UE-Cuba. Condicionalidad política y cooperación al desarrollo

A propósito del reinicio de acuerdos políticos entre Cuba y la Unión Europea rescatamos esta publicación de 2002 sobre el tema.

Archivo IPS Cuba

La reanudación de vínculos entre el país y el bloque europeo abre nuevos horizontes económicos para Cuba.

La cooperación al desarrollo de la Unión Europea (UE) ha sido incapaz de evitar la supervivencia, y en muchos casos la profundización, de los problemas que motivaron el surgimiento de la cooperación misma: subdesarrollo, hambre y pobreza extrema, sólo por mencionar algunos.

La estrategia de cooperación de la UE, basada en la condicionalidad política, también ha sido incapaz de satisfacer los objetivos de política exterior de la UE, en lo tocante a modificar los estándares de derechos humanos y democracia a escala mundial.

Esta ineficacia se debe más a su propia inconsistencia y falta de sostenibilidad como política que a las actitudes de los receptores.

De hecho, la aplicación de un régimen de condicionalidad determina reacciones de oposición en los receptores con mucha más frecuencia de lo que podría suponerse.

Algunas observaciones son importantes.

No hay ayuda Norte-Sur incondicional en el mundo actual. Por tanto, el debate acerca de si la ayuda es condicionada o no es secundario en relación con el de cómo y sobre qué bases la condicionalidad es aplicada.

Comúnmente se acepta una distinción entre la llamada condicionalidad “positiva” y la “negativa”. La mayor parte de la cooperación de la UE se realiza a través de acuerdos bilaterales o multilaterales, lo que lleva a distinguir además entre la condicionalidad incluida en los acuerdos de cooperación bajo la forma de las llamadas “cláusulas democráticas”, teóricamente negociables, y una condicionalidad previa o a priori, que es impuesta al receptor antes de la concreción del acuerdo y condiciona su propia negociación.

LA INEFICACIA DE LA CONDICIONALIDAD POLÍTICA DE LA UE

Un examen general de la cooperación al desarrollo de la Unión Europea muestra algunos elementos interesantes.

En primer lugar, la cooperación al desarrollo no es una prioridad de la política exterior de la UE. En la práctica, siempre ha estado subordinada a los desarrollos internos del proceso integracionista y a las prioridades establecidas por los estados miembros más influyentes. Esto se ha puesto en evidencia a través de los significativos desbalances en la distribución regional de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de la UE, y más aún, en el hecho de que el proyecto del Mercado Único Europeo nunca tomó en consideración sus propias consecuencias externas posibles.

En segundo lugar, el alcance de la cooperación internacional al desarrollo de la UE no se corresponde con el lugar que a la misma le es asignado en el Tratado de la Unión Europea. A despecho de la amplia experiencia acumulada a lo largo de su existencia en la integración de diferentes esferas de la actividad económica de sus estados miembros, fue necesario esperar unos 35 años para que el derecho primario europeo incluyera unas cuantas fórmulas de mínimos referidas a la cooperación al desarrollo. Esto dice bastante acerca del peso de los estados nacionales en este campo y de las dificultades que enfrenta la UE para encontrar y proyectar una imagen coherente.

En tercer lugar, y en la misma dirección más arriba señalada, la cooperación bilateral –estados miembros de la UE con terceros estados¬predomina sobre la de la Comisión Europea en términos de volúmenes de AOD, dentro de un marco caracterizado por la falta de coordinación entre los programas nacionales y los comunitarios. La consecuencia principal de esta situación es la incoherencia de la cooperación en su conjunto, la cual es reforzada por su frecuente subordinación a los intereses de otras políticas, como la comercial, la agrícola y la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC).

El Artículo 130 (U) del Tratado de Maastricht introdujo una apoyatura legal para la condicionalidad política, estableciendo que “la política de la Comunidad en este campo contribuirá al objetivo general de desarrollar y consolidar la democracia y el estado de derecho, así como al objetivo de respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales”1.

Dos conclusiones principales pueden extraerse del artículo anteriormente citado:

Primero, la democracia y los derechos humanos son situados en el centro de la política de cooperación, por delante de aquellos que deberían ser sus objetivos principales: la reducción y eliminación de la pobreza, un desarrollo económico y social sostenible y la inserción de los países en desarrollo en la economía mundial.

Desde este punto de vista, la cooperación al desarrollo de la UE no es enfocada sobre las causas del subdesarrollo.

Segundo, el punto de partida de esta concepción es que la democracia y los derechos humanos son una condición indispensable del desarrollo económico. Este punto de vista es central a la práctica internacional de la UE en este campo, lo que resulta significativo desde el momento en que “la realidad muestra que la relación (entre democratización y crecimiento económico) no puede ser demostrada (y que, de hecho) formas de gobierno de todo tipo pueden coincidir con el desarrollo económico”2.

Otros autores se refieren al incierto vínculo entre condicionalidad política y democratización, preguntándose si aquella promueve ésta y cómo3. Esta relación no ha sido demostrada tampoco en el caso de la buena gestión de los recursos, un caballo de batalla más reciente de la UE en sus relaciones con los países del Tercer Mundo.

Puede encontrarse evidencia tanto a favor como en contra de esta relación, pero “en lugar de evidencia empírica, en años recientes ha surgido un ‘credo’ que afirma, pero no demuestra, esta relación causal, (y) se ha enquistado en una propuesta ideológica que es demasiado simplista y por ende potencialmente dañina para los países en desarrollo.”4

Con frecuencia, los “derechos humanos” son reducidos a “democracia”, la cual es reducida adicionalmente a “elecciones multipartidistas”. [5] Esto lleva en muchos casos a un contexto de formalismo donde las condiciones son meramente satisfechas a partir de algunos signos exteriores.

La situación política en los países de América Latina, por ejemplo, difiere sensiblemente de un caso a otro y entre ellos pueden encontrarse numerosas deficiencias en lo concerniente al estado de derecho, la influencia de los militares sobre el poder civil, el abstencionismo electoral, la inadaptación de los sistemas legales y la falta de legitimidad de los partidos políticos y sus líderes, por no hablar de fenómenos mucho más sensibles como la tortura, las desapariciones y las ejecuciones extra judiciales.

Esto no ha sido un obstáculo para que todos los países latinoamericanos, con excepción de Cuba, tengan un acuerdo de cooperación con la UE. Pero al mismo tiempo, nadie podría asegurar seriamente, por ejemplo, que el tránsito de las dictaduras a la democracia en América Latina se debió en alguna medida a las promesas de ayuda de la UE u otros donantes.

Algo similar podría decirse en lo concerniente a los países ACP. Si el artículo 5 de la antigua Convención de Lomé o la cláusula de elementos esenciales del actual Acuerdo de Cotonú fueran a ser aplicados estrictamente, más de la mitad de estos países deberían ser sancionados con toda probabilidad o no podrían permanecer como Partes de la asociación.

Al mismo tiempo, los países ACP que han sido sancionados no son necesariamente aquellos que tienen los peores récords de comportamiento en el campo de los derechos humanos y/o la democracia, a la vez que tampoco han solucionado sus problemas en esta esfera por la vía de las sanciones.

También muchos de los países de Europa del Este que se espera sean aceptados en 2004 como estados miembros de la UE tienen dificultades de democracia y derechos humanos identificados por la propia UE y su proceso de negociaciones no ha sido interrumpido. Las consideraciones políticas se han hecho progresivamente más evidentes en este caso y es de suponer que primen en la decisión final sobre la adhesión.

El doble rasero en la aplicación de la condicionalidad política no responde a diferencias entre los receptores, sino a intereses diferentes de los donantes. En este sentido, las consideraciones geopolíticas tienen mucho mayor peso para la UE que los juicios positivos acerca de la situación política en los países receptores a la hora de imponer y aplicar condiciones políticas. Lo mismo podría decirse en lo tocante a los intereses económicos.

Es claro que la UE trata a socios diferentes de manera diferente, por razones que no siempre están relacionadas con consideraciones de derechos humanos y democracia; así, países que son considerados importantes para propósitos comerciales o políticos generalmente no sufren, o sufren menos, las medidas negativas.6

El precio doméstico que deben pagar los países receptores para satisfacer las condiciones impuestas es normalmente demasiado alto. Al mismo tiempo, y por esa misma razón, el premio prometido no es suficiente ni en cantidad ni en calidad. Esto significa una mala relación calidad/precio o costo/beneficio en perjuicio de los receptores.

Por tanto, sólo gobiernos con poco acceso a fuentes alternativas de ingreso son proclives a acceder a las condiciones (si, por supuesto, tienen los recursos y la habilidad para hacerlo) especialmente si el no satisfacerlas tendría como resultado costos domésticos –políticos o económicos¬ dañinos y/o amenazaría con deteriorar las relaciones con otras fuentes de ingreso reales o potenciales.

Los países donantes han tratado de que la intervención en los asuntos internos de países soberanos se convierta en una conducta política y social admisible internacionalmente. En la práctica, sin embargo, éste no es un principio válido para todo el mundo en las relaciones internacionales.

Para muchos países, especialmente en el Sur, la soberanía sigue siendo una norma totalmente respetable. Incluso la Carta de las Naciones Unidas mantiene el reconocimiento del principio de la igualdad soberana. Dicho esto, es totalmente obvio que los países receptores no pueden ver la condicionalidad sino como una imposición. Esta característica es reforzada por el hecho de que la condicionalidad es “una opción de todo o nada, generalmente menos creíble y más difícil de poner en práctica”.

Si un grado generalizado de extrema pobreza es considerado como evidencia formal de la existencia de enormes masas de personas privadas del disfrute de sus derechos, entonces para la mitad más pobre de los países del mundo no hay correlación estadística entre democracia y buena política económica.

EL CASO CUBANO

La condicionalidad política puede estar basada en consideraciones ideológicas. Esto ha sido evidente en el caso de Cuba, no sólo por la evolución histórica y política del país desde comienzos de los años sesenta, sino también a través de las formas en que se ha manifestado la proyección de la UE hacia la isla.

Cuba ha sido un sujeto muy particular en el sistema de relaciones internacionales de los últimos cuarenta años. Geográfica, histórica y culturalmente es un país latinoamericano y caribeño. Es un país del Tercer Mundo de acuerdo con su nivel de desarrollo relativo, aunque ocupa un nivel destacado internacionalmente por sus indicadores sociales.

Es un país socialista por su sistema socio-económico y político y estuvo asociado por más de veinte años a los países de economía centralmente planificada a través del antiguo CAME. Al mismo tiempo, es un país occidental de acuerdo con sus tradiciones culturales. Todo ello significa, por lo tanto, que cualquier intento de clasificación de Cuba puede resultar simplista.

De cualquier forma, antes de que se establecieran relaciones formales entre Cuba y la UE en septiembre de 1988, la isla era considerada por las cancillerías de Europa Occidental como un país del Este, y no un país latinoamericano.

Después de la caída del muro de Berlín, percepciones divergentes de la transición en Europa del Este politizaron considerablemente el contexto bilateral y llevaron a la paradójica situación de que Cuba sea, hasta hoy, el único país latinoamericano y uno de los pocos a escala mundial, que no cuenta con un acuerdo de cooperación con la UE.

Ello significa que las relaciones UE-Cuba han dependido siempre de consideraciones ideológicas y políticas.

La UE creó un “caso especial” a partir de Cuba. La forma específica en que la UE ha manejado el “caso cubano” guarda estrecha relación con las transformaciones del orden mundial a fines de los ochenta y su evolución subsiguiente y se hizo evidente en el contexto de los abruptos cambios ocurridos en Europa en ese período, menos de un año después del establecimiento de relaciones entre Cuba y la CE. Mientras la CE reestructuró su política hacia Europa del Este como consecuencia de la caída del muro de Berlín, Cuba optó por mantener sus logros socio-económicos hasta donde los cambios en el orden internacional lo hacían posible.

Aunque los intereses de ambos actores en la relación bilateral parecen haber dominado por encima de los desacuerdos a largo plazo, sus vínculos han sido frágiles, su vulnerabilidad ha estado en relación con la influencia de la coyuntura política y con varios factores externos a la relación misma, particularmente la política norteamericana.

De hecho, la relación entre la UE y Cuba no puede ser vista aisladamente, sino como parte de un triángulo cuyo tercer vértice está en Washington.

La arista más corta de este triángulo es justamente la que une a la UE con EE.UU., debido a consideraciones estratégicas derivadas de la alianza transatlántica.

Lo que distingue fundamentalmente el trato dado a Cuba por la UE en el marco de su política de cooperación al desarrollo es la aplicación de un doble rasero que denominamos como condicionalidad a priori. Las condiciones impuestas a Cuba por la UE no son parte de las negociaciones de un acuerdo particular (cláusula democrática) sino un prerrequisito a la negociación misma.

Dos ejemplos muestran claramente la forma específica en que esta forma de condicionalidad ha sido impuesta a Cuba en el contexto de sus relaciones de cooperación con la UE.

El primero de ellos se manifestó cuando las posibilidades de negociar un acuerdo de cooperación económica y comercial con la UE estuvieron más cerca, como resultado de una propuesta española durante su presidencia del Consejo de Ministros en 1995.

Entre junio y diciembre de ese año la velocidad del proceso fue realmente significativa. En menos de seis meses se pasó de la Comunicación de la Comisión sobre las relaciones con Cuba a la aprobación del informe de la troika sobre su visita de noviembre a Cuba por el Consejo Europeo de Madrid, que mandató a la Comisión a elaborar las directivas de negociación. En enero de 1996 el Parlamento Europeo aprobó una resolución que, aunque controvertida, apoyaba la apertura de las negociaciones.

Un mes más tarde, el vicepresidente de la Comisión Europea a cargo de América Latina realizó una abrupta visita a La Habana. Esta visita no se correspondía con el carácter técnico de las conversaciones exploratorias que estaban teniendo lugar entre la UE y Cuba. Tenía el objetivo de obtener algunos compromisos políticos de la parte cubana en una fase anterior a la apertura de negociaciones formales (incluso la propuesta de directivas de negociación no había sido emitida por la Comisión). Sin embargo, este proceso había sido presentado previamente como desprovisto de precondiciones.

El rechazo de las condiciones por las autoridades cubanas fue interpretado como una falta de interés en el acuerdo por parte de Cuba. Más aún, la isla fue culpada de haber impedido la continuación del proceso.

En realidad, la interrupción del proceso estuvo caracterizada por su ambigüedad. La UE no ofreció ningún argumento coherente para respaldar su actitud. El comunicado oficial emitido por la Comisión el 7 de mayo de 1996 señala que “Siguiendo estos contactos y considerando las respuestas proporcionadas por las contrapartes cubanas, parece que la Comisión no estará en capacidad de presentar al Consejo de Ministros, en la fecha límite establecida por el Consejo Europeo, el proyecto de directivas de negociación para un acuerdo entre la Unión Europea y Cuba.”7

En la práctica, la decisión de la Comisión Europea estuvo basada en su decepción por el ritmo y el alcance de las reformas económicas y políticas iniciadas en Cuba en 1993.

Un ejemplo más claro es el de la Posición Común sobre Cuba.

En el contexto de los rápidos cambios en la política cubana de España después del triunfo electoral del Partido Popular en 1996, España presentó un proyecto de Posición Común sobre Cuba al Consejo de Ministros de la UE en el marco de la Política Exterior y de Seguridad Común.

Este documento estaba basado en tres ejes fundamentales: interrupción de la cooperación, cierre crediticio y diálogo con la oposición. Las coincidencias eran significativas entre este documento y el “catálogo de medidas” presentado por Stuart Eisenstat, entonces sub secretario de Comercio de EE.UU., durante su gira europea en septiembre de 1996.

Aunque la versión final adoptada por el Consejo difiere considerablemente del original español, estableció por primera vez en un documento escrito, basado en el consenso de los estados miembros de la UE, una condicionalidad previa explícita sobre el desarrollo futuro de la cooperación bilateral UE-Cuba, subordinándola a cambios políticos y económicos perceptibles.

El Consejo ha ratificado esta Posición Común, de acuerdo con el procedimiento establecido por su propio texto, por once semestres consecutivos.

ELEMENTOS PARA EL DEBATE

El caso que señalamos es relevante a los efectos de demostrar la ineficacia de la condicionalidad política impuesta por la UE sobre la cooperación.

La UE no ha logrado sus objetivos de reforma en Cuba. Más aún, su capacidad de influencia sobre el escenario interno de la Isla se ha reducido en términos comparativos. Como señala Smith, la UE no puede ejercer influencia si no tiene lazos con el país de que se trate.8

Hasta la fecha, la UE ha perdido terreno en sus posibilidades de influencia sobre Cuba como consecuencia de la condicionalidad política que impone sobre la isla. No tiene acuerdo de cooperación con Cuba, lo que implica que ningún instrumento contractual regula las relaciones bilaterales a mediano o largo plazos y que la cooperación está basada solamente en algunas acciones puntuales.

Otro buen ejemplo es el hecho de que no hay una delegación de la Comisión Europea en el país. Esto limita la presencia política de la UE y puede incidir sobre la fluidez del diálogo político –recientemente reestablecido– así como sobre la inserción de Cuba en las nuevas formas de gestión de la cooperación por parte de la UE, en particular la desconcentración desde Bruselas hacia las delegaciones de la Comisión en los países. Este proceso debe reorientar la mayor parte de la gestión de la ayuda, a los efectos de que la misma tenga lugar in situ a fines de 2003.

El hecho de que la Delegación de la Comisión Europea en México es la que se ocupa de los asuntos cubanos mantendría las ya escasas acciones de cooperación de la UE con Cuba alejadas de la realidad local y del espíritu de la reforma de la Comisión. Mientras tanto, EEUU, a pesar de la ausencia de relaciones bilaterales con Cuba, tiene una Sección de Intereses en La Habana.

Evidentemente, Cuba no es una prioridad para la UE. Al menos, su importancia para la política exterior de la UE es muy relativa y, por tanto, insuficiente para hacer que ésta arriesgue su alianza con EE.UU. Éste ha sido el caso de la Ley Helms-Burton, para mencionar un ejemplo actual.

Si aceptamos que la cooperación al desarrollo tiende a ser mucho más firmemente condicionada a los terceros países menos importantes y que las consideraciones geopolíticas y los intereses económicos son la prioridad, será totalmente comprensible que Cuba sea el único país de América Latina sin un acuerdo de cooperación con la UE. Además, es el único que constituye el objeto de una Posición Común del Consejo.

Siempre se ha intentado imponer condiciones a Cuba antes de la negociación formal de un acuerdo con la UE desde 1988. Éste es un punto de fricción fundamental entre ambas partes tomando en consideración que esta forma de aplicación de la condicionalidad implica un trato diferenciado, y por ende discriminatorio, con respecto a terceros países.

Las autoridades cubanas no aceptan condiciones impuestas por potencias extranjeras, pero la UE nunca supo si hubieran estado de acuerdo con una cláusula democrática similar a la incluida en los acuerdos de cooperación con América Latina. La razón es que la isla nunca tuvo la oportunidad de estar en la mesa de negociaciones como un socio igual de la UE; esta misma posibilidad fue condicionada a la satisfacción de prerrequisitos políticos.

Más aún, Cuba ha demostrado que es capaz de aceptar las condiciones establecidas por una cláusula democrática cuando ellas tienen el mismo alcance para todas las partes. En realidad, cuando Cuba presentó su solicitud de adhesión al Acuerdo de Cotonú, lo aceptó en todos sus términos, incluidas la cláusula de elementos esenciales y la cláusula de elementos fundamentales.

Aquí también el establecimiento de precondiciones llevó a la interrupción del proceso, determinando la reacción del receptor. Consideraciones políticas e ideológicas han predominado en la política de la UE hacia Cuba sobre las relativas al desarrollo, lo que puede llevar a cualquiera a pensar en términos de escenarios negativos: uno de ellos podría ser que aun cuando la UE parece ser reacia a imponer medidas negativas fuertes,9 puede esperarse que estaría lista para hacerlo rápidamente en el caso de Cuba si un acuerdo llegara a alcanzarse.

La incoherencia en la aplicación de la condicionalidad por parte de la UE es ampliamente percibida desde diferentes puntos de vista. Tomemos como ejemplo el caso de la Posición Común sobre Cuba, que se supone jurídicamente vinculante para los estados miembros. Este instrumento ha reforzado la paradoja principal de las relaciones UE-Cuba: lo que es bueno/normal/aceptable para las relaciones Estado-Estado no lo es para ellas.

En términos prácticos: existen relaciones diplomáticas, comerciales e incluso de cooperación normales entre los estados miembros y Cuba mientras que lo mismo no puede decirse de la propia UE. Es difícil encontrar una respuesta convincente a la pregunta de cómo puede ser esto.

No obstante, estaría de acuerdo en que es la vía que los estados miembros usan para escapar a la responsabilidad de reducir o suspender la ayuda.10 Y puede que esta sea una de las razones acerca de por qué nadie cree ya en la efectividad de la Posición Común, que es mantenida en vigor gracias a una cierta inercia determinada por el anclaje de la España del Partido Popular sobre ella. La Posición Común es una trampa en la que cayó la UE, convirtiéndose en rehén de una política que no puede modificar por causa de dos o tres de sus estados miembros.

Esto hace evidente que los intereses de estados miembros aislados pero influyentes pueden determinar en ocasiones la actitud de la Unión Europea hacia un tercer país. Ciertamente, España es, dentro de la UE, el país más implicado por las relaciones con América Latina y particularmente con Cuba. En la medida en que sus intereses en esas relaciones crecen o disminuyen de acuerdo a razones diferentes, el rumbo de la UE se verá afectado.

Pero al mismo tiempo ello puede incidir en la imagen de la Unión. La aplicación de una política de derechos humanos basada en los intereses nacionales de uno dos de los quince estados miembros reduce visiblemente la credibilidad de la UE.

Nadie aseguraría seriamente que, en comparación con muchos otros países del Tercer Mundo, Cuba tiene un mal desempeño en el terreno de los derechos humanos. A propósito, esto es totalmente reconocido en los pasillos de las instituciones de la UE y de las cancillerías de los estados miembros. Por lo tanto, no hay justificación a la luz de la política de derechos humanos de la UE para aplicar en éste, como en ningún otro caso, un doble rasero basado en consideraciones políticas y/o ideológicas.

No hay ayuda Norte-Sur incondicional. Es más, podría decirse que no hay ayuda incondicional en el mundo actual. Por tanto, el debate acerca de si la ayuda es condicionada o no es secundario respecto a cómo y sobre qué bases la condicionalidad es aplicada, en la medida que ella determina las reacciones del receptor –fundamentalmente cuando éste se encuentra en posibilidades de escoger¬ y la efectividad de la política misma.

En este sentido, retomemos la distinción entre condicionalidad “normal” y a priori. La primera es aceptada legalmente y de mutuo acuerdo, con independencia de cuáles puedan ser sus debilidades conceptuales o éticas, por dos partes contratantes que negocian, al menos teóricamente, como iguales soberanas. Esta clase de condicionalidad es una consecuencia de la evolución de las relaciones internacionales desde el fin de los ochenta y es parte del comportamiento de los donantes, sean estos países u organizaciones internacionales.

Sería irrealista, por más justo que resulte de todas formas, pretender su eliminación de los acuerdos de cooperación Norte-Sur en las condiciones del mundo actual, y mucho más como una excepción concedida a un país particular. El único caso que parece poder citarse en este sentido fue el del acuerdo de cooperación de tercera generación UE-México de la década de los noventa, que no incluía la cláusula democrática.

El actual acuerdo vigente entre ambos socios contiene dicha cláusula.

La segunda clase de condicionalidad distingue el tratamiento dado a Cuba y a algunos otros países por la UE como un mecanismo de presión extra-negociación. Es mucho más unilateral e injerencista que la condicionalidad contractual, aun cuando no necesariamente menos formal, en dependencia de los intereses del donante y, lo más importante, no es acordado sino impuesto como una opción de “todo o nada”. De hecho, es mucho más condicionante y constituye una fórmula discriminatoria.

Algunos especialistas objetan lo anteriormente señalado a partir del ejemplo de los países de Europa del Este candidatos a la adhesión y los llamados criterios de Copenhague, en realidad condiciones a priori o prerrequisitos verdaderamente intrusivos. En este sentido cabría argumentar a partir de dos elementos: en primer lugar, se está hablando aquí de la membresía en una organización transnacional que tiene sus propias reglas establecidas de antemano, con independencia de las adaptaciones de que éstas hayan sido objeto. En segundo lugar, los candidatos han aceptado las condiciones, probablemente porque el estímulo del llamado “regreso a Europa” y de la pertenencia con voz y voto a un club que toma decisiones de alcance mundial, es de consideración suficiente para ello. O tal vez porque no les queda más remedio.

Último elemento por el orden, aunque no por su importancia, la propia UE no siempre satisface las normas de comportamiento que exige alcanzar a los receptores. Esto se hace evidente de manera paradójica en terrenos como la firma de instrumentos internacionales de derechos humanos.

Una comparación entre Cuba, la UE y EE.UU. en lo concerniente a instrumentos de esta naturaleza firmados en el marco de la Organización Internacional del Trabajo (15), la UNESCO (2), la Cruz Roja Internacional (7) y las Naciones Unidas
(30) muestra un claro predominio de Cuba.

A pesar de ello, es la UE la que establece los patrones de lo que debe ser logrado por los países receptores, aunque “juzgar si un país cumple los criterios es altamente subjetivo.

¿Cuáles derechos humanos y principios democráticos deben ser considerados los más importantes? (…) ¿Cuál es el mínimo grado de democratización requerido para satisfacer las condiciones establecidas? ¿Qué derechos humanos deben ser respetados como prioridad?”11 Las propias instituciones europeas han reconocido que la UE sufre de una falta de democracia. En términos reales, la condicionalidad simplemente permite a la Comunidad forzar a los receptores de ayuda a satisfacer sus deseos12.

* Especialista del Centro De Estudios Europeos. La Habana, CUBA

Notas

[1] Tratado de la Unión Europea y Tratados Constitutivos de las Comunidades Europeas. Ed.
Tecnos, Madrid, 1994, 3ra. Ed., p. 264.

[2] Betz, Joachim. “Democracia y desarrollo.
¿Lleva la democratización al crecimiento económico?”. D+C, n. 4, Frankfurt, julio/agosto, 1995.

[3] Brown, Stephen. “Donors’ Dilemmas in
Democratization: Foreign Aid and Political Reform in Africa”. Dissertation Abstract.

[4] The Carnegie Endowment for International Peace. 2001. “Democratic Conditionality for Development Assistance?”. Roundtable on democracy promotion at the Carnegie Endowment. June 27.

[5] Smith: Ob. Cit., p. 8.

[6] Véase Smith: Ob. Cit., pp. 27-36

[7] Europe Bulletin. Agence Europe, n. 6723, Brussels, Wednesday 8 May 1996, p. 8.

[8] Smith: Ob. Cit., p. 34.

[9] Ibid., p. 31.

[10] Ibid., p. 7.

[11] Citado por Ibid., p. 8

[12] Finlay, Roisin: “The Development of EU Humanitarian Aid Policies Since the Maastricht Treaty”. Political and Economic Review. University of Limerick, 1999.

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