Mexicanas piden no votar a legisladores contra el aborto

En 13 estados del país hay mujeres que enfrentan procesos judiciales por interrumpir su embarazo.

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Entre 2008 y 2010, diputadas y diputados de 17 parlamentos regionales avalaron reformas que representan una violación a los derechos reproductivos de las mujeres.

MÉXICO, may (IPS) – Defensoras del derecho a decidir de México llaman a no votar el 1 de julio por las y los candidatos que como legisladores regionales aprobaron reformas que penalizan el aborto en 17 de los 31 estados del país.

 

En una contraofensiva ante la andanada de legisladores –respaldados por la Iglesia Católica– que reformaron 17 constituciones estadales para “proteger la vida desde la concepción-fecundación”, mujeres de la sociedad civil iniciaron una campaña para evitar que los ahora candidatos ocupen cargos federales o en sus estados.

El Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres llamó a no votar en las elecciones presidenciales y legislativas del 1 de julio, por quienes como legisladores aprobaron las modificaciones constitucionales que criminalizan a las mexicanas por interrumpir un embarazo no deseado.

También se elegirán siete gobernadores estaduales y se renovarán parcialmente diputaciones regionales y cargos municipales.

El Pacto Nacional, que agrupa a activistas de 35 organizaciones civiles de 19 estados, lanzó la campaña como parte de las conmemoraciones el lunes 28 por el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, que se festeja desde 1987 cada 28 de mayo.

Entre 2008 y 2010, diputadas y diputados de 17 parlamentos regionales avalaron reformas que además de representar una violación a los derechos reproductivos de las mujeres, ponen en riesgo la salud y la vida de las mexicanas, acusó el Pacto Nacional.

Esta llamada contrarreforma representó una reacción a la despenalización del aborto inducido hasta la 12 semana de gestación, en 2007, en el Distrito Federal, sede de la capital del país. La entidad con mayor peso político en México está gobernada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) desde 1997.

Las activistas del Pacto Nacional dieron a conocer los nombres de 15 aspirantes a la Cámara de Diputados, al Senado y a diversos cargos de elección popular a nivel estadal y municipal, que en su momento avalaron la criminalización de las mujeres.

Se trata de 12 candidatos y candidatas del gobernante y derechista Partido Acción Nacional (PAN), dos del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI) y uno del Partido del Trabajo.

Esta es la primera lista de diputadas y diputados regionales -ahora candidatos en las elecciones a diferentes cargos-, que aprobaron las 17 reformas que atentan contra la salud y libertad de las mujeres que interrumpen un embarazo no deseado, pero también de quienes sufren un aborto espontáneo.

Ximena Andión, directora de Desarrollo Estratégico del Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire), dijo que tales modificaciones constitucionales recrudecieron la persecución contra las mexicanas.

Ellas son denunciadas por el personal de salud cuando llegan a hospitales públicos por alguna hemorragia o complicación por aborto. Incluso, dijo, hay médicos que les condicionan la atención. “Primero tienen que declararse culpables y después la revisan, poniendo en riesgo su salud”, abundó.

Gire documenta y brinda acompañamiento jurídico a más de 20 mujeres que fueron procesadas por abortar o que reciben tratamiento médico integral fuera de prisión en los estados de Baja California, Chihuahua, Puebla, Estado de México, Hidalgo, Morelos y Michoacán.

El 4 de junio, el Pacto Nacional por la Vida dirigirá una carta a los aspirantes presidenciales Josefina Vázquez Mota, del PAN, Enrique Peña Nieto, del PRI, Andrés Manuel López Obrador, del PRD, y Gabriel Quadri, del Partido Nueva Alianza, para que se pronuncien a favor de la despenalización del aborto.

Las activistas marcharon el lunes 28 al Monumento a la Madre al Monumento a la Revolución, para reclamar que cese la criminalización de las mujeres por abortar.

En al menos 13 estados del país hay mujeres que enfrentan procesos judiciales por interrumpir su embarazo, o que son acusadas de homicidio en razón de parentesco tras sufrir un aborto espontáneo; algunas de ellas están en prisión.

De acuerdo con organizaciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres, esta problemática afecta sobre todo a las mexicanas de escasos recursos. La situación se agravó con la penalización del aborto en los 17 estados, entre 2008 y 2010, acusan.

Las modificaciones a las constituciones locales consistieron en establecer la “protección de la vida desde la concepción-fecundación” hasta la muerte natural, y fueron aprobadas por legisladoras y legisladores del PRI y el PAN, principalmente.

El Gire da acompañamiento jurídico y tiene documentados más de 20 casos de mujeres procesadas por aborto o que reciben tratamiento médico integral fuera de prisión en Baja California, Chihuahua, Puebla, Estado de México, Hidalgo, Morelos y Michoacán.

Según el Centro de Derechos Humanos Las Libres, con sede en el central estado de Guanajuato, en 11 estados hay mujeres encarceladas por abortar o acusadas de homicidio en razón de parentesco, luego de sufrir un aborto espontáneo.

Las Libres han documentado que 160 mujeres de su estado fueron denunciadas por aborto entre 2000 y 2010. De acuerdo con las resoluciones de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, y la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, que se llevó a cabo en El Cairo en 1994, el aborto no puede considerarse un método de planificación familiar.

Pero sí establecen que la interrupción voluntaria del embarazo forma parte de los derechos reproductivos de las mujeres, ante un embarazo no deseado o la falla de los métodos anticonceptivos.

Los derechos reproductivos están garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La autonomía reproductiva está reconocida en el artículo cuatro.

En él se indica que “toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos”.

La Constitución es la ley suprema a la que deben ajustarse los demás ordenamientos, tales como leyes generales, constituciones estadales y leyes federales y locales, advierte el Gire. (FIN/2012)

*Una versión de este artículo fue publicada originalmente por la agencia mexicana de noticias de Comunicación e Información de la Mujer AC, Cimac.

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