 81 de la Carta Magna.

Por ello, analizan, habría que buscar maneras de controlar la constitucionalidad de una ley que viola el principio de no discriminación.

Campaña por el Código de Familias

Como parte de la necesaria sensibilización ciudadana con respecto al nuevo Código de Familias, que va mucho allá de la forma de constituir el matrimonio, inició el 12 de mayo la campaña Todos los derechos para todas las personas, impulsada por el Proyecto de Integración, Intervención y Transformación Sociocultural AfroAtenAs, de la occidental ciudad de Matanzas.

La iniciativa, que se mantendrá activa hasta la aprobación de la ley, tuvo su génesis en el ciclo de talleres que AfroAtenAs inició el 30 de septiembre de 2019, con la participación de personas LGBTI, así como diferentes grupos y proyectos en el país.

En esta primera etapa, debido a las condiciones que impone el aislamiento físico por la covid-19, la iniciativa se mantiene en las redes sociales, compartiendo varios carteles.

“Pero una vez culminado el periodo de la pandemia, tendrá otras acciones tanto culturales como en grupos de trabajos, habrá promoción y socialización, se moverá a soportes impresos y llegará a todo el país, explicó a la Redacción IPS Cuba Yoelkis Torres, coordinador del proyecto.

Indicó que se articularán varias redes como las del estatal Centro Nacional de Educación Sexual, de la plataforma de Hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH), las redes institucionales del Ministerio de Salud Pública, junto con proyectos comunitarios y activistas sociales.

La campaña cuenta además con el apoyo de la Agencia Suiza para Desarrollo y Cooperación y la embajada de la República Checa.

“Cuba está necesitada de espacios de formación para que ciudadanas y ciudadanos comprendan la necesidad de alcanzar una sociedad más libre, justa y equitativa. Debemos ser un país donde se alcancen todos los derechos para todas las personas”, reflexionó Torres.

Antecedentes del Código a plebiscito Todo comenzó durante la discusión ciudadana del anteproyecto de nueva Constitución, de agosto a noviembre de 2019, que incluía el polémico artículo 68 y allanaba el camino para instituir el matrimonio igualitario. Sin embargo, la propuesta inicial de definir al matrimonio como la unión voluntaria entre dos personas fue retirada y el artículo 82 de la Carta Magna encargó a una futura ley la forma en que se constituye el matrimonio y sus efectos. Las autoridades alegaron que el artículo 68 fue eliminado “por falta de consenso”. Sin embargo, activistas y académicos coinciden en que tal decisión obedeció, en gran medida, a las posiciones conservadoras, machistas y discriminatorias que se visibilizaron en la sociedad cubana, enfocadas fundamentalmente en la recia oposición a la posible aprobación del matrimonio igualitario. El segmento que expresó de forma clara su rechazo al matrimonio igualitario fueron cinco iglesias evangélicas: la Liga Evangélica de Cuba, la Convención Bautista de Occidente, la Convención Bautista de Oriente, la Iglesia Metodista en Cuba y la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios, que emitieron un comunicado en junio de 2018 y recogieron miles de firmas.

Lamentó que muchas personas “no conocen a cabalidad qué es el Código de las Familias, mientras otros ni tan siquiera saben que en el país existe una ley para la protección de la familia”.

Llamó la atención sobre el auge de las posturas fundamentalistas en algunas denominaciones religiosas, así como la persistencia de una arraigada cultura patriarcal, machista y homófoba.

También consideró preocupante que el tema del Código de las Familias no aparezca en la agenda de los medios de prensa oficiales del país, y en el caso específico de Matanzas, “se habla de ello cuando se realizan los talleres de AfroAtenAs y sacamos el tema a la luz”.

Torres advirtió que en los medios “tenemos a personas con poder que prohíben la visibilización de las personas LGBTI y sus derechos. Por ejemplo, cuando cortan en la televisión escenas de amor homoerótico; o cuando el noticiero de televisión, que habla de tantas cosas, omite que el 26 de mayo se oficializó el matrimonio igualitario en Costa Rica y hasta su presidente se pronunció favorablemente al respecto”.

Por ello, argumentó el activista, “hasta que este tema no entre en el debate pleno de los medios de comunicación oficiales, continuará en el anonimato, y será solo interés de los activistas sociales e instituciones, y de quienes están en contra”.

De cara al debate para la discusión del nuevo Código de las Familias, Torres identificó algunas fortalezas y debilidades.

Entre las primeras sostuvo que “hoy estamos más organizados, tenemos una experiencia tras el debate de la Constitución; activistas sociales y muchas organizaciones e instituciones, tanto de la sociedad civil como del Estado, han tocado el tema indistintamente y forma parte de sus agendas de trabajo”.

Como debilidad, identificó las fracturas y desencuentros que impiden hablar de una comunidad LGBTI, “que defienda como un objetivo principal el propio Código o cualquiera de las acciones” del grupo, el pálido acompañamiento de los medios y la falta de presupuesto para la promoción de esta y otras campañas. (2020)