La “otra cara” de la pena de muerte en América Latina

Primer trabajo de una serie sobre la pena de muerte en varias regiones del mundo.

AMERICA LATINA, 22 jun 1995 (IPS) – Colombia y Guatemala, donde la pena de muerte no esta prevista en las leyes nacionales, presentan altos indices de ejecuciones extrajudiciales.

Esa forma de violacion al derecho a la vida, considerada por Cesar Verduga, presidente de la Asociacion Latinoamericana de Derechos Humanos (ALDHU), como “la otra cara de una pena de muerte no declarada”, causo en ambos paises mas de 1.000 victimas en 1994.

La organizacion humanitaria Amnistia Internacional incluyo a Colombia entre los paises con mayor numero de ejecuciones extrajudiciales en el mundo, junto a Irak, Sri Lanka, Zimbaue, Turquia y Marruecos.

Esa practica llevo en los ultimos 25 anos a la muerte de mas de un millon de personas en el planeta.

El informe de Amnistia sobre desapariciones forzadas y homicidios politicos en Colombia senala como blanco particular de esos procedimientos a integrantes de la guerrilla y sus presuntos simpatizantes.

Pero la mayoria de ellos concierne a miembros de grupos legales de oposicion, dirigentes sindicales, maestros, campesinos, periodistas, investigadores y lideres de comunidades indigenas, asesinados en el marco de operaciones de contrainsurgencia de las Fuerzas Armadas o de paramilitares.

Un informe oficial de 1994 confirma las aseveraciones del organismo humanitario.

En abril de 1994, por ejemplo, la Comision Andina de Juristas demostro como en un area rural del central departamento de Ibague un menor asesinado por unidades militares fue luego mostrado como muerto en un combate con la guerrilla.

Algo similar sucedio en ese mismo mes con el campesino, Miguel Angel Barbosa, asesinado por soldados en una zona rural de Norte de Santander (en el este del pais) y presentado posteriormente como un integrante de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) muerto en combate.

Casos como estos, segun una fuente de la Comision Andina de Juristas, “no son hechos aislados sino un patron persistente de violencia”.

Solo entre enero y diciembre de 1994, 11 de las 767 muertes violentas atribuidas a las Fuerzas Armadas presentaron caracteristicas parecidas al asesinato del campesino Barbosa.

Segun la Comision Andina de Juristas, durante 1994 se registraron en Colombia 3.146 asesinatos pos causas politicas o presumiblemente politicas.

Entre los responsables de esos hechos aparecen, ademas de soldados, integrantes de grupos paramilitares, escuadrones de la muerte, miembros de “milicias populares” y guerrilleros, asi como narcotraficantes.

Sonia Zambrano, investigadora de la Comision, senalo que pese al cambio de actitud mostrado por el gobierno de Ernesto Samper, la situacion de violacion a los derechos humanos no ha presentado variaciones sustanciales en el primer semestre de este ano.

Samper, quien asumio el gobierno el 7 de agosto de 1994, reconocio que en el pais existe una “grave situacion” en materia de violacion de los derechos humanos.

Sin embargo, en los primeros seis meses de su gobierno, segun cifras del Centro de Investigaciones y Cultura Popular (CINEP), se registraron 652 casos de violaciones, que dejaron 1.578 victimas.

Agentes del Estado fueron senalados como responsables de 114 ejecuciones extrajudiciales y 18 desapariciones forzadas.

En Guatemala, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado atribuye las violaciones esencialmente a las Fuerzas Armadas y a los grupos paramilitares de ultraderecha.

De los 1.877 casos de violencia registrados en 1994 en ese pais centroamericano, 356 correspondieron a ejecuciones extrajudiciales, indica, atribuyendo la mayor parte de los casos a motivaciones politicas o presumiblemente politicas. (FIN/IPS/yf/dg/hd-ip/95

El caso de Ecuador

QUITO, 21 jun 1995 (IPS) – La tolerancia a reimplantar la pena de muerte y a endurecer las sanciones contra la delincuencia en America Latina se esta volviendo una constante en los paises de la region, producto de la creciente inseguridad publica, dijo a IPS el secretario de la ALDHU.

Juan de Dios Parra, portavoz de la Asociacion Latinoamericana para los Derechos Humanos, afirmo que la “conciencia de temor” que vive la poblacion de la region ha modificado la percepcion del colectivo social frente a la pena de muerte.

En los anos 70, en la mayoria de los paises latinoamericanos habia un “claro rechazo” hacia la pena de muerte y su aplicacion, aunque existia apenas como un hecho focalizado en algunas de las dictaduras del cono sur.

El advenimiento de las democracias, en los 80, ratifico la abolicion de ese castigo, en la mayoria de los estados, pero desde hace cinco anos la presion social se empezo a traducir en iniciativas parlamentarias para reestablecerlo en las legislaciones nacionales del continente.

En Ecuador, sectores minoritarios de diputados plantearon la reforma del codigo penal para incluir en el la reclusion perpetua, la acumulacion de penas y la pena de muerte selectiva.

El congresista Harry Alvarez, del populista Partido Roldosista Ecuatorianso, propuso la condena a muerte para los violadores de menores.

El Partido Social Cristiano, el mayor de la oposicion, es partidario de introducir la cadena perpetua en los casos de plagio, violacion o asesinato, asi como la acumulacion de penas.

“En otros momentos, planteamientos de esta naturaleza hubiesen sido reprobados por la comunidad, porque atentan contra la base de la civilizacion” declaro Parra.

El secretario de la ALDHU considero que la eventual reinstauracion de la pena de muerte en los estados conduciria a “un momento de inseguridad politica internacional muy peligroso” por la “incerteza de los instrumentos juridicos internacionales”.

El pacto de San Jose de Costa Rica, sobre derechos civiles y politicos, prohibe a los estados reimplantar la pena de muerte en sus legislaciones.

Este convenio, con valor de tratado supranacional, fue adoptado el 15 de diciembre de 1966, cuando se abrio a la firma, y entro en vigencia el 26 de marzo de 1976.

Solo Estados Unidos no lo suscribio ni ratifico. Los demas paises americanos si.

Ese pacto no puede ser derogado unilateralmente por ningun estado ya que, de hacerlo, seria apartado de la OEA.

Parra tambien recordo que el “endurecimiento de las penas no es una novedad”, como tampoco una garantia para disminuir la delincuencia, como lo demuestran los casos de Estados Unidos y Chile.

Calificando a la sancion capital califico a esa sancion como “una perversion del sistema que pretende atribuir la responsabilidad de mejorar la seguridad al hecho de imponer un castigo drastico”, declaro que la pena de muerte es tambien irreparable.

“Si el sistema judicial se equivoca el Estado no puede rectificar su error y se vuelve homicida, con lo cual pierde el sustento etico que lo funda, que es el bien comun”.

Sin embargo, minimizo el hecho de que la pena de muerte no este legislada “pues en la practica ella existe sin detencion, ni juicio, simplemente como exterminio y limpieza social”.

Segun la ALDHU, el numero de condenados a pena de muerte por los tribunales de justicia de la region, en los ultimos 10 anos, no exceden de diez.

En ese mismo periodo “han sido asesinados cientos de miles de personas, con formas extrajudiciales de pena de muerte, y en un marco de impunidad”.

El secretario de la ALDHU puntualizo que en las capitales latinoamericanas no ha aumentado tanto el numero de delitos cuanto su “criminalidad y violencia” por la “enorme crisis social” que vive la region.

El aumento de la pobreza y el desarrollo de sociedades “duales” y “contradictorias” conducen a que un sector minoritario de la poblacion acceda a todos los productos del mercado de consumo, mientras que la mayoria queda fuera.

Ese desajuste se alimenta con la television, que carece de todo control, sobre los estimulos que “adiestran, educan y entrenan a una generacion desheredada en tecnicas delictivas violentas”.

Esta realidad esta en la base de la demanda ciudadana de rebajar tambien la edad de imputabilidad criminal, a fin de que los menores de 16 anos puedan ser recluidos en carceles de adultos.

“En Uruguay, el pais de mas desarrollada civilizacion juridica, su parlamento aprobo una norma que permite encarcelar a los menores en recintos para adultos. En Bolivia ya se aprobo la rebaja de la imputabilifad criminal. En Chile se la esta discutiendo y, con probabilidades de consenso”, anoto Parra.

Agrava la situacion el hecho de que el Estado no arbitra seguridad, lo que conduce a que los particulares la compren.

El gasto en seguridad privada es inmenso en America Latina, estimo Parra. “Tenemos la hipotesis de que existe el dinero suficiente para garantizar una eficaz seguridad publica”, advirtio.

Datos preliminares de una investigacion que realiza ALDHU en Chile, Argentina, Paraguay, Mexico, Colombia y Peru, y que concluira a fines de 1995, revelan que en estos paises hay 200 empresas de seguridad privada cuyos ingresos superan los 300 millones de dolares por ano.

Un balance del costo de la seguridad privada y publica, mas las perdidas del comercio, industria y servicios por los delitos de que son victimas, advertiria que esos recursos serian suficientes para dotar a los paises de nuevos sistemas de seguridad, eficientes, modernos y democraticos, anadio Parra.

Sin embargo, por la atomizacion de la vida comunitaria y la perdida de los valores solidarios colectivos, la sociedad civil se ha desacostumbrado a invertir en seguridad publica.

Frente a este escenario, el representante de la ALDHU insto a los politicos a asumir un “papel pedagogico con sus poblaciones y a abordar el problema desde la raiz, es decir por medio de un nuevo acuerdo de seguridad publica”.

Ello significaria entregar recursos para la movilizacion policial, reformar los sistemas penales, modificar el reparto y disminuir los estimulos de violencia en las sociedades. (FIN/IPS/cat/dg/ip/95

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