Estado mexicano, cómplice de violencia de género

Organizaciones no gubernamentales afirman que las autoridades aún no garantizan el acceso a la justicia para las mujeres.

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El documento

MÉXICO, 14 mar (IPS) – El Estado mexicano no cumplió sus compromisos de garantizar el acceso de las mujeres a la justicia, combatir la impunidad de la violencia de género y prevenir esos hechos, concluyó un informe elaborado por un grupo de organizaciones para las Naciones Unidas.

El documento “El gobierno de México miente” fue realizado por siete organizaciones no gubernamentales (ONG), para ser analizado en julio por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, y en él se cataloga de “parcial” el cumplimiento por el país de los requerimientos de ese organismo.

El texto, al que tuvo acceso adelantado IPS, opera como un “contrainforme” de las ONG defensoras de los derechos de las mujeres, con respecto al que presentará el gobierno ante el Comité durante su 52 periodo de sesiones, que tendrá lugar del 9 al 27 de julio y que examinará la situación de México y de otros siete países.

El Comité de 23 expertas y expertos independientes se ocupa del cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés).

“Las autoridades no han cumplido con su deber de actuar con debida diligencia para garantizar el acceso a la justicia para las mujeres, quienes deben de sortear una serie de obstáculos normativos y de hecho luego de sufrir discriminación y violencia”, cita el también llamado “informe sombra” de las ONG.

El documento aborda, entre otros aspectos, la violencia contra mujeres periodistas, el impacto de género de la militarizada lucha de las fuerzas del Estado contra las mafias del tráfico de drogas y la trata de mujeres, adolescentes y niñas.

El Comité planteó en noviembre una serie de preguntas al Estado mexicano sobre asuntos como la armonización legislativa federal, estadual y municipal con la Cedaw, los mecanismos para presentar demandas judiciales vinculadas a derechos de las mujeres, la participación política femenina y las medidas contra la violencia de género y la trata.

“La violencia se ha recrudecido cada día. Sabemos de la situación de diferencia salarial, de diferentes oportunidades y, en una situación de conflicto social como la que se vive, aumentan esas diferencias”, indicó a IPS la directora de Arthemisas por la Equidad, Irma Ochoa.

La organización opera en el nororiental estado de Nuevo León y es una de las signatarias del informe, que resalta entre sus preocupaciones el desatado fenómeno de los feminicidios, como se denominan los asesinatos de mujeres por razones de género.

El estudio “Feminicidio en México. Aproximación, tendencias y cambios, 1985-2009”, elaborado por ONU Mujeres, el gobierno y el parlamento, aseguró que en el país se cometieron en ese lapso 34.176 homicidios de mujeres y que los feminicidios aumentaron desde 2005.

María Castañeda, coordinadora de proyectos de la ONG Equis: Justicia para las Mujeres, dijo a IPS que tampoco en el acceso a los tribunales hay buenas noticias para las mexicanas.

Equis analizó 35 sentencias dictadas en México entre 2003 y 2012, dentro de la iniciativa del Observatorio de Sentencias Judiciales, que opera en siete países latinoamericanos desde 2007 y es parte de la Articulación Regional Feminista por los Derechos Humanos y la Justicia de Género.

“Hemos encontrado actitudes discriminatorias de los jueces, especialmente el uso de estereotipos. Hemos encontrado que solo un fallo utiliza o menciona un estándar internacional de derechos humanos. Ninguna de las sentencias analizadas menciona la ley general”, explicó.

Castañeda también destacó que “no se valora el testimonio de la (mujer) víctima, especialmente en casos de violación, y que hay deficiencia en investigar y otorgar medidas de protección”, enfatizó.

El acceso de la justicia en el continente será el foco de una audiencia dentro del 144 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que tendrá lugar del 19 al 30 de este mes en su sede en Washington.

Este acceso “para las mujeres se ve comprometido debido a la inexistencia de medidas que respondan a las necesidades específicas de las mujeres”, destaca el “informe sombra” de la sociedad civil mexicana.

Las ONG criticaron la inexistencia de mecanismos de vigilancia y monitoreo del cumplimiento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de 2007 y de un sistema de seguimiento y evaluación de resultados e impacto.

Muestras de esta ausencia son los programas nacionales para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y de Derechos Humanos para el periodo 2009-2012, que carecen de esquemas de medición.

“La ley es letra muerta. Hay una situación de impunidad que abona la violencia. Por eso, queremos que el Comité haga recomendaciones para que se elimine la violencia en contra de las mujeres y que baje la incidencia de esos delitos”, planteó Ochoa.

En enero, Arthemisas y otras ONG solicitaron al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, de la Secretaría de Gobernación (ministerio del interior), la emisión de una alerta de género en Nuevo León.

Pero esa petición fue rechazada en febrero, por lo que las activistas presentaron a inicios de marzo un amparo contra esa resolución.

Ninguna solicitud de alerta, figura establecida por la ley general, ha prosperado, a pesar de que varias organizaciones la pidieron en 2008 para el sureño estado de Oaxaca, al año siguiente para la central región de Guanajuato y en 2010 para el estado de México, próximo la capital.

La única buena noticia en este aspecto se produjo en este último estado el 27 de febrero, cuando varias organizaciones humanitarias lograron un amparo de un juez federal, lo que finalmente abre la posibilidad de investigar penalmente allí los casos de feminicidio.

“En los últimos años se ha invertido mucho en presupuestos y en la creación de instituciones y los resultados son muy pocos”, criticó Castañeda, cuya organización estudió cuatro entidades relacionadas con derechos de las mujeres.

Las siete organizaciones autoras del informe alternativo insisten en la creación de bancos nacionales de datos sobre casos de violencia contra las mujeres y sobre las órdenes de protección hacia ellas.

El “reporte sombra” concluye en que “las muertes violentas contra las mujeres en México reflejan un fenómeno generalizado y tolerado por el Estado, creando un ambiente de permisividad por parte de las autoridades ante dichos crímenes”.

En sus sesiones de julio, el Comité examinará también los casos de Bahamas, Bulgaria, Guyana, Indonesia, Jamaica, Nueva Zelanda y Samoa. (FIN/2012)

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