La Habana, 2 jun.- El activista gay Francisco Rodríguez abogó la víspera por “contemplar la lesbofobia, la homofobia y la transfobia como agravantes a la hora de imponer una sanción a cualquier individuo que cometa un delito contra lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI)”.

En su bitácora Paquito el de Cuba, propuso incluir este cargo dentro de las modificaciones que se realizan al Código Penal, vigente desde 1987, anunciadas por fuentes parlamentarias en septiembre de 2014.

Este reclamo, comentó el también periodista del semanario Trabajadores, está motivado por el asesinato de un joven presuntamente travesti en un parque de la ciudad de Pinar del Río, la más occidental de este país caribeño.

El hecho trascendió en medios alternativos mientras se efectuaba la VIII Jornada Cubana contra la Homofobia y la Transfobia, del 5 al 16 de mayo pasado.

Según distintas versiones, el homicidio de Yosvani Muñoz, de 24 años, conocido por sus amistades como La Eterna, sucedió el 26 de abril, en una zona poco iluminada, adonde acuden homosexuales y transexuales como lugar de cruising o encuentro gay.

El estatal Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) confirmó el suceso y aseguró que se encuentra “en proceso de investigación”.

“Mientras llega el tan necesario esclarecimiento de este caso”, Rodríguez consideró “oportuno e imprescindible volver a insistir sobre lo vulnerable que somos gays, bisexuales y trans en los sitios de cruising”.

En el post “La eterna lucha contra la homofobia y la reforma del Código Penal”, insistió en que la solución tiene que partir de actuaciones más profesionales de las fuerzas del orden público.

A su juicio, esa es una de las formas de “proteger a quienes no cometemos ningún delito o contravención por estar allí y sí podemos ser víctimas de asaltantes, ladrones y perpetradores, por homofobia o simplemente para cometer otros delitos comunes”.

Agregó que Manuel Vázquez, asesor jurídico del Cenesex, le confirmó que “incluso tenemos ideas concretas para posibles modificaciones”, como resultado de varios ejercicios académicos.

Exhortó a que la “fundamentación jurídica y el planteamiento técnicamente viable de esta propuesta de modificación al Código Penal” esté “entre las prioridades del Cenesex, y en particular de su directora, la diputada Mariela Castro Espín, a partir del estudio y presentación de aquellos casos con estas características que ocurrieron en los últimos años”.

Insistió en que este “es un problema que no es posible resolver con multas ilegalmente impuestas, redadas policiales ni represión generalizada en esos lugares”.

A su juicio, resulta necesario desmitificar la imagen de “sitios delictivos” que les han otorgado las autoridades y respetar a las personas que allí acuden a socializar.

Los asesinatos de personas LGBTI caen en un silencio general y engloban las estadísticas de los delitos de sangre en esta nación insular de 11,2 millones de habitantes.

El Código Penal no tipifica los crímenes de odio ni contempla la orientación sexual e identidad de género como agravantes de homicidio.

Cuba carece de una institución especializada que clasifique posibles crímenes de odio, que engloban conductas como agresión física y verbal, homicidio y amenazas motivadas por prejuicios debido a la orientación sexual, identidad de género, raza, grupo étnico, religión o hacia las mujeres, entre otros. (2015)