En franco deterioro

Entre julio de 2010 y mayo de 2011 fueron asesinados 54 defensores y registradas 255 agresiones en Colombia.

Helda Martínez - IPS

Mirta Baravalle con delegadas internacionales en Bogotá.

BOGOTÁ, 2 dic (IPS) – Las violaciones a los derechos humanos en Colombia son muy graves y van en aumento, concluyeron los observadores de la Misión Internacional de Verificación, conformada por 40 delegados de 15 países que, en ocho grupos, recorrieron este país desde el 28 de noviembre.

“He visitado Colombia seis veces desde 2006, y sigo asombrándome porque la situación no mejora”, dijo a IPS el jurista Denis L’Anglais, de la organización no gubernamental Abogados sin Fronteras – Canadá.

En 2009 se registraron 32 asesinatos y 174 agresiones contra abogados defensores, según el no gubernamental Sistema de Información sobre Agresiones a Defensores de Derechos Humanos en Colombia (SIADDH).

Entre julio de 2010 y mayo de 2011 fueron asesinados 54 defensores y registradas 255 agresiones, según SIADDH.

“En Colombia se han cometido crímenes de lesa humanidad por los que alguien tendrá que responder algún día”, sentenció L’Anglais, integrante de la Misión de Observación de la Federación Internacional de Derechos Humanos y del programa Somos Defensores, y participante de las dos Caravanas Internacionales de Juristas celebradas en 2008 y 2010, con abogados de todo el planeta.

“Un verdadero genocidio se comete en Colombia”, dijo por su parte a IPS la argentina Mirta Acuña de Baravalle, una de las fundadoras de las organizaciones Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo, y quien ha sido invitada a este país en repetidas ocasiones.

La Misión Internacional de Verificación es la actividad de cierre de la Campaña Nacional e Internacional por el Derecho a Defender los Derechos Humanos en Colombia, iniciada en 2009, con apoyo de 292 organizaciones de diversos países.

La Campaña fue creada originalmente para investigar métodos ilegales de inteligencia del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), como interceptaciones telefónicas y seguimientos a magistrados, periodistas, dirigentes políticos, activistas y defensores de los derechos humanos.

Por estos delitos fueron imputados los exdirectores del DAS, María del Pilar Hurtado, ahora asilada en Panamá, y Jorge Noguera, condenado en septiembre a 25 años de prisión por alianzas con paramilitares de extrema derecha, a quienes entregó información privilegiada que fue usada para el asesinato de académicos y líderes sindicales.

Bernardo Moreno, exsecretario privado del derechista expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) está detenido de manera preventiva mientras avanza la investigación. En tanto, el propio exmandatario es investigado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

El DAS fue clausurado en noviembre.

A las interceptaciones telefónicas siguieron asesinatos, atentados, amenazas, persecuciones judiciales, agresiones sexuales y acoso a abogados, dirigentes sociales, periodistas, sindicalistas, afrodescendientes, indígenas y organizaciones comunales.

Mientras, se investigan los casos de unos 2.500 “falsos positivos”, jóvenes que, engañados con promesas de trabajo, fueron obligados por las fuerzas de seguridad a vestirse con ropas de camuflaje y luego ejecutados para ser presentados ante la opinión pública como guerrilleros muertos en combate.

En agosto de 2010, el presidente Juan Manuel Santos, exministro de Defensa de Uribe, llamó a la paz y a la reconciliación mencionando la protección de los derechos humanos como un “compromiso indeclinable con una convicción profundamente democrática, ética y humana”.

Santos envió mensajes de respeto al sistema judicial, cuestionado por Uribe, restableció relaciones con países vecinos y aceleró la aprobación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que mereció reconocimiento internacional.

No obstante, aumentaron los asesinatos y las desapariciones de ambientalistas y de personas que luchan por la recuperación de sus tierras, perdidas por el conflicto armado.

En tanto, la iniciativa de Santos para impulsar la extracción de recursos naturales –conocida como la “locomotora minera”– deja “daños ambientales y amenaza seriamente los territorios colectivos”, alertó la organización Human Rights Watch.

“Existen 233 concesiones en 117 resguardos indígenas, y las áreas concesionadas ocupan 267.623 hectáreas”, indicó.

El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 asegura que se alcanzaron niveles de seguridad sin precedentes en este país gracias a las políticas de Uribe.

Pero esto “se desvirtúa al concentrarse en un enfoque de recuperación militar del territorio (…) sin prevención de las violaciones a los derechos humanos y la atención de las víctimas”, afirman documentos de la Campaña.

“No podemos echar la culpa inmediata al gobierno Santos de lo que está pasando. En materia política me mantengo en términos de derecho y observación, pero sabemos que ahora, como presidente, tiene que hacer mucho para cambiar esto”, dijo L’Anglais.

Los observadores de la Misión Internacional de Verificación visitaron el jueves 1 a representantes del gobierno.

Con información suministrada por entidades públicas, confirmaron entre otros asuntos que, “para hacer justicia, se necesitan más fiscales, investigadores y recursos”, dijo a IPS el diputado español Mauricio Valiente.

Pero también hace falta “voluntad política y aceptación de la realidad por parte de los funcionarios gubernamentales”, agregó, en alusión al descreimiento que percibieron del ministro del Interior, Germán Vargas Lleras.

La Misión concluye este viernes 2 su visita a Colombia.

En enero de 2012, los observadores entregarán oficialmente al gobierno colombiano las recomendaciones de una labor “triste pero también gratificante, porque las víctimas mantienen su dignidad y ponen todo su empeño en lograr soluciones”, dijo Baravalle. (FIN/2011)

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