Activistas piden acción parlamentaria sobre el matrimonio igualitario

El proyecto, que incluye la unión legal entre personas del mismo sexo en Cuba, está en manos del Ministerio de Justicia desde 2011.

Especialistas observan que la persistencia de la homofobia en Cuba retrasa la legalización de las llamadas uniones gay.

Foto: Jorge Luis Baños

La Habana, 14 ene.- Activistas cubanos califican de inactiva y silenciosa la actitud de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, parlamento unicameral) ante la propuesta de nuevo Código de Familia, que incluye avances como la unión legal entre personas del mismo sexo.

El médico y activista por la diversidad sexual, Alberto Roque, comentó en su bitácora ProQueer, que desde hace al menos “cuatro legislaturas” la instancia “no aprueba ninguna Ley sustantiva y las cuestiones de la economía nacional siguen acaparando los debates de las diputadas y diputados”.

Existe un “desbalance evidente” en el tratamiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales (LGBTI), “propiciado por un marasmo en el marco de las políticas y por el postergado debate participativo en la sociedad cubana”, valoró Roque, el 12 de enero, en el post “Dos años sin leyes sustantivas en el parlamento cubano: demasiadas pausas, ninguna prisa”.

Además preguntó “por qué nuestros legisladores no ejercen su función de hacer propuestas legislativas y que el protagonismo siga siendo ejercido por los funcionarios de nuestros ministerios, estrechamente monitoreados por el Partido” (Comunista de Cuba, único).

Junto al tema del matrimonio igualitario, el activista pidió a las y los diputados extender “la discusión a otros elementos relacionados con el ámbito familiar, como son la violencia de género (tanto real como simbólica), los derechos reproductivos de las mujeres lesbianas, de las personas transgénero y de los hombres, entre otros”.

Roque exhortó a estimular un debate “con propuestas de cambios tangibles en la institución del matrimonio, de la estructura de las familias nucleares, del poder del patriarcado en todos los órdenes de la vida familiar”.

E insistió en la urgencia de facilitar “la adopción para toda la ciudadanía interesada en ejercerla, en términos legales no burgueses”.

De esta manera, el médico se sumó a la iniciativa de activistas de la provincia de Cienfuegos, que enviaron más de 300 firmas al estatal Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), junto a una carta dirigida a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la ANPP en la que piden se agilice la aprobación del matrimonio gay.

“El reconocimiento pleno de los derechos de las personas LGBTI es una tarea inconclusa, y es el momento de hacer de Cuba una sociedad más justa, más equitativa y no depender de decisiones erróneas, como legado de severos prejuicios”, indicaron.

“Negarnos ese derecho es en nuestra opinión tratar a la comunidad LGBTI como ciudadanos de segunda clase”, afirmaron.

La carta, fechada el 10 de diciembre, fue firmada por las organizaciones cienfuegueras Redes Sociales Comunitarias LGBTIH, Proyecto Humanidad por la Diversidad HxD, Proyecto Fénix de Mujeres Lesbianas y Bisexuales, Proyecto TransCuba, Red de Jóvenes por la Salud y los Derechos Sexuales y Red de Juristas por los Derechos Sexuales Themis, todas vinculadas al Cenesex.

El anteproyecto de nuevo Código de Familia, para modernizar el vigente desde 1976, lleva más de 15 años a la espera de ser presentado y discutido en el parlamento cubano.

La propuesta fue promovida por la Comisión de Atención a la Juventud, la Niñez y la Igualdad de Derechos de la Mujer de la ANPP y de la gubernamental Federación de Mujeres Cubanas.

Desde 2011, el ministerio de Justicia dispone del anteproyecto a fin de elaborar un dictamen jurídico para presentarlo a las y los diputados.
La iniciativa cuenta con el respaldo público del Cenesex y su directora, la diputada Castro Espín, que se declara activista por el respeto a la libre orientación sexual e identidad de género.

La hija del presidente cubano, Raúl Castro, ha reconocido que la unión legal entre personas del mismo sexo es el elemento más conflictivo de la propuesta de ley.

En septiembre de 2014, el secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta, aseguró que se laboraba en el proyecto “con el objetivo de atemperarlo a los cambios en la dinámica social y acoger avances en el Derecho familiar”.

Acosta ha sido, hasta el momento, el más alto funcionario gubernamental que ha hablado del documento, lo que supuso para muchas personas un signo de que las autoridades comenzaban a prestarle atención. (2015)

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