Guaraníes bolivianos defienden su agua en tierra de petróleo

Los indígenas bloquean el ingreso de personal y maquinaria al pozo Caigua X1001, de la nacionalizada empresa YPFB Chaco.

Natalia Seas Yelma - IPS

Petróleo y agua aceitosa demuestran la contaminación en el parque Aguaragüe

CAIGUA, Bolivia, ene (IPS) – Los guaraníes de la comunidad de Caigua, en el sureño departamento boliviano de Tarija, no quieren recursos provenientes de la renta petrolera o de las compensaciones ambientales. Para ellos lo fundamental es proteger la riqueza de la que depende su forma de vida: el agua.

En este asentamiento de 250 familias, en el este de la provincia del Gran Chaco, se escenifica un conflicto entre dos visiones de desarrollo: el promovido desde el gobierno nacional, con base en la abundancia de hidrocarburos en la zona, y el ancestral de los habitantes del pueblo originario más numeroso en el sur de Bolivia, el guaraní.

Los indígenas bloquean desde el 19 de octubre el ingreso de personal y maquinaria al pozo Caigua X1001, de la nacionalizada empresa YPFB Chaco, para evitar que se explore en el yacimiento situado en la parte baja del Parque Nacional Aguaragüe, vital para sus actividades tradicionales.

Allí está sobre todo la represa que asegura el riego de 700 hectáreas de cultivos y abastece de agua a más de 15 comunidades.

Tomás Araray, capitán grande del Consejo de Capitanías Guaraníes de Tarija, dijo a IPS que el bloqueo seguirá hasta que se asegure totalmente que la exploración y posterior explotación del yacimiento no contaminará o afectará las aguas de la represa de Caigua.

“Se invirtieron millones de bolivianos en esta obra y no es posible que por la explotación de hidrocarburos y los pasivos ambientales existentes se contaminen sus aguas o se sedimente la represa”, recalcó.

Los guaraníes temen que el agua de la represa quede contaminada con los residuos petroleros, como ya sucedió con 20 pozos perforados en el parque y mal cerrados, a los que en el argot local se llaman pasivos ambientales por seguir filtrando hidrocarburos a la superficie.

El resultado es que el agua de sus cercanías es turbia y aceitosa, no apta para el consumo humano y de animales.

El consorcio estatal YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) se comprometió en un acuerdo a sellar los yacimientos y reparar los daños, pero la contaminación sigue palpable en el agua y en las riberas de esta serranía, convertida en parque nacional en 2000.

El Ministerio de Hidrocarburos acusó a los comuneros de “obstaculización al desarrollo”, mientras los indígenas replicaron que su movilización “es una defensa de nuestro recurso más importante y escaso: el agua”.

El conflicto estalló cuando YPFB Chaco taló cientos de árboles y abrió un camino en las adyacencias de Caigua, con la intención de transportar al pozo maquinaria pesada para iniciar la exploración del yacimiento.

Tres meses después, la vigilia de los comuneros se mantiene y la movilización se activa si se observa cualquier maquinaria o personas ajenas a la comunidad, mientras el camino está bloqueado por traviesas hendidas en la vía en diferentes puntos.

Araray admitió que existía un acuerdo con YPFB para la exploración de nuevos pozos en el parque.

Pero subrayó que el consorcio rompió el compromiso de que previamente remediaría los impactos ambientales por los otros pozos, algunos situados en las cabeceras del río Pilcomayo, que atraviesa el parque.

“YPFB firmó un convenio con el pueblo guaraní y la asociación de regantes para subsanar los pasivos ambientales que han contaminado nuestras aguas, y no cumplió”, acotó.

La producción agropecuaria de Caigua es muy importante en la zona, porque aporta más de 60 por ciento de los alimentos que consume Villa Montes, un municipio de 30.000 habitantes en cuya ciudad y cabecera viven 11.000 de ellos.

El presidente ejecutivo de YPFB, Carlos Villegas, subrayó a IPS durante una visita al departamento que con su actitud los guaraníes “solo frenan el desarrollo de Tarija” e insistió en que la compañía cumplirá sus acuerdos con el Consejo de Capitanías y los regantes.

“Tenemos un programa para solucionar los pasivos ambientales, todos están siendo solucionados. Acabamos de firmar un convenio con el Servicio Nacional de Áreas Protegidas para atender todos estos casos. Somos y seguiremos siendo cuidadosos en la preservación del medio ambiente”, aseguró.

En un comunicado, la empresa planteó que, si no se desarrolla el proyecto exploratorio en Caigua X1001, el Estado dejaría de percibir unos 130 millones de dólares, por impuestos y otros ingresos. Adicionalmente, el departamento de Tarija no recibiría 45 millones por regalías e impuestos.

Para el capitán grande de Yaku-Igua, Jorge Mendoza, ese dato es irrelevante. “Lo más importante es mantener “una relación amistosa con la naturaleza”, dijo a IPS.

Ante esa situación, YPFB Chaco anunció acciones legales, por daños y perjuicios, en contra de quienes bloquean la exploración del yacimiento.

Pero los guaraníes tienen antecedentes para no transigir. Varías áreas del Aguaragüe están contaminadas y otras tienden a desaparecer por la actividad petrolera.

Los casos más críticos actuales dentro del parque están en las comunidades de Sanandita y Caigua. Pero esto varía, explicaron capitanes y comuneros consultados, y la lucha por su preservación es constante.

En 2010, los guaraníes protagonizaron una marcha de 100 kilómetros para protestar por el incumplimiento del gobierno de los compromisos asumidos al crearse el parque.

Entre ellos, destacan la preservación de los recursos del parque, incluidas las cuencas de aguas subterráneas y superficiales, amenazadas de desaparición por la extracción de petróleo y gas, lo que está dejando al muy seco Chaco sin sus fuentes del líquido.

Mendoza dijo que, “si destruimos el agua de nuestro Aguaragüe, no tenemos en todo el Chaco de donde más sacarla”.

Como ejemplo de los problemas, citó al cerro Santa Rosa, en el municipio de Caraparí, en un área fuera del parque, donde se perforaron varios pozos petroleros. “Hubo gran contaminación de sus aguas, principalmente subterráneas, y los movimientos de tierra taponaron algunas cuencas”, dijo.

En una inspección en 2012 “pudimos evidenciar que los caudales de agua cercanos a Santa Rosa se están acabando y con el tiempo se secarán. No queremos que al Aguaragüe le suceda lo mismo”, agregó.

La Serranía del Aguaragüe abarca amplias zonas de los municipios de Villa Montes, Caraparí y Yacuiba, con una superficie 1.083 kilómetros cuadrados, donde se esparcen 30 comunidades indígenas y 10.223 pobladores, la mayoría guaraníes, pero también del pueblo weenhayek.

Su fauna es rica en especies autóctonas, como el oso hormiguero, el oso melero y el quirquincho bola (armadillo o mataco). Mientras, su muy tupida arboleda acoge muchas variedades de flora y esconde la riqueza más codiciada por YPFB: parte de las mayores reservas de Bolivia de petróleo y gas natural.

Para explotarlas, la serranía fue entregada a concesiones petroleras, parceladas en varios campos asignados a YPFB Chaco y la brasileña Petrobras.

Andrés, un comunero guaraní que prefirió no dar su apellido, dijo a IPS que lo que ven los pobladores del parque de ese desarrollo son pozas y otros cuerpos de agua antes cristalina y ahora ennegrecida y apestosa, igual que sus riberas.

“Si toman esa agua, hasta nuestros animales se enferman”, dijo Andrés, quien diariamente recorre una zona asignada para verificar que no haya movimientos indeseados. (FIN/2013)

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