Bolivia incentiva a petroleras extranjeras

La actual política petrolera estimula el desarrollo de las empresas extranjeras y garantiza su permanencia en los campos productivos.

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En el 2006, el gobierno dispuso la nacionalización de los hidrocarburos y en octubre de ese año se firmaron nuevos contratos con empresas privadas.

LA PAZ, may (Tierramérica) – Cuando se cumplen seis años de la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia, la presencia de las empresas extranjeras va viento en popa, mientras el gobierno les concede incentivos para elevar la producción del escaso petróleo.

En la misma semana en que la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, anunciaba la expropiación de 51 por ciento de las acciones de la empresa petrolera YPF, que estaban en manos de la corporación europea Repsol, el gobierno de Bolivia emitió un decreto que eleva los incentivos a la producción de crudo de 10 dólares a 40 dólares por barril.

El decreto supremo 1.202 determina que el Tesoro General de la Nación emitirá notas de crédito fiscal de 30 dólares para el pago de obligaciones tributarias.

Por cada barril de crudo (de 159 litros) que produzcan, las empresas petroleras seguirán recibiendo 10 dólares en efectivo y además una nota de crédito fiscal que pueden usar como instrumento de pago de impuestos.

En un informe difundido por la empresa estatal petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos el 19 de abril, su presidente, Carlos Villegas, justificó la asignación del beneficio porque las “operadoras no realizaron inversiones significativas para encontrar mayores reservas de petróleo”.

El investigador Carlos Arze, del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, sostuvo que los contratos firmados por las empresas petroleras con el gobierno boliviano luego de la nacionalización de 2006 no incluían cláusulas para obligarlas a reponer reservas.

El 1 de mayo de 2006, el presidente izquierdista Evo Morales dispuso la nacionalización de los hidrocarburos y en octubre de ese año se firmaron nuevos contratos con empresas privadas, la mayoría extranjeras, que actuaban en este país sudamericano, avalados por el Congreso legislativo.

Seis años después, esas compañías obtienen ingresos de 824 millones de dólares, “y ninguna se fue de Bolivia”, dijo Arze a Tierramérica. El analista recordó el comentario de un empresario brasileño, quien entonces concluía que su negocio estaría incluso más seguro porque contaba con respaldo del parlamento.

“Si fue una nacionalización antiimperialista, ¿por qué no se fueron?”, cuestionó Arze.

En 2004, el negocio del petróleo y el gas natural en Bolivia movilizaba 1.172 millones de dólares. Las petroleras se quedaban con 71 por ciento (832 millones de dólares), según Arze.

Los nuevos contratos cambiaron la ecuación. Ahora, los actores privados perciben 27 por ciento de los ingresos, mientras el Estado retiene 73 por ciento por la vía de varios impuestos, participación y regalías, según Arze. Pero en cifras absolutas los montos de las empresas han variado poco.

En 2010, el negocio generó 3.053 millones de dólares, y las petroleras percibieron unos 824 millones de dólares. Si a ello se agrega el incentivo a la producción de petróleo, estimado en seis millones de dólares anuales, se llega a 830 millones, apenas dos millones por debajo de lo que ingresaban antes de que cambiaran las reglas de juego, dijo Arze.

De acuerdo a YPFB, entre 2001 y 2005, el Estado obtenía una renta petrolera anual de 332 millones de dólares.

Después de la nacionalización, ese ingreso se elevó a un promedio anual de 2.070 millones de dólares. En los últimos seis años, el Estado obtuvo por renta petrolera 12.424 millones de dólares, según YPFB.

La producción de gas ha ido en aumento: en 2005 se obtenían 40,4 millones de metros cúbicos por día y en 2011, 45,06 millones.

Pero el crudo fue a la baja. En 2005, Bolivia producía 50.035 barriles diarios y en 2010 apenas 41.147 unidades.

Hasta junio de 2011, 15 compañías extranjeras lideradas por la brasileña Petrobras consiguieron protocolizar contratos en Bolivia en calidad de titulares para actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, con plazos de entre seis y 28 años, según datos de YPFB.

El profesor de economía política Julio Alvarado dijo a Tierramérica que la actual política petrolera estimula el desarrollo de las empresas extranjeras con el fin de garantizar su permanencia en los campos productivos.

Alvarado recordó que el decreto de nacionalización instruía una auditoría a las empresas transnacionales, pero los informes finales no se hicieron públicos. Esta protección de datos es una demostración de una política favorable a los inversionistas extranjeros, dijo.

Mientras tanto, Bolivia depende cada vez más de las importaciones de combustibles para su consumo interno. En 2010, la factura fue de 600 millones de dólares, en 2011 subió a 900 millones y se estima que este año llegue a 1.200 millones de dólares, indican datos de Alvarado.

La española Repsol era en 2010 la segunda empresa extranjera con mayor participación en la producción, con 8,7 por ciento, muy detrás de Petrobras, responsable de 63 por ciento.

En materia de petróleo, Repsol posee operaciones en un cuarto de los bloques y campos y participa en cinco por ciento de las actividades de exploración.

Durante la etapa de nacionalización, la compra forzosa por parte del Estado de 1,1 por ciento de la participación española en la empresa Andina fue compensada con el pago de 6,2 millones de dólares en 2007.

En contraste, la nacionalización de acciones de la estadounidense Amoco en la petrolera local Chaco, fue objeto de una demanda de la compañía por unos 233 millones de dólares contra el Estado boliviano, apuntó Arze.

Repsol es la principal encargada de explotar el gas del yacimiento de Margarita, en el sureño departamento de Tarija, que guarda unos dos trillones de pies cúbicos de gas y es la fuente de los ocho millones de metros cúbicos diarios que se suministran al mercado argentino, un volumen equivalente al consumo boliviano por día.

En marzo de 2010, Bolivia se comprometió a incrementar ese suministro a Argentina hasta un volumen diario de 20 millones de metros cúbicos para 2017.

La fuente de ese gas es el campo Margarita-Huacaya, operado por distintas empresas. La compañía española participa allí en la sociedad de riesgo compartido Repsol YPF E&P Bolivia SA, que posee 37,5 por ciento de la explotación.

Arze cree que será buen negocio para Repsol, pues se beneficiará del precio que paga Argentina, que en el primer trimestre de 2012 ronda los 11 dólares por millón de unidades térmicas británicas (BTU).

Brasil, que importa tres veces el consumo diario boliviano, paga nueve dólares por millón de BTU. (FIN/2012)

* Este artículo fue publicado originalmente el 28 de abril por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.

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