Los efectos de la crisis de los 90

Análisis del impacto económico del llamado Período Especial, publicado en 2003.

Archivo IPS Cuba

La crisis económica también tuvo incidencias en lo social

Probablemente, pasará mucho tiempo antes de que los estudiosos del caso cubano puedan definir la real dimensión del impacto de la crisis económica de la década de los años 90 del siglo XX para la población de esta isla del Caribe de régimen socialista. La vida cotidiana, y también los sueños, cambiaron de una forma demasiado radical y aún siguen cambiando, en un proceso traumático para cualquier persona, independientemente de que se incline a favor o en contra de la necesidad de transformaciones tanto políticas como económicas.

Mientras tanto, van apareciendo algunos estudios más o menos aislados que, desde diferentes disciplinas, intentan medir el efecto de lo que se llamó oficialmente “período especial en tiempos de paz”. Quizás los pioneros en esta historia, al menos que se conozca, fueron los especialistas del gubernamental Centro de Investigaciones Sicológicas y Sociológicas (CIPS) que ya en la primera mitad de la pasada década desarrollaron una línea de investigación sobre los efectos de la crisis en la familia cubana. A este primer intento se fueron sumando después estudios sobre la vida cotidiana, relación con la emigración, población y pobreza, entre otros.

Ahora, una recopilación de materiales del Centro de Estudios de la Economía Cubana (CEEC) de la Universidad de La Habana, publicado este año, incluye Cuba: Efectos sociales de la crisis y el ajuste económico de los años 90, un meritorio esfuerzo de la investigadora Viviana Togores. La investigación tuvo como principal objetivo determinar los efectos sociales de la crisis económica de los noventa en Cuba y del paquete de ajuste económico aplicado por el gobierno a partir de un análisis de la distribución de los ingresos de la población y de otros indicadores sociales.

El “shock” del colapso

No son pocos los especialistas que coinciden en que la caída del Muro de Berlín, la desintegración de la URSS y la desaparición total del campo socialista europeo, sólo sirvió como detonante de una crisis económica que ya se venía gestando en la isla desde mediados de los años 80.

“Tanto la crisis como el conjunto de decisiones tomadas para aliviarla, han tenido una repercusión en el nivel de vida de la población que ha experimentado un deterioro, aunque menos traumático que el de otros países, por el compromiso social de la política económica” del gobierno, asegura Togores y enumera lo que a su juicio son los principales síntomas que pueden apreciarse a niveles poblacionales.

1. El empobrecimiento de vastos sectores de la fuerza laboral.
2. La aparición de una élite de trabajadores.
3. Surgimiento de niveles de vida divorciados de los resultados del trabajo.
4. Exclusión de importantes segmentos de la población del consumo en ciertos mercados o al menos de la reducción del acceso a un grupo muy limitado de productos.
5. Reestratificación social.

Entre las consecuencias de la caída económica de inicios de los años 90, la especialista del CEEC analiza la situación del consumo que durante los primeros tres años de la pasada década mostró una contracción del 27 por ciento. Por un lado se redujo significativamente la oferta de bienes y servicios y, por el otro, se produjo un fuerte incremento del índice de precios al consumidor de 1,4 a 6,6, aumento que a su vez provocó una disminución importante del salario real de la población, que limitó la posibilidad de consumo.

Este proceso se vio acompañado, añade Togores, de “la acumulación de dinero en manos de la población sin una contrapartida material, que en un corto tiempo alcanzó la cifra de 14 meses de salario” y también del “incremento de los depósitos bancarios con alta concentración monetaria, que se mantiene en la actualidad, y que polarizaron el consumo de los bienes y servicios no provenientes del mercado normado”.

La tendencia a la baja del consumo total sólo logra ser revertida en 1993, justo el año en que el gobierno decide legalizar el dólar, abrir a la población una red de tiendas de venta en divisas y empezar a impulsar de forma cautelosa un grupo de medidas que buscaban paliar la crisis económica. De acuerdo con la experta, el consumo total mostró incrementos de 5.2 por ciento entre 1993 y 1996, pero en este crecimiento resultó definitivo el sector privado pues según la especialista el social y del gobierno “continuó cayendo”, con un decrecimiento en este período de 7,3 por ciento.

El cambio en la dinámica del consumo es atribuido por la experta al incremento de la producción a partir de 1994, al aumento aún insuficiente de los ingresos de la población y a la consolidación de transformaciones económicas relacionadas con la propiedad, las finanzas internas y el mercado. (Ver Tabla 1)

El dilema del bolsillo

Tras varios años de inmovilidad, a finales de los años 90 el gobierno empezó a decretar alzas salariales en determinados sectores de la economía. En cualquier caso, los aumentos aplicados siempre han resultado insignificantes si se comparan con la manera en que se ha encarecido la vida en la isla durante los últimos años. La relación entre la cantidad que se devenga y lo que realmente significa para la persona empleada, puede observarse en la Tabla 1 reproducida por el CEEC.

Un seguimiento a la trayectoria del ingreso nominal muestra una tendencia histórica al crecimiento que, por excepción se ve afectada en 1995 cuando cae en 4,4 por ciento, como consecuencia, en lo fundamental, del declive de 30,1 por ciento que experimentan las extracciones bancarias en cuentas personales, asegura Togores. De acuerdo con los datos expuestos, para 1998 el salario medio nominal había crecido 14,8 por ciento en relación con 1989, pero “este comportamiento no logra superar el deterioro ocasionado, por el incremento del índice de precios del consumidor”.

Así, añade la experta, se registra un decrecimiento del salario real de la población de 44 por ciento entre 1989 y 1998, al pasar de 131 a 73 pesos. Esta situación “pone en dificultad a la mayoría de las personas que cuentan con este (el salario) como la más importante fuente de ingresos”, afirma.

Otro aspecto importante a tener en cuenta es la concentración de los ingresos que ha tenido lugar en los últimos años. Togores afirma en su trabajo que “el análisis del comportamiento seguido por la estructura de las cuentas bancarias muestra la apertura de una amplia brecha entre un grupo y otro de ahorristas, que es a su vez reflejo del comportamiento que sigue la distribución de los ingresos”.

“En el período comprendido entre 1994 y 1997 es posible distinguir que el número de cuentas de mayores montos disminuye su representatividad de 14,1 por ciento a 13,2 por ciento y, sin embargo, el monto que ellas concentran se hace cada vez mayor, pasando a controlar del 77,8 por ciento del efectivo al 85 por ciento, lo cual implica desigualdad para el aprovechamiento de las oportunidades, aprovechamiento que hasta hace cinco años atrás no dependía de la diferencia de ingresos, que de hecho existe bajo cualquier sistema social, si no de lo justo de las oportunidades económicas o sociales de que partían los individuos”, asegura.

Paralelo a este análisis, la especialista del CEEC recuerda que por las características propias de la sociedad cubana “es preciso considerar junto al componente monetario de la población un conjunto de rubros de magnitud elevada que, forman parte de la redistribución secundaria del ingreso”, entre los cuales analiza los sectores de la educación, la salud pública y la asistencia social. Si bien estos ingresos indirectos “no han logrado compensar las pérdidas que han experimentado los hogares por el alza de los precios y la disminución de la oferta, sí han influido de forma positiva en la determinación del ingreso familiar de todos los sectores de la población y muy especialmente en los grupos de mayores carencias, evitando que la pobreza asuma otras dimensiones e implicaciones sociales”, subraya Togores.

Destaca, asimismo, que “los gastos en servicios sociales básicos, a diferencia de lo ocurrido en otros países, mantuvieron una tendencia creciente, con la finalidad de satisfacer las necesidades de estos sectores y al mismo tiempo amortiguar los efectos de la crisis económica y el impacto de las transformaciones socioeconómicas efectuadas”. De acuerdo con fuentes oficiales, el gasto social creció 5,3 por ciento entre 1989 y 1998 al pasar de 3.750,1 millones de pesos a 3.743 millones, reflejándose un descenso importante sólo en 1991.

AÑO ÍNDICE DE PRECIO DEL CONSUMIDOR   SALARIO NOMINAL MEDIO REAL
1989  1,4430  189  130,98
1990 1,5086  191  126,61
1991 1,8302  187  102,17
1992 3,5146  184  52,35
1993 6,5779   184   27,97
1994  5,5748   186  33,36 
1995  2,9402   195  66,32 
1996 2,8226   207  73,34 
1997 2,9045   214  73,68 
1998 2,9830   217 72,75

Fuente: Centro de Estudios de la Economía Cubana. Octavo Seminario Anual de Economía Cubana. Viviana Togores, Cuba: Efectos sociales de la crisis y el ajuste económico de los años 90, La Habana, 2003.

 

Conclusiones y propuestas

Como es norma en los trabajos científicos, la especialista del CEEC termina su estudio con un grupo de conclusiones y propuestas, entre las cuales destacan:

La combinación de los efectos recesivos con los de una inflación alta significó que no todos los agentes económicos pudieran ajustarse a la misma velocidad a la nueva situación y que las pérdidas de ingreso no tuvieran la misma intensidad para cada uno de los agentes sociales. Se produce, además, un retroceso distributivo que afecta fundamentalmente a la población vinculada al sector estatal de la economía con grandes implicaciones para el deterioro de la fuerza de trabajo calificada por las migraciones de esta hacia sectores más remunerativos.

Estancamiento en los salarios de la esfera estatal. En el sector del trabajo por cuenta propia, en tanto, los ingresos crecen al igual que en el sector emergente de la economía.

Cambio en la importancia y el peso de los ingresos no laborales, como las remesas familiares.

La interacción entre la alta concentración de los recursos monetarios y el volumen de la oferta, permiten mantener niveles de precios altos y rentables sobre la base de un equilibrio oferta/demanda asentado en el monopolio de vendedores y compradores. Esta realidad excluye a los segmentos de la población de bajos ingresos y pocas posibilidades económicas, sin llegar a los límites de la marginalidad.

La situación de los ingresos para una mayoría de las familias cubanas se ha tornado muy tensa. Un gran porcentaje de estos grupos no logran cubrir sus gastos con los ingresos que perciben, situación que las obliga a recurrir a fuentes alternativas o prescindir de un conjunto de bienes y/o servicios.

A pesar de los avances en materia de precios, saneamiento financiero y en la disminución de la tasa de cambio del dólar, y el incremento de los fondos destinados a transferencias, la situación del consumo y los ingresos continúa tirante y pone ante el gobierno el reto de asumir la posición de contraparte para contribuir a la regulación y control de los precios y los ingresos sobre la base de la equidad social.

Responder a este reto debe pasar por un incremento de la oferta de bienes y servicios tanto en los mercados con precios libres, como en la distribución normada, lo que implicaría producir con eficiencia, calidad y surtido.

Entre las alternativas propuestas por la experta para “mitigar esta tirantez”, aparecen el incremento del salario real de la población por la vía de la disminución de precios a los productos de primera necesidad en el mercado en divisas, la flexibilización de las regulaciones al trabajo por cuenta propia de manera que permita incrementar la oferta y aumentar la base impositiva, los subsidios de productos a los grupos más necesitados, crear estímulos a la producción y la comercialización de productos del agro mediante el incremento justo de los precios del sistema de acopio estatal y de la participación en el mercado de los productores del sector socialista.

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