Feministas del Caribe debaten sobre el derecho al aborto

Un encuentro virtual reunió a activistas de Cuba, República Dominicana, Haití y Puerto Rico para analizar los retos en relación a la legalidad y acceso al aborto en estas naciones.

Haití y República Dominicana (país de la foto) tienen cuerpos legales con más de un siglo de antigüedad que penalizan sin excepciones la interrupción de la gestación.

Foto: Archivo IPS-Cuba

La Habana, 24 sep.- La defensa de los derechos de las mujeres y personas gestantes y cómo hacer frente a las agendas conservadoras en el Caribe fueron los ejes del debate virtual organizado por el proyecto Todas y la organización Taller Salud de Puerto Rico.

En el encuentro, realizado el 22 de septiembre, participaron feministas de Cuba, República Dominicana, Haití y Puerto Rico, también con la intención de articular objetivos y estrategias.

 

Cuba y el derecho al aborto

Desde 1965 se institucionalizó el aborto voluntario sobre cuatro principios básicos: es la mujer quien decide, debe realizarse en una institución hospitalaria, ser practicado por personal experto y totalmente gratuito.

La primera normativa al respecto data de 1936, cuando el aborto comenzó a ser permitido en tres causales: salvar la vida de la madre o evitar un grave daño a su salud, violación o posibilidad de transmitir al feto una enfermedad hereditaria grave.

Este tratamiento perduró hasta 1979 cuando el Código Penal tipificó el aborto ilícito en su lugar, lo cual se mantuvo en el cuerpo jurídico de 1987, aún vigente y que establece que solo es un delito cuando se comete por lucro, fuera de las instituciones sanitarias, por personal no médico o en contra de la voluntad de la mujer.

 

Aborto legal, seguro y gratuito es una demanda que en el contexto del Caribe pasa por transformaciones jurídicas, cambios en el imaginario social, fortalecer la educación sexual y reproductiva y a las instituciones públicas de salud.

En Cuba el aborto es un derecho ganado, su práctica está institucionalizada y el acceso al mismo es universal y gratuito desde hace más de 55 años.

Para Lirians Gordillo, periodista cubana y feminista, su país dio un paso fundamental en 2019 cuando la reforma constitucional incluyó en su artículo 43 la garantía a los derechos sexuales y reproductivos.

Sin embargo, varias activistas y especialistas continúan abogando, ante la emergencia de discursos antiabortos, por la necesidad de que se proteja como derecho específico en el marco legal cubano.

Puerto Rico también cuenta con protección jurídica bajo el criterio de la salud y el bienestar de los cuerpos gestantes, aunque no es accesible, advierte Alexandra Figueroa, activista y directora de Comunicación de Taller Salud.

En mayor desventaja se encuentran Haití y República Dominicana, cuyos cuerpos legales, con más de un siglo de antigüedad, penalizan sin excepciones la interrupción de la gestación.

Ambas naciones se encuentran en proceso de concretar un cambio legislativo en este sentido, aunque con la amenaza de que sea detenido por la agenda conservadora.

“El aborto inseguro es la tercera causa de muerte materna en República Dominicana. Por lo tanto es un problema de salud pública que debe atender el Estado y es urgente”, aseguró durante el debate, Elizabeth Vélez, una de las lideresas de la organización Católicas por el derecho a decidir en esa nación.

Jésula Blanc, abogada feminista de Haití, Lirians Gordillo, periodista de Cuba, Alexandra Figueroa, comunicadora de Puerto Rico, Elizabeth Vélez activista por derechos humanos en República Dominicana integraron el panel, moderado por la periodista Alejandra Rosa.

Foto: captura de pantalla durante el encuentro virtual

Además de ley, acceso

No es lo mismo legalidad que acceso. Aun cuando existe un respaldo jurídico, determinadas condicionantes socioeconómicas pueden incidir en que se practiquen abortos inseguros.

Puerto Rico cuenta con menos de 10 centros de salud pública que realizan este procedimiento, por lo que suele quedar en manos de instituciones privadas, no asequibles para una parte de la población, aclaró Figueroa.

Por otra parte, muchas personas, sobre todo fuera del área metropolitana, desconocen que este es un derecho, comentó la activista boricua.

Además de lograr el cambio legal, hay que transformar imaginarios que culpabilizan y laceran a las mujeres cuando deciden abortar. También deben considerarse como causales las condiciones económicas, y los riesgos asociados a la edad en embarazos tempranos y tardíos, explica por su parte Jésula Blanc, abogada feminista de Haití.

 

Despenalización del aborto: Haití y República Dominicana.

Los códigos penales de ambos países, que se remontan al siglo XIX, criminalizan la interrupción del embarazo en toda circunstancia. En estos momentos hay dos procesos legislativos que pudieran cambiar favorablemente este contexto de inseguridad.

En el caso de República Dominicana se trata de una enmienda al Código Penal para introducir tres causales para la despenalización: cuando la vida o la salud de la mujer se encuentra en peligro, cuando el feto es inviable y cuando el embarazo es producto de una violación sexual o incesto.

Con el uso del hashtag #aborto3causales, con intervenciones públicas y otra serie de acciones, colectivos feministas y organizaciones de mujeres continúan advirtiendo sobre la urgencia de que se apruebe la reforma y por el reconocimiento del aborto como un derecho.

En Haití un nuevo código penal que debe entrar en vigor en 2022 y presentado como decreto presidencial de Jovenel Moise, reconocería de forma implícita el derecho al aborto voluntario, siempre y cuando este se desarrolle con el consentimiento de la mujer, en una estructura médica y ante de las 12 primeras semanas de embarazo.

«No hay infracción si el embarazo es producto de una violación o un incesto o cuando la salud física o mental de la mujer está en juego», estipula la nueva normativa.

Existe el riesgo de que el texto sea derogado por el parlamento y la presión de sectores conservadores.

Para Gordillo, en Cuba, de manera general no se evidencia una presión social, rechazo o  estigmatización del aborto.

En 2019 se practicaron más de 73.000 abortos, lo que representa una tasa de 27 por cada 1000 mujeres en una población de 11,2 millones de habitantes, y solo ocurrieron dos muertes por complicaciones durante el procedimiento. Estos datos hablan de cómo es una práctica accesible y altamente segura para las cubanas.

No obstante, advierte la periodista, no se puede obviar la experiencia regional y la historia. A su juicio, hay que incentivar el debate sobre los derechos sexuales y reproductivos y conectarlos con otras cuestiones esenciales como la educación sexual en la adolescencia y el acceso a anticonceptivos.

“Deberíamos preguntarnos también: ¿Accedemos todas por igual a este derecho en Cuba? Qué pasa con las adolescentes y jóvenes fuera de los contextos urbanos, alejados de los servicios médicos, o con las que tienen menos recursos o redes de apoyo. ¿Qué sucede con las personas trans, intersex o queer? ¿Qué ocurre con esos derechos en contextos de crisis o emergencia sanitaria como la actual? ”, cuestionó.

Retos

Gordillo considera que el aborto es un derecho en disputa también en su país. “A  pesar de todos los avances vivimos en un país patriarcal y heteronormativo”, apuntó.

Una amenaza compartida es el avance de discursos conservadores y antiderechos. La agenda de estos grupos en Cuba también incluye la estigmatización del feminismo y la oposición a la educación sexual. “Llegar a una postura más activa contra el aborto es solo cuestión de tiempo y de oportunidad”, alertó la periodista.

La presencia de posturas antiaborto fue más visible en los debates que suscitó la recién finalizada telenovela cubana El rostro de los días, que incluía en su trama la historia de una adolescente embarazada tras ser violada, y la única en la que se presenta el aborto como una opción en el dramatizado.

“Aunque los comentarios antiaborto fueron minoritarios, existen y hay que estar conscientes de ellos porque pueden presentarse fuera de las redes en escenarios sociales, profesionales, religiosos, educativos, y de decisión”, advirtió Gordillo.

Respecto a los índices de embarazo adolescente en Cuba, la especialista encuentra entre las causas el hecho de que la mayoría no usen métodos anticonceptivos en sus primeras relaciones sexuales y el inicio más temprano de estas.

Por esta razón cree necesario brindar una educación sexual feminista que les brinde herramientas para negociar el uso de protección con su pareja, por ejemplo. (2020)

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