Espionaje ilegal continúa en Colombia, dice la Onu

Bajo la presidencia de Uribe el espionaje del Departamento Administrativo de Seguridad trasgredió fronteras y desvió recursos de la ayuda militar.

OACNUDH Colombia

Juan Carlos Monge y Todd Howland, al dar a conocer el informe.

BOGOTÁ, 28 feb (IPS) – Las acciones de espionaje ilegal persisten en Colombia, confirmó el informe 2011 de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El ministro del Interior, Germán Vargas, replicó: “No es verdad. No hay interceptaciones ilegales”.

“Es bueno que esas denuncias se precisen”, agregó el funcionario, “no se puede generalizar”.

Tras un escándalo por espionaje ilegal, montajes y hostigamientos por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, políticos disidentes, defensores de derechos humanos y periodistas, la entidad fue disuelta en octubre de 2011.

Un mes antes fue condenado a 25 años de prisión Jorge Noguera, director del DAS entre 2002 y 2005, por homicidio en alianza con organizaciones paramilitares de ultraderecha.

Otros directores del DAS que le sucedieron, más de 40 empleados de la entidad y varios altos funcionarios del gobierno del derechista Álvaro Uribe (2002-2010) son procesados por espionaje ilegal y hostigamiento.

Y sin embargo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reporta en su informe, presentado el lunes 27 en Bogotá y que abarca todo 2011, que siguió recibiendo denuncias sobre seguimientos ilegales, principalmente contra defensores de derechos humanos y periodistas.

El documento señala que “existen indicios no comprobados de participación de agentes estatales, incluyendo miembros de organismos de inteligencia civil y militar, en operaciones ilegales y clandestinas”.

“La mayoría de estos casos permanecen en la impunidad. Si no se producen avances significativos en la prevención, investigación y sanción de estos hechos, será muy difícil que no se repitan”, agrega.

Los seguimientos se evidenciarían, por ejemplo, en que, después de ser intervenido el DAS, continuó el robo de material informático a defensores de derechos humanos y periodistas.

En todo caso, prácticamente todos los informes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde 1997 recomiendan depurar los archivos de inteligencia con criterios de derechos humanos. Esta vez no fue la excepción, lo que evidencia que tal depuración no se ha hecho.

La ONU recomienda “regular el proceso para la actualización, rectificación, anulación y mantenimiento en reserva de la información personal en los archivos de inteligencia”, indicó el lunes en rueda de prensa en la capital colombiana Juan Carlos Monge, director adjunto de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

En el mismo sentido se pronunció la Corte Constitucional en octubre.

También “se debe regular la inteligencia militar, de manera que se puedan delimitar sus funciones y su ámbito de actuación”, subrayó.

El informe señala que los mecanismos de control interno y de rendición de cuentas de los servicios de inteligencia militar “necesitan ser fortalecidos considerablemente”.

Añade que “es importante corregir estas falencias, en particular, a la luz del aumento de recursos destinados a la inteligencia militar” por el gobierno del centro-derechista Juan Manuel Santos, en el poder desde agosto de 2010.

La ONU reconoce progresos en algunos casos de interceptaciones y seguimientos. “No un avance con el que podamos estar totalmente satisfechos, pero sí un avance, al fin y al cabo”, dijo Monge.

El principal adelanto en esta materia, para la ONU, fue la aprobación, a mediados de 2011, de la Ley de Inteligencia, cuya confección asesoró la oficina de Bogotá mediante observaciones, “para asegurar que esta ley fuera compatible con los estándares internacionales de derechos humanos”, recordó Monge.

Además, los mecanismos de control existentes acusan “falta de efectividad”, según el informe, que fue presentado el mismo lunes también en Ginebra, ante la Comisión de Derechos Humanos.

La Procuraduría General de la Nación (ministerio público) recibió la recomendación de la alta comisionada para los Derechos Humanos, Navi Pillay, de “profundizar sus acciones preventivas y disciplinarias frente a todos los organismos de inteligencia”, expuso Monge.

Esta entidad de control debería asumir un papel más activo en la depuración de los archivos de inteligencia, agregó la ONU, más aun teniendo en cuenta que quedó custodiando los archivos del DAS, al cerrarse esa agencia de inteligencia. “El informe de 2011 indica la importancia de la procuraduría en la depuración. Esa recomendación es bastante importante, porque ellos pueden tomar un rol de control civil de estos archivos y de este procedimiento”, subrayó el jurista estadounidense Todd Howland, nuevo titular de la OACNUDH en Colombia, ante una pregunta de IPS.

También en respuesta a IPS, y refiriéndose a los procesos judiciales por el caso DAS, Monge expresó que es deseable que en estos escenarios se prosiga con “acciones que reivindiquen el bueno uso que hay que darle a la inteligencia”.

La OACNUDH recomienda “reformar integralmente el sector de inteligencia y transformar la cultura institucional que ha resultado en la comisión de violaciones de derechos humanos”.

También recomienda que, al mismo tiempo que se depura al personal de los organismos de inteligencia, se proteja a aquellos funcionarios “que denuncien abusos o se nieguen a cumplir órdenes ilegales”.

El espionaje ilegal del DAS bajo la autoridad del entonces presidente Uribe trasgredió fronteras y nacionalidades y probablemente desvió recursos de ayuda militar estadounidense y de Gran Bretaña.

En mayo de 2011, la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento Europeo pidió a Colombia aclarar los hechos y establecer responsabilidades sobre espionaje en el continente y contra sus ciudadanos.

Por su parte, el Congreso legislativo estadounidense impuso al Departamento de Estado revisar el destino de toda la ayuda militar a Colombia en la última década, que suma unos 8.000 millones de dólares, canalizados a través del Plan Colombia, un programa militar antidrogas y contrainsurgente. (FIN/2012)

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