Manejo comunitario del agua busca salir de limbo legal

Los servicios comunitarios de agua, que atienden a 2.500 localidades rurales de México, reclaman reconocimiento legal.

Emilio Godoy - IPS

El manejo del agua es clave para el abastecimiento de las comunidades rurales. En la imagen, un cenote en el sureño estado de Chiapas.

MÉXICO, dic (Tierramérica) – Los sistemas comunitarios de abastecimiento de agua, que funcionan en miles de localidades de México, aspiran a que una nueva estructura legal federal en ciernes los reconozca como gestores del preciado recurso.

“Estamos en un limbo jurídico, porque la ley no nos reconoce, pero al mismo tiempo nos exige que pidamos concesiones y que invirtamos”, dijo a Tierramérica un integrante del Sistema de Agua Potable de Tecámac, Ricardo Ovando.

Esta entidad sin fines de lucro y autónoma opera desde la década de 1950 y fue legalizada en 1997; administra seis pozos y abastece a unos 4.000 usuarios en Tecámac, municipio de unos 365.000 habitantes en el estado de México, unos 40 kilómetros al norte de la capital de este país.

El Sistema de Agua Potable de Tecámac ya conoce de persecuciones, pues en 2005 el gobierno municipal le arrebató las instalaciones, que logró recuperar gracias a un amparo legal en 2007.

Hay 2.517 organismos operadores de agua de este tipo, que atienden a 2.454 cabeceras municipales bajo la forma de sistemas autónomos o de juntas o comités rurales, estima el no gubernamental Grupo de Estudios Ambientales.

El resto de las casi 198.000 localidades rurales mexicanas son abastecidas por sistemas estaduales o municipales o por empresas concesionarias.

Pero en este país de casi 117 millones de habitantes, 30 por ciento de las viviendas no tienen agua por cañería y otro 15 por ciento la reciben cada tres días por otras vías, indican datos estadísticos oficiales.

La Ley de Aguas Nacionales, de 1992, no reconoce jurídicamente a los sistemas comunitarios que sin embargo funcionan gracias a los consejos de cuenca, una figura creada para la interacción entre la gubernamental Comisión Nacional del Agua y delegados de los usuarios y de autoridades federales, estaduales y municipales.

“Las comunidades cuidan los recursos naturales y deben decidir qué hacer con ellos”, dijo a Tierramérica Esteban Solano, habitante del pueblo de San Pedro Atlapulco, en el municipio de Ocoyoacac, estado de México, una zona pródiga en riqueza forestal e hídrica.

Esa población se nutre de tres de los cuatro manantiales que brotan de las montañas y que le permiten bombear además 22.000 metros cúbicos de agua por día a la Ciudad de México. En compensación, el gobierno capitalino le ha entregado unos cuatro millones de dólares desde 2006.

La Constitución de México ya reconoce el acceso al agua como un derecho humano básico, establecido en 2010 por la Organización de las Naciones Unidas, que le dio naturaleza vinculante.

Pero el Congreso legislativo debe aprobar una nueva ley para incorporar ese cambio y tiene plazo hasta febrero para hacerlo.

El nuevo gobierno, investido el 1 de este mes, prepara su proyecto, del que se conocen pocos detalles. Pero el presidente Enrique Peña Nieto adelantó en su campaña electoral un paquete de 38 medidas para garantizar el abastecimiento universal, incluidas la construcción de represas, acueductos y plantas de tratamiento, y la creación de una Secretaría (ministerio) del Agua.

Además, el gobierno de Peña Nieto debe presentar en los próximos meses un Programa Nacional Hídrico hasta 2018.

Hay que revisar de manera “crítica y sistemática” las “concesiones, asignaciones y permisos que garanticen la participación de las comunidades locales y de los afectados”, dijo a Tierramérica el presidente de la Academia Mexicana de Derecho Ambiental, Rolando Cañas.

Mientras, las comunidades que administran sus recursos hídricos y otras organizaciones no gubernamentales construyen una propuesta para la futura ley de aguas.

Entre otros elementos, proponen reconocer los sistemas autogestionarios; la cogestión comunitaria-municipal; la creación de programas locales de agua potable y saneamiento; los acuerdos entre varios municipios y la supervisión comunitaria del diseño, construcción, operación y mantenimiento de plantas de tratamiento de líquidos residuales.

“La ley debe basarse en una perspectiva de derechos humanos. Vamos a un paradigma muy ambicioso, tenemos que asegurar un bien público. Y tenemos que pensar más allá de la gestión de cuencas, porque cada usuario defiende su uso del agua”, expuso a Tierramérica la investigadora Raquel Gutiérrez Nájera, de la estatal Universidad de Guadalajara, en el occidental estado de Jalisco.

El agua abunda desde el centro hacia el sur del territorio mexicano, pero escasea en la zona norte, que soportó este año una intensa sequía, fenómeno que será más frecuente debido al cambio climático, previenen los científicos.

Blindar la administración hídrica comunitaria es un paso para frenar la privatización que amenaza con colarse en el futuro marco legal, estiman algunos.

“Hay una intención privatizadora. Un ejemplo es la construcción de casas, en la cual los desarrolladores reciben pozos para su manejo. Pero el agua se está acabando”, dijo Ovando, en cuya zona operan ocho sistemas de gestión autónomos y los usuarios pagan por el servicio casi cuatro dólares cada dos meses.

“Los bosques son las fábricas de agua. Nosotros los cuidamos, es justo que se nos recompense”, argumentó Solano. (FIN/2012)

* Este artículo fue publicado originalmente el 15 de diciembre por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.

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