Pequeñas represas, grandes preocupaciones

La construcción de pequeñas centrales hidroeléctricas amenaza los ciclos de crecidas al norte de Mato Grosso, Brasil.

Mario Osava – IPS

Represa de Canoa Quebrada en el río Verde, norte de Mato Grosso.

CUIABÁ, Brasil, jul (IPS) – Convertirse en una escalera de lagunas artificiales parece ser el destino de varios ríos del occidental estado brasileño de Mato Grosso debido a la construcción en serie de pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH), en algunos casos intercaladas por plantas de mayor porte.

El río Jaurú, en el oeste del estado, albergará seis complejos en un tramo de menos de 80 kilómetros, destacó Dorival Gonçalves Junior, profesor de ingeniería eléctrica en la Universidad Federal de Mato Grosso.

En los registros oficiales de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel), el estado cuenta con 49 PCH operando, 11 en construcción y 18 autorizadas. Pero serán muchas más en algunos años.

Solo en la cuenca del alto Paraguay, de la que es parte el río Jaurú, había el año pasado 76 en proceso de licencia o en estudios, además de 16 en operación y 10 en construcción, según el Centro de Investigación del Pantanal (CPP). En total eran 116, sumando las mayores y las microcentrales.

En Brasil se consideran PCH a las centrales con capacidad para generar de uno a 30 megavatios, arriba de esa potencia se denominan Usinas Hidroeléctricas (UHE) y por debajo Centrales Generadoras (CGH).

Tantas represas, además de afectar la reproducción de los peces, amenaza los ciclos de crecidas e inundaciones del Pantanal Matrogrossense, vitales para la riqueza biológica de esa área húmeda, que ocupa gran parte del oeste brasileño, del este boliviano y norte paraguayo y que se reconoce como Patrimonio Natural de la Humanidad.

La proliferación se debe a la creencia de que las PCH producen un reducido impacto ambiental. Pero no es así en muchos casos aislados, menos aún si se acumulan en un mismo río.

Con el apagón ocurrido en Brasil en 2001, seguido de 10 meses de racionamiento, el gobierno flexibilizó más aun las exigencias ya blandas para autorizar la construcción de PCH, estimulando esas “supuestas fuentes limpias” de energía, recordó Adriana Ramos, directora adjunta del Instituto Socioambiental.

Sin “evaluación sistémica” por cuenca, en lugar del proyecto aislado, como se hace, los impactos acumulados no son considerados, lamentó.

Su organización actúa intensamente en el nordeste de Mato Grosso, junto al Parque Indígena del Xingú, creado hace 50 años y donde viven hoy más de 6.000 indígenas de 16 etnias, cercados por la ganadería y monocultivos que avanzan deforestando y también por PCH que, instaladas ríos arriba, amenazan la pesca, su principal fuente de proteínas.

En el otro lado, el oeste de Mato Grosso, el pueblo indígena enawené nawé reaccionó violentamente a una PCH en octubre de 2008. Cerca de 120 miembros del grupo atacaron las obras, incendiaron camiones y destruyeron instalaciones y equipos del proyecto, acusado de provocar fuerte reducción de los peces en el río Juruena.

En esa época había, según el Instituto Socioambiental, 77 proyectos hidroeléctricos en construcción, autorizados o en estudio en el río Juruena, que es cercano al Jaurú aunque forma parte de otra cuenca, la amazónica.

Solo el consorcio encabezado por Blairo Maggi, ex gobernador de Mato Grosso, había obtenido en 2002 autorización para construir ocho PCH, uno de los cuales fue atacado por los enawené nawé.

El Mato Grosso es un divisor de aguas, donde nacen ríos que escurren hacia el sur, confluyendo en el río Paraguay, que cruza el territorio del país que tomó su nombre y el Pantanal como parte de la Cuenca del Plata, y también otros numerosos cursos fluviales que se dirigen al norte, formando cuatro cuencas importantes, tres de ellas afluentes del gran río Amazonas.

Eso se debe a las montañas y mesetas que sobresalen en casi toda la parte central hacia el norte amazónico, con mucha lluvia en la mitad del año. Ríos pequeños en áreas accidentadas favorecen las PCH.

Además es un negocio muy lucrativo, favorecido por estímulos del gobierno, como contratos para “venta asegurada y a buenos precios de por lo menos 70 por ciento” de la energía generada, además de generosos financiamientos a intereses muy inferiores a los de mercado, detalló Gonçalves Junior.

Los inversores en complejos hidroeléctricos en Brasil recuperan sus capitales iniciales en 3,5 años, máximo ocho años en el caso de los gigantes, y sus concesiones son a 35 años, incluyendo los cinco de construcción, arguyó.

La generación hidroeléctrica, que responde por dos tercios de la capacidad instalada en Brasil, es reconocida como la más barata, pero el precio de esa energía para los consumidores locales está entre los más altos del mundo.

Los empresarios industriales atribuyen el hecho a la elevada carga tributaria, de 45 por ciento, pero Gonçalves Junior destaca que el sector da utilidades excepcionales a la par de que muestra “ineficiencias” del sistema, en buena parte provocadas para beneficiar a grupos económicos, intereses políticos o empresariales.

El sector eléctrico en este país, al igual que el mineral, los negocios del área agropecuaria y el etanol de la caña de azúcar, son de “alta productividad” y tan lucrativos que despiertan la disputa internacional, máxime en estos tiempos de recesión en el mundo industrializado, acotó.

Por eso la tendencia es continuar el boom de las PCH y grandes centrales, pese a las resistencias ambientalistas e indígenas.

En algunos casos, el rechazo abarca a muchos más sectores sociales. La Asamblea Legislativa de Mato Grosso creó una comisión de investigación que recomendó suspender la licencia de construcción de cuatro PCH en el río Prata ante manifestaciones de la población de Juscimeira.

Esta ciudad con 11.500 habitantes, en el sur del estado, no quiere perder una cascada que constituye una gran atracción turística y dinamiza el comercio local, como ocurrió con otras tres PCH ya construidas en distintos ríos del municipio.

Una de ellas dañó otro punto turístico, el de Siete Quedas, y el embalse de una tercera cubre cinco veces el área permitida.

Para pescar en el río Lourenço ahora “tenemos que viajar 150 kilómetros”, porque los peces desaparecieron cerca de las represas, se quejaron Manoel Atanazio Brasileiro, pintor de paredes, y el comerciante Adair Facco, amigos y aficionados a esa práctica que viven en la vecina ciudad de Jaciara.

Los dos vecinos antes pescaban regularmente a 30 kilómetros, donde habían construido incluso instalaciones propias para “no pagar alquiler”.

Un destino peor tuvo Aripuanã, municipio del noroeste de Mato Grosso, donde una planta de 250 megavatios sepultó el salto de Dardanelos, uno de los conjuntos de cascadas de “belleza única”, según Gonçalves. “La hidroelectricidad es contraria a la belleza”, acotó.

“La política energética es dominante” en Brasil y particularmente en Mato Grosso, supeditando otros usos del agua, incluyendo la irrigación, incipiente en un estado de gran producción agrícola y largo estiaje, y el transporte fluvial, se lamentó Luiz Henrique Noquelli, superintendente de Recursos Hídricos de la Secretaria de Medio Ambiente del estado. (FIN/2011)

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