México y los derechos humanos: candil afuera y oscuridad adentro

Exponen contradicción entre el discurso y los hechos en materia de derechos humanos en México.

Tomada de la web del Centro

Esta organización no gubernamental ha presentado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos varios casos de violaciones y represión.

MÉXICO, mar (IPS) – México fue un defensor importante de la continuidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos frente a la batalla que emprendieron algunos países miembros de la OEA para restarle facultades.

 Lo paradójico, según defensores de derechos humanos, es que el marcado apoyo mexicano a este organismo especializado del sistema de la OEA (Organización de los Estados Americanos) pone de algún modo en peligro el acceso de las víctimas de este país a esa última puerta de justicia cuando las instancias nacionales se agotan.

 “México ha dado un respaldo a la labor del sistema y se mantiene en el discurso como un defensor de los derechos humanos”, dijo a IPS el activista y abogado Simón Hernández.

 “El riesgo es que eso se pueda traducir en cierto control político sobre las decisiones contra el Estado mexicano”, advirtió Hernández, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC.

 Esta organización no gubernamental ha llevado a la Comisión casos como el de los casi 80 mineros sepultados en 2006 en Pasta de Conchos, en el norteño estado de Coahuila, y el de las mujeres violadas ese mismo año en San Salvador Atenco durante una represión policial en la que está implicado el actual presidente de México, Enrique Peña Nieto.

 El problema, dijo el litigante, es que “en los foros internacionales, la postura de México siempre ha sido de una enorme contradicción entre el discurso y los hechos”.

 David Peña, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, comentó que “la política exterior mexicana se caracteriza por aceptar todo, apoyar todo, y hacia adentro es otra cosa”.

 Peña es uno de los abogados que llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de ocho mujeres ultimadas en 2001 en la norteña Ciudad Juárez, en un terreno baldío conocido como Campo Algodonero. Por tres de esos asesinatos, en noviembre de 2009 se consiguió la primera sentencia condenatoria a un Estado como responsable de feminicidio.

 Tres años después, México solicitó a la Corte dar por cumplida la sentencia, a pesar de que los feminicidios y la desaparición de mujeres no solo no se han detenido sino que se extendieron a todo el país, amparados por la violencia generalizada que sufre México desde 2006.

 Y de hecho, en el mapa de los focos rojos por feminicidios se destaca el estado de México, el distrito colindante con la capital del país donde se asienta San Salvador Atenco, que fue gobernado entre 2005 y 2011 por el actual presidente Peña Nieto.

 “México ha apoyado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fue uno de los países que propuso cerrar la discusión (de las reformas) y yo espero que gane esa postura, pero no sabemos qué repercusión tendrá ese apoyo (en las demandas contra el Estado mexicano)”, dijo Peña.

 El sistema de justicia interamericano está formado por dos órganos autónomos que fiscalizan el cumplimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos: la Comisión, con sede en Washington, y la Corte, asentada en San José de Costa Rica.

 La Comisión tiene varios cuerpos especiales. El más dinámico es la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que recibe financiamientos externos de casi un millón de dólares anuales.

 Es un sistema apreciado por defensores de derechos humanos, pero no por los gobiernos. Por eso desde junio de 2011, Estados afectados por sus resoluciones, como Venezuela, Ecuador y Bolivia, impulsan reformas para acotar sus facultades. A ellos se sumó en mayo de 2012 el propio secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza.

 El debate se centra en la facultad de la Comisión de emitir medidas cautelares de protección, la individualización en su informe anual de la política de derechos humanos de países considerados en ese ámbito como “problemáticos”, en el que se ubican hoy Cuba, Colombia, Honduras y Venezuela, y el funcionamiento de relatorías especializadas, así como sus fuentes de financiación.

 El cuestionamiento apunta a que un tercio del presupuesto de la Comisión procede de la Unión Europea y de Estados Unidos y Canadá, y estos dos últimos se han negado a ratificar la Convención Americana, base del sistema.

 En la reunión extraordinaria de la OEA del viernes 22 para discutir las reformas, México defendió la necesidad de que los estados sean responsables en sus aportaciones al sistema y anunció un aporte extraordinario de 300.000 dólares.

 “Es momento de que los Estados otorguen todo el apoyo a la Comisión”, dijo el canciller mexicano José Antonio Meade.

 Los juristas consultados consideraron necesario fortalecer al sistema interamericano, pero alertaron que, “para el nivel de violaciones” que hay en México, son muy pocos los casos aceptados por el organismo. Incluso hay asuntos, como el de San Salvador Atenco, en los que observan “cierta dilación” de la Comisión para entrar a fondo en la investigación, añadieron.

 México tampoco está considerado en capítulo alguno del informe anual que individualiza casos de países con problemas de derechos humanos.

 En este país, entre 95 y 98 por ciento de los delitos que se cometen quedan impunes, según informes de organizaciones no gubernamentales.

 Apenas el 14 de este mes, la Comisión Interamericana tuvo una maratónica sesión de audiencias relacionadas con abusos del Estado mexicano.

 Dos de ellas involucran al gobierno izquierdista del Distrito Federal (Ciudad de México): una por la exhibición pública de detenidos y otra por la negativa a aceptar pruebas en contra de la sentencia que determinó que la activista Digna Ochoa se suicidó en 2001.

 En otra, las mujeres violadas en Atenco rechazaron las “disculpas” de los enviados del presidente Peña Nieto.

 Otras dos audiencias están vinculadas con políticas públicas, como la concentración del mando sobre las fuerzas policiacas en la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior) y la inoperatividad del Mecanismo de Protección a Defensores y Periodistas. De 2006 a la fecha fueron asesinados 61 activistas y más de 50 periodistas, y hay al menos 15 desaparecidos.

 En la última audiencia, representantes de pueblos indígenas rarámuris y tepehuanes reclamaron que las autoridades no los consultaron sobre la construcción de un proyecto turístico en el norteño estado de Chihuahua.(FIN/2013)

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