La guerra en el jardín del pueblo nasa

La guerra sigue siendo el principal problema para la comunidad indígena de Toribío, en Colombia.

Constanza Vieira - IPS

Centro de Toribío. Al fondo se ve la estación de policía y casas linderas destruidas por un autobús-bomba.

TORIBÍO, Colombia, oct (IPS) – En el norte del departamento del Cauca los niños indígenas no saben qué es la paz, pero tienen la guerra en su patio de juegos. Para las fuerzas de seguridad de Colombia y la guerrilla de izquierda, el territorio del pueblo nasa es campo estratégico de confrontación.

Indígenas de toda edad contestan sin titubear, cuando se les pregunta por el principal problema que padecen: “la guerra”. El segundo drama es “la falta de oportunidades”.

En el territorio de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) viven 105.000 indígenas, criollos y afrodescendientes. La mayoría forma parte de la comunidad nasa, aunque también hay misak (guambianos).

La carretera que trepa a Toribío, capital nasa, es una muesca que serpentea por empinadas montañas, siguiendo el cauce del río Palo. El aire es tibio. En las laderas hay cultivos de café y pequeños sembrados de coca y marihuana.

Cada tarde a las cinco, entre semana, motociclistas suben con bultos de hoja de coca que llevan a dos laboratorios ubicados arriba, en la montaña. Son intermediarios que recolectan la cosecha en ciertas casas. Los indígenas que cultivan para la industria de las drogas no están afiliados al cabildo de la comunidad.

Desde que IPS estuvo en la región, en 2009, surgió una novedad: en esta vía olvidada aparecieron dos estaciones de gasolina, seguidas. En ese combustible se sumerge tres días, en grandes recipientes metálicos, la hoja de coca, previamente picada con guadañadora. Es el primer paso para convertirla en cocaína.

No es mayor cosa lo que se paga aquí por la hoja de coca: 20 dólares por arroba (12,5 kilogramos). El precio se duplica en tiempos de cosecha o de operaciones militares.

La guerra se intensificó en el territorio de la ACIN, que limita con el departamento del Tolima.

Las fuerzas militares creen que allí, en los vericuetos inexpugnables de la Cordillera Central de los Andes del sur del Tolima, estaría el comandante de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), conocido por su nombre de combate Alfonso Cano.

Las FARC, surgidas en 1964, hicieron estallar un autobús-bomba el 9 de julio frente a la estación de policía de Toribío. La edificación fortificada apenas sufrió rasguños, igual que ocurrió en un ataque anterior en 2005.

Pero las casas frente a la estación quedaron demolidas y de sus escombros no hay ni rastros. De las que colindaban con ellas emergen de las ruinas columnas maltrechas.

En Toribío susurran que en esas viviendas, cinco en total, se albergaban militares. Sin embargo, no hubo reporte oficial de soldados muertos en el ataque.

Tampoco trascendió que la Guardia Indígena (cuerpo civil de control, ganador del Premio Nacional de Paz) salvó a un policía, sacándolo de Toribío vestido de civil.

Nada se dijo, además, sobre tres policías que la guerrilla se llevó consigo ese día en la retirada, según aseguró un testigo ocular de la Guardia Indígena a IPS. “Iban amarrados y tapados con plástico negro” en una camioneta, narró. El destino de esos uniformados se desconoce.

La militarización del norte del Cauca ha sido vertiginosa y el ejército no construye aún edificaciones propias. En Caloto, penúltimo pueblo en la parte plana, se instaló en el centro deportivo, junto a un parque infantil.

Un contrainsurgente Batallón de Alta Montaña llegó a la región en julio con 800 hombres. No se apostarían en Toribío sino en Buena Vista, el filo plano de una montaña cercana, con faldas como paredes y panorámica de 360 grados.

Un punto estratégico para dominar: el problema es que allí hay un sitio de asamblea permanente (refugio humanitario). La gente dice que se plantará en Buena Vista si la construcción militar se inicia.

Por toda la región están estos refugios, una de las principales estrategias de los nasa para no sumarse a la diáspora del desplazamiento forzado de los hogares a causa de la violencia.

Allí se ampara la comunidad ante los combates y hacen eventos y asambleas. Los apoya la Oficina Humanitaria de la Comunidad Europea, el órgano ejecutivo de la Unión Europea. Se complementan con una huerta comunitaria donde siembran yuca, plátano, arracacha, para afrontar el primer momento mientras llegan las ayudas de emergencia.

Albeiro Quihuanáz, consejero de ACIN para el Tejido de Defensa de la Vida, cargo equivalente a una Secretaría o Ministerio, porta el símbolo de su autoridad: una vara de madera de chonta con una pequeña cresta de oro, de la que cuelgan cintas angostas y pompones de lana en siete colores.

Este Tejido, una comisión trasversal de alto rango con el mandato de defender la vida y facilitar soluciones humanitarias, dirige la Guardia Indígena, conformada con 1.200 miembros efectivos.

“El conflicto no tiene horario”, dijo Quihuanáz. “A veces está por tres o seis horas, o a veces por tres, cinco días”. Si alguna fuerza armada le impide a la gente transitar, la comunidad se marcha varias semanas al sitio de asamblea permanente.

Allí, sin remedio, se padece hacinamiento. “A veces se necesita atención en salud; tiene que haber adecuación: leña, sal, fósforos, colchonetas”, señaló el consejero.

Los sitios de asamblea “han tenido resultados”, sostuvo. “Hemos defendido vidas, territorio. La minga (trabajo colectivo para el bien común) se ha mantenido, no ha habido desplazamiento”. “La ganancia ha sido esa”, agregó.

Edilfredo Rivera coordina el Tejido de Defensa. “En este momento se intensifica el conflicto porque cambian las estrategias de guerra”, indicó.

“Anteriormente, la guerrilla se movía en grandes grupos y el ejército también”, añadió. Los indígenas podían prever más fácilmente los choques entre ellos y tomar medidas para preservarse.

“Ahora no. Ahora ya son comandos. En las últimas acciones ya no son montones de guerrilleros. Están haciendo mucho más daño”, agregó, para luego continuar asegurando que “el ejército también está implementando ese tipo de acción”.

Así que, dijo Rivera, “nosotros también tenemos que comenzar a revaluar lo que hacemos. Esto nos afecta”.

Los nasas ven que el Estado incumple sus propias reglas y las declaraciones y normas internacionales que establecen la autonomía indígena. Dicen que la guerrilla tampoco honra los compromisos de décadas atrás.

“Cada día aumentan los muertos, hay reclutamiento de menores, violaciones, masacres, bombardeos, presencia militar, contaminación territorial, desarmonización, y no se respetan los sitios sagrados, además de que hay explotación minera”, dijo Quihuanáz. “Hay una ocupación militar en el territorio”.

Por eso, el 20 de julio la comunidad dio un ultimátum desde Toribío. “Ya no más discursos. No más palabras. Vamos a la acción”, agregó el consejero. El próximo 12 de octubre se inicia la minga de la desmilitarización.

Los nasas sacaron laboratorios de droga de sus territorios en 2000 y 2009 y en septiembre pasado incendiaron dragas de minería. Han desmontado trincheras policiales en cascos urbanos. Cada acción fue ampliamente advertida. Como ahora.

No van solo a desmantelar los campamentos de la guerrilla, para que no les digan que están con el ejército. Si van solo a donde está el ejército, a desmontar sus bases, “nos acusan de ser guerrilleros. Entonces, les toca irse a ambos”, dijo Quihuanáz. También tendrá que irse la policía.

“Esa es la estrategia. La comunidad está diciendo: vamos a actuar. La copa se rebosó. Queremos paz. ¿Cuál es la paz? Vivir bien. Tener la tierra sin contaminar. Trabajar la tierra. Tener productos. Que la colectividad viva bien”, explicó.

“Los actores armados, la guerra, no nos dejan. La paz es que no haya presencia de actores armados. Ese es el camino”, concluyó. (FIN/2011)

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