Indígenas de Tacueyó se preparan para más dolores

Líderes de organizaciones indígenas exigen la desmilitarización de sus territorios en Colombia.

William Lloyd George - IPS

Un miembro de la Guardia Indígena de Tacueyó ante la cruz que recuerda a los adolescentes asesinados en marzo en un campo de entrenamiento insurgente.

TACUEYÓ, Colombia, ago (IPS) – Sentada a la puerta de su pequeño negocio en las alturas montañosas del sureño corregimiento colombiano de Tacueyó, Liliana Alarco intenta contener las lágrimas mientras recuerda el día en que su hijo fue herido.

Cuando el ejército trasladó su base cerca de Buenavista, la vereda (caserío rural) del suroccidental departamento del Cauca en la que vivían, la familia supo que algo malo pasaría tarde o temprano, dijo Alarco.

“Vivimos en paz allí por muchos años, pero cuando llegaron los militares, combatían contra la guerrilla casi a diario”, dijo a IPS.

Un día en que su hijo de 13 años volvía de la escuela, estallaron combates entre soldados e insurgentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El niño quedó atrapado entre ráfagas de ametralladoras y disparos de morteros. De pronto estalló un proyectil y la metralla lo hirió en el vientre.

“Fue terrible, se le destrozó todo el sistema digestivo” y estuvo en coma durante un mes, dijo la madre. Al final, la familia pudo reunir el dinero necesario para que el niño recibiera el tratamiento que le salvó la vida. Su salud mejoró, dijo Alarco, pero el trauma persiste.

“No duerme de noche, no soporta ver soldados y siempre está con miedo”, describió. Luego del ataque, Alarco decidió mudarse con su familia a Tacueyó con la esperanza de escapar de la guerra. Por un tiempo, ella y sus hijos tuvieron algo de paz. Pero ahora esa calma puede desaparecer en cualquier momento.

El 15 de julio, siguiendo órdenes del presidente Juan Manuel Santos, se desplegaron en Tacueyó 500 efectivos de un nuevo batallón de alta montaña cuyo objetivo es sumar fuerzas al gran operativo para capturar al comandante en jefe de las FARC, “Alfonso Cano” quien, según cree el gobierno, tiene su cuartel general en las escarpadas montañas de la Cordillera Central de los Andes.

En esa zona del norte del Cauca ya se han desplegado casi 15.000 soldados.

La reforzada presencia militar angustia a Alarco y demás civiles que habitan las empinadas laderas en torno de Tacueyó. Si bien son muchos los que se quejan por tener que vivir tan cerca del territorio de las FARC, lo que más los inquieta es que se intensifiquen los combates.

Como le pasó al hijo de Alarco, la población indígena suele quedar atrapada entre los actores armados.

Tacueyó, San Francisco y Toribío son los tres resguardos indígenas del municipio homónimo, situado en el norte caucano y habitado por unas 28.000 personas, más de 90 por ciento indígenas nasa.

El sábado 9 de julio, Sara Muñoz y tres de sus hijos concurrieron al único banco del casco urbano de Toribío. “Estábamos en la fila, cuando el techo se nos cayó encima y empezamos a oír fuertes explosiones. Pasamos horas atrapados”, relató a IPS.

Las FARC estaban atacando el centro de Toribío, muy concurrido por ser día de mercado. Arrojaron una granada contra el banco, aunque el mayor impacto provino de un coche bomba detonado frente a la blindada estación de policía, que no sufrió más que unos rasguños.

Pero casi 500 viviendas cercanas quedaron destruidas o dañadas. La casa de Muñoz, situada junto a la sede policial, está en ruinas. Su padre, el carnicero Jesús Muñoz de 65 años, ayudaba al hermano de Sara en el mercado cuando recibió una de las esquirlas de la explosión en la cabeza y murió en el acto. Fue uno de los cuatro fallecidos, tres civiles y un policía. Hubo además 122 heridos.

Sentada en la casa de su madre y rodeada de sus hijos, Muñoz relató a IPS el terror que vivieron. El mayor vio morir a su abuelo. “No sabemos qué hacer, no queremos quedarnos, no es seguro”, dijo. “Mucha gente buena e inocente está cautiva de un conflicto con el que no tenemos nada que ver”.

Las izquierdistas FARC se alzaron en armas en 1964 en esta misma región.

Hartos del sufrimiento y la muerte de inocentes, los líderes de las organizaciones indígenas y de los resguardos exigen la total desmilitarización de sus territorios. Reclaman a la guerrilla y al ejército que abandonen la zona y al gobierno y a las FARC que inicien negociaciones de paz.

“El nuevo batallón de alta montaña viene sin nuestro consentimiento. Conocemos los efectos. Harán de nuestro territorio un escenario de guerra, lo cual afectará inevitablemente a las poblaciones civiles”, sostuvo José Miller Correa, gobernador del resguardo de Tacueyó.

“Por eso los indígenas nos uniremos para expulsarlos de nuestro territorio, no sólo al comando militar, sino también a la guerrilla”.

Otra preocupación de los cabildos, órganos de gobierno de los resguardos, es el desplazamiento de población que huye de la violencia. Estas comunidades pierden a muchos jóvenes: algunos se mudan a las ciudades en busca de trabajo, otros son reclutados por las FARC a edades cada vez más tempranas.

Juan es el seudónimo de un adolescente inducido a hacerse guerrillero con sólo 13 años. “Me llamaban todo el tiempo y me pedían que me sumara al entrenamiento, que así me haría hombre”, dijo a IPS fuera de su casa en los alrededores de Tacueyó.

Una noche de marzo, un contacto de las FARC lo llamó para llevarlo al adiestramiento. En mitad de la noche del día 26, fuerzas del gobierno efectuaron un bombardeo aéreo sobre el sitio de entrenamiento, matando a 16 de los casi 40 jóvenes.

De acuerdo con la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), al menos cuatro de los muertos eran menores de edad, “supuestamente combatientes”.

Además, dijo la ACIN en un comunicado, en el lugar desaparecieron dos civiles, “quienes posteriormente aparecieron muertos en medicina legal (forense) de la ciudad de Cali (capital del vecino departamento Valle del Cauca) registrados como guerrilleros dados de baja en el operativo”.

En la zona se sostiene que el presunto miembro de las FARC que llevó a Juan al sitio de entrenamiento era en realidad un desmovilizado, pagado por el ejército para efectuar esa operación.

“Le pagaron para que nos hiciera matar, así podían alegar que éramos guerrilleros y recibir recompensas en dinero”, agregó Juan. “Me da miedo ver a militares de cualquier tipo en esta área”.

Mientras las autoridades incrementan la ofensiva, madres, padres y trabajadores sociales del resguardo temen que las FARC intensifiquen el reclutamiento de niños. Muchos creen que los hechos de marzo pueden repetirse.

Son tiempos de terror para la población de Tacueyó. Mientras los dirigentes indígenas intentan expulsar a los actores armados, el gobierno trae más y más soldados. Inevitablemente habrá más combates en los próximos meses. Y los que ya han sufrido las consecuencias de la guerra, se preparan para soportar nuevos dolores.

El hijo de Liliana Alarco “apenas ahora regresó a clases” tras recuperarse de su herida, dijo la madre. “La vida es horrible cuando uno está siempre preguntándose qué va a pasar la próxima vez que tu hijo vuelva de la escuela”. (FIN/2011)

 

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