Ambiente: Mucho ruido y leyes imprecisas

Se estima que un tercio de la población mundial padece algún grado de sordera o pérdida auditiva, debido a la exposición a sonidos de alta intensidad.

Baldrich - IPS

En una buena parte de los edificios de La Habana hay una guerra de sonidos.

Se estima que un tercio de la población mundial y 75 por ciento de los habitantes de ciudades industrializadas padecen algún grado de sordera o pérdida auditiva, debido a la exposición a sonidos de alta intensidad.

La Organización Panamericana de la Salud refiere una prevalencia promedio de hipoacusia de 17 por ciento para América Latina, en trabajadores con jornadas de ocho  horas diarias, durante cinco días a la semana, con una exposición que varía entre 10 y 15 años.

En Estados Unidos, la pérdida auditiva inducida por exposición al ruido de origen industrial es una de las enfermedades ocupacionales más frecuentes. En ese país se ha estimado que la exposición a un nivel de ruido  ocupacional superior a 90 decibeles  afecta a una población de 2,9 a 3,4 millones de trabajadores, mientras que en el intervalo de exposición de 85 a 90 decibeles se encuentran entre 5,2 y 8,9 millones de trabajadores, según la investigación del doctor Héctor Hernández Sánchez, especialista de primer grado en Medicina General Integral y Otorrinolaringología del Instituto Superior de Medicina Militar Dr. Luis Díaz Soto.

El ruido es una agresión física  de la cual Cuba no está exenta, con efectos nocivos para la salud y una verdadera e ilegítima intromisión en el ámbito privado personal.

La lista de posibles consecuencias de la contaminación acústica es larga: interferencias en la comunicación, perturbación del sueño, estrés, disminución del rendimiento y de la concentración, agresividad, cansancio, dolor de cabeza, problemas estomacales, alteración de la presión arterial y del ritmo cardíaco, depresión del sistema inmunológico, alteración de los niveles de segregación endocrina, vasoconstricción, problemas mentales, impotencia y estados depresivos.

Como la percepción del ruido es subjetiva, cada persona lo vive de forma diferente, por lo que no todos sienten las molestias por igual. Pero, las sientas o no, el organismo sufre.

Sin embargo, en una buena parte de los edificios de la capital hay una guerra de sonidos, por la falta de cultura de los daños que ocasiona esa música alta. El día que Fany Díaz, residente en uno de los municipios del centro de La Habana, cumplió 18 años, puso música en su casa, no tan alta, hasta las doce de la noche, como le orientaron sus padres. Sin embargo, jornadas después, los vecinos dieron una fiesta a todo volumen, hasta avanzadas horas de la noche. Cuando llamaron a la policía,  respondieron que esa queja no les competía,  porque era una reyerta vecinal, sin violencia. Resulta entonces que, para los encargados de poner orden, la música alta no es una agresión personal, comentaron, molestas, personas residentes en el lugar.

Ni muchas ni sistémicas

Hay leyes, normativas y reglamentos relacionados con el ruido, aunque no muchos, ni sistémicos, opina el ingeniero Luis Felipe Sexto, un estudioso del tema sobre la contaminación sonora, profesor del Centro de Estudio de Innovación y Mantenimiento, del Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría y secretario del Subcomité Técnico del Ruido de la Oficina Nacional de Normalización.

En ocasiones, tratan el tema de la contaminación sonora directamente y otras veces hacen mención de ella como un elemento más dentro de un asunto de mayor alcance, explica Sexto. Se encuentran vigentes legislaciones de carácter laboral, ambiental y un cuerpo de nueve normas de aplicación obligatoria  relacionadas con el ruido, su medición y control, afirma el especialista.

Ninguna de las leyes, decretos y reglamentos que serán mencionados a continuación abunda en detalles técnicos, agrega.

La constitución cubana, en su artículo 49, expone “el derecho a la protección, seguridad e higiene del trabajo, mediante la adopción de medidas adecuadas para la prevención de accidentes y enfermedades profesionales”.  Desde 1995 el Ministerio de Salud Pública dictó la Resolución 10, en la cual se reconoce a la sordera provocada por el ruido industrial como enfermedad profesional. Además, fija como obligatoria, para los médicos, la declaración de la enfermedad en caso de diagnosticarla, por lo cual deben realizar estudios en el centro de trabajo, con el propósito de prevenir o atenuar los efectos del contaminante, refiere Sexto.

Si bien desde el punto de vista laboral existe un reconocimiento del problema que entraña el ruido, desde la óptica ambiental o comunitaria no se cuenta con un cuerpo legal definido y eficaz, refiere el estudioso del tema.

El 10 de enero de 1981 fue aprobada la Ley No. 33 de  protección del medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales, la cual constituyó una importante expresión normativa de los principios de la política ambiental cubana, pero fue trascendida por las condiciones y necesidades actuales, que exigían un instrumento legal más acorde con las nuevas realidades.

Por esa razón, en  julio de 1997 quedó derogada la Ley 33 y el Decreto 118, de Estructura, Organización y Funcionamiento del Sistema Nacional de Protección del Medio Ambiente y su Órgano Rector. Entró en vigor la Ley No. 81 del medio ambiente. En este último texto se hace referencia al ruido como problema ambiental en los artículos 147 y 152, que expresan:

Capítulo 1

Disposiciones generales:

Artículo 147: Queda prohibido emitir, verter o descargar sustancias o disponer desechos, producir sonidos, ruidos, olores, vibraciones y otros factores físicos que afecten o puedan afectar a la salud humana o dañar la calidad de vida de la población. Las personas naturales o jurídicas que infrinjan la prohibición establecida en el párrafo anterior, serán responsables a tenor de lo dispuesto en la legislación vigente.

Capítulo 3

Ruidos, vibraciones y otros factores físicos.

Artículo 152:

El Ministerio de Salud Pública, el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, en lo que a cada cual compete y mediante el establecimiento de las coordi-naciones pertinentes, dictarán o propondrán, según proceda, las medidas encaminadas a: el establecimiento de las normas relativas a los niveles permisibles de ruido, a fin de regular sus efectos sobre el medio ambiente; b)La realización de estudios e investigaciones con el objetivo de localizar el origen o procedencia, naturaleza, grado, magnitud o frecuencia de las emisiones de ruido, vibraciones mecánicas y otros factores físicos, tales como energía térmica, energía lumínica, radiaciones ionizantes o contaminación por campo electro- magnético y determinar sus efectos sobre el medio ambiente y las medidas a tomar en cuenta para su eliminación y atenuación. c) Las prohibiciones, restricciones y requerimientos relativos a los procesos tecnológicos y la importación de tecnología, en lo que se refiere al ruido y otros factores físicos mencionados en el inciso anterior. d) La definición de las fuentes artificiales de contaminación ambiental originada por ruidos fijos o móviles, señalando las responsabilidades correspondientes y las medidas a tomar para su eliminación o atenuación.

Más adelante, en los artículos 159 y 160 de la misma ley, se hace mención explícita de la responsabilidad del empleador ante los contaminantes ambientales en los lugares de trabajo, donde está incluido también el ruido.

Artículo 159:

A los fines de está Ley se entiende por establecimiento o área todo lugar donde se realicen tareas de cualquier índole, con la presencia permanente, circunstancial, transitoria o eventual de personas físicas y a los depósitos y dependencias anexas de todo tipo, en que dichas personas deban permanecer o a las que asistan o concurran por razones de trabajo. El término empleador designa al que utiliza la actividad de una o más personas en virtud de un contrato o relación de trabajo.

Artículo 160:

Todo empleador está obligado a asegurar condiciones ambientales que no afecten o pongan en riesgo la salud o la vida de los trabajadores, así como desarrollar las actividades laborales en armonía con el medio ambiente, garantizando además los medios de protección adecuados. El empleador queda obligado a reparar los daños o perjuicios provocados por el incumplimiento de las obligaciones anteriores. De forma imprecisa se puede encontrar, en el reglamento interno del consejo de vecinos de edificios multifamiliares, la prohibición de emitir “ruidos que molesten al resto de la comunidad, ni excesos en el uso de instrumentos, equipos musicales y otros”. Al parecer, muchas personas desconocen esto, cuando con total despreocupación molestan a su vecinos, ya sea con equipos de audio a todo volumen, instrumentos musicales, gritos o actividades ruidosas a deshora.

Aprobado en diciembre de 1999, el Decreto Ley No. 200, de las contravenciones en materia de medio ambiente, en su capítulo II Contravenciones y medidas aplicables, artículo 11, establece que: “Se consideran contravenciones respecto a los ruidos, vibraciones y otros factores físicos y se impondrán las multas que para cada caso se establecen: a) infringir las normas relativas a los niveles permisibles de sonidos y ruidos, 200 pesos y 2.250 pesos; y b) infringir las normas relativas a las vibraciones mecánicas, energía térmica, energía lumínica, radiaciones ionizantes y contaminación por campo electro-magnético, 200 pesos y 2.250 pesos”.

Sin embargo, este artículo no aclara, explícitamente, a qué normas hace referencia, ni bajo qué condiciones corresponde una multa de 200 ó 2.250 pesos, apunta el ingeniero Luis Felipe Sexto. Este mismo Decreto Ley 200, en su capítulo III, de autoridades y facultades, dispone:

Artículo 161:

Las autoridades  facultadas para imponer las medidas previstas en este Decreto Ley, son: a) El jefe de Inspección Ambiental, los jefes provinciales de Inspección y los Inspectores Ambientales Estatales del Sistema del Ministerio.  b) Los inspectores estatales de los Sistemas de Inspección Estatal de los Organismos de la Administración Central del Estado, cuya actividad repercuta sobre la protección del medio ambiente, los del Cuerpo de Guardabosques, los de la Defensa Civil y los de la Aduana General de la República.

Pero, en la práctica cotidiana, ese personal encargado de multar a los infractores de las leyes no ejerce sus funciones. En la primera disposición de la sección Disposiciones finales de la Ley No. 81, del medio ambiente, se abre la posibilidad de mejorar la aplicación del decreto a través de cuantas disposiciones sean necesarias, dictadas por la máxima dirección del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), al establecer que se faculta al titular del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente a dictar cuantas disposiciones resulten necesarias para la mejor aplicación del presente Decreto-Ley.

Tráfico, otra fuente contaminante

Al hacer un estudio de la contaminación sonora del tránsito en Ciudad de La Habana en 2006, los investigadores Raisa Guzmán Piñeiro y  Carlos Barceló Pérez, del Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Cuba, concluyeron que el mapa de ruido que diseñaron para su trabajo reflejó altos niveles de contaminación sonora que transgredía el estándar sanitario vigente en la capital.

Para Sexto, las normativas reguladoras de los ruidos en el tránsito están reflejadas en la Ley 60, Código de vialidad y Tránsito, del 28 de septiembre de 1987, la cual limita el empleo de las señales sonoras en zonas pobladas, según los artículos 177 y 178.

En el 177 se expresa que “el conductor de todo vehículo de motor o ciclo que circula por una vía, está obligado a cumplir las siguientes reglas: 1- tener el vehículo equipado con claxon u otro aparato similar, en perfecto estado de funcionamiento; y 2- no usar dentro de las poblaciones el claxon o aparato similar. Se exceptúa de lo dispuesto en este inciso los casos en que por peligro, conducción de un herido o un enfermo grave, pedir auxilio o un accidente, sea necesario el uso del claxon o aparato similar.

En el artículo 178 se prohíbe la instalación y uso en cualquier vehículo de sirena, silbato u otro aparato similar, salvo los vehículos con régimen especial o prioridad en la circulación, señalados en el segundo párrafo del artículo 76 del código y los sistemas de alarmas para protección de vehículos.

El ingeniero Luis Felipe Sexto puntualiza que no se hace mención de la música a un nivel desmesurado, proveniente de los llamados autos donde se colocan amplificadores, que pueden llegar a molestar a más de 50 metros, y que no es difícil de encontrar en las calles de esta isla caribeña. Normalmente, ninguna autoridad actúa contra esta violación.

El  Decreto-Ley No.23, aprobado por el Consejo de Estado y en vigor a partir de enero de 2003, impone una modificación en el artículo 97 de la Ley 60. Ahora se le agrega el inciso 10, que prohíbe elevar el volumen de los equipos de radio o música en los vehículos, hasta un nivel que moleste o impida la concentración necesaria para conducir. Este artículo se dedica al control y atención del vehículo, intentando apoyar la reducción de accidentes, y no se trata de un reconocimiento de la contaminación acústica. “Nuevamente el asunto se plantea de manera muy subjetiva ¿qué es un nivel que moleste?”, se cuestiona el experto.

El otro recurso legal es el reglamento aprobado en 1999 por el Consejo de la Administración Provincial de Ciudad de La Habana (y válido solo para esta ciudad), que establece los niveles de ruido tolerables en función del lugar y los horarios del día y la noche. De la existencia de este reglamento hay poco conocimiento y, de hecho, muchos centros gastronómicos y recreativos lo obvian por completo, a pesar de dañar  acústicamente con su estridencia a toda una comunidad.

Un detalle frágil del reglamento consiste en su poca divulgación. La falsa creencia que vincula el disfrute y la diversión con los niveles sonoros excesivos está enraizada en la conciencia de muchas personas.

Cuba recaba de una legislación ambiental que considere al ruido comunitario en sus aspectos generales y específicos, aunque la solución a largo plazo radique en la consolidación de una  cultura, educación y  respeto a las reglas de convivencia.

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