Custodia de Amazonia peruana avanza en transparencia

Evalúan a entidades de la región vinculadas con la actividad forestal.

Milagros Salazar - IPS

Agricultor Pablo Escudero en la concesión forestal Ojos de Agua, creada para conservar una porción de selva en San Martín, Perú.

LIMA, mar (Tierramérica) – En Perú, donde más de la mitad del territorio está cubierto de selvas y la explotación de madera está marcada por la corrupción, la relación entre transparencia y buen manejo de bosques es muy estrecha.

Una veintena de entidades gubernamentales relacionadas con la gestión forestal fueron evaluadas por una institución no gubernamental en 2011 para ver si cumplían con el requisito legal de disponer de sitios digitales y en qué grado daban a la ciudadanía acceso a información.

El estudio constató que las instituciones han elevado la cantidad de respuestas a las solicitudes de información de un año a otro. De 67 por ciento de los pedidos contestados en 2010, se pasó a 75 por ciento en 2011. Sin embargo, en el mismo período creció de 22 a 23 por ciento la proporción de contestaciones fuera del plazo legal.

Aunque en el gobierno central, el Ministerio del Ambiente registró mejoras importantes, resultan significativos los pasos de los gobiernos regionales, según los especialistas, pues en el marco de la descentralización peruana son esas instancias las que asumen la función de custodia de las selvas, en particular de la Amazonia.

Dos de las seis regiones que ya ejercen funciones de controlar, fiscalizar y dar autorizaciones forestales –antes exclusivamente en manos del gobierno central– fueron las que mostraron estos progresos: San Martín y Loreto, en el norte del país.

En esas seis regiones se encuentran 86 por ciento de los bosques amazónicos peruanos.

El “Informe anual 2011: Transparencia en el sector forestal peruano”, presentado el día 14 en Lima, estuvo a cargo de la organización no gubernamental (ONG) Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).

DAR lleva a cabo estas evaluaciones desde 2009 como parte de un esfuerzo global coordinado por la ONG británica Global Witness, que abarca cuatro países africanos, Camerún, Ghana, Liberia y República Democrática del Congo, y tres latinoamericanos, Ecuador, Guatemala y Perú.

“Hacer transparente la información contribuye a desterrar malas prácticas y malos manejos, porque permite que las autoridades organicen su información y de esta manera realicen una gestión mucho más eficiente. Ahí vemos una utilidad concreta”, dijo a Tierramérica el especialista Javier Martínez, quien estuvo a cargo del informe y es coordinador del Programa Ecosistemas de DAR.

El gobierno de San Martín cuenta, por ejemplo, con un canal especial en su sitio en Internet que permite dar seguimiento a los documentos que sustentan permisos y concesiones forestales, así como los mapas para ubicar esas concesiones y detectar cuáles son las especies vegetales que pueden explotarse.

“Este último año hemos logrado colocar la mayor información posible, pero no es fácil. Falta tiempo, hay muchas cosas por hacer”, dijo a Tierramérica el director de Recursos Naturales de San Martín, Miguel Alva.

Esta instancia regional fue premiada por DAR debido a sus avances. Pero Martínez considera que subsiste el reto de publicar información de los volúmenes de madera que se explotan en cada concesión para que los ciudadanos puedan conocer la ruta de la comercialización de la especie forestal.

De esa manera se podría corroborar “si se cumple con la explotación permitida y se puede contribuir a formalizar la actividad”, explicó Martínez.

En el extremo noreste de Perú, la región amazónica de Loreto representa casi un tercio del territorio nacional. En el sitio digital de su gobierno funciona un sistema de información ambiental con cifras sobre la cantidad de madera que se exporta y las áreas deforestadas, entre otros datos.

El público también puede gestionar sus denuncias en línea.

En los próximos meses, DAR espera obtener resultados de mayor transparencia en las orientales regiones Madre de Dios y Ucayali, pues firmó convenios con sus respectivos gobiernos.

Pero Martínez advirtió que los desafíos difieren de una región a otra.

Autoridades de San Martín y de Loreto señalaron a Tierramérica que sus esfuerzos están pautados por la falta de recursos para contratar más personal y la ausencia de equipos.

En San Martín, Alva cuenta con 34 personas para supervisar 1,5 millones de hectáreas de bosques en producción permanente cuando debería tener al menos el doble de personal.

En Loreto, el director del Programa Regional de Manejo de Recursos Naturales, Abel Benites, aseguró que con 87 empleados se deben custodiar 36 millones de hectáreas selváticas.

En 2010, la Defensoría del Pueblo sostuvo en un informe que en las sedes y puestos de control que deben supervisar la región amazónica apenas se contaba con tres personas para esta tarea.

En 38 oficinas adscritas al Ministerio de Agricultura y a las dependencias regionales encargadas del control forestal, se detectaron varias carencias operativas. Solo en tres se hallaron vehículos en buen estado y apenas en una había una embarcación, a pesar de que el transporte fluvial es esencial en la región amazónica, según el informe de la Defensoría.

Semejante informalidad dio lugar a que funcionarios y usuarios adulteraran fácilmente la información, y las guías de transporte de la madera fueran “blanqueadas” a pesar de que se trataba de especies taladas en zonas no autorizadas, de acuerdo al informe “La política forestal y la Amazonia peruana: Avances y obstáculos en el camino hacia la sostenibilidad”.

“Si los recursos son escasos, ¿qué posibilidades tienen estas autoridades de priorizar la transparencia? Ahí se tiene que evidenciar que una información mucho más organizada y disponible ayuda a tomar mejores decisiones”, señaló a Tierramérica la comisionada para la Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Elena Castro.

Las regiones encargadas de la gestión forestal solo reciben del gobierno central 25 por ciento del dinero que recaudan por los derechos de aprovechamiento de los recursos del bosque, se quejó el presidente del gobierno (gobernador) de Loreto, Yván Vásquez.

Además, algunos municipios obtienen muy poco del llamado canon forestal, la participación de los gobiernos regionales y locales en los ingresos y rentas que el Estado obtiene por la explotación de los recursos naturales.

El distrito de Tres Unidos, en San Martín, recibe un promedio mensual de seis soles (dos dólares) por canon forestal, informó Alva.

Los representantes de DAR y la Defensoría del Pueblo estiman que se necesita formas de mejorar el presupuesto necesario a la titánica labor de controlar la selva. Por ejemplo, elevar los montos del derecho de aprovechamiento, que no se actualizan desde hace una década, pese a que lo exige el reglamento de la ley forestal.(FIN/2012)

* Este artículo fue publicado originalmente el 17 de marzo por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.

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