IPS Inter Press Service en Cuba

Lunes, 1 de Septiembre de 2014
Miradas cubanas
Estas recientes modificaciones afectan a una política cuyos principios esenciales han estado vigentes en el país desde hace medio siglo y habían tomado su forma legal y definitiva con la llamada “Ley de Migración” de 1976 Estas recientes modificaciones afectan a una política cuyos principios esenciales han estado vigentes en el país desde hace medio siglo y habían tomado su forma legal y definitiva con la llamada “Ley de Migración” de 1976 Jorge Luis Baños - IPS
A propósito de la reforma de la ley migratoria.

Añorada, reclamada, esperada por todos los sectores de la población cubana; anunciada, dilatada, repensada por las autoridades del país, al fin llegó la controvertida reforma de las complejas y restrictivas leyes, regulaciones y decretos que reglamentaban la migración en Cuba.

Estas recientes modificaciones afectan a una política cuyos principios esenciales han estado vigentes en el país desde hace medio siglo y habían tomado su forma legal y definitiva con la llamada “Ley de Migración” de 1976. La irrupción del Decreto-Ley No. 302, que modifica aquel aparato legal recogido con el número 1312, ha sido, en este octubre de 2012, como el huracán que (por suerte) la atmósfera no envío en esta temporada ciclónica. Pero, con sus ráfagas de interpretaciones y preguntas, la ley se encargó de azotar los pilares de la opinión especializada y callejera, mientras iba poniendo alegría, tensiones, esperanzas y frustraciones en la mente de cada uno de los cubanos, pues el sueño de migrar o viajar y el derecho a hacerlo libremente ha estado y está en las ansias de millones de ciudadanos de la isla del Caribe, en tanto derecho fundamental del ser humano.

El Decreto-Ley No. 302, Modificativo de la Ley No. 1312, “Ley de Migración”, de 20 de septiembre de 1976 (según su formulación exacta), aparece firmado por Raúl Castro en su función de Presidente del Consejo de Estado, y ha llegado acompañado por una serie de decretos y resoluciones con las que se le da su forma definitiva, como el Decreto no. 305 del Consejo de Ministros, que modifica el Decreto 26, “Reglamento de la Ley Migratoria”, rubricado en 1978, y ahora modificado por el propio Raúl Castro, pero en su función de Presidente del Consejo de Ministros. Entre el resto de los documentos aparecidos se encuentra el Decreto Ley 360, sobre el tratamiento específico que se dará a cuadros, profesionales y atletas que requieren autorización para viajar; resoluciones del Ministerio de Finanzas y Precios (343) sobre los costes de los trámites migratorios y de viaje, los del Ministerio de Interior (43 y 44) referidos a la entrega de pasaportes a los ciudadanos y las repatriaciones de emigrados, así como otros emitidos por los ministerios de Relaciones Exteriores y de Trabajo y Seguridad Social.

Ante tal avalancha de documentación legal, que implica cambios, permanencias, nuevas posibilidades (o la ratificación de antiguas imposibilidades) en tan controvertido terreno, la mayoría de los cubanos, incluso los que en la actualidad no están interesados en migrar o viajar, han ido escogiendo y comentando los que, como era de esperar, mayor efecto social parecen tener, tanto para los radicados en la isla como en el exterior.

Aunque poco atendido, sin duda por la existencia de otros cambios anteriores, de especial trascendencia resulta la derogación, ya con carácter oficial y legal, de la vieja Ley 989 de 1961, mediante la cual se confiscaban todos los bienes de las personas que optaran por salir del país de forma definitiva. Esta medida, que ya se estaba aplicando con las nuevas regulaciones que liberaban la compra-venta de inmuebles y automóviles, apoya y extiende esa posibilidad no solo por el acto de la venta, sino a través de las cesiones a otros ciudadanos que permanecen en Cuba y se pueden beneficiar con unos bienes que antes iban a manos del Estado.

El centro de la ley y la más comentada de sus reformas, por supuesto, gira en torno a la desaparición de la figura de la “tarjeta blanca” o “permiso de salida”, que ahora es sustituido por la del pasaporte habilitado, válido por dos años, prorrogable hasta los seis años. Pero esta medida, que ofrece la posibilidad de viajar o emigrar a un porciento de la población, excluye de su amparo a los cubanos a quienes se les apliquen, por las instancias que fueren, las normas dirigidas a preservar la fuerza de trabajo calificada o caigan (por esa u otra razón) en las categorías de dirigentes, profesionales universitarios, técnicos de nivel medio y atletas de alto rendimiento, lo cual entraña una traba para el libre movimiento de ese tipo de ciudadano que, en un país con los niveles de escolarización existentes en Cuba, debe resultar una cantidad notable de su población. Estas personas, como hasta ahora, seguirán requiriendo de autorizaciones especiales para viajar, o de un tiempo (entre tres y cinco años) para que se les permita emigrar, por lo cual la ley sigue teniendo, para ellos, más o menos las características de la ahora modificada. La razón oficial esgrimida para tal limitación es evitar o dilatar la pérdida de personas con los mayores niveles intelectuales, profesionales, de decisión o de competitividad, para el caso de los atletas.

Una importante novedad es la de permitir el viaje al exterior de los menores sin que implique el acto de la “salida definitiva” que antes imperaba. Otra, el abaratamiento de ciertos trámites migratorios; uno más, la extensión de los permisos de residencia en el exterior a los que no son emigrantes; y, por último –entre los más comentados- la facilitación de los regresos temporales o definitivos a Cuba de personas nacidas en el país pero radicadas fuera de la geografía insular.

Como en el caso de otras medidas anteriores adoptadas en el actual proceso de actualización del modelo económico cubano (la libre contratación de teléfonos celulares, la compra-venta de casas y autos, entre otras) tal vez el Decreto Ley no. 302 solo viene a ratificar algo que ya estaba ocurriendo en el país y a funcionar como un instrumento político que quita una presión que de modo innecesario seguía resistiendo el gobierno cubano. Porque lo cierto es que desde hace un par de décadas los trámites para emigrar y viajar, se habían ido flexibilizando de manera paulatina pero evidente. Y porque también es cierto que existían restricciones para un sector de la ciudadanía, pero, a la vez, que muchos integrantes de ese sector, una vez decididos a salir del país, lo hicieron de las más diversas formas: a través de la deserción de delegaciones participantes en eventos oficiales (recuérdense las decenas de deportistas y entrenadores que no han regresado en estos años), en misiones internacionalistas, en viajes a disímiles eventos o cursos de superación… y hasta por los caminos de las salidas clandestinas por los que optaron algunos, casi siempre a riesgo de sus vidas.

Aunque el futuro siempre constituye una interrogación, una lectura de las nuevas leyes que cambian ciertas formas para que los ciudadanos cubanos puedan viajar o migrar, advierte que pocas cosas se transformarán en el interior de la sociedad cubana a partir de la aprobación de estas medidas. De hecho, el centro de la cuestión es que quienes estaban realmente limitados por la anterior regulación lo siguen estando (excepto el caso de los menores) y solo las personas menos interesantes para el Estado podrán viajar con mayor libertad hacia… los países que les concedan un visado o hacia aquellos que, por tratados bilaterales ya existentes, no requieran de esa autorización. Pero, aun con esas limitaciones y características, el nuevo Decreto-Ley No. 302 y sus documentos acompañantes son un paso de avance hacia una posible normalización definitiva del siempre complicado y espinoso asunto del derecho de los cubanos a viajar o emigrar.

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