Estados narcotizados buscan cambios a tientas

Los resultados de la militarización en México son más de 90.000 muertos, 10.000 desaparecidos y 250.000 desplazados.

Diana Carboni - IPS

Arbustos de coca, materia prima de la cocaína, plantados en laderas de Los Yungas, La Paz, Bolivia.

MÉXICO, 2 nov (IPS) – México, Colombia y Guatemala se ven forzados a revisar la forma en que combaten el narcotráfico y a pedirle al mundo que haga lo mismo. Pero no está claro qué están dispuestos a cambiar en concreto los dos primeros.

Entre esos tres países existe un poderoso circuito de drogas ilícitas (cuyo principal mercado es Estados Unidos), de armas y de dinero de actividades ilegales. Pero difieren la profundidad del problema, el estadio y las dinámicas de las mafias en cada uno de ellos.

México está urgido de un nuevo camino. Los resultados de la militarización que impuso en 2006 el presidente Felipe Calderón, quien concluirá su mandato el 1 de diciembre, son más de 90.000 muertos, unos 10.000 desaparecidos y unos 250.000 desplazados internos, según organizaciones de derechos humanos y recuentos periodísticos.

Y es nula la disminución del peso de los carteles en la sociedad, el Estado y la economía.

Colombia, por décadas el primer productor mundial de cocaína, debe mirarse en el espejo de Italia en materia de mafias, y México debería mirarse en el espejo colombiano, sostiene uno de los analistas más concienzudos sobre narcotráfico en ese país sudamericano, el sociólogo Ricardo Vargas, investigador asociado del Transnational Institute, con sede en Ámsterdam.

Su tesis recuerda las descripciones del periodista italiano Roberto Saviano en su libro “Gomorra”, sobre el dominio del crimen organizado en la región napolitana, donde pocas actividades económicas son lo que parecen y la mayor parte no dejan huella.

La situación colombiana “se puede asimilar al caso de Italia, en cuanto a buscar reducción de violencia, sofisticar mucho más los mecanismos de manejo de todas las actividades ilegales, la relación con el escenario político, y desarrollar el aprovechamiento del crecimiento económico que experimentan algunos países de América Latina”, dijo Vargas a IPS.

Los narcotraficantes “también son inversionistas, lavadores de dólares en grandes cantidades que buscan legalizar capitales. Para eso no necesitan desarrollar mucha violencia, sino un engranaje más organizado y sutil, más empresarial”, justo como la mafia en la Italia de hoy.

El especialista ve que “Colombia se mueve en esa dirección”, mientras “México todavía está en una fase de violencia explícita”.

Por su parte Guatemala, un pequeño país convertido en bodega y ruta de tránsito, soporta elevadas tasas de homicidios y violencia. Y su presidente, el derechista Otto Pérez Molina, plantea abiertamente que se despenalicen las drogas en un acuerdo regional que incluya a Estados Unidos.

En discursos de sus mandatarios y en una carta conjunta dirigida al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, los tres países solicitaron en octubre una conferencia internacional para “hacer un balance de los alcances y las limitaciones de la política vigente y acerca de la violencia que genera”.

Para el colombiano Luis Garay, se necesita cooperación estrecha en inteligencia y en control de flujos financieros.

“La inteligencia debe operar transnacionalmente, como operan las organizaciones criminales. Su funcionamiento debe ser muy interactivo y en tiempo real. La cooperación regional no es lo óptimo, pero es la segunda mejor opción, pues cualquier cooperación debe incluir a Estados Unidos”, dijo Garay a IPS.

Director académico de la consultora Scientific Vortex, dedicada a promover políticas públicas basadas en la ciencia, Garay estudió expedientes judiciales de México, Colombia y Guatemala y las interacciones sociales de narcotraficantes, paramilitares, empresarios, legisladores y funcionarios en actividades legítimas y clandestinas, con las cuales han cooptado el Estado.

El resultado de ese trabajo en coautoría con Eduardo Salcedo-Albarán, director de Scientific Vortex, es el libro “Narcotráfico, corrupción y Estados. Cómo las redes ilícitas han reconfigurado las instituciones en Colombia, Guatemala y México”, presentado en la capital mexicana a fines de octubre.

El libro sugiere uso de información de inteligencia financiera, la creación de una agencia trilateral de investigación en esa materia, acuerdos de cooperación técnica y logística entre México y Colombia, y convenios sobre procesos de investigación entre instituciones de los tres países.

Para Luis Astorga, académico de la Facultad de Ciencia Política de la estatal Universidad Nacional Autónoma de México, “se olvida una ecuación fundamental, qué dice Estados Unidos. Debe tomarse en cuenta el debate interno, el bilateral y el internacional”, dijo a IPS.

En México, el futuro presidente Enrique Peña, del Partido Revolucionario Institucional, anunció un giro en la estrategia antidroga, para no centrarse únicamente en la caza de narcotraficantes. Propuso crear un cuerpo de elite para luchar contra las mafias y prometió abatir a la mitad la cantidad de asesinatos en su primer año de gestión.

Pero no ha divulgado medidas detalladas. Y su trayectoria en la materia no arroja muchas luces. En su gestión 2005-2011 como gobernador del estado de México, vecino a la capital, sustituyó tres veces al fiscal, y la tasa de homicidios en ese distrito pasó de nueve cada 100.000 habitantes, en 2007, a 14 cada 100.000, en 2010, según cifras oficiales.

Vargas cree que en México la violencia “tenderá a encontrar un punto de equilibrio, a subsanarse, pero no con el fin del narcotráfico, sino mediante un proceso de estabilización en el cual los narcotraficantes mexicanos también van a consolidar estructuras en la dirección que recorre actualmente Colombia”.

Esto se verá como “un gran logro político de México. Pero no implica la desaparición, sino la consolidación por otras vías de esas empresas criminales”, consideró Vargas.

Esa es la arista ignorada en la declaración que hicieron en octubre los presidentes de Colombia, México y Guatemala para introducir cambios en la lucha mundial antidrogas.

“Ningún país ha asumido plenamente que el problema reside en la presencia de estructuras sólidas del crimen organizado, el cual, además, tiene una capacidad muy grande de incidencia en los Estados”, afirmó Vargas.

“Esa dimensión del problema no se ha puesto sobre la mesa”, aunque “es la piedra angular hacia un verdadero cambio de estrategia”, analizó.

Las organizaciones criminales mexicanas se desempeñan en una veintena de actividades, como tráfico de drogas y personas, secuestro, extorsión, contrabando y piratería, que les generan ganancias y capacidad de mutación rápida.

Con todo, Vargas considera que México y Colombia deberían encabezar un proceso de incidencia en espacios multilaterales en los que América Latina tenga presencia importante, para liderar reformas en las convenciones internacionales sobre drogas.

En un anuncio resonante, el presidente electo de México eligió como su futuro asesor de seguridad al general Óscar Naranjo, exdirector de policía de Colombia.

Según Vargas, Naranjo “reivindica el tratamiento diferenciado entre cannabis y el resto de sustancias. Si es consecuente con lo que ha venido planteando, México y Colombia podrían impulsar un proceso de experimentación del uso despenalizado de marihuana”.

Esa sería una apuesta “interesantísima”, pues no hay evidencias sobre los efectos de una modificación concreta de políticas, recogiendo también “la experiencia de Uruguay (en su intento de legalizar el mercado de cannabis), que está un poco aislada del contexto latinoamericano”, concluyó. (FIN/2012)

* Con aporte de Constanza Vieira (Bogotá).

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